Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Expediente N° AP42-O-2004-000427

En fecha 15 de noviembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 04-1344 de fecha 22 de septiembre de 2004, emanado del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti Dizonno y Alfredo Hernández Rosas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277, 34.701 y 69.404, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos ORLANDO RAFAEL MEDINA SUCRE e ISIDRO MARTÍN LIZARDO VIVAS, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.872.465 y 6.276.532, respectivamente, a fin de ejecutar las decisiones de fechas 2 y 29 de marzo de 2004, dictadas por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, que ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos de los prenombrados ciudadanos contra la empresa Consorcio Contuy Medio Grupo A, en virtud de la presunta violación de los artículos 87, 89, 91, 93 y 96, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a los derechos al trabajo, al salario, a la estabilidad y a la negociación colectiva.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida por la representación judicial de los accionantes contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 20 de julio de 2004, que declaró el decaimiento de la acción de amparo constitucional.

En fecha 3 de febrero de 2005, se dio cuenta a la referida Corte y se designó ponente a la Magistrada Betty Josefina Torres Díaz.

En fecha 16 de febrero de 2005, se pasó el presente expediente a la Jueza ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 1 de junio de 2004, la parte actora presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional en el cual expuso:

Que sus representantes “(…) se desempeñaban como Carpinteros de Primera en la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A, devengando un salario diario de Veintiún Mil Cien Bolívares (Bs. 21.100,00) (…). La referida empresa en fecha 11/02/2004 presentó por ante la Sala de Fuero de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, sendas solicitudes de Calificación de Falta para proceder al despido de los Trabajadores agraviados, con base al literal f del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo”. (Mayúsculas de los accionantes).

Que “(…) durante la tramitación de dicho procedimiento la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy acordó mediante decisión de fechas 02 de Marzo del 2004 y 29 de Marzo del 2004 (…) suspender el procedimiento de Calificación de Falta que había incoado la empresa agraviante contra los ciudadanos Orlando Medina e Isidro Lizardo, hasta que los referidos trabajadores fueran reincorporados a su sitio habitual de trabajo de conformidad con el artículo 457 de la Ley Orgánica del Trabajo y, hasta la presente fecha la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A, ha hecho caso omiso a reincorporar a los mencionados trabajadores y cancelarle los salarios caídos”. (Mayúsculas de los accionantes).

Que “(…) en el procedimiento de Calificación de falta para despedir a un trabajador, el patrono, en este caso la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A, tiene que mantener en su sitio de trabajo a los trabajadores y cancelarle sus salarios hasta que la Autoridad Administrativa se pronuncie definitivamente con respecto a la Calificación de falta solicitada; sin embargo, en el presente caso, la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A en forma arbitraria procedió a retirar a los ciudadanos ORLANDO MEDINA e ISIDRIO (sic) LIZARDO como trabajadores de la empresa, olvidando la inamovilidad que los amparaba y que la empresa conocía, derivada no sólo del salario devengando por los trabajadores agraviados sino también del fuero sindical que gozaban”. (Mayúsculas de los accionantes).

Que “(…) para la fecha en que la empresa procedió a retirar a los agraviados y posteriormente solicitar la calificación de la falta, estaba en vigencia el Decreto N° 2.806 de la Presidencia de la República por el cual se prorrogó desde el 16 de enero de 2004 y hasta el 30 de septiembre de 2004, la inamovilidad especial para los trabajadores tanto del sector público como privado que devengaran un salario básico mensual inferior a los Bs. 633.600,00 (…) y, nuestros patrocinados devengaban (…) un salario básico de Bs. 21.100,00 diarios, lo que los incluye en la protección decretada por el Presidente de la República y que la empresa reconoció. Pero además (…) están amparados por el fuero Sindical, y ello es así por cuanto los mismos fueron electos como Delegados Sindicales del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Distrito Federal y Estados Miranda y Vargas (SUTIC) en la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A, elección efectuada conforme al Laudo Arbitral vigente firmado entre la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares, (…) siendo el Sindicato único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Distrito Federal y Estados Miranda y Vargas (SUTIC) el Sindicato representativo, pues así se evidencia del Acta de Escrutinio levantada por la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público en fecha 31/10/2003 en ocasión al proceso de REFERENDUM SINDICAL convocado, (…)”. (Mayúsculas de los accionantes).

Que “(…) los pronunciamientos de la Inspectoría del Trabajo de Los Valles del Tuy de fechas 02 de Marzo de 2004 y 29 de Marzo de 2004, respectivamente, evidencian que el patrono no solamente infringió el procedimiento de Calificación de Falta para despedir a trabajadores establecido en la Ley, sino, incluso, podemos decir que la propia Inspectoría del Trabajo reconoció que la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A retiró a los trabajadores antes de dictar la Providencia Administrativa requerida con lo que violó el procedimiento legal establecido, y ello a tenor de lo establecido en el artículo 1401 del Código Civil constituiría una confesión calificada por parte de la Inspectoría del Trabajo, (…) por lo que la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A ha debido reincorporar inmediatamente a nuestros representados a los fines de la continuación de la solicitud de Calificación”. (Mayúsculas de los accionantes).

