JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Expediente N° AP42-O-2004-000889

En fecha 20 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 2253 de fecha 24 de noviembre de 2004 emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ QUINTANA, titular de la cédula de identidad N° 9.262.635, asistido por los abogados Jairo José Aranguren Piñuela y Marbella Josefina Navas Coronil, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 46.850 y 93.143, respectivamente, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS, por la presunta inejecución de la Providencia Administrativa N° 093-04 de fecha 29 de julio de 2004 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoado por el accionante.

Dicha remisión se efectuó en virtud de haberse oído en ambos efectos la apelación interpuesta por la parte accionante, contra la decisión dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 18 de noviembre de 2004, la cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional incoada.

Previa distribución automatizada de la causa efectuada por el Sistema JURIS 2000, en fecha 24 de febrero de 2005, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y por auto de esa misma fecha se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 25 de febrero de 2005, se pasó el expediente a la Jueza ponente.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previas las siguientes consideraciones.

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 22 de octubre de 2004, la parte accionante, presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, con base en las siguientes cuestiones de hecho y de derecho:

Que en fecha 14 de enero de 2004 “(…) el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Barinas, dictó oficio (sic) sin número (…), por el cual se [le] despidió del cargo que [había] venido desempeñando de manera ininterrumpida y en forma cabal (…)”.

Que “[la] función de trabajador la [ha] ejercido desde el día dieciséis (16) de febrero de 2002, (…) en el Consejo Legislativo y sometido al régimen de Estabilidad Laboral (…) debiendo ser amparado ante cualquier despido injustificado realizado por el ente legislativo. Que los contratos de trabajo y el oficio (sic) mediante los cuales se produjeron [sus] servicios, primero como chofer y posteriormente como operador de equipos de reproducción, conservan toda su vigencia y fuerza (…)”.

Que en fecha 19 de enero de 2004 procedió “(…) por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas a solicitar [su] REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, según el procedimiento establecido en los artículos 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).

Que en fecha 6 de febrero de 2004 “(…) se levantó acta de contestación al procedimiento en la Inspectoría del Trabajo, donde el apoderado judicial del Consejo Legislativo Estadal manifestó que sí prest[ó] servicios para el Consejo Legislativo hasta la fecha en que [fue] notificado del despido, que no reconocía la inamovilidad en razón que para el momento de [su] despido devengaba un salario básico de Setecientos Mil Bolívares (Bs. 700.000,00), y no de Quinientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 550.000,00), hecho que se acreditó en recibo de pago de obreros del Consejo Legislativo en el mes de enero de 2004; y rechazó que el despido haya sido injustificado en razón que el mismo se realizó en cumplimiento a lo establecido en el artículo 78, ordinal 5 (sic) de la Ley del Estatuto de la Función Pública y al acuerdo de Cámara N° C-001-2004, emanado del Consejo Legislativo Estadal. En dicha oportunidad no se llegó a un acuerdo conciliatorio con la parte patronal por lo cual la Inspectoría del Trabajo ordenó abrir el procedimiento a pruebas (…)”.

Que “(…) dicho procedimiento administrativo fue resuelto a [su] favor mediante la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 093-04 DE FECHA 29 de JULIO DE 2004, DICTADA POR LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO BARINAS, (…) providencia administrativa en la cual el mencionado Despacho DECLARÓ CON LUGAR la solicitud interpuesta y ordenó el Reenganche inmediato a [sus] labores habituales y el pago de los salarios caídos (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).

Que posteriormente en fecha 20 de agosto de 2004, fue notificado del contenido de la referida Providencia Administrativa, igualmente en fecha 25 de agosto de 2004 el representante del legal del Consejo Legislativo del Estado Barinas también fue notificado del contenido de dicho acto administrativo.

