TSJ Regiones - Decisión

PONENTE: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
EXPEDIENTE N° AP42-O-2005-000760

- I -
NARRATIVA

Se inició el presente procedimiento por demanda presentada el 18 de junio de 2003 por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes, por el ciudadano GEORGE JONATHAN RAMÍREZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 10.178.458, en su condición de Síndico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, asistido por el abogado José Antonio Cáceres, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 59.393, contentiva de la pretensión de amparo constitucional autónomo conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, de conformidad con el los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, contra “LAS ACTUACIONES MATERIALES Y OMISIONES AL NOMBRAMIENTO QUE ME REALIZARA LA CÁMARA MUNICIPAL por parte del ciudadano Alcalde del Municipio Cárdenas JESÚS MANUEL ZAMORA, venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. V-9.214.917, actuando conjuntamente con la ciudadana NELLY AUXILIADORA COLMENARES PEÑALOZA, venezolana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad No. V-9.248.217, Ex-funcionaria de la Alcaldía, destituida del cargo de Sindico (Sic) Procurador”.

Por auto de fecha 20 de junio de 2003, el referido Juzgado admitió la pretensión de amparo constitucional incoada, y ordenó la notificación de la parte demandada y del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por auto de fecha 25 de junio de 2003, el mencionado Juzgado declaró procedente la medida cautelar solicitada.

En fecha 14 de julio de 2003, el prenombrado Juzgado celebró la audiencia constitucional, dejándose constancia de la comparecencia de ambas partes.

Mediante sentencia de fecha 17 de julio de 2003, el Juzgado en referencia declaró parcialmente con lugar la pretensión de amparo constitucional. El 23 de octubre de 2003, visto que se encontraba vencido el lapso para interponer el recurso de apelación en el presente procedimiento, sin haber sido interpuesto el mismo, ordenó remitir copias certificadas del expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que conociera de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por auto de fecha 4 de marzo de 2005, se ordenó la remisión de las copias certificadas de la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2003, a las referidas Cortes siendo recibidas en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), el 15 de julio de 2005, mediante oficio n° 676 de fecha 15 de abril de 2005.

El 21 de julio de 2005, se dio cuenta esta Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ a los fines de que decidiera sobre la referida consulta.

En fecha 16 de agosto de 2005, se eligió la Junta Directiva de esta Corte, la cual quedó integrada de la siguiente manera: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez-Presidente, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez Vice-Presidente y TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza. Por auto de fecha 19 de agosto de 2005, se ratificó la ponencia a quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Analizadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente se pasa a dictar decisión, con base en la argumentación siguiente:

- II -
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

En la solicitud de amparo el actor señaló que fue designado temporalmente Síndico Procurador Municipal del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, tal como consta en el acta n° 006, correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el 10 de febrero del año 2003, y que posteriormente fue ratificado como titular, lo que, a su decir, se evidencia en acta n° 018 de fecha 5 de mayo de 2003, no obstante, el Alcalde del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, y la ciudadana Nelly Auxiliadora Colmenares, han impedido el normal desenvolvimiento de sus funciones vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al salario.

En este sentido el pretendiente denunció:

Es el caso, Ciudadano Juez, que ignorando mi condición de Síndico Procurador Municipal, el ciudadano Alcalde JESÚS MANUEL ZAMORA, previamente identificado, se ha negado de forma injustificada, inconstitucional y temeraria, a realizar el pago de mis salarios correspondientes desde el diez (10) de febrero de 2003 al dieciséis (16) de junio del año 2003, así mismo, el mencionado alcalde obrando conjuntamente con la ciudadana NELLY AUXILIADORA COLMENARES, ya identificada, funcionaria destituida en forma material, han impedido el acceso y que se me sea entregada la sede de la Oficina de la Sindicatura, obligándome a despachar en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal de Cárdenas adjunta a la Sede de la Sindicatura, conducta esta que lesiona evidentemente mis derechos: AL TRABAJO Y AL SALARIO; según artículos 87 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se me impide en forma inconstitucional desempeñar las labores cotidianas como Síndico Procurador Municipal, como legalmente fui nombrado, y a gozar del salario que constitucionalmente me corresponde.