Invocan los artículos 453 y 457 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Que “(…) el patrono procedió ciertamente a solicitar la autorización correspondiente para despedir a los agraviados, sin embargo, los despidió antes de que dicha autorización fuera decidida, lo que motivó a la ciudadana Inspectora del Trabajo a suspender el procedimiento hasta que la empresa procediera a reenganchar a los trabajadores en acatamiento a la norma contenida en el artículo 457 (…). En efecto, el patrono (CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A) procedió a despedir a los ciudadanos Orlando Medina e Isidro Lizardo alegando la causal “f” del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin tomar en consideración que la inamovilidad que los amparaba derivaba tanto del Decreto N° 2806 del 14/01/2004 como tampoco de la condición de Delegados Sindicales que ostentaban y, además, sin cumplir el procedimiento pautado en la Ley Orgánica del Trabajo (…)”. (Mayúsculas de los accionantes).

Que “(…) la conducta asumida por la empresa al no reenganchar a nuestros patrocinados a sus puestos de trabajo, tal como lo ordeno la Inspectora del Trabajo al suspender el procedimiento, conducta que se ha mantenido durante todos estos meses, es violatoria de los derechos constitucionales que como ser humano le corresponden (…), pues en este caso se presenta una situación sui generis: por una parte, la Inspectoría del Trabajo ordena que se reincorporen los trabajadores al trabajo y se le cancelen sus salarios caídos por cuanto está conciente de que el patrono los despidió violando el procedimiento de calificación establecido en la ley, pues los mismos, incluso, gozan de inamovilidad derivada tanto del salario devengando como de su condición de Delegados Sindicales y, por otra parte, esta última decisión no se ejecuta, con lo que se vulnera el derecho de nuestros patrocinados a tener una vida digna y decorosa como lo establece la Constitución, se le vulnera el derecho a cubrir las necesidades básicas propias y las de su familia, pero, además, se llega a la incongruencia de que sabiendo la Inspectoría de que el patrono violó el procedimiento y de paso no se ejecuta la decisión en comento, la Inspectoría suspende el proceso, y por esa vía ni se les reincorpora al trabajo ni se decide la causa y mientras tanto no sólo hay una violación a la Ley Orgánica del Trabajo que es de orden público y por tanto hay una violación de orden público”.

En virtud de los antes señalado alega la violación de los derechos constitucionales, establecidos en los artículos 87, 89, 91, 93 y 96, referidos al trabajo, al salario, a la estabilidad y a la negociación colectiva.

Finalmente solicita, la reincorporación de los trabajadores presuntamente agraviados a su puesto de trabajo y a cancelarles los salarios caídos, visto la decisión de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy que ordenó suspender el procedimiento de Calificación de Falta hasta el reenganche de los trabajadores.

II
DEL FALLO APELADO

En fecha 20 de julio de 2004, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró el decaimiento de la acción de amparo constitucional, bajo las siguientes consideraciones:

Que “(…) en la oportunidad de efectuarse la audiencia constitucional, la representación judicial de la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO ‘A’, parte presuntamente agraviante, consignó Providencias Administrativas Nros. 0781 y 0780, de fecha 13 de julio de 2004, ambas, Expedientes Nros. 017040100193 y 0117040100192, respectivamente, emanadas de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy (…) en los procedimientos que ante ese despacho se seguían por solicitud del reenganche y pagos de salarios caídos de los ciudadanos ISIDRO MARTÍN LIZARDO VIVAS y ORLANDO RAFAEL MEDINA SUCRE, trabajadores despedidos por la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO ‘A’, y mediante los cuales declaró ‘sin lugar’ la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos de los mencionados trabajadores contra la empresa accionada”. (Mayúsculas del a quo).

Que “(…) la presente acción de amparo carece de objeto, ya que al momento de su interposición tenía como pretensión el cumplimiento de las providencias administrativas S/N de fechas 02 y 29 de marzo de 2004, mediante las cuales la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy ordenó la reincorporación a sus puestos de trabajo y el pago de los salarios caídos de los quejosos, como consecuencia de una medida provisional de suspensión del procedimiento hasta tanto los trabajadores fuesen reincorporados a su sitio de trabajo, de conformidad con el artículo 457 de la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, estima este Juzgado que al concluir el procedimiento en cuestión, lo cual se evidencia de las Providencias Administrativas Nros. 0781 y 0780, de fecha 13 de julio de 2004, emanadas de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, mediante los cuales se declaró SIN LUGAR, la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos de los ciudadanos ORLANDO RAFAEL MEDINA SUCRE y (sic) ISIDRO MARTÍN LIZARDO VIVAS en contra de la empresa CONSORCIO CONTUY MEDIO GRUPO A, la acción de amparo perdió sentido en virtud del pronunciamiento de fondo emitido por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy”. (Mayúsculas del a quo)

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse con respecto a la apelación ejercida por la parte accionante contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2004, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró el decaimiento de la acción de amparo constitucional incoada.

