TSJ Regiones - Decisión

Juez Ponente: OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Expediente N° AP42-O-2004-000848

En fecha 20 de diciembre de 2004, fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 2263 del 25 de noviembre de 2004, emanado del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional ejercida por el abogado ELIBANIO UZCÁTEGUI, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 90.610, apoderado judicial del ciudadano RAÚL FRANCISCO MEZA SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.194.040, a los fines que se ordene la ejecución del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 191-04, de fecha 8 de septiembre de 2004, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS la cual ordenó a la sociedad mercantil contra la COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., el reenganche y pago de salarios caídos del pretensor.
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Tal remisión se efectuó, en razón de haber sido oída en un solo efecto la apelación interpuesta en fecha 16 de noviembre de 2004, por el abogado ELIBANIO UZCÁTEGUI, apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada, contra la decisión de fecha 15 de noviembre de 2004, dictada por el mencionado Juzgado, mediante la cual declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional propuesta y, en consecuencia, remitió a esta Corte el expediente correspondiente, a los fines de que conozca de la apelación.

En fecha 10 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte y, se designó ponente al Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En la misma fecha, se pasó el expediente al referido Juez.

En fecha 16 de agosto de 2005, se eligió la Junta Directiva de esta Corte, la cual quedó integrada de la siguiente manera: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez-Presidente, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez Vicepresidente y TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza.

Realizado el estudio de las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:

-I -
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

El apoderado judicial del presunto agraviado interpuso su pretensión en fecha 6 de octubre de 2004, fundamentándola en las siguientes razones de hecho y de derecho:

Menciona que en fecha 21 de mayo de 2004, su mandante solicitó ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS el reenganche y pago de salarios caídos, en virtud que fue despedido por la empresa COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. injustificadamente y contrariando el Decreto de Inamovilidad emanado de la Presidencia de la República.

Manifiesta, que su representado devengaba un sueldo de Quinientos Treinta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 535.000,00), para la fecha de su despido.

Aduce que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS, en fecha 8 de septiembre de 2004, a través de Providencia Administrativa N° 191-04, ordenó el reenganche y pago de salarios caídos de su poderdante.

Indica que pese a lo ordenado por la Inspectoría del Trabajo y, a pesar de que ésta se ha presentado en la sede de la empresa presuntamente agraviante, el patrono se ha negado a dar cumplimiento al mandato contenido en la Providencia Administrativa.

Denuncia como derecho conculcado el contenido en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e invoca a favor de su representado el artículo 456 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Finalmente, solicita que se ordene a la presuntamente agraviante el cumplimiento del mandato emitido por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS.

-II-
ARGUMENTOS DE LA PRESUNTA AGRAVIANTE

En fecha 10 de noviembre de 2004, siendo la fecha fijada para celebrarse la audiencia constitucional, la presunta agraviante manifestó lo siguiente:

Arguye que se encontraba limitado para intentar el recurso de nulidad contra el acto administrativo objeto de ejecución, por cuanto debía trasladarse a intentarlo por ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Esgrime que para esa fecha aún tenía oportunidad de ejercer el correspondiente recurso.

Expresa que la pretensión de amparo intentada por el quejoso es inadmisible, toda vez que no había transcurrido el lapso de seis meses para que COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. ejerciera el recurso pertinente.

-III-
DEL FALLO APELADO

En fecha 15 de noviembre de 2004, el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional interpuesta en el caso de autos, sobre la base de los siguientes argumentos:

“(…) Ha sido criterio de este Tribunal que para que la Providencia Administrativa adquiera firmeza deben dejarse transcurrir los seis meses que la otra parte tiene para intentar el recurso de nulidad en sede contenciosa, lo que significa que no habiendo adquirido firmeza, es decir, que la misma quede de manera impugnable, es que la parte quejosa tiene la acción de amparo para hacer cumplir las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo; en consecuencia, no habiéndose vencido el lapso y constando en autos al folio 16 del acta emanada de la Inspectoría del Trabajo donde las partes no cumplen con el reenganche en razón de que intentará el recurso de nulidad, y vista la exposición hecha por el abogado de la parte accionada, así como los razonamientos hechos de las vindictas publicas (sic), forzosamente debe declararse improcedente la presente acción de amparo y así se decide.(…)”.

