JUEZ PONENTE: OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Exp. Nº AP42-N-2005-000638

En fecha 5 de abril de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 00-269 de fecha 8 de marzo de 2005, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la abogada AMANCIA VIERA HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.758, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO SUCRE (I.N.C.E), contra la Providencia Administrativa Nº 144-04 de fecha 09 de junio de 2004, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Cándida Romero Rauseo, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 8.436.810, en fecha 9 de junio de 2004, contra el mencionado Instituto.

Dicha remisión se efectuó en virtud de que el referido Juzgado, mediante sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, declaró su incompetencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto y declinó la competencia para conocer de la causa a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Vista la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, a partir del 18 de marzo de 2005, se reconstituye la Corte, quedando conformada de la siguiente manera: TRINA OMAIRA ZURITA, Presidenta; OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Vicepresidente, y; RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez.

En fecha 12 de abril de 2005, se dio cuenta a esta Corte y, por auto de la misma fecha se designó ponente al ciudadano Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, a los fines de que la Corte decida acerca de su competencia para conocer del presente recurso. En esa misma fecha, se pasó el presente expediente al Juez ponente.

En fecha 16 de agosto de 2005, se eligió la nueva Junta Directiva de esta Corte, la cual quedó integrada de la siguiente manera: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez-Presidente, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez-Vicepresidente y TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir el asunto bajo análisis, previa las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON SUSPENSIÓN DE EFECTOS

En fecha 28 de febrero de 2005, la abogada AMANCIA VIERA HERNANDEZ, identificada ut supra, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 144-04 de fecha 9 de junio de 2004, emanado de la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada

por la ciudadana Cándida Romero Rauseo, contra el mencionado Instituto, en los siguientes términos:

Señaló que la ciudadana Cándida Romero Rauseo, fue Funcionaria Pública adscrita a la antigua División de Planificación y Estudios de la Gerencia Regional Sucre del Instituto Nacional de Cooperación Educativa I.N.C.E. Sucre, y fue retirada de la Administración Pública en fecha 12 de marzo de 2004 de conformidad con lo establecido en el artículo 78, numeral 5, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debido a que dicho Instituto inició un proceso de reestructuración.

En tal sentido adujo que, fueron suprimidas y liquidadas las antiguas asociaciones civiles que conformaban el Instituto en cada Estado del País tal y como fue establecido en las disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Tercera del Reglamento de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa de fecha 28 de octubre de 2003.

De igual manera señaló “Es necesario hacer del conocimiento de este digno Tribunal, que a lo largo del procedimiento de inamovilidad laboral llevado por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, el INCE Gerencia Regional Sucre, sostuvo que tal instancia no era competente para el conocimiento del reclamo planteado, pues se evidencia del contenido de los artículos 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se estipula que los Tribunales en materia Contencioso-Administrativa Funcionarial serán los competentes para conocer y decidir cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los Órganos de la Administración Pública, más aún la legislación laboral vigentes excluye de las materias de su conocimiento lo relativo a traslado, suspensión o RETIRO de los funcionarios; remitiendo su conocimiento a las normas de carrera administrativa, las cuales fueron derogadas por la Ley del Estatuto de la Función Pública tal como quedó establecido en la Disposición Derogatoria Única de la precitada Ley”.

Igualmente adujo que: “para la fecha del RETIRO de la antes identificada funcionaria el 12 de marzo la asociación civil INCE Sucre había sido suprimida y liquidada, en ese sentido el INCE Rector como ente de la Administración Pública basó su retiro en al Ley del Estatuto de la Función Pública, la funcionaria Cándida Romero plenamente identificada en este escrito, invocó al inicio del Proceso llevado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre la protección del artículo 90 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 28 ejusdem acción que evidencia el conocimiento de su condición de Funcionario Público por tanto, la vía para el reclamo planteado era el Contencioso Administrativo como lo establece el artículo 95 ejusdem, y no la Inspectoría del Trabajo”.

Seguido a ello, indicó: “(…) tal como se evidencia de las actuaciones procesales suscitadas ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre, nos envuelve un interés legítimo, personal y directo al postular el Recurso de Nulidad contra la providencia administrativa dictada por la susodicha Inspectoría, por cuanto se dictó una decisión en contra de los intereses de la Institución que represento, por un ÓRGANO ADMINISTRATIVO MANIFIESTAMENTE INCOMPETENTE para esa materia, en éste orden y fundamentándose en el Artículo 19 numeral 4to de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, solicito la NULIDAD ABSOLUTA del acto aquí señalado”.

