REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 04 de mayo de 2005
195º y 146º
ASUNTO: KP02-R-2005-000568
PARTES EN EL JUICIO:
DEMANDANTE: OSCAR ANTONIO BETANCOURT LUCENA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.378.095 y de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE DEL DEMANDANTE: MARIEN ISACURA ATENCIO, abogada en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 102.050 y de este domicilio.
DEMANDADA: PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA C.A y SUPERVISORES DE RUTA DESER”S EAGLES C.A.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. ASUNTO Nº KP02-R-2005-000673
I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
Se inicia el presente procedimiento por Cobro de Prestaciones Sociales interpuesta por el ciudadano OSCAR ANTONIO BETANCOURT LUCENA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.378.095 y de este domicilio, en contra de PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA C.A y SUPERVISORES DE RUTA DESER”S EAGLES C.A.
En fecha 17 de marzo de 2005, el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, deja constancia de la incomparecencia de la parte actora ni por medio de si, ni de apoderado, en razón de lo cual declara DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.
En fecha 29 de marzo de 2005, la apoderada judicial del actor apela de la referida sentencia, en virtud de lo cual el a quo oyó la apelación interpuesta en ambos efectos, quien ordenó la remisión de la causa a esta Superioridad.
Una vez recibido el asunto por esta Alzada, se le dio entrada y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual tuvo lugar en fecha 29 de abril de 2005, tal como se evidencia a los folios 34 y 35 de la presente causa.
II
DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA
Llegada la oportunidad para decidir, esta Superioridad procede a hacerlo en los siguientes términos:
El presente recurso de apelación versa sobre la incomparecencia del actor a la audiencia preliminar en primera instancia en razón de lo cual, la abogada asistente de la parte recurrente, alega que una causa de fuerza mayor le impidió acudir a dicha audiencia.
La no comparecencia de alguna de las partes, según el ilustre maestro Carnelutti, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración de que las partes son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. En consecuencia:
“…el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento… Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” (Carnelutti, Francesco. “Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Tomo III, p. 952)
De acuerdo a este razonamiento, la falta de comparecencia supone lógicamente la carga de la comparecencia; por ello, cuando una de las personas indicadas como parte en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer.
Bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de la no comparencia de los intervinientes en un juicio.
En el ámbito laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 130, ha previsto el desistimiento del procedimiento y la terminación del proceso como consecuencia jurídica del “incumplimiento de la carga de comparecer” por parte del demandante a la audiencia de mediación, habida cuenta de que las partes están a derecho una vez efectuada la notificación para la audiencia preliminar, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Sin embargo el ejercicio de la actividad probatoria constituye el instrumento mediante el cual las partes pueden demostrar la verdad de sus proposiciones, no obstante, esta actividad está soportada sobre un trípode constituido por la necesidad de demostrar los hechos aducidos, crear en el juzgador la convicción sobre la realidad de los mismos y llevarlo consecuencialmente a decidir conforme a la norma invocada dentro de la cual se encuadran los hechos alegados, tal como ha sido recogido por el legislador laboral en el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los términos que seguidamente se expresan:
“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”
Respecto a la interpretación de la norma antes transcrita, el maestro Henríquez La Roche ha señalado lo siguiente:
“Esta regla pone de manifiesto que hay una tríada de objetivos en la actividad probatoria: acreditar los hechos alegados, convencer al juez sobre la existencia de esos hechos y a partir de esa convicción, servir de fundamento al sentenciador para aplicar la norma cuyo supuesto normativo se subsume a tales hechos comprobados.”
Resulta evidente entonces la ineludible necesidad de demostrar los hechos que se invocan dentro de un proceso por parte del justiciable, de modo que quien juzga pueda tener en sus manos los elementos de convicción que le permitan constatar la veracidad de las circunstancias fácticas esgrimidas por las partes.
Así pues, en el caso sub iudice, la abogada asistente de la parte demandante justifica su incomparecencia invocando “Fuerza Mayor”, aduciendo que sufrió un imprevisto que les impidió llegar a tiempo el día 17 de marzo de 2005, a las 11:00 a m, fecha y hora en la que estaba pautada la celebración de la audiencia preliminar.
Como prueba de sus dichos consigna informe medico suscrito por el Dr. MARIO RICARDO LOPEZ PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.758.799, en su carácter de médico adscrito a Servicio de Traumatología del Hospital General Pastor Oropeza, quien ratifico su contenido y firma en la audiencia celebrada ante esta Superioridad. De la misma se desprende que la parte actora se encontraba con un cuadro clínico de lumbago agudo.
Así pues queda claramente evidenciado que el demandante si bien no compareció a la audiencia preliminar, en esta audiencia de segunda instancia logró justificar su incomparecencia, con los soportes consignados al expediente, los cuales fueron debidamente ratificados por el médico tratante. Así se decide.
En consecuencia, se ordena al Juzgado de la Instancia, fijar oportunidad para la celebración de una nueva audiencia preliminar, sin necesidad de librar nueva notificación a las partes, por cuanto están a derecho de conformidad con el principio de la notificación única establecida en la ley adjetiva laboral.
III
D E C I S I O N
En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 29 de marzo de 2005 por la abogada MARIEN ISACURA ATENCIO, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 102.050 y de este domicilio, en su carácter de abogado asistente de la parte actora, ciudadano OSCAR ANTONIO BETANCOURT LUCENA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.378.095 y de este domicilio.
En consecuencia, se ordena al Juzgado de la Instancia, fijar oportunidad para la celebración de una nueva audiencia preliminar, sin necesidad de librar nueva notificación a las partes, por cuanto están a derecho de conformidad con el principio de la notificación única establecida en la ley adjetiva laboral.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
Queda así REVOCADA la sentencia recurrida en todas sus partes.
Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil cinco.
Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Juez Titular, La Secretaria,
Dr. Alejandro Yabrudy Fernández Abog. Audrey Guédez
En igual fecha y siendo las 10:20 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Secretaria,
Abog. Audrey Guédez
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