TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL

Exp. N° 0385
SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 0490
Valencia, 10 de octubre de 2.005
195º y 146º

El 08 de junio de 2.005, se le dió entrada en este tribunal al recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano Franklin Elioth García, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.718.642, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 69.995, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa SERVICIOS ISCAR, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 02 de julio de 1.981, bajo el Nº 42, Tomo 22-A, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones de Multas Nros. APAV/DO/2005/001352, APAV/DO/2005/001353, APAV/DO/2005/001355, APAV/DO/2005/001354, APAV/DO/2005/001351, APAV/DO/2005/001350 todas del 05/04/05, APAV/DO/2005/001012, APAV/DO/2005/001001, APAV/DO/2005/001015, APAV/DO/2005/001017, APAV/DO/2005/001013, APAV/DO/2005/001014, APAV/DO/2005/001019, APAV/DO/2005/001035, APAV/DO/2005/001036, APAV/DO/2005/001002, APAV/DO/2005/001034, APAV/DO/2005/001010, APAV/DO/2005/001011, APAV/DO/2005/001025 todas del 10 de marzo de 2005, emanadas de la Aduana Principal Aérea de Valencia del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
El recurrente solicita la suspensión de los efectos de los actos administrativos recurridos. A tal efecto, corresponde en esta oportunidad conocer y decidir la solicitud de suspensión de efectos planteada atendiendo al contenido del artículo 263 del Código Orgánico Tributario, sin entrar a decidir sobre el fondo de la demanda, lo cual se deja para la definitiva.

I
ARGUMENTOS DEL APODERADO JUDICIAL DE LA CONTRIBUYENTE

El apoderado judicial alega: “De conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, solicitamos que este Honorable Tribunal proceda a dictar a favor de nuestra representada medida cautelar de suspensión de los efectos de los actos aquí impugnados...”.

