REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veintidós de noviembre de dos mil cinco
195º y 146º

ASUNTO : KP02-S-2005-009932

Vista la solicitud presentada por el ciudadano OSWALDO R. GALÍNDEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.868.216, de este domicilio, asistido de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que fomentó a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en la calle 9 entre carreras 6 y 7, del Parcelamiento Andrés Bello, de la urbanización El Cují, Parroquia El Cují, Municipio Iribarren del Estado Lara; sobre un lote de terreno ejido, con una extensión aproximada de 300 Mts.2; alinderadas de la siguiente manera NORTE: en línea de 30 Mts. con terrenos que están o estuvieron ocupados por Nelson Romero; SUR: en línea de 30 Mts. con terrenos que están o estuvieron ocupados por Sara Narvaez; ESTE: en línea de 10 Mts. con terrenos que están o estuvieron ocupados por Victoria Escalona; y OESTE: en línea de 10 Mts. con la calle 9, que es su frente. Dichas bienhechurías consisten en unas fundaciones para la construcción de una edificación de varios niveles de columnas de concreto, cercado perimetralmente con la mismas fundaciones y alambre de púas. El valor invertido es la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos YOHANNA RODRIGUEZ Y DIANORA PEREZ, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor del ciudadano OSWALDO R. GALÍNDEZ PÉREZ ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.-


La Juez Suplente,

Mariluz Josefina Pérez
La Secretaria


María Fernanda Alviárez



/g.p.