REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 22 de noviembre de dos mil cinco
195º y 146º
ASUNTO: KP02-R-2005-001697
PARTES EN EL JUICIO:
DEMANDANTE: LUIS ALIRIO VASQUEZ YEPEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° 9.610.753 y de este domicilio.
TERCERO: DICKSON URDANETA & ASOCIADOS C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 12, tomo 28-A de fecha 23 de julio de 1999.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA Y DEL TERCERO: SILVIA DICKSON URDANETA, TONNY LINAREZ PERAZA Y MARIA DICKSON, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A bajo los N° 47.391, 43.803 Y 90.110 respectivamente y de este domicilio.
DEMANDADA: (1) ULTRACOLOR DEL LAGO C.A, sociedad de comercio inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 27 de mayo de 1996, bajo el N° 26, tomo 46-A; y (2) DRA C.A, sociedad inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 04 de diciembre de 1996, bajo el N° 10, tomo 233-A, representadas en la persona de CARMEN BOHORQUEZ ESQUIBEL, en su condición de administradora, titular de la cédula de identidad N° 3.861.219.
APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: HAROLD CONTRERAS Y RUBEN DARIO RODRIGUEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A bajo los N° 23.694 y 90.096 respectivamente y de este domicilio.
MOTIVO: APELACION (COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES)
ACLARATORIA DE SENTENCIA: ASUNTO N° KP02-R-2005-001697.
Vista la solicitud formulada por el abogada RUBEN DARIO RODRIGUEZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 90.096, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, (1) ULTRACOLOR DEL LAGO C.A y (2) DRA C.A, respecto a que esta Superioridad aclare la sentencia proferida en fecha 10 de noviembre de 2005 y publicada en fecha 17 de noviembre del corriente, donde se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de las codemandadas (1) ULTRACOLOR DEL LAGO C.A, y (2) DRA C.A, CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del tercero DICKSON URDANETA & ASOCIADOS C.A, y SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, ciudadano LUIS ALIRIO VASQUEZ YEPEZ, todos contra la sentencia dictada en fecha 09 de agosto de 2005, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y en consecuencia se ordena a la sociedad mercantil Dra. C.A, pagar la cantidad de Bolívares OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO SENTIMOS (Bs. 874.464,75), al ciudadano LUIS ALIRIO VASQUEZ YEPEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° 9.610.753 y de este domicilio, por los conceptos que fueron discriminados previamente, señalando el apoderado del accionada que hay un error en el calculo de las vacaciones, bono vacacional y utilidades fraccionadas, así como que el tribunal no se pronunció en los pagos ya realizados, y que además debió pronunciarse sobre la indexación en aras de la igualdad procesal.
Al respecto de las aclaratorias de sentencia el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“…sin embargo, el Tribunal podrá a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia…”
La norma supra antes transcrita consagra el principio de la irrevocabilidad de las sentencias, mediante la siguiente disposición: 1) Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Este principio, comporta dos excepciones, según se desprende de la parte final de la disposición mencionada: la primera excepción se refiere a las aclaratorias y la segunda tiene que ver con la facultad del Tribunal para dictar ampliaciones.
Ahora bien, constituye un diuturno, pacífico y consolidado criterio tanto doctrinal como jurisprudencial, el que, de manera radical y absoluta, niega la posibilidad de revocar o reformar las sentencias a través del conducto de las aclaratorias y ampliaciones previstas en el susomencionado único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
Lo determinado en el párrafo supra inmediato queda plenamente acreditado con las varias citas de autoridad que, ad exemplum, a renglón seguido se transcribe:
“La corrección no se entiende hasta revocar ni reformar la sentencia, posibilidades éstas que en nuestro sistema están reservadas solamente para las sentencias interlocutorias no sujetas a apelación, sino que está destinada a obviar imperfecciones del fallo en el modo de manifestación de la voluntad del órgano que lo dicta, sea que las infracciones deriven de la omisión de requisitos de forma de la sentencia, sea de la disconformidad entre la voluntad interna del órgano y la voluntad interna del órgano y la voluntad declarada; y en este sentido, el concepto genérico del instituto es laudable, ya porque disminuye embarazos, gastos y controversias a las partes, ya por la ayuda que presta a la administración de la justicia, coadyuvando a la sinceridad y a la plenitud de sus manifestaciones” (Lancellotti; Sentenza Civile en Nuevo Digesto Italiano, Vol. XII, Parte 1°, p. 67).
