TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de Puerto Cabello
Puerto Cabello, 25 de Noviembre de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : GP11-S-2004-000775
ASUNTO : GP11-P-2004-000057

Corresponde a este Tribunal, decidir acerca de la solicitud formulada por el ciudadano Abogado LUIS VILLAVICENCIO, Defensor Público adscrito al Sistema Autónomo de Defensa Pública Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, actuando en representación del ciudadano JOSE RAFAEL RIVERO BARRIOS, el cual guarda relación con el asunto signado bajo la nomenclatura alfa numérica: GP11-P-2004-000057, quien requirió lo siguiente:

"Ciudadano Juez, con al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal solicito al Tribunal, la Revocación de la Medida de Privación de Libertad a que se encuentra sometido mi defendido a la sustitución de la misma por una menos gravosa. ... los fundamentos de hecho de esta solicitud radican en que a criterio de esta defensa del examen del Acta de Reconocimiento en Rueda de Individuos a que fuera sometido mi defendido, que veló (sic) en los folios 48 y 49 del expediente, se puede observar que: Primero: El reconocedor a la pregunta que se le formulare si la persona que se llamó reconocer se encuentra entre los individuos que se encuentran en la rueda de detenidos y no contestó de manera certera afirmativa o negativamente. Segundo: A la pregunta que formulare el Juez en esa oportunidad sobre los rasgos de la persona que según sus dichos participó en los hechos investigados, del Acta se desprende al observar la respuesta del interrogado que la misma no pudo describirlo, y ciudadano Juez si una persona no puede escribir a alguien que según sus dichos lo agredió de alguna forma, mal o bien pudiera reconocerlo. Ahora bien no se puede tomar como fundamento para tener a una persona privada de su libertad la declaración de alguien que señala no poder describir a la persona que lo atacó. Por todo lo antes expuesto invocando el principio de Presunción de Inocencia que ampara a mi defendido, la afirmación de libertad, ya que el juzgamiento de una persona detenida es excepcional (nuestra legislación prescribe como regla general en el juzgamiento en libertad) es por lo que ratifico la solicitud de Revocación o Sustitución de la Medida de Privación de Libertad impuesta a mi defendido." (Sic. Omissis).

Señaló el abogado defensor como fundamento de la solicitud de revisión de la medida que pesa sobre su patrocinado, el Reconocimiento en rueda de individuos, el cual indica corre inserto a los folios 48 y 49 de la primera pieza de las actuaciones.

Planteado el requerimiento en los términos que preceden, esta Juzgadora considera oportuno señalar lo establecido en relación al lapso para decidir de solicitudes como las que nos ocupan, en la Sentencia N° 1341, Expediente 05-0823, de fecha veintidós (22) de junio de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente: Dr. Luis Velásquez Alvaray, que establece:

“…Declarado la anterior, esta sala hace un llamado de atención al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por el vidente retardo en dictar la decisión sobre la solicitud de sustitución de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad formulada por la defensa de los imputados…toda vez que dicho pronunciamiento debió tener lugar dentro de los tres días siguientes a la solicitud… (Sic. Omissis. Negrillas propias)

Conforme al criterio establecido en la Sentencia que precede y a lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa este Tribunal a decidir, para lo cual observa:

Primero: Que el ciudadano Defensor mencionó como argumento en su requerimiento, el hecho de que la víctima, THANMYS ELENA DUMONT, no reconoció al acusado el día que se efectuó el reconocimiento en rueda de individuos ante el Tribunal en Funciones de Control, indicado que el fundamento de ello era el acta correspondiente que riela a los folios 48 y 49 de las actuaciones.

Efectivamente desde el folios 48 al 51 de la primera pieza de las actuaciones consta las actas levantadas con ocasión del reconocimiento en rueda de individuos, en donde la reconocedora, ciudadana: THANMYS ELENA DUMONT, señaló al referirse al los rasgos característicos de la persona que según sus dichos participó en el hecho delictivo de fecha 4 de abril de 2004, la misma contestó:

"No es bajo mi alto, es más alto que yo, no es negro mi blanco, delgado, cabello coro, tiene las orejas ni grandes ni chiquitas, no se cómo aplicarlo, tengo que verlo, era de madrugada.”

De igual manera, al ser interrogado acerca de la posición que ocupa contando de izquierda a derecha contestó:

".... Está entre los dos últimos que son el número 5 y el 6, se parece más al 6, el último."

Es importante señalar, que en el número 6, estaba ubicado el acusado de autos.

En la misma fecha, y en el acta que corren inserta al folio 50 y 51, la mencionada ciudadana al ser nuevamente interrogada acerca de la posición que ocupa la persona que supuestamente participó en el hecho de fecha 4 de abril de 2004, la misma contestó:

"El que ocupa el lugar número cuatro, fue el que me golpeó y me obligó a abrirle la puerta.

