EXPEDIENTE N° AP42-N-2003-000886
JUEZ PONENTE: JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

En fecha 11 de marzo de 2003 se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos por los abogados Anisorely Colombo Bolívar y Jesús Gerardo Febres Cordero Salas inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 33.224 y 8.133, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES 333-4 C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, bajo el N° 21, tomo 3-A de fecha 11 de marzo del año 1999, contra la Providencia Administrativa de fecha 12 de diciembre de 2002, dictada por la Sub-Inspectoria del Trabajo en Guanare, Estado Portuguesa, que ordenó el reenganche y correspondiente pago de salarios caídos del ciudadano Victor José Nuñez Hidalgo.

Por auto de fecha 13 de marzo de 2003, se dio cuenta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y por auto de la misma fecha se ordenó oficiar al Ministerio del Trabajo a los fines de que dicho organismo remitiera el expediente administrativo correspondiente.

En fecha 24 de abril de 2003, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo admitió el recurso contencioso administrativo interpuesto.

Mediante Resolución número 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con las mismas competencias y atribuciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando integrada por tres jueces.

A través de la Resolución de fecha 15 de julio de 2004, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.980, fueron designados los Jueces de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Consta en Acta N° 003 de fecha 29 de julio de 2004, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo quedó integrada de la siguiente forma: MARÍA ENMA LEON MONTESINOS, Presidenta; JESÚS DAVID ROJAS HERNANDEZ, Vicepresidente y BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ, Jueza.

En atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución N° 68 dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004, modificada por la Resolución N° 90 de fecha 4 de octubre de 2004, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, los expedientes de las causas cuyo último dígito fuese un número par, como ocurre en el presente caso.

En fecha 23 de septiembre de 2004 se recibió en el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo diligencia suscrita por la abogado Anisorely Colombo Urbina en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES 333-4 C.A. mediante la cual solicitó el abocamiento en la presente causa.

Por auto de fecha 29 de septiembre de 2004, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se abocó al conocimiento de la presente causa.

En fecha 10 de agosto de 2005, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ordenó remitir el presente expediente a la Corte Segunda, a los fines de que dicte la decisión correspondiente.

Por auto de fecha 11 de agosto de 2005, esta Corte se abocó al conocimiento del asunto y, en virtud de la distribución automatica efectuada por sistema JURIS 2000, se designó ponente al ciudadano Juez Jesús David Rojas Hernández, a los fines de que dicte la decisión correspondiente.

El 18 de agosto de 2005 se pasó el presente expediente al Juez Ponente.

El 20 de septiembre de 2005 se recibió de la abogada Alicia Jiménez de Meza, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 22.977, en su condición Fiscal del Ministerio Público opinión fiscal constante de siete (07) folios útiles y anexos A y B.
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Mediante escrito de fecha 11 marzo de 2003, los apoderados judiciales de la parte recurrente solicitaron la declaratoria de nulidad de la Providencia Administrativa de fecha 12 de diciembre de 2002, dictada por la Sub-Inspectoría del Trabajo en Guanare, Estado Portuguesa, alegando al efecto que el acto administrativo impugnado viola el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus numerales 1, 3 y 4, toda vez que se obvió el debido proceso y el derecho a la defensa de su mandante, por cuanto no fue notificada, ni llamada a participar en el procedimiento administrativo incoado en su contra por el ciudadano Víctor José Núñez Hidalgo.

Así mismo argumentó, que tal acto infringió las normas contenidas en los artículos 454 y 455 de la Ley Orgánica del Trabajo, atinentes en referencia al procedimiento de notificación e interrogatorio que debe realizar el Inspector, y que en ningún momento pudieron alegar ante la Inspectoría del Trabajo respectiva, las defensas pertinentes para que se les aperturara el período probatorio correspondiente.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previo a emitir cualquier pronunciamiento respecto al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, esta Corte observa lo siguiente:

Es el caso que el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto se dirige a impugnar una providencia administrativa emanada de un órgano administrativo como lo es la Sub-Inspectoría del Trabajo en Guanare, Estado Portuguesa

Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal, en sentencia N° 01458 de fecha 6 de abril de 2005, atendiendo al criterio establecido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 9 de fecha 5 de abril de 2005, señaló que “(…) el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares, corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales (…)”.

Igualmente cabe destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 924 de fecha 20 de mayo de 2005, en el expediente signado bajo el N° 04-2893 (caso: Omar Dionisio Guzmán), en aplicación del criterio expuesto en la identificada sentencia de la Sala Plena del Máximo Tribunal, señaló que con tal decisión ha cesado la incertidumbre en cuanto a la competencia para conocer de los recursos contenciosos administrativos de nulidad contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo.

De lo anterior se observa que los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo son los competentes para conocer de las pretensiones de nulidad que se intenten contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, por lo cual esta Corte estima que del caso de autos surgió una causal sobrevenida de incompetencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto en primera instancia. Así se declara.

En virtud de lo antes expuesto, esta Corte estima que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental es el competente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Anisorely Colombo Bolívar y Jesús Gerardo Febres Cordero Salas, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES 333-4 C.A., antes identificada, contra la Providencia Administrativa de fecha 12 de diciembre de 2002, dictada por la Sub-Inspectoría del Trabajo de Guanare, Estado Portuguesa, que ordenó el reenganche y correspondiente pago de salarios caídos del ciudadano Víctor José Nuñez Hidalgo.

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional declina la competencia para conocer de la presente causa en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, de la Región Occidental, razón por la cual se ordena remitir el presente expediente anexo oficio.

III
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones que anteceden, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

1. Se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Anisorely Colombo Bolívar y Jesús Gerardo Febres Cordero Salas, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES 333-4 C.A. antes identificada, contra la Providencia Administrativa de fecha 12 de diciembre de 2002, dictada por la Sub-Inspectoría del Trabajo en Guanare, Estado Portuguesa, que ordenó el reenganche y correspondiente pago de salarios caídos del ciudadano Victor José Nuñez Hidalgo.

2. DECLINA la competencia para conocer el presente recurso contencioso administrativo en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

3. SE ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado antes mencionado anexo Oficio.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.




MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Presidenta



JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
Vicepresidente-ponente



BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Jueza




JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
La Secretaria

Exp. N° AP42-N-2003-000886
JDRH/14

En la misma fecha veintiún (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 9:03 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-03030.



La Secretaria