TSJ Regiones - Decisión

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JUEZ-PONENTE: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
EXPEDIENTE N° AP42-O-2004-000919

- I -
NARRATIVA

Se inició el presente procedimiento por demanda presentada el 13 de noviembre de 2003 por ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por la ciudadana MILAGROS VARGAS FUENTES; venezolana, mayor de edad, titular de la cédula identidad n° 4.349.561, asistida por el abogado Argimiro Sira Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 1.259, contentiva de la pretensión autónoma de amparo constitucional, contra el Director General de Recursos Humanos del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S).

En fecha 13 de noviembre de 2003, el mencionado Juzgado admitió la presente pretensión de amparo constitucional, ordenó la notificación de la parte demandada y del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

En fecha 26 de noviembre de 2003, se celebró la audiencia constitucional, dejándose constancia de la comparecencia de ambas partes y del Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público de la Región Capital. Mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2003, declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional.

En fecha 11 de febrero de 2004; ordenó oficiar al Director General de Recursos Humanos, ciudadano Miguel Villegas, en virtud de las diligencias suscrita por la ciudadana Milagros Vargas en fecha 8 de enero 2004 y 5 de febrero de 2004, a fin de que le informara en que estado se encontraba el trámite para dar cumplimiento al fallo dictado en fecha 28 de noviembre de 2003.

En fecha 15 de abril de 2004, ordenó remitir el presente expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines del conocimiento per saltum de la consulta, conforme a la sentencia n° 3533 dictada por la Sala Constitucional en fecha 17 de diciembre de 2003.

Por auto de fecha 23 de noviembre de 2004, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la Resolución “n° 2003-00033 de fecha 27 de enero de 2004”, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y visto que hasta la fecha en que se dicta el mencionado auto la parte interesada no había consignado las copias simples ordenadas en el auto de fecha 15 de abril de 2004, procedió a proveer las mismas a los fines de conformar y remitir el cuaderno separado a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, siendo recibido por esta el 20 de diciembre de 2004, mediante oficio n° 1102-04 de fecha 24 de noviembre de 2004.

El 3 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte y, por auto de la misma fecha, se designó ponente.

Reconstituida la Corte por la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, la misma quedó conformada de la siguiente manera: TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza-Presidenta; OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez-Vicepresidente, y RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez. Por auto de fecha 9 de agosto de 2005, se reasignó la ponencia a quien con tal caracter suscribe el presente fallo.
En fecha 16 de agosto de 2005, se eligió la nueva Junta Directiva de esta Corte, la cual quedó integrada de la siguiente manera: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez-Presidente, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez-Vicepresidente y TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se pasa a dictar decisión con base en la argumentación siguiente:

- II -
DE LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO

En la solicitud de amparo la parte actora señala que el ciudadano José Antor, Director General de Recursos Humanos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, vulneró sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 89, 91, y 94, fundamentando su solicitud en los argumentos siguientes:

Que ingresó a la Administración pública el 1° de diciembre de 1969, ocupando el cargo de Oficinista del Instituto Nacional de Nutrición, donde permaneció hasta el 16 de agosto de 1994, fecha en que fue transferida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con el cargo de Analista de Personal II.

Como hechos específicos señala que desde el mes de marzo de 2003, dejó de cancelársele el sueldo correspondiente a su cargo sin ser notificada de los motivos del ente empleador para tomar tal decisión, al mismo tiempo que se le ha impedido cumplir con las actividades que corresponden al cargo de Analista de Personal II.

Alega que “Solicite, algún tiempo después de una entrevista con el Presidente del Instituto, pero los compañeros de trabajo que tuvieron oportunidad de plantearle el asunto, constataron que el Presidente no sabia nada del asunto, ni tenia conocimiento de que yo hubiera cometido alguna falta que me hiciera acreedor (Sic) a la sanción”.

Señala que el 28 de septiembre del 2003, le envió una nueva comunicación al Presidente del Instituto donde le pidió impartiera instrucciones al Lic. José Antor para que le informara sobre la realidad de su situación laboral.

Aduce que el 16 de octubre del 2003, le dirigió una nueva comunicación al Presidente Jesús María Vitoria; para recordarle su problema, pero no le contestó remitiendo nuevamente la solicitud a la oficina del Director General de Recursos Humanos, quien manifestó expresamente ante personas que así lo pueden declarar, que no le iba a cancelar los sueldos retenidos ni le iba a permitir ejercer ninguna actividad en el cargo que ostenta en el Instituto mientras él estuviera al frente del cargo que ejerce.

