REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ

CARACAS OCHO (08) DE MARZO DE 2005
Años 194° y 146°

En fecha 21 de septiembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 0410-02 de fecha 28 de julio de 2003, emanado del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, anexo al cual remitió copias certificadas del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por las abogadas Josefina Millán y Yarisma Lozada, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 23.183 y 29.619, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil PERFORACIONES QUITRALCO DE VENEZUELA, S.A., originalmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo la denominación de Servicios Corod de Venezuela S.A., en fecha 14 de enero de 1983, anotada bajo el N° 32, Tomo 3-A-Pro, y cambiada su denominación según inscripción efectuada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 17 de octubre de 1995, anotada bajo el N° 8, Tomo 458-A-Sgdo, contra la Providencia Administrativa s/n de fecha 15 de septiembre de 1998, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Nicasio Benjamín La Rosa, contra la mencionada sociedad mercantil.

Tal remisión se efectuó en virtud de la declinatoria de competencia realizada mediante auto de fecha 28 de julio de 2003 por el mencionado Juzgado a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En fecha 7 de diciembre de 2004 se dio cuenta a la Corte y previa distribución de la causa se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, a los fines de que la Corte se pronunciara sobre su competencia para conocer de la presente causa.

I

Mediante escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha 23 de octubre de 1998, las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil accionante interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra la Providencia Administrativa de fecha 15 de septiembre de 1998, emanada de la Inspectoría del Trabajo en Barcelona, Estado Anzoátegui, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos realizada por el ciudadano Nicasio Benjamín La Rosa contra la accionante.

El día 27 de octubre de 1998, el Juzgado Primero de Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, solicitó a la Inspectoría del Trabajo accionada la remisión del expediente administrativo correspondiente en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso principal y admitió la acción de amparo incoada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad.

En fecha 16 de noviembre de 1998, el mencionado Juzgado declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada, ordenando en consecuencia la suspensión de los efectos del acto recurrido, hasta que se dictara decisión en el juicio principal.

El día 18 de noviembre de 1998, el ciudadano Nicasio Benjamín La Rosa, titular de la cédula de identidad N° 5.856.851, en su carácter de tercero interesado, debidamente asistido por el abogado Humberto La Rosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 37.239, apeló de la decisión antes mencionada.
Igualmente, el día 20 de noviembre de 1998, el abogado Jesús Márquez, actuando en su carácter de Fiscal Séptimo del Ministerio Público del Estado Anzoátegui apeló de la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el día 16 de noviembre de 1998, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo incoada.

Recibido el expediente en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección al Niño y al Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 10 de diciembre de 1998, éste procedió a fijar el lapso de treinta (30) días siguientes para dictar sentencia con respecto a las apelaciones interpuestas.

El día 28 de julio de 2003, debido a cambios de criterios jurisprudenciales, el mencionado Juzgado se declaró incompetente para conocer de las apelaciones interpuestas y declinó la competencia para conocer de las mismas a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.



II

De lo anteriormente expuesto, observa esta Corte que la apelación interpuesta contra la decisión dictada en primera instancia con respecto al amparo cautelar interpuesto conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido sometida al conocimiento de éste Órgano Jurisdiccional mediante la remisión de copias certificadas del expediente original, según constancia suscrita por el Secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; de las cuales surge la presunción en esta Corte de que en relación a la causa principal no se ha hecho pronunciamiento ni siquiera respecto a la admisibilidad del recurso principal, cuyo conocimiento, si bien es cierto, le correspondía en un principio a la jurisdicción laboral, actualmente debido a cambios de criterios jurisprudenciales le corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

En tal sentido, y siendo que ha transcurrido un lapso considerable desde que se emitió el fallo de primera instancia, es posible presumir que pudiera haberse emitido algún pronunciamiento en primera instancia con respecto al ajuste o no a la legalidad de la providencia administrativa impugnada, es decir, que el recurso contencioso administrativo de nulidad -recurso principal en la presente causa- pudiera haber sido decidido por el Juzgado que conoció en primera instancia, razón por la que esta Corte estima indispensable, a fin de emitir un pronunciamiento definitivo sobre la apelación interpuesta, conocer el estado en el cual se encuentra la causa principal, es decir, el recurso contencioso administrativo de anulación que fuera ejercido conjuntamente con la acción de amparo constitucional objeto de apelación.

Lo antes expuesto se fundamenta en el hecho de que teniendo el amparo cautelar un carácter accesorio respecto al recurso principal, aquél sigue la suerte de éste y por consiguiente, al revestir la decisión cautelar de amparo constitucional la característica de temporalidad -por cuanto tiene vigencia mientras se decide la causa principal-, existiría un decaimiento del objeto en el amparo cautelar de cuya decisión en primera instancia conoce esta Corte en apelación; en el supuesto de que ya existiera decisión de fondo en el recurso contencioso administrativo de nulidad.

En virtud de lo anterior, en aras de la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 26, 49, 257 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con la finalidad de que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo cumpla con su labor jurisdiccional en la presente causa, se estima necesario oficiar al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines de que, en el lapso de cinco (5) días de despacho más cuatro (4) días consecutivos por el término de la distancia correspondiente, contados a partir de que conste en autos su notificación, remita a esta Corte información relacionada al estado en que se encuentra la causa principal, la cual deberá ser remitida por declinatoria de competencia a las Cortes de lo Contencioso Administrativo de no haber sido decidida aún; y que de haber sido decidida suministre copia de la sentencia respectiva.


Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.


La Presidenta,


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS




El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ




La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente





La Secretaria,



JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ








BJTD/D
Exp. N°: AP42-N-2004-000135
Decisión n° 2005-00323