Observa esta Corte, que el presente caso se refiere a una acción de amparo constitucional ejercida, a fin de ejecutar las decisiones de fechas 2 y 29 de marzo de 2004, dictadas por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, que ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos, de conformidad con lo previsto en el artículo 457 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los ciudadanos Orlando Rafael Medina Sucre e Isidro Martín Lizardo, toda vez que la empresa Consorcio Contuy Medio Grupo A, procedió a despedirlos sin que mediara decisión alguna por parte de la Inspectoría del Trabajo en el procedimiento de calificación de falta incoado por la referida empresa.

En virtud del incumplimiento por parte de la empresa Consorcio Contuy Medio Grupo A, en ejecutar tales ordenes alegaron la violación de los derechos constitucionales, establecidos en los artículos 87, 89, 91, 93 y 96, referidos al trabajo, al salario, a la estabilidad y a la negociación colectiva.

En tal sentido, el a quo declaró el decaimiento de la acción de amparo constitucional ejercida, toda vez que constató la existencia de las Providencias Administrativas Nros. 0781 y 0780, respectivamente, ambas de fecha 13 de julio de 2004, dictadas por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, que declaró sin lugar solicitud del reenganche y pagos de salarios caídos de los ciudadanos Orlando Rafael Medina Sucre e Isidro Martín Lizardo Vivas contra la empresa accionada.

Ahora bien, constata esta Corte, del análisis del expediente, que en la oportunidad de la audiencia constitucional oral y pública, ciertamente los representantes judiciales de la empresa Consorcio Contuy Medio Grupo A, consignaron Providencias Administrativas Nros. 0781 y 0780, respectivamente, ambas de fecha 13 de julio de 2004, dictadas por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, que declararon sin lugar solicitud del reenganche y pagos de salarios caídos de los ciudadanos Orlando Rafael Medina Sucre e Isidro Martín Lizardo Vivas contra la Empresa referida, las cuales cursan a los folios (144 al 153), y que pusieron fin a los procedimientos de solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, incoados por los accionantes.

Es evidente que la Empresa accionada resultó favorecida por las decisiones emanadas de la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, siendo precisamente el reenganche y pago de los salarios caídos de los accionantes el objeto de la presente acción de amparo constitucional ejercida, lo cual fue declarado sin lugar en los procedimientos incoados, y en consecuencia, desde ese mismo momento ha cesado la lesión constitucional.

Ahora bien, aun cuando este Órgano Jurisdiccional evidencia que la decisión del a quo es lógica y congruente, no obstante, lo que debería haber declarado, era la inadmisibilidad sobrevenida de la acción de amparo, se discrepa entonces de la calificación dada por la sentenciadora de “decaimiento de la acción de amparo constitucional” en su parte dispositiva.

En tal sentido, esta Corte reitera el carácter de eminente orden público de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional señaladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, causales éstas que, al verificarse en cualquier estado y grado del proceso de amparo constitucional, hacen que dicha acción deba ser inadmitida por el órgano jurisdiccional competente para su conocimiento.

En el presente contexto, indica a la letra el artículo 6, numeral 1 de la mencionada Ley, lo siguiente:

“No se admitirá la acción de amparo:
1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla...”.

Tal como lo prevé el artículo parcialmente citado supra, la lesión constitucional aducida por la accionante ha cesado, lo cual hace forzoso para esta Corte, dado el carácter de orden público de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, declarar la presente acción de amparo constitucional inadmisible, de forma sobrevenida.

Dicho lo anterior, revoca el fallo sometido a consulta, dictado el 20 de julio de 2004 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y, en consecuencia, declara inadmisible, de forma sobrevenida, la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

- CON LUGAR la apelación ejercida contra el fallo de fecha 20 de Julio de 2004, emanado del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró el decaimiento de la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti Dizonno y Alfredo Hernández Rosas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277, 34.701 y 69.404, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos ORLANDO RAFAEL MEDINA SUCRE e ISIDRO MARTÍN LIZARDO VIVAS, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.872.465 y 6.276.532, respectivamente, a fin de ejecutar las decisiones de fechas 2 y 29 de marzo de 2004, dictadas por la Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, que ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos de los prenombrados ciudadanos contra la empresa Consorcio Contuy Medio Grupo A, en virtud de la presunta violación de los artículos 87, 89, 91, 93 y 96, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a los derechos al trabajo, al salario, a la estabilidad y a la negociación colectiva.

- REVOCA la decisión dictada el 20 de julio de 2004, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

- INADMISIBLE SOBREVENIDAMENTE la acción de amparo constitucional.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS


El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente



La Secretaria, La Secretaria Acc



JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ MERCEDES UGARTE



BJTD/e
Exp. N° AP42-O-2004-000427
Decisión n° 2005-01113