JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Expediente N° AP42-N-2005-000492
En fecha 10 de marzo de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Enrique Itriago Alfonso y Carlos Urbina F., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 7.515 y 83.863, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TOYOTA DE VENEZUELA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil del Estado Sucre, en fecha 8 de septiembre de 1992, bajo el N° 79, Tomo II, Libro VIII, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 196-04 de fecha 6 de octubre de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN CUMANÁ ESTADO SUCRE, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana ENRIQUE RÍOS, titular de la cédula de identidad N° 14.498.251.
Previa distribución automatizada de la causa efectuada por el Sistema Juris 2000, en fecha 22 de marzo de 2005 se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Por auto de esa misma fecha se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos y se ordenó oficiar a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, a los fines de solicitar la remisión del expediente administrativo relacionado con el caso.
El 29 de marzo de 2005, se pasó el presente expediente a la referida Jueza, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
I
DE LA COMPETENCIA
Siendo la oportunidad para decidir, corresponde a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa, y al respecto observa lo siguiente:
En reciente sentencia, de fecha 5 de abril de 2005, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (caso: Universidad Nacional Abierta vs. Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo) resolvió el conflicto negativo de competencia que se planteó entre los criterios de la Sala Político Administrativa y la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, en relación con la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir los recursos contenciosos administrativos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, declarando competente a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para conocer, en primera instancia, de los mismos.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela mediante sentencia de fecha 6 de abril de 2005 (caso: Operaciones al Sur del Orinoco, C.A., OPCO vs. la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar), acogió el criterio sentado por la Sala Plena del Máximo Tribunal y señaló lo siguiente:
“Ahora bien, el referido conflicto fue resuelto mediante sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de fecha 5 de abril de 2005, en la cual se dejó sentado que ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.
Conforme a las consideraciones expuestas en el fallo antes aludido, esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00/091 de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar (…) por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se declara”.
Ahora bien, en atención al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito (reiterado por la misma Sala, en sentencia N° 2017 de fecha 13 de abril de 2005, recaída en el caso: Andisacos S.A vs. Inspectoría del Trabajo del Estado Lara) observa esta Alzada que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos fue interpuesto contra la Providencia Administrativa N° 196-04 emanada de la Inspectoría del Trabajo en Cumaná Estado Sucre, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en atención a los criterios jurisprudenciales supra referidos, debe declarar su incompetencia para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción del presente asunto, así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los Enrique Itriago Alfonso y Carlos Urbina F., actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TOYOTA DE VENEZUELA C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 196-04 de fecha 6 de octubre de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN CUMANÁ ESTADO SUCRE, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano ENRIQUE RÍOS. En consecuencia, SE ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental a los fines legales correspondientes.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,
MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,
BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
La Secretaria,
JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
Exp. N° AP42-N-2005-000492
MELM/500
Decisión No. 2005-00890.-
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