TSJ Regiones - Decisión

Exp. N° AP42-O-2004-000994
JUEZ PONENTE: JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

En fecha 22 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 04-2613 del 28 de septiembre de 2004, emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual se remitió el expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional ejercida por el ciudadano JOSÉ ISMAEL SÁNCHEZ MONTES DE OCA, titular de la cédula de identidad N° 9.879.137, asistido por los Abogados BERKY GUZMÁN MONTES DE OCA y JUAN EDUARDO GUZMÁN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.602 y 68.881, respectivamente, contra la negativa de la sociedad mercantil TECMET, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1998, bajo el N° 63, Tomo 208-A-Pro., en dar cumplimiento a la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el mencionado ciudadano.

Tal remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por la referida Sala el 16 de septiembre de 2004, en la cual se declaró incompetente para conocer de la consulta de ley a la cual se encuentra sometida la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 30 de octubre de 2003, mediante la cual declaró con lugar la pretensión constitucional interpuesta.

El día 3 de febrero de 2005, previa distribución de la presente causa efectuada de manera automática por el Sistema JURIS 2000, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y por auto de la misma fecha se designó ponente al Juez Jesús David Rojas Hernández, a los fines de que la Corte decida acerca de la consulta de ley.

En fecha 25 de febrero de 2005 se pasó el expediente al Juez Ponente.

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El accionante fundamentó su solicitud de protección constitucional sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que en fecha 13 de octubre de 1998 comenzó a prestar servicios personales e ininterrumpidos para la empresa accionada, hasta el día 30 de abril de 2002, cuando fue despedido, sin incurrir en ninguna de las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo y encontrándose amparado por la inamovilidad prevista en el Decreto N° 1.752 publicado en la Gaceta Oficial N° 5.585 del 28 de abril de 2002.

Que al ocurrir el despido acudió ante la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos en fecha 7 de agosto de 2002, mediante Providencia Administrativa N° 0060.

Que en fecha 23 de agosto de 2002, fecha fijada para que se llevara a cabo el acto de reenganche y pago de salarios caídos, se verificó la negativa de la empresa a reengancharlo a su puesto de trabajo por parte del Gerente de Planta y la Jefa de Recursos Humanos de tal empresa, tal como se desprende del informe levantado a tal efecto y que en fecha 12 de noviembre de 2002 la autoridad administrativa acordó iniciar el respectivo procedimiento de multa.

Que tal negativa vulnera sus derechos constitucionales previstos en los artículos 2, 87, 91, 92 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual solicitó se decrete medida de amparo ordenando a la empresa de autos a dar cumplimiento al acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda y asimismo, solicitó la condenatoria en costas de la sociedad mercantil accionada.

II
DEL FALLO APELADO

Mediante sentencia de fecha 30 de octubre de 2003, el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(…) de la revisión de las actas procesales del expediente se desprende que la Sociedad Mercantil TECMET C.A., se negó a cumplir la Providencia Administrativa N° 0060 de fecha 07-08-2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio en los Valles del Tuy (sic), la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche del trabajador a su puesto de trabajo, así como cancelar los salarios dejados de percibir por el trabajador, el cual se encontraba amparado por la inamovilidad laboral a la que se refería el Decreto Presidencial N° 1752, de fecha 28 de abril de 2002, violando de ésta (sic) manera el derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo, consagrado en los Artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así mismo, se constató que el accionante, en virtud de la contumacia y rebeldía del patrono en dar cumplimiento a la Providencia Administrativa emanada de Inspectoría del Trabajo (sic) N° 86-2002, recurrió al único mecanismo que la Ley prevé para constreñir al patrono, solicitando el traslado de un funcionario de la Inspectoría del Trabajo, para dejar constancia de la resistencia del patrono de ejecutar la Providencia Administrativa, traslado que se efectuó en fecha 27 de agosto de 2002, también solicitó la imposición de una multa a la empresa TECMET, C.A., de conformidad con los Artículos 647 y 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, no siendo con ello, satisfecha la pretensión del accionante (…)”.

III
DE LA COMPETENCIA

Antes de pronunciarse acerca de la consulta a la cual se encuentra sometida la sentencia parcialmente citada supra, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera preciso pronunciarse sobre su competencia para conocer y decidir la presente causa. En este sentido el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:

“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente”.