Concluye señalando que “el ente empleador no me ha suspendido en el ejercicio de mi cargo, no he sido eliminada de la nomina de pagos, no estoy removida y sigo conservando mi estatus de asegurada activa por la Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, beneficio que se pierde automáticamente cuando el empleado es removido de su cargo”.

Finalmente solicitó sea “Declarado CON LUGAR, el presente amparo, pido se ordene al perturbador señalado, lo siguiente: 1) Restablecerme en el ejercicio de mi cargo de Analista que ostento legítimamente en el IVSS, con los mismos derechos y garantías que tenia para la fecha en que se me impidió su ejercicio. 2) Impartir las instrucciones correspondientes para que se regularice el pago de los sueldos y demás beneficios correspondientes al cargo ejercido, sin mas limitaciones que las establecidas en las leyes aplicables y en la Constitución vigente”.

- III -
DE LA COMPETENCIA

Como punto previo, este órgano jurisdiccional considera necesario pronunciarse acerca de su competencia para conocer sobre la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de noviembre de 2003, que declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

En este sentido, se observa que de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y atendiendo igualmente a lo señalado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de junio de 2004, expediente nº 04-0498, en la cual sostuvo que “en los casos en que el conocimiento de las acciones de amparo en primera instancia corresponda a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las sentencias que estos pronuncien, será competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”, debe declarar su competencia para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de noviembre de 2003. Así se decide.

- IV -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 2003, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró con lugar la pretensión de amparo, y por auto de fecha 23 de noviembre del 2004 se remitió el presente cuaderno separado del expediente n° 03-430 a las Cortes de lo Contencioso Administrativo a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo recibido el 20 de diciembre de 2004 en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.).

De seguidas, esta Corte a los fines de decidir la presente consulta observa:

En fecha 22 de junio de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia mediante la cual interpretó el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando al respecto:

Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

“Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.”

La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.

Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.

El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.

Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.

Asimismo se observa, que el fallo bajo estudio hace hincapié en el recargo de trabajo que generan las causas en consultas, contrariando de tal forma el precepto constitucional establecido en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, al indicar:

En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.

Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.

Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.

En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.

Por último concluye, que en aplicación de la disposición derogatoria única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la institución de “la consulta” quedó derogada, considerando al efecto:

La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)
Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación.
(…)
Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara.

Del fallo parcialmente transcrito, se observa, que la Sala consideró que los expedientes remitidos en consulta, contienen decisiones que al no haber sido impugnadas, se presume que todas las partes están conformes, constituyendo más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal, condicionando la decisión de las mismas, a que cualquiera de las partes involucradas manifestaran su interés en que se decidiera la consulta que esté pendiente, para lo cual otorgó el lapso de treinta (30) días posteriores a la publicación del fallo en Gaceta Oficial, lapso éste que comenzó a computarse desde el día 1º de julio de 2005, venciendo el mismo en fecha 31 de julio del mismo año.

Ahora bien, una vez revisadas las actas que conforman la presente pretensión de amparo constitucional incoada por la ciudadana Milagros Vargas Fuentes, contra el ciudadano José Antor, en su condición de Director General de Recursos Humanos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), se evidencia que ninguna de las partes involucradas acudió ante esta Corte a los fines de manifestar su interés en que la presente consulta se decidiera, toda vez que la última actuación que cursa a las actas corresponde al auto de fecha 3 de febrero de 2005, mediante el cual se dio cuenta a la Corte y se designó ponente y siendo que en fecha 31 de julio del mismo año venció el lapso otorgado por la Sala Constitucional a los fines de cumplir tal condición, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en cumplimiento del fallo dictado por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, quedando definitivamente firme la decisión sujeta a consulta. Así se decide.

- V -
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DEFINITIVAMENTE FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional autónomo interpuesta por la ciudadana MILAGROS VARGAS FUENTES contra el ciudadano JOSÉ ANTOR, antes identificados, conforme lo establecido en sentencia nº 2005/1307 del 22 de junio, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que las partes involucradas en la presente causa no manifestaron su interés en que la presente consulta fuere decidida.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen y déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005). Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Juez-presidente,

RAFAEL ORTIZ-ORTZ
Ponente
El Juez-vicepresidente,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL

TRINA OMAIRA ZURITA
Jueza

La Secretaria Temporal,

MORELLA REINA HERNANDEZ

Exp. AP42-O-2004-000919
ROO/XIX

En la misma fecha, veintiocho (28) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo las tres horas y treinta y ocho minutos de la tarde (3:38 P.M.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001351.

La Secretaria Temporal