Continuó señalando en su escrito libelar que: “La doctrina mantiene el efecto como incompetencia no convalidable a la ‘Incompetencia por razón de la materia’, dejando en los otros casos (en razón del territorio y del tiempo) la posibilidad de un saneamiento o legitimación. En razón de ello solicito la anulación de la providencia mencionada por haber sido dictada por una autoridad incompetente, y en consecuencia violó y menoscabó los derechos garantizados en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en la misma Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En tal sentido insto al Tribunal que solicite los antecedentes administrativos del acto recurrido, fijándole a la Inspectoría del Trabajo en los Estados Sucre-Cumaná, un plazo prudencial para la remisión del Expediente Original sin ninguna dilación”.

De la misma manera señaló: “(…) es evidente que se agotó la vía administrativa pues así mismo es señalado por la Inspectoría Administrativa impugnada, ‘la presente decisión no tiene apelación, salvo que las partes ventilen sus derechos por ante los órganos jurisdiccionales …’. Adquiriendo esta decisión firmeza en la sede administrativa causando por si misma estado y siendo impugnable, como de ella misma se expresa, solo ante los órganos jurisdiccionales”.

A tenor de lo anterior la parte recurrente arguyó que: “En tercer lugar, señalo que no existe ningún recurso paralelo a éste, que es la única acción que se ha intentado para impugnar el Acto de marras.

En cuarto lugar, en el presente Recurso no se acumulan acciones excluyentes, pues como resulta evidente de su texto mismo, se trata de una sola acción, como lo es la nulidad de la Providencia Administrativa que declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a la funcionaria plenamente identificada en autos.

En quinto lugar, he acompañado todos los documentos que sostienen la pretensión: el texto de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA recurrida el Oficio de Notificación; y documentos probatorios de carácter con el que actuó y la copia certificada del expediente llevado por ante la Inspectoría del Estado Sucre constante de cincuenta y uno (51) fólios útiles y la copia de la Gaceta Oficial número 37.809 de lunes 03 de noviembre de 2003 donde fue publicado el Reglamento de Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa”.

Por último, solicitó medida cautelar de suspensión de los efectos de la Providencia impugnada en los términos siguientes:

“(…) a pesar de la decisión cuya nulidad se persigue con la presente pretensión, siendo ésta la vía jurisdiccional para lograr demostrar los vicios de ilegalidad del cual adolece dicho acto y siendo el criterio de la doctrina moderna de Derecho Procesal en cabeza del español Victor Fairen Gillén quien ha comenzado a distinguir lo denominado como ‘Derecho al debido proceso’ y ‘Derecho a la Defensa’, derechos además consagrados en nuestra Constitución Nacional además considerando la brevedad de los lapsos de ejecución del Acto como es la orden de Reenganche y correspondiente pago de salarios caídos, es decir, temor fundado de que la solicitante del reenganche pueda pedir la ejecución del mismo, SOLICITO que mientras se dilucida el presente procedimiento se sirva SUSPENDER los efectos de la Providencia pues si se acuerda se habría ejecutado una decisión manifiestamente injusta e ilegal. Los derechos Constitucionales violentados con la providencia aquí impugnada son amparados por nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 25 y 49, Fumus Boni iuris. Y el periculum in Damni en virtud del daño inminente de colocar a la Institución en posición de dificultad de ordenarle reponer a la funcionaria a su puesto original, en vista de que ante el evidente proceso de reestructuración donde se ha llevado a cabalidad tanto los métodos programaticos de estrategia del personal que debe laborar allí como de daño pecuniario o patrimonial en vista de que mi representada esta obligada a cancelar salarios caídos, dinero no existente y no presupuestado en esta Institución Educativa; en caso de lograr la NULIDAD del acto recurrido¿como recuperar los montos que la Providencia ordena cancelar?.

Por ultimo señaló que: “para el ejercicio del presente recurso estamos actuando en tiempo hábil, por cuanto se notificó a mi representada al 30 de agosto de 2004, del contenido de la decisión, haciendo énfasis de los seis (06) meses que poseía para ejercer los recursos que asumiere bien. Por lo tanto, conforme lo establece el artículo 21.p21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, he cumplido, en nombre de mi representada, con la interposición oportuna del presente recurso con el objeto de dar por extinguida la caducidad para el ejercicio del derecho a solicitar la nulidad de la presente providencia administrativa”.

