Expediente N° AP42-N-2004-001357
JUEZA PONENTE: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
En fecha 7 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto, por la ciudadana MARITZA JOSEFINA VILLASMIL, titular de la cédula de identidad N° V-5.835.858, actuando con el carácter de Presidenta de la sociedad mercantil SECURE WRAP PROTECTION DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, el 20 de junio de 1997, bajo el N° 46, Tomo 332-A-Sgdo, asistida por la abogada Francis Zapata, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.513, contra la Providencia Administrativa N° 288/04 dictada en fecha 9 de junio de 2004 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano IVANYENIER DIAZ.
Por auto de fecha 3 de agosto de 2005, se dio cuenta a la Corte y en esa misma fecha, se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz.
El 9 de agosto de 2005 se pasó el expediente a la Jueza Ponente.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD
En su escrito libelar, la recurrente fundamentó su pretensión, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que “(…) no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del trabajo (sic) (…) la supuesta notificación se llevó a cabo en un lugar distinto al domicilio de mí representada, por lo que no alcanzó ésta a enterarse de un procedimiento llevado en su contra por ante la Inspectoría del Trabajo, violándose con ello su derecho a la defensa, (…)”.
Que “(…) la Inspectoría del Trabajo incurre en desviación de poder toda vez que inicia, tramita y decide un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos conforme a las atribuciones que le están legalmente conferidas, (…) pero lo hace violentando el procedimiento legalmente establecido para procurar favorecer a una de las partes (trabajador-solicitante), con el único fin de obligarla a reenganchar al trabajador, (…)”.
Que “(…) la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas, incumple la normativa legal vigente pues no observó lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, (…)”.
Que “(…) la administración incurre en falso supuesto de hecho, al señalar que mi representada fue notificada cumpliendo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo (…)cuando se evidencia del expediente administrativo, que el patrono nunca fue notificado ni cumpliendo con previsiones del artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo, ni con las actuaciones referidas al artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo que hace que la administración fundamente su decisión en hechos inexistentes, (…)”.
Por último, solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado en base al artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, así como la declaratoria con lugar del recurso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 288/04 de fecha 9 de junio de 2004.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para decidir, pasa esta Corte a dictar sentencia previas las siguientes consideraciones:
Ahora bien, siendo la competencia materia de orden público y por ende revisable en todo estado y grado del proceso, resulta preciso señalar que mediante decisión de fecha 6 de abril de 2005 (caso: Operaciones al Sur del Orinoco, C.A., (OPCO) vs. la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar), la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ratificando el criterio establecido en fecha 5 de ese mismo mes y año por la Sala Plena del Máximo Tribunal (caso: Universidad Nacional Abierta vs. Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo) declaró competente a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para conocer de los recursos contencioso administrativo de nulidad intentados contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo,
En dicha sentencia, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado lo siguiente:
“Ahora bien, el referido conflicto fue resuelto mediante sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de fecha 5 de abril de 2005, en la cual se dejó sentado que ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.
Conforme a las consideraciones expuestas en el fallo antes aludido, esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00/091 de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar (…) por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se declara”.
Tal criterio, ha sido ratificado más recientemente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión de fecha 20 de mayo de 2005 (caso: Omar Dionisio Guzmán).
En tal sentido, siendo el objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa, una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, debe esta Corte acoger el criterio transcrito supra, y en consecuencia, declararse incompetente para conocer de la presente causa, y así se decide.
Así, siendo que la Providencia Administrativa impugnada fue dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Vargas, debe esta Corte declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital al que le corresponda luego de realizar la distribución. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
1.- SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana MARITZA JOSEFINA VILLASMIL, titular de la cédula de identidad N° V-5.835.858, actuando con el carácter de Presidenta de la sociedad mercantil SECURE WRAP PROTECTION DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, el 20 de junio de 1997, bajo el N° 46, Tomo 332-A-Sgdo, asistida por la abogada Francis Zapata, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.513, contra la Providencia Administrativa N° 288/04 dictada en fecha 9 de junio de 2004 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano IVANYENIER DIAZ.
2.- DECLINA la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a quien corresponda luego de realizada la distribución.
3.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con funciones de Distribución, a los fines consiguientes.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,
MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
El Vicepresidente,
JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,
BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente
La Secretaria,
JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
BJTD/
Exp. N° AP42-N-2004-001357
En la misma fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 10:35 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-03064.
La Secretaria
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