Es importante destacar, que en el número 4, estaba ubicado el acusado de autos.

Evidenciando esta Juzgadora, del contenido de las actas referidas que en modo alguno, puede inferirse lo indicado por la defensa, pues de la simple lectura de las mismas se determina un argumento completamente distinto.

Segundo: Que en virtud de que la Revisión de Medida, puede ser requerida por el acusado las veces que lo considere necesario, conforme a lo preceptuado por el artículo 264 de nuestra norma adjetiva penal, este Despacho procedió a la misma a efectuarla, constatándose que lo argumentado por la defensa no se corresponde con el contenido de las actas en las cuales fundamenta el requerimiento efectuado.

Al respecto, es necesario, por oportuno, precisar, que esta Juzgadora no emite en este acto pronunciamiento alguno relacionado con el contenido de las actuaciones que han sido trascritas, cuya trascripción ha sido con el propósito de demostrar que las mismas no se corresponden con lo indicado por la defensa, como fundamentación de la Medida menos gravosa a su patrocinado.

Planteado lo precedente, este Tribunal, pasa a decidir sobre lo requerido, con base en las siguientes consideraciones:

Desde el Preámbulo, la Constitución reconoce la Libertad Personal, como uno de los bienes que deben ser consolidados por la República, el cual, por cierto es colocado de primero dentro de una lista integrada por otros que no dejan de tener también gran significación, a los que no obstante encabeza.

El artículo 1 de la Constitución, al proclamar el carácter de nuestra República, entre los intereses en que fundamenta su patrimonio moral también enuncia en primer lugar el de la libertad. Pero no es esta la única de las normas de la Ley Máxima que lo consagra. Así tenemos que entre otras cosas, la libertad también se instituye expresamente en aquella utilizada para establecer el modelo político del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que se ha proclamado para nuestra nación. Ello obedece a que uno de los derechos en que se sustenta de manera primordial el Estado Democrático está el de la dignidad humana, del cual se deriva el que nos ocupa, el de la libertad. La propia Constitución de la República, entre los fines esenciales que le asigna al Estado incluye el de la defensa, desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, en virtud de lo cual se propone garantizarla en todas sus formas de manifestarse, tal como lo consagra el artículo 3 Constitucional. Y es en razón de esto que el numeral 2 del artículo 46 de la aludida Ley Fundamental establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente, propia del ser humano.

De lo anterior, se deriva la disposición contenida en el artículo 10 del Código Orgánico procesal penal cuando establece que “ en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan (en este caso, la libertad). Así mismo, otro de los pilares del Estado democrático es el derecho de igualdad ante la ley, el cual al proscribir toda clase de discriminación, persigue evitar la anulación o menoscabo de la libertades de las personas. (Artículo 21 de la Constitución Nacional).

Precisamente, una manera de asegurar el respeto de este derecho de libertad es declarar la supremacía de la ley que lo consagra (La Constitución) sobre cualquier otra cosa (Estado de Derecho), y de la sujeción de todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público a dicha Ley Suprema, artículo 7 de la Constitución, porque a través de ella se le impone al Estado el deber de garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de dicho derecho, obligando específicamente a sus órganos a preservarlo y respetarlo a toda costa.

De lo expuesto, se advierte que la libertad es un derecho humano primordial, y la Constitución ha dispuesto una manera de instrumentar la protección de la libertad dentro del proceso penal, a través del derecho a la tutela judicial efectiva. Hoy en día, el proceso penal debe ser una vía para garantizar en concreto todos los derechos de los sujetos que intervienen en ella. El imputado o acusado, es uno de esos sujetos, quizá el que más necesita de mayor tutela, porque es aquel contra el cual la ley autoriza el ejercicio del poder penal. Es por tanto el sujeto que amerita de un escudo de protección de ese gran poder, y, en tal sentido, una de las formas de lograr esa tutela, y de tratar de evitar que le dañe esa desigualdad, que de suyo tiene frente a la persecución pública, es la posibilidad de disponer de la garantía del derecho de máxima libertad dentro del proceso.

Todo lo expuesto anteriormente, encuentra un desarrollo específico en el artículo 44 de la Constitución. En esta norma se proclama luego de la indemnidad del derecho a la vida, la inviolabilidad del derecho a la libertad, disponiendo como principio general a favor de cualquier persona su juzgamiento en libertad, es decir, el favor libertatis, Una ratificación instrumental de este principio, es el numeral 8 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, que le concede el derecho al imputado de “ pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad”.