“Motivos del recurso de aclaratoria./ (…) al referirme al objeto del recurso que estoy examinando, he señalado, grosso modo, los motivos que lo autorizan. Ellos son tres: corrección de errores materiales, subsanación de conceptos oscuros. Dentro de cada uno de ellos pueden darse diversos casos, pero la enumeración limita, estrictamente, el ámbito del recurso. Quedan excluidas la revocación y la declaración de nulidad de la resolución impugnada. En la prohibición de revocar, por esta vía, una decisión judicial, debe incluirse su alteración fundamental, cuando esta alteración no resulte de aclarar errores materiales o integrar lo decidido” (Podetti, J. Ramos; Tratado de los Recursos, Ediar Soc. Anón. Editores, Buenos Aires, 1958, PP. 103 y 104).
“La aclaratoria de la sentencia no puede llegar a modificar su alcance o contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidas en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla” (Devis Echandía, Hernando; Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Décima Edición, Editorial ABC, Bogotá, 1985, p.646).
“…el recurso de aclaratoria no tiene por objeto la rescisión o sustitución de la sentencia por otra, sino que lo que se busca es interpretarla, ponerla de acuerdo con la intención, subsanar una deficiencia de expresión” (Vescovi, E.; Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1988, p.73).
“La solicitud de aclaratorias./ Esta solicitud está circunscrita a los casos de puntos dudosos u obscuros, con el fin de obtener una mayor claridad respecto de lo decidido, pero no una modificación de su alcance y de su contenido, puesto que esto sería una violación del principio de la inmodificabilidad de las sentencias después de pronunciadas. Por tanto, la jurisprudencia y la doctrina son unánimes en descartar como objeto de la solicitud de aclaratorias, las críticas de los fallos. (…Omissis…)./ La solicitud de ampliaciones. (…) La omisión que dé lugar a esta solicitud obedece a un error involuntario, y no porque se negó un alegato de la parte, incluso hasta tácitamente” (Duque Corredor, Román J.; Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S.R.L., Caracas. 1990. PP. 328 y 329).”.
Siendo así, este sentenciador determina que la sentencia proferida no adolece de ninguno de los presupuestos invocados en la norma para ser objeto de aclaratoria, más cuando, en estricta aplicación a la doctrina antes referida, resulta evidente que las denuncias advertidas por el apoderado judicial de la parte accionada en el presente caso, trascienden el fondo de lo controvertido que fue decidido por esta Alzada en fecha 10 de noviembre de 2005 y que no puede ser objeto de aclaratoria alguna, en virtud de lo cual, la solicitud formulada por el abogado Rubén Darío Rodríguez debe ser declarada improcedente. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de sentencia formulada en fecha 18 de noviembre de 2005, por el abogado RUBEN DARIO RODRIGUEZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada en el presente juicio, (1) ULTRACOLOR DEL LAGO C.A, sociedad de comercio inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 27 de mayo de 1996, bajo el N° 26, tomo 46-A; y (2) DRA C.A, sociedad inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 04 de diciembre de 1996, bajo el N° 10, tomo 233-A.
Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil cinco.
Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Juez, La Secretaria,
Dr. Alejandro Yabrudy Fernández Abog. Lorely Pineda
En igual fecha y siendo las 10:35 a.m. se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado.
La Secretaria,
Abog. Lorely Pineda
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