-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Como primer punto, debe este Órgano Colegiado pronunciarse en relación a su competencia para conocer en Alzada por apelación, sobre las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos, a saber:

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será apelado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”. (Resaltado de esta Corte).

De la norma anteriormente transcrita, se infiere que ante las decisiones de amparo constitucional dictadas en primera instancia, la parte perdidosa podrá ejercer recurso de apelación, el cual deberá oírse en un solo efecto y ser decidido por el Tribunal Superior respectivo.

Ahora bien, en cuanto al Tribunal de Alzada que resulta competente para conocer las apelaciones o consultas ejercidas por los interesados contra las sentencias de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores Contenciosos, la Sala Político Administrativa en Sentencia N° 725 de fecha 29 de junio de 2004, caso: Karely Violeta Abunassar Aponte Vs. Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), señaló:

“(…) visto que el presente caso versa sobre la consulta de un fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, con ocasión de la acción autónoma ejercida, resulta indubitable que la alzada natural para conocer de la consulta antes señalada, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no esta Sala Político Administrativa.”. (Resaltado de esta Corte).

Tal criterio, fue precisado por la Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 2271, de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., Vs. Superintendencia para la Promoción Protección de la Libre Competencia, donde la referida Sala actuando en su condición de rectora y máxima cúspide del Contencioso Administrativo delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como Alzadas Naturales de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos.
Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer de las apelación de los fallos de amparo constitucional dictados por los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional es COMPETENTE para conocer y decidir la presente apelación. Así se declara.

Determinada la competencia de esta Corte para conocer de la presente consulta, se pasa a decidir la misma, en los siguientes términos:

En el presente caso, la presunta agraviada fundamentó la solicitud de protección constitucional en la violación del artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente al derecho al trabajo, como consecuencia de la actitud negativa del presunto agraviante en dar cumplimiento a la Providencia Administrativa N° 191-04 de fecha 8 de septiembre de 2004, que declaró con lugar el reenganche y el pago de los salarios caídos de la actora.

En tal sentido, es preciso señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1318 de fecha 02 de agosto de 2001, caso: Nicolás Alcalá Ruíz, estableció lo siguiente:

“ (…) Que las Inspectorías del Trabajo, como órganos insertos en la Administración Central, pueden y se encuentran compelidos a ejecutar sus propias providencias, dictadas en ejercicio de sus competencias, es irrefutable. El problema parece presentarse por el hecho que, luego de cumplido el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Trabajo para el caso de despido de aquellos trabajadores que gozan de fuero sindical, maternal o en general de inamovilidad y, de ordenarse la reposición del trabajador a su situación anterior al despido y el correspondiente pago de los salarios caídos, no se prevé el procedimiento específico que deba seguir la Administración autora del acto, para la ejecución forzosa en caso de contumacia del patrono, la cual a pesar de que dicha ley le atribuye expresamente, el poder decisorio para este tipo de conflictos, no previó su forma de ejecución en caso de desacato. (...) Se advierte que, la situación del trabajador continúa sin ser resuelta, es decir, el empleado permanece sin trabajar, en franca negación de su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical, sin que sean operativas las garantías establecidas en la Constitución, mientras la situación del trabajador se eterniza ante la imposibilidad del cobro del dinero que le sirva para su sustento (...) Los órganos del Poder Judicial se presentan como la única solución, para lograr por un medio breve, sumario y eficaz la vigencia de los derechos vulnerados, dado el vacío legislativo evidente a fin de que los órganos administrativos ejecuten su decisión en materia laboral-administrativa (...) el inconveniente que debe plantearse el juzgador, en casos como el presente, es que, ante la ausencia de un procedimiento apropiado -en relación con el administrado- que permita la ejecución real y efectiva de la providencia dictada por el ente administrativo, y ante la indiferencia de la Administración -justificada o no- para ejecutar sus actos, deben los órganos del Poder Judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional controladora, conocer de las conductas omisivas de aquellos, a los fines de garantizar el ejercicio de los legítimos derechos de los administrados que, en tales circunstancias, se hallan desamparados e impotentes para alcanzar su objetivo. La Administración se limitaría, de acuerdo a los acontecimientos referidos, a imponer una sanción, hasta allí llega su misión, en tanto que los Tribunales declaran que a ellos no les corresponde ejecutar esas resoluciones, por no existir, ciertamente, un procedimiento prevenido en la Ley Orgánica del Trabajo que les habilite para ello (...). La legislación laboral, no ofrece una solución adecuada, de allí que en caso de verificarse un incumplimiento por parte del patrono obligado por el organismo administrativo a acatar una determinada orden, y ante el vacío legislativo existente al respecto, por no aparecer en la ley un procedimiento tendiente a obtener la ejecución forzosa de la Providencia Administrativa, en casos como el de autos, debe buscarse una solución satisfactoria (...) La constante vacilación a que son expuestos los trabajadores, ante la negativa de los órganos jurisdiccionales en la ejecución de los actos con los cuales aquellos resultan favorecidos, no sólo atenta contra los principios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, sino también contra aquellos insertos en los dispositivos constitucionales, como lo reconocen los artículos 3, 87, 89, 93, 94, 95, por una parte, y en los artículos 7, 26, 27, 51, 137, 257 y 334, por la otra; desatendiendo, asimismo, los principios que informan a la exposición de motivos de ese texto, que al referirse al reconocimiento de los derechos individuales al trabajo y a su estabilidad, entre otros derechos, refiere que todos estos derechos constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la vida, la ética, la moral, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica, son valores que concurren en la acción transformadora del Estado, la Nación, el gobierno y la sociedad, en un propósito de realización compartida para producir la gobernabilidad corresponsable, la estabilidad política y la legitimidad jurídica necesarias para el funcionamiento de la sociedad democrática y, de igual manera, desconociendo absolutamente los compromisos adquiridos por el Estado reconocidos en los Tratados y Convenios internacionales.”.