Que en fecha 6 de septiembre de 2004 “(…) acudi[ó] voluntariamente a [su] sitio de trabajo en el Consejo Legislativo, donde se [le] negó el acceso al mismo, por parte de los representantes legales del cuerpo legislativo de abogados Reinaldo Chejin y Luis Moreno, alegando la parte patronal, que la providencia administrativa (sic) a [su] favor los perjudicaba, que el despido era una decisión del Presidente del Consejo Legislativo, que se mantenía firme y que ellos iban a intentar un recurso de amparo contra la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas (…)”.

Que solicitó ante la referida Inspectoría del Trabajo, hacerse “(…) acompañar por un funcionario del Trabajo, a los fines de verificar si se procedió a ejecutar [su] reenganche, dejando el funcionario constancia de fecha veinte (20) de septiembre de 2004, mediante oficio (sic) de la imposibilidad de practicar la Inspección después de dos traslados de fechas 14 y 17 de Septiembre de 2004, donde se pudo constatar que las diligencias realizadas para constatar [su] reenganche fueron infructuosas (…)”.

Que dicha omisión le vulnera los derechos constitucionales previstos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a los derechos al trabajo, a la protección del mismo y a la estabilidad laboral, respectivamente.

Finalmente, solicitó que se le restituyera la situación jurídica infringida y se le ordenara al Consejo Legislativo del Estado Barinas, la ejecución inmediata de la Providencia Administrativa N° 093-04 de fecha 29 de julio de 2004 y, en consecuencia, que sea reenganchado a su sitio habitual de trabajo y le sean cancelados todos los salarios dejados de percibir.

II
DEL FALLO APELADO

Mediante sentencia de fecha 18 de noviembre de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, declaró improcedente la acción de amparo constitucional, fundamentándose en las siguientes consideraciones:

Que en la sentencia citada por la Vindicta Pública, se establecieron “(…) unos requisitos jurisprudenciales para determinar la procedencia o no de la ejecución por vía de amparo constitucional de una Providencia Administrativa laboral, en tal sentido, se expuso que tal ejecución no puede ser solicitada ante la jurisdicción constitucional, si la providencia (sic) en cuestión se encuentra impugnada ante la jurisdicción contenciosa administrativa (sic), tal razonamiento tiene una lógica jurídica adecuada por los principios y objetos de la acción de amparo constitucional en virtud que resultaría incongruente para los órganos jurisdiccionales que actúen en sede constitucional acordar por vía de amparo la ejecución de una Providencia Administrativa que podría posteriormente ser declarada nula ante la jurisdicción contenciosa administrativa (sic) y sería como violar los derechos constitucionales de la parte accionada en protección de los derechos constitucionales de la parte accionante, dejando en estado de indefensión y en desigualdad jurídica, constatándose que la parte accionada intento el recurso de nulidad en sede contencioso administrativa (sic)”.

Asimismo alegó que “(…) la vía del amparo constitucional queda abierta a favor del quejoso al vencerse el lapso de caducidad para el logro de su pretensión, ya que de nada serviría a un Tribunal que conozca en sede constitucional declarar con lugar el amparo que podría ser posteriormente declarado nulo su derecho en sede contencioso administrativa, razón por la cual debe declararse la improcedencia de la presente acción, pero señalando al quejoso que todavía puede ejercer su derecho a intentarlo en la oportunidad legal”.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse con respecto a la apelación de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes de fecha 18 de noviembre de 2004, el cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana, asistido de abogados, contra el Consejo Legislativo del Estado Barinas.

Ello así, asume el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 20 de noviembre de 2002 caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, conforme al cual las demandas de amparo constitucional autónomo que se intente contra los actos de carácter administrativo dictados por las Inspectorías del Trabajo, serán competencia de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial donde se produjo la supuesta lesión constitucional, y en segunda instancia, conocerá la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

En primer lugar, debe esta Corte pronunciarse con respecto a su competencia, y en tal sentido observa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a tenor de lo previsto en el artículo 1° de la Resolución N° 2003/00033 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”, en consecuencia este Órgano Jurisdiccional resulta competente para conocer de las apelaciones y de las consultas de los fallos dictados por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en tanto Alzada dotada de las mismas competencias y atribuciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, así se declara.

