TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de Puerto Cabello
Puerto Cabello, 30 de Septiembre de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : GP11-P-2005-002638
ASUNTO : GP11-P-2005-002638

AUTO RESOLVIENDO SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD

Visto el contenido del escrito que antecede recibido en fecha 29-09-2005, por el ciudadano Abogado ARISTIDES RUBIO BARRANCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.323, en su carácter de Defensor del imputado HENRY ISNALDO MARTINEZ LIZARAZO, titular de la Cédula de Identidad N° 15.226.769, mediante el cual en base a los Artículos 8, 9, 243, 244, 247 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, le sea otorgada una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal para decidir observa:
PRIMERO: En fecha 06 de Septiembre de 2005 se decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad al imputado HENRY ISNALDO MARTINEZ LIZARAZO, por considerar llenos los extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, por estar ante la presunta comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad sin estar evidentemente prescrita la acción para ejercerla, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado haya sido autor o participe en la comisión del mismo, y de una presunción razonable del peligro de fuga por la pena que podría llegarse a imponer y por la magnitud del daño causado. Nos referimos, a la precalificación fiscal de los Delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, LESIONES PERSONALES y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en el artículo 406 ordinal 1°, Artículo 415 y Artículo 277 respectivamente del Código Penal vigente; (Precalificación Provisional); todo de conformidad con los Artículos 250 y 251 numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: De la presentación del Escrito interpuesto en la causa, por la Representación Fiscal, de las declaraciones aparecidas en las actas de entrevistas, y de las circunstancias que rodearon el hecho punible, se desprende que la calificación de los hechos imputados revisten singular gravedad. Es criterio de quien aquí decide, que aquellos delitos pluriofensivos provistos de características amenazantes a la vida misma, revisten un daño social irreparable y de incalculable valor, no sólo de la persona humana sino de la sociedad que todavía no ha comprendido racionalmente que la columna vertebral de todo sistema de derecho es la vida. Estando en esta fase incipiente de investigación penal, se hace necesario investigar en profundidad las circunstancias que rodearon la comisión de tales delitos.
TERCERO: La proporcionalidad como principio del Derecho Penal, implica una adecuación a la Justicia como valor, es decir, que no basta una simple invocación de principios constitucionales y una enumeración de normas procesales, para deducir un derecho a su favor, sino que debe producirse una operación intelectiva de subjunción de los hechos, sin prejuzgarlos, pero si proyectándolos tal como han sucedido en la realidad, para su debida y equitativa adecuación en la norma penal y la relación que guarda con el imputado. De modo pues, que por las circunstancias que relacionan o vinculan al imputado con los hechos, la magnitud del daño causado y la elevada pena que producen los delitos imputados, luce razonable presumir el peligro de fuga, independientemente de las circunstancias de “efectivo miliar activo adscrito al Comando Regional N° 9 de la Guardia Nacional”, que se alega como condición que presenta el imputado.
CUARTO: En el numeral 1 del Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los Artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, se consagra el Principio de la Afirmación de la Libertad Personal, el cual ordena mantener en libertad durante el proceso a las personas enjuiciadas, pero establece "excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso...", las cuales han sido descritas anteriormente y constituyen para este Juzgador, razones mas que suficientes para negar el pedimento de la Defensa, estimándose que el imputado debe continuar impuesto de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad que le fuera dictada.
DECISION
Por los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, interpuesta por el Abogado ARISTIDES RUBIO BARRANCO, en su carácter de Defensor del imputado HENRY ISNALDO MARTINEZ LIZARAZO. Así se decide. Notifíquese a las Partes. Líbrese el Oficio correspondiente al Director del Internado Judicial Carabobo. Déjese Copia. Cúmplase

El Juez de Control N° 1,

JOSE STALIN ROSAL FREITES
La Secretaria,

ABOG. YISHELL BONILLA