Del fallo parcialmente transcrito se infiere, entre otras cosas, que la pretensión de amparo se erige como mecanismo para lograr el cumplimiento de una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo.

Ahora bien, observa esta Corte que la solicitud de la parte actora iba dirigida a que se diera cumplimento a la Providencia Administrativa N° 191-04, de fecha 8 de septiembre de 2003, por lo tanto el fallo debía ordenar el cumplimiento de lo establecido en dicho acto administrativo, sin embargo, el A quo declaró improcedente la presente acción de amparo, por cuanto, a su parecer, no se había vencido el lapso para que el patrono ejerciera el correspondiente recurso de nulidad.

Así las cosas, debe esta Corte entrar a conocer de la procedencia de la pretensión de amparo, por lo que en este sentido, se hace necesario revisar cuáles han sido los requisitos que ha establecido esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que puedan ejecutarse por vía de amparo estos actos, a saber: i) Que exista una Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo conociendo del procedimiento administrativo de reenganche; ii) Que la Providencia Administrativa haya sido debidamente notificada al empleador a los fines de su cumplimiento e impugnación; iii) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto cuya ejecución se solicita; y, iv) Que no sea evidente su inconstitucionalidad. (Ver sentencia de esta Corte de fecha 21 de abril de 2005, caso: Helimenes Martínez).

En cuanto a los requisitos antes señalados, debe advertirse las razones para su enumeración:

1.- Que exista una Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo conociendo del procedimiento administrativo de reenganche.

Debe tratarse de una providencia administrativa que emane de la Inspectoría del Trabajo conociendo de un procedimiento sancionatorio de reenganche y pago de los salarios caídos.

2.- Que la providencia administrativa haya sido debidamente notificada al empleador a los fines de su cumplimiento e impugnación.

Es necesario que la providencia administrativa haya sido formal y materialmente notificada al empleador, pues mal puede plantearse un “incumplimiento” si, previamente, la Administración no cumple con su deber de llevar al empleador su mandato administrativo, evidenciándose de esta manera la contumacia del empleador. De esta circunstancia debe existir prueba en los autos, pues de lo contrario significa someter a un patrono a un procedimiento de amparo sin necesidad y sin interés lesionado.

Esta notificación es indispensable para la seguridad jurídica de los justiciables, pues, a partir de ese momento comienza a computarse los lapsos de caducidad de la pretensión nulificatoria y la caducidad de la pretensión de amparo constitucional de conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

3.- Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto cuya ejecución se solicita.