Establecida como ha sido la competencia de este Órgano Jurisdiccional, se pasa a conocer de la apelación interpuesta sobre el fallo dictado por el referido Juzgado Superior en fecha 18 de noviembre de 2004, el cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta.

En tal sentido, se observa que la solicitud de amparo constitucional objeto del presente proceso tiene por fin lograr que le sean restituidos los derechos constitucionales vulnerados por la parte patronal -Consejo Legislativo del Estado Barinas- y, en consecuencia, sea reenganchado a su lugar de trabajo y le sean cancelados los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido.

Ello así, debe señalarse como premisa fundamental, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia N° 3.245 de fecha 21 de noviembre de 2002, estableció una serie de requisitos para solicitar, por vía de amparo constitucional, la ejecución de los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo que ordenen el reenganche y consecuentemente el pago de los salarios caídos al trabajador.

Ahora bien, cabe destacar que con posterioridad a la sentencia señalada supra, el mismo Órgano Jurisdiccional amplió los requisitos fijados, y que esta Corte comparte, para que proceda la ejecución por vía de amparo constitucional de un acto administrativo emanado de una Inspectoría del Trabajo, que ordene la reincorporación y el pago de salarios caídos a favor de un trabajador. Para ello, el Juez Constitucional deberá constatar, en forma concurrente, los siguientes extremos: i) Que el acto administrativo cuya ejecución se pretende, no haya sido suspendido o enervados sus efectos en virtud de un decreto cautelar; ii) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su propio acto y/o una actitud contumaz del patrono en ejecutarlo; y, iii) Que dicha abstención configure una lesión a los derechos constitucionales del trabajador. (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo N° 2428 del 30 de julio de 2003, caso: Rafael Orlando López Madriz vs. Alcaldía del Municipio Valencia del Estado Carabobo).

Tales extremos fijados por la Jurisprudencia han sido asumidos por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y reiterados en sentencias N° 2004-395 de fecha 21 de diciembre de 2004 (caso: Isabel Cristina Bravo Méndez), N° 2005-00041 de fecha 20 de enero de 2005 (caso: Carmen de Jesús Rojas vs Gráficas la Bodoniana) y recientemente, mediante sentencia N° 2005-00169 de fecha 21 de febrero de 2005 (caso: José Gregorio Carma Romero vs Sociedad Mercantil Seguridad, Vigilancia y Protección Loma Linda, C.A.) este Órgano Jurisdiccional, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, agregó una nueva circunstancia, la cual está referida a que no se evidencie en la Providencia Administrativa cuya ejecución se solicita que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional durante la tramitación del procedimiento administrativo, lo cual habilita al Juez a abstenerse de otorgar lo pedido por vía de amparo constitucional.

Este cuarto requisito delineado en la mencionada sentencia N° 2005-00169 de fecha 21 de febrero de 2005, aplicable a los casos en los cuales se pretenda la ejecución de una Providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo según el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe entenderse de la siguiente forma:

El Juez Constitucional, antes de acordar incondicionalmente la ejecución solicitada, deberá revisar previamente la constitucionalidad del acto administrativo laboral a los fines de precisar si lo pedido por el trabajador accionante es legítimo, en el sentido de que el mismo no haya sido consecuencia de un procedimiento constitutivo que haya vulnerado abiertamente derechos constitucionales de su contraparte en sede administrativa o que del texto de dicho acto se aprecie de forma inequívoca la existencia de un vicio de nulidad absoluta, fundado en motivos de inconstitucionalidad, lo cual permite al Juez Constitucional -en observancia de lo dispuesto en el enunciado del artículo 334 y en el artículo 25, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- de abstenerse o eximirse de acordar la ejecución solicitada, ello de forma suficientemente motivada.