II
DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

En fecha 09 de junio del 2004, la Inspectora (E) Jefe del Trabajo de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE dictó Providencia Administrativa N° 144-04, en la que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Cándida Romero Rauseo en los siguientes términos:

“(…)La parte Accionada, en todo momento también trajo a los autos su defensa, alegando que la accionante era una Funcionaria Pública y que se habían efectuado los trámites establecidos en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Ambas partes trajeron al procedimiento documentos. La parte Accionante promovió un memorando que corre inserto al folio 11 del expediente, donde le notifican su retiro en atención a la Orden Administrativa de Comité Ejecutivo No. 1982-04-46 de fecha 08 de marzo de 2004 y según lo pautado en el Artículo 78 numeral 5° de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Trajo a los autos marcada ‘E’ comunicación dirigida al Gerente Regional Encargado Robinsón Fuentes Rojas…El despacho una vez estudiadas todas la Actas que conforman el presente expediente y vista la afirmación de la parte Accionante, en sus conclusiones, de que ella, la ciudadana CANDIDA ROMERO RAUSEO había dejado de ser Funcionaria Pública y los recaudos presentados, los cuales no fueron impugnados por la accionada (…).

Si observamos con detenimiento todo lo aportado por las partes tenemos que concluir que el procedimiento seguido por la Accionante fue el correcto ya que de haber sido un Funcionario Público hubiera acudido a otras instancias, en atención a esto debemos señalar que las normas sobre Carrera Administrativa a la que se refiere el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo fueron derogadas por la Ley del Estatuto de la Función Pública tal y como quedó establecido en la Disposición Derogatoria Única (…).

hay que hacer referencia también, a que, la más calificada doctrina y la más alta jurisprudencia del país, mantiene vigente el criterio según el cual los Inspectores del Trabajo no tiene competencia para calificar las faltas ni atender reclamos de empleados y funcionarios públicos.

Ante tal situación planteada y las disposiciones legales señaladas, el despacho considera que la ciudadana CANDIDA ROMERO RAUSEO para el momento en que fue despedida, había dejado de ser Funcionario Público y estaba como trabajadora de la Asociación Civil INCE SUCRE desde el mes de enero de 1991 y por lo tanto el despido de que fue objeto fue injustificado ya que actualmente hay inamovilidad laboral por lo tanto declara CON LUGAR LA SOLICITUD DE REENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR y así se decide, la presente decisión no tiene apelación, salvo que las partes ventilen sus derechos por ante los órganos jurisdiccionales”.

III
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

En fecha 08 de marzo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, declinó la competencia en esta Corte para conocer del recurso contencioso administrativo interpuesto, en los siguientes términos:

“Por recibido el presente Recurso de Nulidad, presentado por la ciudadana Amancia Viera Hernández, apoderada judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa del Estado Sucre contra la providencia administrativa N° 144-04 de fecha 09 de junio de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre; este Tribunal Observa:

El Recurso de nulidad incoado es ejercido contra un acto administrativo dictado de la Inspectora del Trabajo del Estado Sucre. Es necesario precisar que la sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de noviembre de 2002(Expediente 02-2241), señala que ‘las Inspectorías del Trabajo son órganos públicos de naturaleza administrativa, dependientes del Ministerio del ramo, y que se hallan desconcentrados de la estructura de adscripción; por lo que en virtud del ejercicio de competencias del Poder Nacional, tienen autoridad, en el ámbito de la entidad territoriales el cual funcionen; de allí que orgánicamente se encuentran integradas dentro de la administración Pública Nacional. Tratándose de órganos administrativos nacionales, y en observancia a la competencia residual que prevé la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo 185, ordinal 3, los Juicios relativos a recursos de nulidad contra actos de efectos particulares dictados por dichos organismos, deben ser sometidos al conocimiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo; por tratarse las Inspectorías del Trabajo de autoridades nacionales distintas de las señaladas en los ordinales 9 al 12 del artículo 42 ejusdem; correspondiéndole en segunda instancia, de ser procedente, conocer a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremos de Justicia’

En razón de los argumentos expuestos, este Juzgado Superior, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Corte de lo contencioso Administrativo a la que corresponda en distribución, la competencia para conocer del presente recurso de nulidad interpuesto por la abogada Amancia viera Hernández contra acto administrativo providencia administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Sucre. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente No. BP02-N-2005-000042, a la Unidad de Recepción de Documentos y Distribución de las Cortes Primeras y segunda de lo Contencioso Administrativo. Así se decide”.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Después de una larga discusión doctrinaria y jurisprudencial que se inició con la sentencia Fetraeducación de la Sala Político Administrativa del hoy Tribunal Supremo de Justicia en 1980, y continuó con el fallo Bamundi de la misma Sala en 1992, la Sala Constitucional estableció el criterio a seguir en los casos de pretensiones jurídicas contra la actividad e inactividad de las Inspectorías del Trabajo. En tal sentido, en la sentencia N° 2002/2862 de 20 de noviembre, dispuso:

“Con fundamento en la norma constitucional, y según el criterio orgánico, toda actuación proveniente de los órganos de la Administración Pública se encuentra sujeta al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, y de conformidad con el criterio material, toda pretensión procesal cuyo fundamento sea una actuación –lato sensu– realizada en ejercicio de la función administrativa, con independencia de la naturaleza del órgano autor, compete ex Constitución a los tribunales contencioso-administrativos”.