Resulta obvio que si la providencia administrativa fue retada en nulidad, ello no significa una causal de inadmisibilidad de la pretensión de amparo, pues permanece su validez y eficacia hasta tanto lo decida un tribunal. La mera interposición de una pretensión nulificatoria no suspende la eficacia del acto por lo cual queda incólume la obligatoriedad de su cumplimiento. Diferente es la situación cuando se ha solicitado y acordado la suspensión de sus efectos, pues, si bien la cautelar no afecta su validez sin embargo es una dispensa de cumplimiento en forma cautelar y mientras dure el procedimiento de nulidad.

4.- Que no sea evidente su inconstitucionalidad.

Debe esta Corte precisar que, si bien en el procedimiento de amparo constitucional no es el medio adecuado para verificar la “legalidad” del acto, sin embargo, como garante y tutor de las normas constitucionales, los órganos del contencioso administrativo (como todo juez de la República) están en el deber de garantizar la “integridad de la Constitución”, de allí que el acto administrativo que se pretenda su cumplimiento debe soportar el “test de constitucionalidad”, es decir, que no resulta franca y groseramente inconstitucional. Lo contrario sería aceptar que el juez está obligado “siempre” a ordenar el cumplimiento de un acto a pesar de que, en su conciencia y basado en un juicio objetivo, resulte francamente inconstitucional.

Requisitos éstos que en sentencia de esta Corte primera, Nº AB412005000158 de fecha 21 de abril de 2005 (caso: Helimides Enrique Martínez Vs Estación de Servicio El Trapiche) vinieron a ser completados con un cuarto (4º), el cual es, que la providencia administrativa cuya ejecución se pretende obtener por vía de amparo constitucional no sea franca y groseramente inconstitucional, sin que ello suponga o pueda ser interpretado como una revisión de la legalidad del acto o un pronunciamiento sobre el fondo del tema debatido, ya que el fundamento de la revisión encuentra explicación en la naturaleza misma de los derechos y libertades fundamentales (“…”) como principios superiores al ordenamiento dotados de efectividad inmediata y preferente frente a todos los poderes públicos y, por supuestos, ante la Administración y ante los Tribunales (“…”) (Ver: Eduardo García de Enterria/Tomás-Ramón Fernández “Curso de Derecho Administrativo”, tomo 1, Págs. 620 y siguientes Civitas año 1999); Libertades y Derechos Fundamentales, cuyos garantes son en primer lugar los jueces de la República.

Además de ello, cabe observar que la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 9 de julio de 2004, ha señalado “que para la impugnación del acto en sede contencioso administrativa es suficiente la firmeza del acto en sede administrativa a los efectos de su ejecución pues, de lo contrario, asumir que la sola interposición del recurso de anulación del acto administrativo condicionaría su ejecución, sería tanto como sostener la suspensión de los efectos del acto sin que medie norma jurídica que ex lege posibilite tal efecto o que se haga sin que se haya decretado medida cautelar alguna, lo cual contradice el carácter ejecutivo y ejecutorio de todo acto administrativo”. (Resaltado de esta alzada).

Visto lo anterior se pasa al análisis del caso concreto a la luz de los requisitos supra referidos, a saber:

En ese orden de ideas, no constituye un hecho controvertido la presencia de la Providencia Administrativa N° 191-04, de fecha 8 de septiembre de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS, mediante la cual ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del ciudadano RAÚL FRANCISCO MEZA SÁNCHEZ, hoy pretensor, habida cuenta, del reconocimiento expreso de ambas partes sobre su existencia, por una parte y, por la otra, de su constancia en autos (folios del 9 al 12), razón por la cual, se da por verificado el primer requisito.

Así tenemos que consta en las actas procesales cursante a los folios 9, 10, 11 y 12 del presente expediente, la existencia de la Providencia Administrativa N° 191-04, de fecha 8 de septiembre de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS, que ordena a la empresa COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., el reenganche y pago de salarios dejados de percibir a favor del peticionante.

Igual se evidencia la notificación a la empresa COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. de la referida providencia administrativa (folio 16). Asimismo, se desprende de acta suscrita por la ciudadana María Carolina Almarza, Jefe de la Sala Laboral de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS, quien se trasladó a la sede de la sociedad mercantil COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., con el objeto de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la Providencia Administrativa que “(…) no se va a reenganchar, se va a intentar el recurso de nulidad, cuya copia será introducida al exp (sic) de la Inspectoría (…)”; lo cual demuestra la abstención o contumacia del patrono en acatar la Providencia Administrativa, verificándose el segundo requisito.

