REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS GUACARA Y SAN JOAQUIN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Guacara, 13 de Mayo de 2005 Años 194° y 146° SOLICITANTES: MARGARITA MAZZA, Representante de la Defensoria del Niño y del Adolescente del Municipio Guacara, Estado Carabobo, a nombre de RAFAEL PACHECO PACHECO y RORAIMA ROICNAD RIVAS TORO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad N° 12.523.159 y 15.362.419, ambos de este domicilio. TIPO DE SENTENCIA: HOMOLOGACION DE CONVENIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. SOLICITUD: N° 67/03 En fecha 30 de Junio de 2003, se dio entrada a la SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE ACTA CONCILIATORIA DE OBLIGACION ALIMENTARIA, suscrita por los ciudadanos RAFAEL PACHECO PACHECO y RORAIMA ROICNAD RIVAS TORO, en fecha 04 de Febrero de 2003, por ante la Defensoría del Niño y del Adolescente “ALBA” del Municipio Guacara, a favor de sus hija ANGELICA ROSIBEL PACHECO RIVAS de Tres (03) años de edad. Observa esta juzgadora que el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece: “El monto a pagar por concepto de obligación alimentaría así como la forma y oportunidad del pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe prevalecer lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del Juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El Convenimiento homologado por el Juez tiene fuerza ejecutiva”. Establece igualmente el artículo 317 ejusdem, que “el Juez no homologara el acuerdo conciliatorio cuando este vulnere los derechos del niño o adolescente, trate sobre asuntos sobre los cuales no es posible la conciliación, por estar referidos a materias no disponibles o derechos irrenunciables o verse sobre hechos punibles. A tales efectos revisada el acta presentada, se observa que la obligación alimentaría fue convenida entre los progenitores en beneficio de los niños y adolescentes antes mencionados y habiéndose cumplidos los requisitos anteriormente establecidos, no ser contraria a derechos, al orden público ni a las buenas costumbres, siendo materia donde es posible conciliar y no versar sobre hechos punibles, esta ajustada a derecho.