Así, se debe destacar que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se ha reiterado jurisprudencialmente el carácter de alzada que tienen las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo en relación con los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo en decisiones N° 1900 de fecha 27 de octubre de 2004 (caso: Marlon Rodríguez) y N° 2271 del 24 de noviembre de 2004 (caso: Tecno Servicios YES’CARD, C.A.) ambas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud esta Corte se declara competente para conocer de la presente consulta y así se decide.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la consulta que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se encuentra sometida la sentencia de fecha 30 de octubre de 2003 dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta. A tal efecto, se observa:

Es el caso que la accionante en amparo alegó que la negativa de la sociedad mercantil accionada en dar cumplimiento a la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, vulnera sus derechos constitucionales previstos en los artículos 2, 87, 91, 92 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual solicitó se decrete medida de amparo ordenando a la empresa de autos a dar cumplimiento a dicho acto administrativo.

Por su parte se observa que el a quo declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta señalando que “de la revisión de las actas procesales del expediente se desprende que la Sociedad Mercantil TECMET C.A., se negó a cumplir la Providencia Administrativa (…) violando de ésta (sic) manera el derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo, consagrado en los Artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”

Ahora bien una vez planteados los términos de la pretensión, este Órgano Jurisdiccional observa que ciertamente cursa a los folios siete al ocho (7-8) del presente expediente, la referida Providencia Administrativa, documento público administrativo promovido por la accionante como prueba de los derechos cuya titularidad se atribuye.

En virtud de lo anterior, debe determinarse si ciertamente el incumplimiento por parte de la sociedad mercantil TECMET, C.A., de la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del solicitante en amparo, es capaz de generar la violación de los derechos constitucionales denunciados.

En atención a lo anterior es importante señalar que la existencia de actos administrativos dictados por la autoridad competente para resolver las controversias que se susciten entre el patrono y el trabajador, constituye la manifestación legítima de voluntad de la Administración, y que conforme a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad (principios que colocan a la Administración en un plano de supremacía con respecto a los administrados) que revisten los actos administrativos, goza de plena vigencia, surtiendo, por tanto, sus efectos jurídicos en la esfera subjetiva de sus destinatarios, hasta tanto no sean suspendidos mediante sentencia judicial.

Asimismo un acto es ejecutivo en tanto y en cuanto tenga fuerza obligatoria y por ende debe cumplirse inexorablemente; lo anterior ocurre desde el momento en que el acto sea definitivo –resuelve el fondo del asunto- “aún cuando se hubieran intentado recursos para su impugnación en vía administrativa o jurisdiccional, el acto es eficaz y debe llevarse a sus últimos efectos jurídicos-materiales como ‘consecuencia de su propia fuerza de obligar y con abstracción de la materia que constituye su contenido” (vid. Garrido Falla citado por José Enrique Rojas Franco “La suspensión del acto administrativo en la vía administrativa y judicial”, Mundo Geográfico S.A., 4ta edición, San José, C.R., 1999).
En ese orden de ideas la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1318 de fecha 2 de agosto de 2001 (caso Nicolás Alcalá), al referirse a las decisiones de las Inspectorías del Trabajo, estableció:

“(…) Ciertamente la providencia administrativa dictada por ese órgano comprendido en la Administración Pública, goza de las características que, en general, definen a los actos administrativos y, por tanto, los mismos se presumen legítimos, es decir, conformes a derecho, sustentados por tal razón, por la cualidad de ejecutividad y ejecutoriedad que, permite establecer la posibilidad de que este tipo de actos puedan ser ejecutados directamente por el ente emisor, sin necesidad de que medie una declaración expresa de un órgano jurisdiccional que ordene su ejecución. La ‘ejecutividad’, ‘ejecutoriedad’, ‘privilegio de decisión ejecutoria’ o ‘acción de oficio’, son términos con los que indistintamente se designa la cualidad del acto administrativo de producir todos sus efectos contra la voluntad de los obligados violentando su propiedad y libertad si preciso fuere. Esta cualidad es la que realmente separa y distingue los actos administrativos de los actos privados que necesitan del apoyo judicial para tomar sobre otro sujeto medidas ejecutorias (Ramón Parada. Derecho Administrativo I Parte General. Marcial Pons, 2000)”.

Es menester mencionar, que igualmente la sentencia parcialmente transcrita estableció que el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, en el cual se sanciona con el pago de una multa al patrono que se niegue a reincorporar a un trabajador, no es per se un medio efectivo para que el trabajador consiga la satisfacción de sus pretensiones, ya que no se logra la real y satisfactoria ejecución por parte del patrono de la Providencia Administrativa que ha obtenido el trabajador de manera favorable a sus intereses.