En referencia al tercero de los requisitos en concurso, no se aprecia en autos decisión por jurisdiccional o de la señalada Inspectoría del Trabajo que anule o suspenda la Providencia Administrativa demandada en nulidad absoluta.

Finalmente, puede aseverarse que la Providencia Administrativa que pretende ejecutarse a través del amparo in refero, no se presenta manifiestamente inconstitucional; por el contrario, lo que se observan es violaciones de derechos constitucionales al trabajador, toda vez, que es evidente que el incumplimiento -mas allá de sus razones, las cuales son objeto del recurso de nulidad- de un acto -legítimo hasta declararse contrario- que ordena el reenganche y pago de los salarios caídos de un trabajador, se traduce per se en la violación de los derechos al trabajo, a su estabilidad y al salario previstos en los artículos 87, 89 y 91, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual, se da por satisfecho el último de los requisitos bajo estudio.

Por ello, sobre la base de todo lo precedentemente expuestos, y siguiendo los criterios jurisprudenciales supra señalados, considera esta Corte que en el caso sub examine se encuentran dados los requisitos de procedencia de la pretensión de amparo constitucional como el medio idóneo para ejecutar la Providencia administrativa N° 191-04 dictada en fecha 8 de septiembre de 2004, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS, que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos a favor del quejoso y, en tal virtud, mal podría este Órgano de Administración de Justicia declarar que deba esperarse a que la parte presuntamente agraviante ejerza el correspondiente recurso de nulidad contra el acto administrativo que ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del peticionante, o que este acto quede firme, toda vez que el pretensor no tiene porqué sufrir las consecuencias que puede ocasionarle la actitud pasiva del patrono ante el derecho que le concede la ley para ejercer los recursos pertinentes, razón por la cual, en aras de evitar al solicitante una lesión a sus derechos constitucionales, visto que no logró ser desvirtuada la contumacia del patrono y, no existiendo otra vía para que la parte actora pueda hacer valer sus derechos a fin de lograr el cumplimiento de la Providencia Administrativa que lo favorece, resulta forzoso para esta Corte declarar CON LUGAR la apelación ejercida por la representación del ciudadano RAÚL FRANCISCO MEZA SÁNCHEZ, ANULAR el fallo apelado y, en consecuencia, declarar CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta, en razón de que se encuentran satisfechos los extremos exigidos para decretar a través de esta vía la ejecución de la Providencia Administrativa N° 191-04, por lo que debe darse cumplimiento inmediato a la misma, so pena de incurrir en desacato de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

En virtud de lo antes expuesto esta Corte declara CON LUGAR la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano RAÚL FRANCISCO MEZA SÁNCHEZ y, en consecuencia, ANULA la sentencia dictada por el A quo, que declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional, razón por la cual, se declara CON LUGAR la referida pretensión, por lo que se ordena el cumplimiento inmediato de la Providencia Administrativa N° 191-04, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO BARINAS, en fecha 8 de septiembre de 2004, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. Así se declara.

-V-
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 16 de noviembre de 2004, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional ejercida por la representación judicial del ciudadano RAÚL FRANCISCO MEZA SÁNCHEZ, contra la sociedad mercantil COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.

2.- Declara CON LUGAR la apelación.

3.- ANULA el fallo apelado.

4.- CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional ejercida por la representación judicial del ciudadano RAÚL FRANCISCO MEZA SÁNCHEZ, contra la sociedad mercantil COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A.

4.- ORDENA el restablecimiento de la situación jurídica infringida, es decir, el cumplimiento inmediato de la Providencia Administrativa N° 736 de fecha 15 de octubre de 2003, so pena de incurrir en desacato.

Publíquese, regístrese, notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Juez Presidente,

RAFAEL ORTIZ-ORTIZ

El Juez Vicepresidente,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Ponente

La Jueza,

TRINA OMAIRA ZURITA

La Secretaria Temporal,

MORELLA REINA HERNÁNDEZ

Exp. N° AP42-O-2004-000848
OEPE/14

En la misma fecha, veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo las dos horas y cuarenta y nueve minutos de la tarde (2:49 P.M.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001283.

La Secretaria Temporal