Más adelante, la Sala concluyó en que el conocimiento “de todas las acciones contencioso-administrativas fundamentadas en la actuación de cualquier ente u órgano administrativo nacional distinto de los derivados del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (entre otros, institutos autónomos, universidades nacionales, entes corporativos, fundacionales y autoridades nacionales de inferior jerarquía, como es el caso concreto) compete a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia”. Con respecto de las Inspectorías del Trabajo la Sala señaló:

“Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión –distinta de la pretensión de amparo constitucional– que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa.


(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal.

(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.

Esta Corte considera pertinente agregar algunas consideraciones sobre su competencia para conocer de las pretensiones de nulidad contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo conociendo en materia de inamovilidad laboral.

La creencia de que son los tribunales laborales los llamados a conocer de este tipo de pretensiones se sustenta sobre argumentos fácilmente desechables, porque ha existido un difundido error en considerar que los “actos” de las Inspectorías del Trabajo tienen una naturaleza “cuasi-jurisdiccional”, bajo la falsa creencia que “solucionan un conflicto de la misma manera en que lo hacen los órganos jurisdiccionales”. Los partidarios de la existencia de tales tipos de actos consideran que si se aplican normas sustantivas laborales en la solución de un “conflicto laboral”, entonces deben ser los órganos de competencia laboral los llamados a conocer de las demandas de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo en esa materia. La otra razón “formal” aducida para creer que la competencia le corresponde a los tribunales laborales es la supuesta omisión de clarificación por parte del legislador del trabajo sobre a cuál órgano jurisdiccional le corresponde conocer de tales pretensiones de nulidad.

El planteamiento parte de una falsa premisa en torno a lo que debe entenderse por “jurisdicción” y una equivocada visualización de la “naturaleza” del acto dictado por el Inspector del Trabajo. Un acto “jurisdiccional” no lo es por el hecho de que “solucione conflictos”, sino por la tutela de intereses jurídicos que ella involucra, es decir, la noción de jurisdicción ni se identifica ni se agota con el conflicto sino que lo excede, también son jurisdiccionales todas aquellas actuaciones donde, sin la existencia del conflicto, se tutela de manera definitiva un determinado interés jurídico. Pero es que, además, el Inspector del Trabajo no resuelve un conflicto, y en consecuencia se cae la tesis de los actos cuasi-jurisdiccionales.

Cuando el Inspector del Trabajo conoce de una solicitud de calificación de despido, se coloca en la misma posición en que la Administración debe intervenir para “levantar un obstáculo” a un particular en esferas que, en principio, deba estar regido por la autonomía de voluntad. Existen numerosas situaciones en que, por los intereses involucrados que, normalmente, son intereses generales, el Estado coloca determinados obstáculos que frenan la libertad de los ciudadanos, tal ocurre con la publificación de las actividades de servicio público, actividades reservadas, y en las áreas económicas de interés general (como es el caso de las telecomunicaciones). Para que el particular pueda “intervenir” en estas situaciones requiere de técnicas especializadas de Derecho público como son las figuras de la concesión administrativa (en servicios públicos) y las autorizaciones (en las áreas económicas de interés general).

No otra cosa distinta ocurre en materia de inamovilidad laboral. El patrono, en principio goza de autonomía y libertad de empresa (aspectos desarrollados por la Constitución económica), pero, por la existencia de un interés superior en materia de la Constitución social, el Estado coloca límites precisos a la libertad de contratación: a) en materia de estabilidad general o relativa, la carga de satisfacer la reparación de un daño por despido injustificado; y b) en lo correspondiente a la estabilidad especial o inamovilidad, y dada la existencia de un interés general, el Estado prohíbe el despido, traslado o desmejora si, previamente, un órgano de la Administración pública no lo autoriza. Tal autorización es previa al acto de despido y está sujeta, como todas las habilitaciones, al cumplimiento de determinadas condiciones que, en el caso de inamovilidad, es la existencia de una causa “justificada” para el traslado o el despido.

De modo que el acto que dicta la Inspectoría del Trabajo no es más que una autorización administrativa por medio de la cual el patrono puede despedir o trasladar a una persona que ostenta una condición especial de tutela por inamovilidad.