La única excepción que incorpora la disposición Constitucional a este principio, a través de una medida que la restrinja o limite, es aquella que la ley reglamenta en particular, tomando en cuanta la proporcionalidad de la misma , dentro de la cual existen las barreras de la temporalidad y provisionalidad, bajo una interpretación judicial restrictiva, apegada al caso concreto.

En tal sentido, parte de la prealudida reglamentación general del principio de libertad durante el proceso penal está contenida entre otros en los siguientes preceptos del Código Orgánico Procesal Penal: Artículo 9, que establece: Afirmación de Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente…”

El artículo 243, que dispone:

Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. (Sic. Negrillas y subrayado propio)

Por su parte, el artículo 247, preceptúa:

Interpretación. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.” (Sic. Negrillas y subrayado propio)

De las normas transcritas se desprende lo siguiente:

1.- La libertad del imputado dentro del proceso es un derecho fundamental de ineludible respeto por parte de los operadores de justicia, y, es a la vez un principio de aplicación general a todos los casos.

2.- El principio general de libertad del imputado, durante el proceso, como todo derecho fundamental, tiene sus limitaciones, que pueden estar previstas solo en el cuerpo legal, tales como las medidas que la privan total (privación judicial preventiva de libertad o detención domiciliaria) o parcialmente (las demás medidas sustitutivas), las cuales para ser aplicadas a una situación en particular, han de ser a consecuencia de una interpretación restrictiva.

3.- Está por ende prohibida cualquier interpretación, amplia, extensiva o en todo caso, analógica, perjudicial al perseguido, es decir, pretender subsumir inconstitucionalmente unos hechos a los extremos legalmente establecidos para decretar la privación o restricción de la libertad, porque una medida así sería para dañar tan sagrado derecho. Ello iría totalmente en contra del Estado de Derecho, por violación del principio de legalidad, que vincula y obliga a todo Juez a apegarse a las exigencias legales.

4.- En definitiva, la aplicación de la privación judicial preventiva de libertad es marcadamente excepcional, dado que está condicionada a que las medidas sustitutivas de libertad sean insuficientes para asegurar las finalidades de un proceso en particular.

Sobre lo anteriormente tratado el jurista Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y razón, precisa:

“ El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no solo porque así asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también – es decir, sobre todo- por necesidades procesales: para que quede situado en pie de igualdad con la acusación, para que después del interrogatorio y antes del juicio pueda organizar eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer trampas, construyendo acusaciones y manipulando la prueba a sus espaldas…” (Sic Omissis).

De manera pues, que la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, es excepcional, y no tiene un fin en sí misma, sino que es un medio para el logro de unos fines, los de un proceso en particular. No tiene por tanto, una naturaleza sancionatoria, pues no son penas, sino instrumental y cautelar, dado que solo se les admite siempre que sean necesarias para evitar que ciertos peligros perturben el esclarecimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva en un caso penal concreto. Ello obedece a que tal medida de coerción personal, en el curso de un proceso penal, no ha de ser vista como una pena, porque el estado de inocencia prohíbe algo así, sino como un mecanismo o remedio extremo que es aplicado anticipadamente sólo cuando sirve para asegurar fines estrictamente procesales en un caso concreto.

De tal manera que, la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, sólo puede darse previa constatación en los casos particulares de los extremos previamente establecidos por el legislador, concretamente los pautados en el artículo 250 de la norma adjetiva penal, de allí que se indique que es de carácter taxativo, sin poderse considerar cualquier motivo extraño a estos, por cuanto significaría vulnerar todas las instituciones que establecen el debido proceso. Como consecuencia directa de la taxatividad, la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, es de derecho estricto ya que no existe interpretación analógica alguna de los supuestos para su procedencia, por lo que el juzgador no podrá crear por la vía de la interpretación, causales diferentes a las prescritas. Más sin embargo, esta característica no excluye toda interpretación que el Juzgador deba hacer para apreciar los extremos establecidos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación son cuestiones de hecho que deben ser apreciadas según las pruebas producidas en cada caso, a través de la sana critica, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia; sin de dejar de considerar que el Legislador impone presunciones juris tamtum de fuga y de obstaculización.

