TSJ Regiones - Decisión

JUEZA PONENTE: TRINA OMAIRA ZURITA
EXPEDIENTE N° AP42-O-2005-000634

El 6 de junio de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 0529-05 del 25 de mayo de 2005, proveniente del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por los abogados Armando Izaguirre, Alexander Galicia Tron, Vanesa Clavier Ríos, Ricardo Henríquez Larrazabal, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 62.984, 16.612, 59.043 y 64.816, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano EPIFANIO SALAZAR, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.856.914, en su condición de integrante de la Junta Directiva de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALLETAS, ALIMENTOS Y SUS SIMILARES EN EL DISTRITO METROPOLITANO (UNISINTRAGA), contra el incumplimiento por parte de la sociedad mercantil SERVICIOS DE PERSONAL TITOFER C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 3 de mayo de 1994, anotada bajo el N° 60, Tomo 35-A-Sgdo, en ejecutar la Providencia Administrativa Nro. 379-04, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS el 16 de abril de 2004, la cual ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano antes indicado.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta obligatoria de Ley del auto dictado el 8 de diciembre de 2004, por el referido Juzgado Superior, el cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

Por auto de fecha 14 de junio de 2005, se dio cuenta a la Corte y, se designó ponente a la Jueza TRINA OMAIRA ZURITA, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En esa misma fecha se pasó el presente expediente a la Jueza Ponente, a fin de que dicté la decisión correspondiente.

En fecha 16 de agosto de 2005, se eligió la nueva Junta Directiva de esta Corte, la cual quedó conformada de la siguiente manera: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez Presidente; OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez Vice-Presidente y TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a decidir, previa las siguientes consideraciones:

-I-
NARRATIVA

1. ANTECEDENTES

Se inició la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 27 de octubre 2004, por los abogados Armando Izaguirre, Alexander Galicia Tron, Vanesa Clavier Ríos, Ricardo Henríquez Larrazabal, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano EPIFANIO SALAZAR, ya identificado, en su condición de integrante de la Junta Directiva de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALLETAS, ALIMENTOS Y SUS SIMILARES EN EL DISTRITO METROPOLITANO (UNISINTRAGA), ante el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a fin de ejercer pretensión de amparo constitucional, contra el incumplimiento por parte de la sociedad mercantil SERVICIOS DE PERSONAL TITOFER C.A., en ejecutar la Providencia Administrativa Nro. 379-04, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS el 16 de abril de 2004, la cual ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano antes indicado.
En fecha 29 de octubre de 2004, el A-quo le ordenó al recurrente corregir pretensión de amparo constitucional ejercida de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, otorgándole un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación, la cual fue practicada el 6 de diciembre de 2004.

Por auto de fecha 8 de diciembre de 2004, el referido Juzgado Superior, declaró inadmisible la pretensión interpuesta por la omisión del recurrente en realizar la corrección ordenada. Posteriormente el 25 de mayo de 2005, mediante Oficio Nro. 0529-05 se remitió el presente expediente a esta Corte, a los fines de la consulta obligatoria de Ley de la mencionada decisión, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

2. DE LA DECISIÓN CONSULTADA

En fecha 8 de diciembre de 2004, el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta, fundamentando su decisión en las siguientes consideraciones:

“Siendo las 10:40 a.m. del 8 de diciembre de 2004, y habiendo transcurrido un lapso mayor a las 48 horas establecidas por este Órgano Jurisdiccional por auto de fecha 29 de noviembre de 2004, para que el accionante corrija su acción de Amparo Constitucional y en virtud de no haberse realizado la referida corrección, este Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declarar INADMISIBLE la presente acción de Amparo Constitucional y, así se decide ”.

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la presente causa, para lo cual observa lo siguiente:

La presente causa se inició con ocasión de la pretensión de amparo constitucional ejercida por los abogados Armando Izaguirre, Alexander Galicia Tron, Vanesa Clavier Ríos, Ricardo Henríquez Larrazabal, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano EPIFANIO SALAZAR, ya identificado, en su condición de integrante de la Junta Directiva de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALLETAS, ALIMENTOS Y SUS SIMILARES EN EL DISTRITO METROPOLITANO (UNISINTRAGA), contra el incumplimiento por parte de la sociedad mercantil SERVICIOS DE PERSONAL TITOFER C.A., en ejecutar la Providencia Administrativa Nro. 379-04, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS el 16 de abril de 2004.