Así, en la citada decisión, la cual es de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República incluida esta Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 de nuestra Carta Magna, se estableció de manera expresa que:

“(…) los órganos del Poder Judicial se presentan como la única solución, para lograr por un medio breve, sumario y eficaz la vigencia de los derechos vulnerados, dado el vacío legislativo evidente a fin de que los órganos administrativos ejecuten su decisión en materia laboral-administrativa (…) La legislación laboral, no ofrece una solución adecuada, de allí que en caso de verificarse un incumplimiento por parte del patrono obligado por el organismo administrativo a acatar una determinada orden, y ante el vacío legislativo existente al respecto, por no aparecer en la ley un procedimiento tendiente (sic) a obtener la ejecución forzosa de la providencia administrativa (…) debe buscarse una solución satisfactoria. Pues ello no puede ser óbice para evitar que la actividad jurisdiccional logre, con una perfecta administración de justicia, alcanzar el objetivo asignado (…) en algunas oportunidades esa Sala ha reconocido de manera inequívoca la posibilidad de acudir al amparo como único mecanismo idóneo para proceder a la ejecución de este tipo de providencias dictadas por las Inspectorías de Trabajo”.

Así pues, cuando existe contumacia del patrono en cumplirla, resulta esencial la intervención del Juez que conozca en sede constitucional, para preservar los derechos constitucionales involucrados, en tanto se encuentren en juego el sustento del trabajador, haciéndose de esta manera más urgente la necesidad de protección, ya que de lo contrario se dejaría a los administrados en estado de indefensión al no permitírseles el goce efectivo de los derechos reconocidos por las autoridades administrativas en los actos de contenido cuasijurisdiccional.

Ahora bien, esta Corte en sentencia N° 169 del 21 de febrero de 2005 (caso: José Gregorio Carma Romero), estableció lo siguiente:

“(…) importa destacar que visto que no se está pretendiendo atribuirle al amparo constitucional la idoneidad o cualidad de lograr la ejecución de un acto administrativo, pues la finalidad no es otra que la de buscar la protección de los derechos constitucionales involucrados, cuando el acto administrativo, estrictamente de naturaleza laboral cumpla una serie de presupuestos; al respecto, es oportuno señalar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en casos análogos (Vid. Sentencia de fecha 28 de mayo de 2003. Caso: Gustavo Briceño, entre otras), estableció que a los fines de solicitar y proceder efectivamente la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se determine lo siguiente: 1) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; 3) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto administrativo.
Aunado a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional estima necesario, como consecuencia de la actitud constante de las Inspectorías del Trabajo de todo el territorio nacional de dictar Providencias Administrativas que no cumplen u omiten el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 454), lo que acarrea como resultado que las mismas violen o menoscaben derechos constitucionales referentes a la defensa y al debido proceso de las partes intervinientes en los procedimientos administrativos sustanciados ante tales instancias administrativas, y en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, agregar un nuevo elemento: 4) que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional”. (Negritas de esta Corte)

Siguiendo los criterios expuestos se observa que si bien es posible solicitar la ejecución de una Providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo por la vía del amparo constitucional, no obsta para que deban verificarse las condiciones para su procedencia.
Adicionalmente mediante sentencia N° 308 dictada por esta Corte en fecha 7 de marzo de 2005 (caso: Luzely Petrocini), se precisó respecto al cuarto requisito que:

“Este requisito adicional, que requiere una apreciación previa de la constitucionalidad del acto cuya ejecución se demanda, encuentra sustento en las orientaciones que debe guiar la labor de juzgamiento del Juez de amparo constitucional, fijadas con fuerza vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante su sentencia N° 7 de fecha 1° de febrero de 2000, enunciadas de la forma siguiente: (i) lo que se pide como efecto del amparo puede no ser vinculante para el Juez, ya que el proceso de amparo no se rige por el principio dispositivo, siendo lo importante la situación jurídico-fáctica ocurrida en contravención de derechos y garantías constitucionales, y los efectos que ella produce; (ii) lo relevante para el Juez de amparo son los hechos que constituyen las violaciones, antes que los pedimentos; (iii) no puede el Juez atarse a las equivocaciones de los presuntos agraviados al calificar el derecho o garantía infringidos, o la norma aplicable; y (iv) el Juez de amparo puede cambiar la calificación jurídica de los hechos y restaurar situaciones, partiendo de premisas jurídicas diferentes a las señaladas en la solicitud de amparo.
Tales lineamientos, que desde la perspectiva de la referida Sala aparecen como potestad del Juez Constitucional, permite a éste examinar in limine litis la constitucionalidad del acto, hecho u omisión que se denuncia como conculcado, puesto que, en caso de que dicha pretensión no sea legítima, esto es, que no sea tutelada o tutelable por el ordenamiento jurídico, mal puede crear derechos en cabeza de quien así los reclama y menos aún, pretender su tutela jurisdiccional.
Siendo ello así, debe acotarse también que el Juez Constitucional tiene el deber ex suprema lege, de eximirse o abstenerse de acordar la tutela jurídica invocada siempre y cuando la pretensión deducida por la parte que así lo solicita sea ilegítima en los términos antes expresados”. (Negritas de esta Corte)