Ello implica que tanto el procedimiento de autorización como el acto autorizatorio no es “jurisdiccional”, ni mucho menos “cuasi-jurisdiccional”, sino un clarísimo procedimiento administrativo y un verdadero acto administrativo. Esta es la razón central por la cual es imposible que los Inspectores del Trabajo puedan aplicar en el procedimiento administrativo constitutivo instituciones procesales jurisdiccionales como la confesión ficta, medidas cautelares, posiciones juradas, etc. Tal actuación se corresponde con una desviación de sus funciones y lesivas al principio de legalidad y al debido proceso administrativo.

Así entonces, concluye esta Corte, que los siguientes elementos cualificantes de la situación analizada traducen como consecuencia necesaria que no sean los tribunales laborales sino los órganos competentes en lo contencioso administrativo los llamados a conocer de las pretensiones de nulidad de los actos emanados del Inspector del Trabajo:

1) Por la naturaleza administrativa del órgano: La Inspectoría del Trabajo es un órgano administrativo dependiente de la Administración pública central, y forma parte de la estructura del Ministerio del Trabajo;


2) Por la naturaleza administrativa del procedimiento: Se trata de un verdadero procedimiento administrativo con todas las características de este tipo de procedimientos en su fase constitutiva;


3) Por la naturaleza administrativa del acto: Se trata de una autorización administrativa por medio de la cual se le faculta al patrono a proceder a despedir o trasladar a un trabajador investido de estabilidad especial o inamovilidad. En los casos de reenganche y pago de salarios caídos, iniciado a instancia del trabajador, el procedimiento administrativo es ‘sancionatorio’ por cuanto el patrono despidió o trasladó sin la correspondiente autorización previa por parte del Estado.

Además de ello, la pretensión de nulidad no conoce directamente de infracciones de Derecho sustantivo laboral, sino de la actuación administrativa del órgano autor del acto, es decir, el juicio de nulidad se centra en determinar si el acto administrativo cumple con los requisitos de validez de todo acto administrativo regulados éstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o si el procedimiento administrativo fue seguido conforme a las pautas del debido proceso. Eventualmente, el juez contencioso conocerá de infracciones al Derecho sustantivo laboral a través del vicio de falso supuesto de hecho o de derecho, pero ello, es uno de los modos en que el acto impugnado pueda estar inficionado pues afecta la teoría integral de la causa de la voluntad administrativa.

En cuanto al segundo argumento que utilizaba la jurisprudencia anterior para creer que la competencia para conocer de las demandas de nulidad de los actos de la Inspectoría del Trabajo, se sostenía en que los tribunales laborales ejercían un “contencioso-administrativo eventual”, por cuanto la Ley Orgánica del Trabajo no establecía una norma expresa atributiva de competencia. Tal argumento, ha venido a ser derrotado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2005/9 de 5 de abril (Caso: Universidad Nacional Abierta), cuando señaló:

“De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.
Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara”.

Con esta sentencia, nuestro Máximo Tribunal viene a dilucidar la vieja polémica de la discusión sobre la competencia en el contencioso administrativo laboral, estableciendo que corresponde a la competencia ordinaria contencioso-administrativa, el conocimiento de las demandas de nulidad de actos administrativos emanados de Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad, y dentro de esa competencia ordinaria precisó que corresponde a los Juzgados Regionales de lo Contencioso Administrativo la competencia en primer grado de jurisdicción, lo cual viene a materializar una vieja aspiración de la doctrina venezolana de acercar la justicia a los justiciables, reforzar el derecho de accionar (derecho de acceso a la jurisdicción), y hacer plena la garantía de tutela judicial efectiva, sobre la cual señaló:

“Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
(…)
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ‘(…) que a la accionante le resulta más accesible’, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide”.

Este criterio fue asumido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 2005/1843 de 14 de abril (Caso Inversiones Alba Due, C.A.) en cuanto a los tribunales superiores de lo contencioso administrativo regionales, pero persiste la duda en cuanto a los juzgados superiores ubicados en el Área Metropolitana de Caracas.

La sentencia analizada, entonces, resuelve el problema de acceso a la justicia que tendrían los justiciables del interior del país, para ello deben precisarse las siguientes premisas:

1.- La Sala Plena distinguió perfectamente la “jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa” (Sala Político Administrativa, Cortes de lo Contencioso Administrativo, y Juzgados Regionales de lo Contencioso Administrativo) de la llamada “jurisdicción contencioso-administrativa especial o eventual” (serían todos los demás tribunales que por excepción y por motivos especiales pudieran conocer de pretensiones nulificatorias de actos administrativos);

2.- Como quiera que no existe una norma expresa atributiva de competencia del contencioso-administrativo eventual, entonces debe concluirse que “dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes”, y corresponderá a “los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos”;

3.- En cuanto a la determinación de los tribunales competentes territorialmente, dentro de la estructura competencial del contencioso-administrativo ordinario, la Sala precisó:

“Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo.
A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en la cual señaló:
‘(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se decide’.
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ‘...que a la accionante le resulta más accesible’, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide”.

