REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintiuno de marzo de dos mil cinco 194º y 146º ASUNTO : KP02-S-2005-001185 Vista la solicitud presentada por La Ciudadana DAISY LILIANA GIMENEZ SANTELIZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. 12.943.279, de este domicilio, asistida de la abogada Dannys Cordero. IPSA No. 104.104, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en La Calle Principal de San José de Tín Tín, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido que mide 2.000,00 M2. ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con Señor DOMINGO HERNANDEZ ; SUR: Con EDUARDO GONZALEZ ; ESTE: Con Señora TOMASA GONZALEZ que es su frente Y OESTE: Con Señor SILVERIO GONZALEZ. Dichas bienhechurías consisten en Una Casa construida de bloques , piso de baldosa, techo de láminas de acerolit, consta de una habitación, un baño con techo de platabanda, piso rústico y cerca de alambre de púa. El valor invertido es la cantidad SEIS MILLONES DE BOLIVARES ( Bs. .6.000.000,oo ), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos YOLIMAR ARTIGAS Y VICENTA JIMENEZ, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 11.593.447 y 10.138.516 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de La Ciudadana DAISY LILIANA GIMENEZ SANTELIZ ya identificada en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviárez TGI/AMV