Finalmente indicó que “los hechos en que incurrieron los agraviantes (…) constituyen flagrantes violaciones a mis derechos fundamentales y Usted como tutor de la Constitucionalidad es el llamado a ampararla a fin de que se me restablezca la situación jurídica que me ha sido infringida, objeto de esta acción. Por lo expuesto, pido se declare con lugar esta Acción de Amparo en la definitiva”.
- III -
DE LA COMPETENCIA

Como punto previo, este órgano jurisdiccional considera necesario pronunciarse acerca de su competencia para conocer sobre la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en fecha 17 de julio de 2003, que declaró parcialmente con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

En este sentido, se observa que de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y atendiendo igualmente a lo señalado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de junio de 2004, expediente nº 04-0498, en la cual sostuvo que “en los casos en que el conocimiento de las acciones de amparo en primera instancia corresponda a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las sentencias que estos pronuncien, será competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”, debe declarar su competencia para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en fecha 17 de julio de 2003. Así se declara.

- IV -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Mediante sentencia de fecha 17 de julio de 2003, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes declaró parcialmente con lugar la pretensión de amparo constitucional, y por auto de fecha 23 de octubre de 2003, ordenó remitir el expediente a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que conociera de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo recibido el 15 de julio de 2005 en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.).

De seguidas, esta Corte a los fines de decidir la presente consulta observa:

En fecha 22 de junio de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia mediante la cual interpretó el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando al respecto:

Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:
“Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.”

La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.

Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.

El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.

Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.

Asimismo se observa, que el fallo bajo estudio hace hincapié en el recargo de trabajo que generan las causas en consultas, contrariando de tal forma el precepto constitucional establecido en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, al indicar:
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.

Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.

Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.

En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.

Por último concluye, que en aplicación de la disposición derogatoria única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la institución de “la consulta” quedó derogada, considerando al efecto:

La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)
Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación.
(…)
Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara.

Del fallo parcialmente transcrito, se observa, que la Sala consideró que los expedientes remitidos en consulta, contienen decisiones que al no haber sido impugnadas, se presume que todas las partes están conformes, constituyendo más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal, condicionando la decisión de las mismas, a que cualquiera de las partes involucradas manifestaran su interés en que se decidiera la consulta que esté pendiente, para lo cual otorgó el lapso de treinta (30) días posteriores a la publicación del fallo en Gaceta Oficial, lapso éste que comenzó a computarse desde el día 1º de julio de 2005, venciendo el mismo en fecha 31 de julio del mismo año.

Ahora bien, una vez revisadas las actas que conforman la presente pretensión de amparo constitucional incoada por el ciudadano George Jonathan Ramírez Carrero contra el Alcalde del Municipio Cárdenas del Estado Mérida y la ciudadana Nelly Auxiliadora Colmenares Peñaloza, se evidencia que ninguna de las partes involucradas acudió ante esta Corte a los fines de manifestar su interés en que la presente consulta se decidiera, toda vez que la última actuación que cursa a las actas corresponde al auto de fecha 21 de julio de 2005, mediante el cual se dio cuenta a la Corte y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, y siendo que en fecha 31 de julio del mismo año venció el lapso otorgado por la Sala Constitucional a los fines de cumplir tal condición, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en cumplimiento del fallo dictado por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, quedando definitivamente firme la decisión sujeta a consulta. Así se decide.
- V -
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DEFINITIVAMENTE FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en fecha 17 de julio de 2003, que declaró parcialmente con lugar la pretensión de amparo constitucional autónomo interpuesta por el ciudadano GEORGE JONATHAN RAMÍREZ CARRERO, contra “LAS ACTUACIONES MATERIALES Y OMISIONES AL NOMBRAMIENTO QUE ME REALIZARA LA CÁMARA MUNICIPAL por parte del ciudadano Alcalde del Municipio Cárdenas JESÚS MANUEL ZAMORA, venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad No. V-9.214.917, actuando conjuntamente con la ciudadana NELLY AUXILIADORA COLMENARES PEÑALOZA, venezolana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad No. V-9.248.217, Ex-funcionaria de la Alcaldía, destituida del cargo de Sindico (Sic) Procurador”, conforme lo establecido en sentencia nº 2005/1307 del 22 de junio, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que las partes involucradas en la presente causa no manifestaron su interés en que la presente consulta fuere decidida.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen y déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Juez-presidente,

RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
Ponente
El Juez-vicepresidente,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
TRINA OMAIRA ZURITA
JUEZA

La Secretaria Temporal,

MORELLA REINA HERNANDEZ

Exp. n° AP42-O-2005-000760
ROO/IV

En la misma fecha, dieciséis (16) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana (08:45 A.M), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001150.

La Secretaria Temporal