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde entrar a conocer la solicitud de suspensión de efectos planteada por el representante de la contribuyente.
En tal sentido, constata quien decide que del contenido de la norma prevista en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario se desprenden los supuestos de procedencia de dicha suspensión, los cuales se corresponden con la demostración de los graves perjuicios que podría causar al interesado la ejecución del acto impugnado (periculum in damni) y la apariencia de buen derecho evidenciada de los fundamentos de la impugnación (fumus bonis iuris).
Analizando previamente el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho, no basta la simple afirmación del interesado, pues haría la norma inútil, sino por el contrario el juez debe apreciar la existencia de un derecho que pueda ser verosímil. Constata este juzgador que el recurrente señala lo siguiente “en relación con el fumus bonis iuris, esto es, la presunción del buen derecho, este requisito aparte de evidenciarse de las denuncias hechas en este escrito contra los actos impugnados, ya que bastaría que se declarase con lugar una sola de ellas para que se decrete la nulidad de los mismos; también se evidencia de la circunstancia de que dichos Actos inciden negativamente en la esfera de derechos subjetivos de mi representada, ya que le imponen a la misma unas sanciones de multas que sumadas alcanzan la cantidad de DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL BOLÍVARES (Bs.16.170.000,00), de conformidad con lo previsto en el artículo 121, literal “a” de la Ley Orgánica de Aduanas. Dicho en otras palabras, la presunción del buen derecho se evidencia del mismo acto impugnado, ya que nuestra representada considera, con justa razón, que no debe cancelar esa multa.”
Frente a tal afirmación y en virtud de los amplios poderes del juez contencioso tributario para decretar medidas cautelares cuando lo considere pertinente, se pasa a revisar la existencia del fumus bonis iuris, lo cual requiere la comprobación por una parte, de la aparente existencia de un derecho o interés del recurrente en la presente acción y, por otra, la probabilidad de que los actos administrativos impugnados sean inconstitucionales o ilegales.
En cuanto a la valoración preliminar de la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos impugnados, este tribunal observa, que los actos administrativos impugnados tienen como fundamento de hecho que la contribuyente se encontraba obligada a registrar el manifiesto de carga a más tardar en la fecha de llegada o salida del vehículo, habiéndolo efectuado en forma extemporánea, tal como se evidencia en la fechas de registros señaladas en cada una de las Resoluciones de Multa impugnadas, lo cual se encuentra tipificado en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas como una infracción aduanera.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia observa este juzgador, que a la contribuyente le rodea una apariencia de buen derecho a su favor en el ejercicio del presente recurso, por lo que se encuentra satisfecho al segundo supuesto (fumus boni iuris) previsto en la norma dispuesta en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
En cuanto al requisito del periculum in damni, quien decide constata, que no se evidencia de las actas que componen el presente expediente, prueba alguna de la existencia de un daño patrimonial en la esfera del recurrente.
A tal efecto, en opinión de quien decide con fundamento en el criterio sostenido en la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de junio de 2002, número 00874, en casos como el de autos, es imprescindible tomar en consideración la estabilidad económica del sujeto sancionado, elemento éste que no puede deducirse de meros alegatos genéricos como los planteados en el asunto bajo examen.
En este sentido, quien solicite la suspensión de efectos de un acto impugnado, además de afirmar que se le han causado o se le podrían causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, debe señalar hechos o circunstancias concretas y aportar elementos suficientes y precisos que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la definitiva.
En razón a las consideraciones anteriores, y ante la circunstancia que la administración tributaria puede ser condenada en costas si resulta vencida en el litigio, es criterio de este juzgador que no ha sido demostrada de manera fehaciente la existencia del periculum in damni. Así se decide.
Pasa ahora este tribunal a considerar si la existencia de uno sólo de los dos requisitos contenidos en el artículo 263 eiusdem es suficiente para que proceda la aprobación de la suspensión de los efectos del acto recurrido o no, es decir, si son concurrentes o no.
A tal efecto este juzgado considera necesario y oportuno ratificar, en esta oportunidad el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00737 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de junio de 2004, Caso: Mercedes Benz Venezuela, S.A, que al respecto estableció lo siguiente:
“…esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de uno sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado…”.
(…) Tan es así que las previsiones generales en materia de medidas cautelares contenidas en el Código de Procedimiento Civil, exigen la concurrencia de los requisitos de procedencia de tales medidas, no existiendo en el ámbito contencioso tributario como tampoco ocurren en el contencioso administrativo una razón lógica para soportar lo contrario, esto es, la procedencia de la medida cautelar de que se trata por la sola verificación de uno de los aludidos extremos…”
(…) En tal sentido, la medida preventiva de suspensión de efectos procede solo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés publico involucrado…”
Ante la ausencia de uno de los dos requisitos para que proceda la solicitud de suspensión de los efectos, el periculum in damni, este tribunal decide que al no concurrir con el fumus boni iuris, no es causa para la suspensión solicitada.
Sin embargo, y producto del análisis supra hecho por este juzgador, el hecho que el recurrente haya solicitado la suspensión de los efectos en el recurso contencioso tributario interpuesto y la administración tributaria no haya ejercido el juicio ejecutivo para hacer efectivo el acto administrativo hasta la fecha, y que si lo hace a partir de la interposición del recurso, tiene que hacerlo ante este mismo tribunal, con lo cual el juez tiene la oportunidad de decidir a la luz de los hechos, y que el tribunal no encuentra necesario pronunciarse sobre una probable acción en la vía ejecutiva cuando está no ha sido ejercida y está pendiente un recurso contencioso tributario, en el cual debe pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de las partes, a no ser que las condiciones implícitas en los hechos hagan aconsejable cualquier medida cautelar prevista en la ley durante el proceso, considera el juez que no debe suspender los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia del fumus boni iuris y del periculum in damni y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
SIN LUGAR la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, interpuesta por el ciudadano Franklin Elioth García, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.718.642, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 69.995, actuando en su carácter de apoderado de la empresa SERVICIOS ISCAR, C.A., en el recurso contencioso tributario de nulidad que riela en este tribunal bajo el número 0385, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones de Multas Nros. APAV/DO/2005/001352, APAV/DO/2005/001353, APAV/DO/2005/001355, APAV/DO/2005/001354, APAV/DO/2005/001351, APAV/DO/2005/001350 todas del 05/04/05, APAV/DO/2005/001012, APAV/DO/2005/001001, APAV/DO/2005/001015, APAV/DO/2005/001017, APAV/DO/2005/001013, APAV/DO/2005/001014, APAV/DO/2005/001019, APAV/DO/2005/001035, APAV/DO/2005/001036, APAV/DO/2005/001002, APAV/DO/2005/001034, APAV/DO/2005/001010, APAV/DO/2005/001011, APAV/DO/2005/001025 todas del 10 de marzo de 2005, emanadas de la Aduana Principal Aérea de Valencia del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).
Notifíquese a los ciudadanos Contralor General de la República y Procurador General de la República, con copia certificada de la presente decisión, al Gerente de la Aduana Principal Aérea de Valencia y a la contribuyente. Líbrense los oficios correspondientes. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Juez

Abg. José Alberto Yanes García
La Secretaria

Abg. Mitzy Sánchez

En esta misma fecha se libraron oficios. Se cumplió lo ordenado.

La Secretaria

Abg. Mitzy Sánchez

Exp. Nº 0385
JAYG/ms/yg