En relación con la privación preventiva de Libertad, es oportuno, citar el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia dictada por el Magistrado Ponente Dr. José Manuel Delgado Ocando, de fecha 19 de marzo de 2004, Expediente 03-1757, que al respecto indicó:

“…En efecto, conforme a la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, el artículo 44, numeral 1, in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de todo aquel a quien se le impute la participación en un hecho punible, a permanecer en libertad durante el proceso; y remite, como excepción a tal regla, a “ las razones determinada por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” En este sentido, entre los principios y garantías procesales que prevé el Código Orgánico Procesal Penal en sus primero 23 artículos, destaca la afirmación de libertad, contenida en el artículo 9 eiusdem, que establece el carácter excepcional, la interpretación restrictiva y la aplicación proporcional de las normas del referido Código que autoricen preventivamente la privación o restricción de la libertad, caracteres estos que se encuentran desarrollados, especialmente en los artículos 243, 244 y 247 eiusdem, de modo que la privación preventiva de libertad, que puede calificarse de subsidiaria según el aparte único del artículo 243 de la ley procesal penal, procede cuando concurran los supuestos establecidos en el artículo 250 eiusdem. Pese a lo anterior, cabe destacar que “ establecida la libertad como regla en el proceso penal, resulta procedente también (…) por vía excepcional, la necesidad de recurrir a medidas de coerción personal, precautelativas, que están destinadas a evitar que se vean frustradas las exigencias de la justicia y que inciden en la libertad del movimiento del imputado o que limitan el pleno goce de los derechos que la Constitución y las leyes le acuerdan” ( Cf. Arteaga Sánchez, Alberto. La Privación de Libertad en el Proceso Penal Venezolano. Caracas. Livrosca, 2002, pp 16-17). Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en cu contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado ( Sentencia n° 2608/2003 del 25 de septiembre, caso: Elizabeth Rentaría Parra).
Ahora bien, las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a las disposiciones que con relación a la materia establece el Código Orgánico Procesal Penal y mediante una resolución judicial fundada, susceptible de impugnación a través del recurso de apelación de autos, y una vez confirmada, el procesado puede solicitar su revisión, de acuerdo con el artículo 264 del referido Código. Ciertamente, la negativa del juez de sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa no es recurrible mediante la apelación, sin embargo, la norma mencionada impone al Juez la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y sustituirla por otra menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida; por su parte, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa, las veces que lo considere pertinente…” (Sic Omissis)

Sentado lo precedente, es necesario determinar en el caso concreto, la procedencia o no de la medida cautelar sustitutiva de libertad solicitada por la defensa, para la cual se hace necesario el análisis de la disposición contenida en el título 250 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo fundamentalmente destacarse que para que este llenos los extremos en ella contemplados, en necesario la existencia de un hecho punible, los fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o acusado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible planteado, y la presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso concreto, del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.

En tal sentido en el caso en análisis, efectivamente observa quien decide, que se encuentran acreditados los extremos exigidos en el artículo 250 antes mencionado, y que por tratarse de que el acusado de autos JOSE RAFAEL RIVERA BARRIOS, fue acusado por la presunta comisión de los delitos de: ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal venezolano parcialmente derogado y VIOLENCIA PRIVADA, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 176 ejusdem, en perjuicio de THAMMIS DUMONT, GEESLEYMA RODRIGUEZ y ELVIS FUMONT, de lo que se evidencia que la pena que podría llegar a imponerse excede de 10 años, lo que hace presumir a esta Juzgadora, conforme lo establece el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, el peligro de fuga, y que por lo tanto, su libertad, podría poner en peligro los fines del proceso, hasta tanto se realice el juicio oral y público,.

De igual manera es menester señalar que las circunstancias que motivaron el decreto de la privación judicial preventiva de libertad por parte del Juez en Funciones de Control, no han variado, en consecuencia, lo ajustado derecho es declarar SIN LUGAR la solicitud planteada por la defensa y RATIFICAR la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD. Así se decide.

DISPOSITIVA

Con fundamento a lo expuesto con anterioridad, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Declara SIN LUGAR la solicitud realizada por el ciudadano: LUIS VILLAVICENCIO, Defensor Público adscrito al Sistema Autónomo de Defensa Pública Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, y en consecuencia se RATIFICA la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano acusado: JOSE RAFAEL RIVERO BARRIOS, venezolano, natural de Valencia, Estado Carabobo, portador de la cédula de identidad personal Nº V- 18.563.862, de 21 años de edad, nacido el 01-06-1984, hijo de José Rafael Rivera y América Josefina Rivera, y residenciado en La Urbanización Los Lanceros, Manzana A-6, casa N° 2, Puerto Cabello, Estado Carabobo, Segundo: Notifíquese a las partes de la presente decisión, y al acusado a través de oficio dirigido al Director del Internado Judicial de Carabobo. Cúmplase.

Anna María Del Giaccio Celli.
Juez Titular en Funciones de Juicio 1
Del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo,
Extensión Puerto Cabello.

La Secretaria,

Abogado. Digna P. Suárez C.

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

La Secretaria,

Abogado. Digna P. Suárez C.

AMDC/dpsc
GP11-P-2004-000057