Sobre la base de las consideraciones anteriormente establecidas; es menester para esta Corte evaluar la existencia y determinar la concurrencia de los requerimientos exigidos por la jurisprudencia patria, para proceder a la declaratoria de ejecución de los actos administrativo -Providencias Administrativas que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos- de las Inspectorías del Trabajo por vía de amparo constitucional, y para ello observa:

En el caso bajo análisis, el a quo declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta ya que “(…) resultaría incongruente para los órganos jurisdiccionales que actúen en sede constitucional acordar por vía de amparo la ejecución de una Providencia Administrativa que podría posteriormente ser declarada nula ante la jurisdicción contenciosa administrativa (sic) y sería como violar los derechos constitucionales de la parte accionada en protección de los derechos constitucionales de la parte accionante (…)”.

Este Órgano Jurisdiccional observó que se desprende del escrito libelar y las actas que conforman el presente expediente que el accionante ocupaba el cargo de operador de equipos de reproducción en el referido Consejo Legislativo del Estado Barinas.

Ahora bien, al folio diecisiete (17) del presente expediente, consta el auto de admisión del procedimiento administrativo de fecha 22 de enero de 2004 incoado por el ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas y la consecuente citación a la parte patronal, Consejo Legislativo del Estado Barinas.

Del folio dieciocho (18) y su vuelto se desprende acto de contestación por parte del referido Consejo Legislativo en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos incoado por el ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana, llevada a cabo en fecha 6 de febrero de 2004.

Consta igualmente del folio veinte (20) al folio veinticuatro (24) del presente expediente la Providencia Administrativa N° 093-04 de fecha 29 de julio de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos ejercida por el accionante.

Por otra parte, al folio veintiséis (26) del expediente consta la boleta de notificación realizada por la referida Inspectoría al representante legal del Consejo Legislativo del Estado Barinas, recibida por el ciudadano Reinaldo Chejin, en su condición de Director de la Consultaría Jurídica del órgano administrativo accionado, en fecha 25 de agosto de 2004.

Al folio veintisiete (27) cursa Acta de Inspección suscrita por la Jefe de Sala Laboral de la referida Inspectoría del Trabajo, en la cual se dejó constancia que han sido múltiples: “(…) las diligencias realizadas para constatar el Reenganche del trabajador JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ QUINTANA, y todas han sido infructuosas, durante los días Martes 14-09-04, Viernes 17-09-04, [se] traslad[ó] a dicho Concejo Legislativo (sic), y según lo dicho por la Secretaria BETTY SOTO, ni los Consultores Jurídicos ni el Presidente se encontraban en dicha sede, (…) nuevamente [se] traslad[ó] con el trabajador (…), y el Dr. LUIS MORENO, no [los] atendió, [que] a todas luces se observa la negativa por parte de dicho Organismo, para atender la Inspección Especial ordenada por el Despacho” (Mayúsculas del original).

Al folio veintinueve (29) consta auto de admisión de fecha 25 de octubre de 2004 de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes.

A los folios treinta (30) y treinta dos (32) del presente expediente, se desprenden boletas de notificación de fechas 29 de octubre y 1° de noviembre de 2004, -debidamente recibidas- dirigidas al ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Barinas, respectivamente

Por otra parte, a los folios treinta y ocho (38) y treinta nueve (39) y sus vueltos consta acta de la audiencia constitucional oral y pública llevada a cabo en fecha 10 de noviembre de 2004, donde se evidencia que ambas partes, es decir, tanto la parte accionante como la parte accionada, hicieron acto de presencia a la referida audiencia para exponer sus argumentos.

Asimismo, el apoderado judicial del Consejo Legislativo del Estado Barinas dejó constancia que sobre la Providencia Administrativa N° 093-04 de fecha 29 de julio de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor del trabajador Juan Francisco Sánchez Quintana, “(…) queda pendiente el recurso de nulidad siendo caso que con fecha 13 de octubre de 2004 (…) presentó y ejerció recurso contencioso de anulación (sic) conjuntamente con amparo (sic) (…)”, ante la Unidad de Recepción y Distribución de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, quedando distribuido el expediente en esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, tal como consta en el comprobante de recepción de un asunto nuevo al folio cuarenta (40) del presente expediente.