Posteriormente, el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante Oficio Nro. 0529-05 del 25 de mayo del 2005, remitió el presente expediente a esta Corte para conocer de la consulta obligatoria de Ley de la decisión dictada en fecha 8 de diciembre de 2005, por el referido Juzgado Superior, toda vez que había transcurrido el lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sin que las partes ejercieran su respectivo recurso de apelación. En este sentido, resulta necesario citar el contenido del mencionado artículo, el cual establece que:

“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”.

Ahora bien, respecto a la consulta contenida en la norma antes transcrita, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en reciente decisión señaló que dicha institución procesal fue derogada de manera tácita por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente, toda vez que la misma resulta contraria a los artículos 26, 27 y 257 de la Carta Magna. En ese sentido, dicha Sala precisó sobre este punto, lo siguiente:
“La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.(…)
El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.
Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.
Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.(…)
Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución.(…)
La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación.
A través de dicho recurso, se mantiene incólume el derecho al recurso ante Juez o Tribunal Superior que establecen los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, con mayor amplitud, el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sin menoscabo de la integridad del principio del doble grado de jurisdicción (…)” (SC/TSJ sentencia N° 1307 del 02/06/05) (Resaltado de esta Corte)

Finalmente, la Sala estableció los efectos del citado fallo en el sentido siguiente:
“(…) en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”.

Cabe acotar que la anterior decisión comenzó a surtir sus efectos a partir del 1° de julio de 2005, fecha en la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.220, por lo que el lapso de treinta (30) días a los que alude la referida sentencia a fin de que las partes manifestaran su interés para que se decidiera la consulta, culminó el día 31 de julio de 2005.
Con vista a lo anterior, esta Corte observa que entre el 1° de julio de 2005 y el 12 de septiembre de 2005, han transcurrido ampliamente los treinta (30) días de publicación en Gaceta Oficial de la sentencia parcialmente transcrita, sin que las partes hayan acudido al Órgano Jurisdiccional a manifestar su interés en que la presente consulta sea decidida, siendo que la última actuación procesal que se verifica a los autos es de fecha 14 de junio de 2005, mediante la cual se dio cuenta y se designó Ponente en la presente causa.

Por lo que en aplicación del criterio contenido en dicha sentencia, el cual tiene carácter obligatorio para los Tribunales de la República, esta Corte declara DEFINITIVAMENTE FIRME el auto dictado el 8 de diciembre de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital y se ORDENA la remisión del presente expediente al referido Juzgado. Así se decide.

-III-
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- DEFINITIVAMENTE FIRME el auto dictado el 8 de diciembre de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional ejercida por los abogados Armando Izaguirre, Alexander Galicia Tron, Vanesa Clavier Ríos, Ricardo Henríquez Larrazabal, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 62.984, 16.612, 59.043 y 64.816, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano EPIFANIO SALAZAR, ya identificado, en su condición de integrante de la Junta Directiva de la UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE GALLETAS, ALIMENTOS Y SUS SIMILARES EN EL DISTRITO METROPOLITANO (UNISINTRAGA), contra el incumplimiento por parte de la sociedad mercantil SERVICIOS DE PERSONAL TITOFER C.A., en ejecutar la Providencia Administrativa Nro. 379-04, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS el 16 de abril de 2004, la cual ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano antes indicado.

2.- Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

EL JUEZ PRESIDENTE,

RAFAEL ORTIZ-ORTIZ

EL JUEZ VICE-PRESIDENTE,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL

LA JUEZA,

TRINA OMAIRA ZURITA
PONENTE
LA SECRETARIA TEMPORAL,

MORELLA REINA HERNANDEZ
Exp. AP42-O-2005-000634
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En la misma fecha, diecinueve (19) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo las tres horas y cinco minutos de la tarde (3:05 P.M.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001251.

La Secretaria Temporal