De igual modo, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia N° 2005/924 de 20 de mayo (Caso Omar Dionicio Guzmán en recurso de revisión) concluyó en que:

“Una vez que fue hecha la revisión del expediente, esta Sala comprobó que, respecto a la problemática que se planteó en relación con la determinación de los tribunales con competencia para el conocimiento de las demandas de nulidad contra los actos administrativos que emanan de las Inspectorías del Trabajo, en tanto que órganos administrativos, la Sala Plena de este Supremo Tribunal se pronunció el 5 de abril de 2005, de la siguiente manera: (…)
De lo precedente, se concluye que, en la causa respecto de la cual el solicitante pretende el avocamiento, ha cesado la incertidumbre en cuanto a la competencia, que ocasionó las sucesivas declinatorias de la demanda cuyo avocamiento se pretende y, con ello, el desorden procesal en ese juicio”.

De tal forma que existe un consenso tanto en la Sala Político Administrativa como en la Sala Constitucional de nuestro Supremo Tribunal de Justicia en que el régimen competencial establecido en la sentencia de la Sala Plena a que se ha hecho referencia, debe ser el criterio a seguir en las demandas de nulidad de los actos administrativos dictados en materia de inamovilidad laboral dictados por las Inspectorías del Trabajo.

Siendo ello así, comparte esta Corte que la competencia para conocer de las demandas de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo en materia de estabilidad especial (inamovilidad laboral), serán los Juzgados Regionales de lo Contencioso Administrativo y en alzada las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

En armonía con lo antes expuesto, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo observa que el presente caso versa sobre un recurso ejercido contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 144-04 de fecha 9 de junio de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE, en consecuencia esta Corte resulta incompetente para conocer del presente recurso, por lo que corresponde remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, a los fines que asuma la competencia que le ha sido regulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia indicada ut supra dictada por el Máximo Tribunal. Así se decide.

Visto el alcance que a nivel de competencia territorial tiene la decisión del pleno en la jurisdicción contencioso administrativa, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo entiende, que una vez regulada la competencia por el Tribunal superior, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia, tal decisión debe ser acatada sin que sea necesario solicitar la regulación de competencia con fundamento en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil y sin que ello implique, a criterio de este órgano jurisdiccional, la procedencia de la sanción “error jurídico inexcusable” (véase al respecto sentencia n° 01878 del 20/10/04 SPA/TSJ), pues tal como lo ha afirmado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social: “cuando la competencia esté regulada definitivamente por un Tribunal Superior, los Tribunales inferiores debe acatar dicha decisión...” (SCS/ TSJ/sentencia N° RG0077 del 20/02/03).

Efectuadas las consideraciones anteriores observa esta Corte que en el presente caso el recurrente ha demandado la nulidad del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 144-04 de fecha 9 de junio de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE, y conjuntamente ha solicitado medida cautelar de suspensión de efectos.

Con respecto de este aspecto, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había establecido la posibilidad de entrar a conocer de las pretensiones cautelares y, luego remitir el expediente al tribunal competente. Sin embargo, en sentencia de fecha 21 de septiembre de 2005, recaída en el juicio HERBERT & MOORE, C.A., con ponencia conjunta de los jueces integrantes de este órgano jurisdiccional se abandonó el criterio sostenido en el fallo 2005/193 de 28 de abril (caso PROAGRO, C.A.) con base en la siguiente argumentación:

“Ahora bien, esta Corte debe hacer referencia al criterio sustentado en la sentencia N° 2005/193 de 28 de abril caso Proagro. C.A., en contencioso de anulación, con ponencia conjunta de los jueces que la integran, por medio de la cual se había establecido la posibilidad de que este órgano jurisdiccional proveyera sobre las medidas cautelares solicitadas con independencia de remitir el expediente a otro tribunal para la sustanciación de la causa. En efecto, se señaló en aquel entonces:

‘En este punto importa en primer término precisar el ámbito material de la jurisdicción contencioso administrativa, cual es conforme al articulo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los actos administrativos de efectos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; la condena al pago de sumas de dinero; la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; los reclamos por la prestación de servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa; es precisamente este reestablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa, lo que interesa a los fines del pronunciamiento de la decisión que más adelante explanaremos.

Importando a los fines de dicha decisión, invocar la incorporación hecha por la doctrina y la jurisprudencia de la justicia cautelar al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ha motivado al legislador español a afirmar que la adopción de medidas cautelares…’no debe contemplarse como una excepción, sino como una facultad que el órgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario’… (Exposición de Motivos Ley Española de la Jurisdicción Contencioso Administrativo Nº 29/1998 de 13 /07/1998). De allí que la efectividad que se predica respecto a la tutela judicial efectiva, reclama una reinterpretación por parte de los órganos jurisdiccionales de las facultades del juez con potestad jurisdiccional, para acordar medidas cautelares que aseguren la eficacia de la sentencia de fondo, obviamente dentro del respeto a los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, conforme lo ha delineado la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal.