Ahora bien, es importante señalar que constituye un hecho notorio judicial que el mencionado recurso fue admitido por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, por decisión de fecha 7 de diciembre de 2004, y se declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada (Sentencia N° 2004-0273), siendo que, dicho recurso es actualmente tramitado y conocido por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, bajo el expediente signado con el número AP42-N-2004-000848.

Del análisis de los documentos anteriormente señalados, esta Corte debe concluir que:

i) Como se detalló con anterioridad, no existe constancia en autos de alguna medida cautelar que permita inferir o concluir que los efectos jurídicos de la Providencia Administrativa N° 093-04 dictada en fecha 29 de julio de 2004, por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas hayan sido suspendidos o enervados sus efectos en sede judicial y a petición de la parte patronal, con lo cual ha de considerarse que dicho acto conserva su ejecutividad y ejecutoriedad, adicionalmente debe recordarse que la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad no tiene per se efectos suspensivos;

ii) La parte accionada en todo momento se rehusó a dar cumplimiento a la mencionada Providencia Administrativa N° 093-04 que ordenaba el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana, tal como ha quedado establecido con el estudio de las presentes actas, tanto en sede administrativa como en sede judicial;

iii) Por otra parte, se observa que no se desprende del texto del acto administrativo cuya ejecución se solicita, así como de la tramitación del procedimiento constitutivo en la sede de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas que se hayan vulnerado abiertamente los derechos constitucionales de la parte patronal o que esta Corte advierta vicios de inconstitucionalidad que le permitan abstenerse de otorgar la tutela constitucional invocada, a tenor de lo prescrito en los artículos 25 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

iv) La apuntada omisión por parte del Consejo Legislativo del Estado Barinas, constituye una evidente y flagrante violación de los derechos al trabajo, a la protección del mismo, al salario y a la estabilidad laboral del trabajador accionante protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 87, 89, 91 y 93, respectivamente, razones por las cuales esta Corte estima que debe declarar con lugar la referida acción de amparo constitucional, y así se declara.

En atención a los criterios antes expuestos y por cuanto esta Corte observa que el a quo erró en la motivación de su fallo al señalar que resultaría incongruente para los órganos jurisdiccionales acordar por vía de amparo constitucional la ejecución de una Providencia Administrativa ya que con posterioridad pudiera ser declarada nula y se estaría vulnerando el derecho a la defensa de la parte accionada, siendo que ello no constituye un requisito para acceder a la vía de amparo, conforme a lo anteriormente analizado, esta Alzada declara con lugar la apelación interpuesta, revoca el fallo del a quo, y con fundamento en el análisis que antecede, declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

En consecuencia, se ordena al representante legal del Consejo Legislativo del Estado Barinas, ejecute sin más dilaciones la Providencia Administrativa N° 093-04 de fecha 29 de julio de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas y proceda a reincorporar a sus labores al ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana, con el consecuente pago de sus salarios caídos.

El presente mandamiento debe ser acatado por la parte patronal y por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y, en tal caso, podrá ser sancionado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV
DECISION

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el ciudadano Juan Francisco Sánchez Quintana, asistido por los abogados Jairo José Aranguren Piñuela y Marbella Josefina Navas Coronil, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes de fecha 18 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta.

2.- CON LUGAR la apelación interpuesta, contra la referida sentencia.

3-. SE REVOCA la mencionada sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 18 de noviembre de 2004, por las razones antes expuestas.

4-. CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta. En consecuencia, SE ORDENA el reenganche del mencionado ciudadano al cargo que venía desempeñando en el Consejo Legislativo del Estado Barinas y el pago de sus salarios dejados de percibir.

El presente mandamiento de amparo constitucional deberá ser acatado, so pena de incurrir en desacato a la autoridad judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,

MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Ponente

El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ

La Secretaria,


JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ

Exp. N° AP42-O-2004-000889
MELM/500
Decisión No. 2005-01101.-