Precisado lo anterior, esta Corte observa que el análisis a efectuar sobre el particular se encuentra limitado a determinar la procedencia o no de la pretensión de amparo constitucional como medio idóneo para la ejecución de un acto administrativo cuasijurisdiccional, para lo cual aplicando al caso de autos los criterios que sobre esta materia ha fijado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo –que comparte esta Corte- los cuales, tal como se señaló previamente, fueron ampliados por este Órgano Jurisdiccional se observa que:

En primer lugar, de las actas que conforman el expediente no se evidencia medio de prueba alguno que haga presumir que los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita se encuentren suspendidos o se haya declarado su nulidad.

En segundo lugar, consta del escrito presentado por la accionante que la parte agraviante no ha incumplido con la orden emanada de la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, en el sentido de reengancharla y pagarle los salarios caídos, cuya negativa también se desprende del informe de fecha 27 de agosto de 2002 levantada por la Inspectoría del Trabajo mencionada, en el cual se dejó expresa constancia de la “negativa por parte de la Representación Empresarial de recibir la Providencia Administrativa y por ende del Reenganche del Trabajador (…)” (al folio 13).

En tercer lugar, no es posible evidenciar de las actas procesales que conforman el expediente, las cuales constituyen actuaciones desplegadas en el curso del procedimiento administrativo llevado ante la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional.

Y en cuarto lugar, se observa que la negativa por parte de la referida empresa efectivamente representa una violación constitucional al derecho al trabajo de la accionante, reconocido por la mencionada Inspectoría del Trabajo, tal como lo señaló el a quo en la sentencia sometida a consulta.

En atención a los argumentos anteriormente expuestos y verificados los requisitos para la procedencia de la pretensión de amparo constitucional como medio de ejecución de las providencias administrativas impugnadas, esta Corte CONFIRMA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de octubre de 2003, mediante la cual declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta en el presente caso y en consecuencia ordenó a la mencionada empresa, la reincorporación y pago de los salarios caídos al accionante. Así se decide.

En atención a lo anteriormente expuesto se confirma la referida decisión y se ordena a la sociedad mercantil TECMET, C.A., dar cumplimiento de inmediato a la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, mediante la cual ordenó a la mencionada empresa, el reenganche y pago de los salarios caídos al accionante, so pena de incurrir en desacato a la autoridad. Así se decide.
Finalmente esta Corte constata que el a quo no se pronunció en el fallo sometido a consulta acerca de la solicitud efectuada por el accionante en cuanto a la condenatoria en costas de la sociedad mercantil de autos. No obstante esta Corte observa que el quejoso no apeló de la omisión de pronunciamiento en la cual incurrió el Tribunal de la causa, por lo cual considera que el agraviado vio satisfecha su pretensión constitucional con la declaratoria con lugar del amparo constitucional interpuesto.

V
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones que anteceden, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

1. CONFIRMA el fallo sometido a consulta dictado por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de octubre de 2003, mediante el cual declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ ISMAEL SÁNCHEZ MONTES DE OCA, titular de la cédula de identidad N° 9.879.137, asistido por los Abogados BERKY GUZMÁN MONTES DE OCA y JUAN EDUARDO GUZMÁN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.602 y 68.881, respectivamente, contra la negativa de la sociedad mercantil TECMET, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1998, bajo el N° 63, Tomo 208-A-Pro., en dar cumplimiento a la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el mencionado ciudadano.
2. ORDENA a la sociedad mercantil TECMET, C.A., dar cumplimiento inmediato a la Providencia Administrativa N° 0060 dictada el 7 de agosto de 2002 por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, Estado Miranda, mediante la cual ordenó a la mencionada empresa, el reenganche y pago de los salarios caídos al accionante, so pena de incurrir en desacato a la autoridad.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el presente expediente al Juzgado de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Presidenta

JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
Vicepresidente-ponente

BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Jueza

JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
La Secretaria

Exp. N° AP42-O-2004-000994.-
JDRH / 52.-
Decisión n° 2005-01112