Dentro de este orden de ideas, esta Corte observa que mucho se ha discutido si puede un juez conocer de una pretensión cautelar aun cuando se considere incompetente. El problema no es nuevo, y ofrece soluciones encontradas en el Derecho venezolano. Es tradicional la afirmación según la cual ‘el juez competente para la cautelar es el mismo juez del juicio principal’, en razón de una supuesta ‘accesoriedad’ de las cautelas con respecto a éste. Sin embargo, tal modo de razonar no resulta compatible con una exigencia fundamental postulada en nuestra Constitución, esto es, la tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 26 de nuestra Carta Fundamental (‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente’).

Ahora bien, nos preguntamos cual es el impacto de este mandato constitucional sobre el justiciable o más genéricamente sobre los ciudadanos, ese inefable ser sin rostro en los expedientes judiciales, ese ‘justiciable de a pie’, a quien para nada le interesa las discusiones doctrinarias y hasta las jurisprudenciales sobre quien debe decidir sus asuntos, lo importante es que muchos de ellos llevan años con una demanda de nulidad que ni siquiera ha sido admitida, y desafortunadamente las migraciones procesales frecuentes en nuestros tribunales, han hecho que las causas -en algunos casos - vayan y vengan de un tribunal a otro durante largos periodos, y, lo que resulta peor todavía sin obtener respuesta. Realidad social que nos lleva a afirmar que el modelo de Estado Social de Derecho y de Justicia sólo dejará de ser vacío en la medida en que los operadores de justicia vivifiquen su contenido, y la Constitución dejará de ser un simple papel cuando sus operadores asuman un rol activo y decisivo, aun cuando pueda catalogarse de osadía’.

La legítima preocupación por impartir tutela judicial efectiva, en estos casos donde, por lo general, las personas sufrían los avatares jurisprudenciales para determinar a quién correspondía, en definitiva, la competencia para solucionar sus conflictos; situación ésta que se patentiza al observar que algunos juicios tienen años en los tribunales (laborales y contenciosos) y todavía se encuentran en estado de “admitir” la pretensión respectiva, fue en definitiva lo que llevó a esta Corte a conocer y decidir todas las medidas cautelares que se acompañaban a la pretensión nulificatoria de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo (en materia de estabilidad especial o inamovilidad), y posteriormente, a remitir el expediente al tribunal que resultaba competente por el grado y el territorio (no así por la “materia” puesto que siempre es la misma: contencioso-administrativa).

El análisis realizado para establecer este criterio en torno a la jurisdicción y la competencia, se sustenta sobre sólidas bases doctrinales y en atención al Derecho comparado:

‘En efecto, la nueva Constitución ofrece elementos suficientes para abordar el problema de una manera distinta a como tradicionalmente se había venido tratando: en primer lugar, se consagra, con rango constitucional, el derecho a la jurisdicción entendido como la posibilidad de accionar colocada en cabeza de todos los ciudadanos y ciudadanas de dirigirse ante los órganos de administración de justicia a realizar sus peticiones sobre derechos e intereses, y, en segundo término, se reconoce el derecho a obtener tutela judicial efectiva de los mismos; es decir, no se requiere una ‘cualificación previa’ del interés o del derecho, basta con que se habite en este país para que se tenga acceso al servicio público de administración de justicia, que es la esencia de la jurisdicción.

Siendo entonces que la obligación de garantizar una tutela judicial efectiva está en cabeza de todos los órganos del Poder Público, y que a todo ciudadano o ciudadana se le garantiza una tutela efectiva de sus derechos e intereses, debe ponderar esta Corte la posibilidad de proceder conforme a su doctrina de ‘admitir’ la demanda aunque se carezca de competencia para conocer del fondo de la controversia.

Admitir la demanda es un acto esencialmente jurisdiccional, esto es, para la existencia del proceso constituye un presupuesto básico que el órgano sea de carácter ‘jurisdiccional’ (entendiendo por jurisdicción el servicio público en manos del Estado para dirimir intereses y controversias entre los miembros de una comunidad determinada); luego, el órgano jurisdiccional en este acto de darle entrada a la demanda basta con que verifique si la misma no es contraria a la moral, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, y este examen lo puede realizar perfectamente cualquier órgano jurisdiccional. Luego, la conclusión necesaria de esta primera parte que funge como premisa del resto del análisis es que ‘la jurisdicción es un presupuesto esencial del proceso’, por medio del cual todo órgano de carácter jurisdiccional puede revisar si una demanda es o no, contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.

