REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, treinta y uno de mayo de dos mil cinco
195º y 146º
ASUNTO : KP02-S-2005-005790
SOLICITANTES DE HOMOLOGACIÓN: HAIDEE JOSEFINA TUA ALVAREZ y VICTOR ALONSO SERRANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 10.768.072 y 5.920.371 respectivamente y de este domicilio.
BENEFICIARIOS: Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA.
MOTIVO: Homologación de Alimentos
En fecha 12 de Mayo de 2005, los ciudadanos HAIDEE JOSEFINA TUA ALVAREZ y VICTOR ALONSO SERRANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. 10.768.072 y 5.920.371 respectivamente, suscribieron acuerdo alimentario ante la Defensoría Pública Presente “Mercabar” del Estado Lara, en beneficio de sus hijos Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA, admitiéndose dicha solicitud por auto de fecha 31 de Mayo de 2005, consignándose junto a la misma copia de las partidas de nacimientos de los prenombrados hijos, las cuales rielan a los folios 7 al 9.
Con las actuaciones antes narradas, esta juzgadora dicta el presente pronunciamiento:
En consideración a lo establecido en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual define la obligación alimentaría como un contenido de la Patria Potestad, la cual le compete a los padres en proveer todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño o adolescente que, en su condición de hijos, al no haber alcanzado su mayoría de edad, debe ser provisto en la satisfacción de sus necesidades fundamentales para su desarrollo integral. La obligación alimentaría constituye un deber prioritario, fundamental, constitucional y supraconstitucional que deben cumplir los padres respecto a sus hijos en desarrollo.
En nuestra República la obligación alimentaría es garantizada y protegida en toda su extensión por el Estado, a través de distintos órganos sean jurisdiccionales, administrativos o sociales; El abrigo que propenden las Leyes Nacionales e Internacionales sobre la materia sólo se fundamentan en principios de igualdad, fraternidad, solidaridad, equidad y justicia que merece todo ser humano en crecimiento partiendo de la idea, de que éstos sujetos por su condición no pueden auto garantizarse la provisión adecuada y propia de sus recursos, por lo cual, dicha atención se traslada por deber natural a los padres.
De la misma manera, para determinar la obligación alimentaría se requiere, según lo dispuesto en el artículo 366 de la referida norma, que sea determinada la filiación legal o judicialmente. El caso bajo análisis se desprende que la filiación de los adolescentes y los niños Identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA, con respecto al ciudadano VICTOR ALONSO SERRANO, queda comprobada en estos autos con las fotocopias de partidas de nacimiento, las cuales rielan a los folios 7 y 9 del expediente y del Acuerdo suscrito por ante la Defensoría Pública del Presente “Mercabar”, en donde el ciudadano obligado no impugno el vínculo paterno filial con los beneficiarios de los alimentos, en consecuencia se tiene como fidedigna de acuerdo con lo prescrito en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en razón de no haber sido impugnada en la oportunidad legal correspondiente, surgiendo de la vinculación parental dicha, el derecho alimentario que se invoca a favor de las mencionados adolescentes y los niños consagrada en los artículo 76, Segundo Aparte de la Constitución Bolivariana de Venezuela y en los Artículos 365, 366 y 367 de la Ley Orgánica Para la Protección de los Niños y Adolescentes, lo cual determina la procedencia de la acción homologación intentada y así se declara.
Este Juzgado atendiendo a los documentos preliminares y al acto de reconocimiento que obra en su contenido, y vistas las partidas de nacimientos agregadas, donde se demuestra la relación filiatoria que une a las partes, y que por ende generadora de obligación alimentaría a la cual se contraen los ciudadanos HAIDEE JOSEFINA TUA ALVAREZ y VICTOR ALONSO SERRANO, en su condiciones de padres biológicos de los adolescentes y de los niños identificados plenamente.
En el presente caso, podemos observar que las partes acudieron a la DEFENSORÍA PUBLICA DEL PRESENTE “MERCABAR”, en la búsqueda de una solución amistosa, permitiendo que el resultado de la disputa emerja de las partes, utilizando para ello, uno de los medios alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación. Cabe destacar, que los mecanismos alternos de resolución de conflictos han sido reconocidos constitucionalmente como integrantes de nuestro sistema de justicia en nuestra Constitución de 1.999; y así mismo, se encuentran consagrados en la ley especial que regula nuestra materia.
Narradas como han sido las consideraciones precedentemente expuestas corresponde a esta Juzgadora decidir.
En mérito a las anteriores consideraciones, este Juzgado de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos HAYDEE JOSEFINA TUA ALVAREZ y VICTOR ALONSO SERRANO. Seguidamente, se ordena que se tenga el acuerdo homologado como Sentencia Firme, haciendo saber a las partes de la presente causa que preindicado acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de los beneficiarios. En consecuencia:
“1°): El padre suministrará por concepto de obligación alimentaría en beneficio de sus mencionados hijos, la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES SEMANALES (Bs. 100.000.°°) que serán entregados directamente a la madre, con su respectivo recibo.
2°): Los gastos de medicamentos serán sufragados por el padre cuando lo requieren sus hijos.
3°): Los gastos útiles escolares, calzados y ropa serán compartidos entre los progenitores”.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los Treinta y Un (31) días del mes de Mayo de Dos Mil Cinco. Años: 195° y 146°.
La Juez de juicio Nro. 2
Abog. Erlinda Oropeza Torres.
La Secretaria.
Abg. Ana Elisa Anzola
EOT/Mata.-
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