REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE SEGUNDA

CARACAS, DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2005 Años 195° y 146° El 10 de junio de 2003 se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 403-03 de fecha 5 de junio de 2003 emanado de la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSÉ LEÓN GAMBOA JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N°4.084.623, asistido por la abogada Kaly Barrios de Fernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 65.723, contra el ciudadano LIBORIO GUARULLA, titular de la cédula de identidad N° 1.568.165, en su carácter de GOBERNADOR DEL ESTADO AMAZONAS, en virtud de la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 87, numeral 4 del 89, 91 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, efectuada por el referido órgano, con ocasión del incumplimiento de la Providencia Administrativa S/N de fecha 30 de enero de 2003 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO AMAZONAS, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el accionante contra el referido órgano. Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta de Ley a que se encuentra sometida la decisión dictada por la referida Corte el 28 de mayo de 2003, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El 13 de junio de 2003 se dio cuenta a esa Corte, y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Perkins Rocha Contreras a los fines legales consiguientes. El 18 de junio del mismo año, se pasó el expediente al Magistrado ponente. En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución N° 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, y habiéndose designado a los jueces que actualmente la conforman en fecha 15 de julio del presente año, esta Corte quedó constituida de la manera siguiente: María Enma León Montesinos (Presidenta), Jesús David Rojas Hernández (Vicepresidente) y Betty Josefina Torres Díaz (Jueza). En atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución N° 68 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004, modificada mediante Resolución N° 90 de fecha 4 de octubre de 2004, dictada por el mismo Órgano, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo los expedientes de las causas cuyo número terminara en un dígito par, como ocurre en el presente caso. Por auto de fecha 25 de agosto de 2005, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y en virtud de la distribución automática de la causa realizada por el Sistema JURIS 2000, se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 26 de agosto de 2005 se pasó el expediente a la Jueza ponente. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones: I Según lo establecido en la sentencia N° 1307 de fecha 22 de junio de 2005, recaída en el caso: Ana Mercedes Bermúdez, expediente N° 03-3267, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, los expedientes que se remiten a los fines de conocer sobre la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contienen decisiones en relación con las cuales se presume que, por falta de apelación, todas las partes están conformes con lo decidido por la primera instancia constitucional. En dicho fallo se estableció que: “Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará -ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación -en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado (…)” (Negrillas de esta Corte). En vista de lo anteriormente expuesto, observa este Órgano Jurisdiccional que desde la fecha de recibo del expediente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo -10 de junio de 2003-, a la fecha de la presente decisión, las partes intervinientes en el procedimiento no manifestaron interés alguno en la consulta remitida, tal inactividad acarrea como consecuencia que habiendo transcurrido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, debe quedar firme la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tánsito, Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas en fecha 28 de mayo de 2003, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo. Así se decide. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. La Presidenta, MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS Ponente El Vicepresidente, JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ La Jueza, BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ La Secretaria, JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ Exp. N° AP42-0-2003-002238 MELM/010 En la misma fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 10:00 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02966, sin la firma de la ciudadana Jueza, Betty Josefina Torres Díaz, por haberse ausentado temporalmente y por motivos plenamente justificados durante su discusión.- La Secretaria