Ahora bien, la ‘competencia’ no es un ‘presupuesto del proceso’ (en cuanto a la “existencia” del mismo) sino tan sólo de la validez de la decisión que resuelva el mérito del asunto planteado ante los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, la competencia es el límite material y objetivo de la actuación de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la resolución de un conflicto o de una controversia, y por ello es de orden público, no absoluto, sino de orden público relativo.

Este carácter de orden público relativo de la ‘competencia procesal’ puede desprenderse de algunas circunstancias que esta Corte precisa:

a) En materia de amparo constitucional se permite que un órgano jurisdiccional incompetente puede entrar a decidir la pretensión de amparo solicitada y consultarla, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, ante el Juez que efectivamente sea el competente (artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales);

b) En materia laboral, es perfectamente posible que se presente la demanda ante un juez incompetente, y éste debe admitirla si cumple con los requisitos de ley, para producir efectos jurídicos tan importantes como lo es la interrupción de la prescripción;

c) En materia de invalidación, los actos llevados a cabo por un juez incompetente producen efectos jurídicos válidos y sólo se repone la causa al estado que se dicte nueva decisión;

d) En el juicio ordinario civil, declarada la ‘incompetencia’ tiene como efecto que la causa continúe su curso ante el juez que sí sea competente, siendo válidas todas las actuaciones salvo que, concretamente, se violenten o quebranten normas de orden público lo cual apareja la anulación del acto irrito.

e) La declaratoria de incompetencia mientras se tramita el recurso de ‘regulación de competencia’ no impide la continuación de la causa, y sólo se ‘suspende’ en estado de dictar sentencia.
Todos estos ejemplos señalan que la competencia no es un ‘presupuesto del proceso’ sino de la sentencia, esto es, produce efectos sobre la ‘pretensión’ (contenido de la acción) pero con respecto del ejercicio del derecho de accionar el único presupuesto es que se trate de un órgano con ‘jurisdicción’.

Esta Corte sigue creyendo firmemente en los postulados que dieron origen a la doctrina que hoy se revisa, sin embargo, la práctica observada a lo largo de estos últimos cinco meses ha puesto en evidencia que este mecanismo, jurídicamente impecable, no por ello deja de ser complejo y lento. Así, la experiencia indica que el procedimiento de remisión a los tribunales competentes se ha visto retrasado en espera del ejercicio de los mecanismos de impugnación, y con ello la celeridad, que fue uno de los postulados constitucionales tomados en cuenta para el establecimiento de la anterior doctrina, no se ha logrado cabalmente.

Además de ello, se observa que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ha decidido remitir los expedientes sin hacer pronunciamiento alguno sobre las cautelas solicitadas, lo cual implica que dos tribunales del mismo grado y con la misma competencia, manejan criterios totalmente diferentes.

Las dos circunstancias anotadas, en aras de proceder con mayor celeridad, y aclarado como ha sido de manera definitiva la competencia de los Juzgados Superiores Regionales en lo Contencioso Administrativo para conocer de las pretensiones de anulación de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad laboral, y en aras de unificar criterios y establecer prácticas comunes entre las dos Cortes de lo Contencioso Administrativo, esta Corte ha decidido modificar su criterio y ordenar la remisión simple de los expedientes que contienen este tipo de pretensiones jurídicas. Así se decide”.


En aplicación del anterior criterio, se remite el expediente al tribunal indicado como competente en la motiva del presente fallo. Así se declara.

V
DECISIÓN

Por las razones expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por la abogada AMANCIA VIERA HERNÁNDEZ, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO SUCRE (I.N.C.E.), contra la Providencia Administrativa Nº 144-04 de fecha 9 de junio de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO SUCRE, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana CÁNDIDA ROMERO RAUSEO, contra el instituto antes mencionado.

2.- ORDENA remitir el presente expediente, al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, para que conozca y decida, en virtud de la nueva doctrina de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2005/9, de 5 de abril (Caso: Universidad Nacional Abierta), y la presente decisión.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente sentencia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Juez Presidente,


RAFAEL ORTÍZ-ORTIZ
El Juez Vicepresidente,


OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Ponente


La Jueza,


TRINA OMAIRA ZURITA

Secretaria Temporal,



MORELLA REINA HERNÁNDEZ




Exp. Nº AP42-N-2005-000638.-
OEPE / 10/17.-







En la misma fecha, veintiocho (28) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo las cinco horas y catorce minutos de la tarde (5:14 P.M.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001364. Habilitado como fue el tiempo necesario para su publicación.




La Secretaria Temporal