TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
EXPEDIENTE No. AP42-N-2003-001339

En fecha 10 de abril de 2003, se recibió en la Secretaría de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, oficio No. 03-0627 de fecha 02 de abril de 2003, proveniente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el Abogado Diecer Herberth Ortiz Rugeles, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 73.177, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el No. 13, Tomo 91-A Pro, de fecha 28 de noviembre de 1991, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa No. 174-02 de fecha 27 de junio de 2002, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO LIBERTADOR, mediante el cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos solicitado por el ciudadano ADRIAN AGUILERA, titular de la cedula de identidad No. 9.974.678, contra la referida sociedad mercantil.

Dicha remisión se efectuó, en virtud que el referido Juzgado mediante decisión de fecha 02 de abril de 2003, declinó la competencia en esta Corte, en razón del criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 2.862 de fecha 20 de noviembre de 2002.

En fecha 22 de abril de 2003, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente.

Mediante decisión del 05 de junio de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo: 1) Se Declaró competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto; 2) Admitió el presente recurso; 3) Procedente la medida cautelar de suspensión de efectos y; 4) Ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe su curso de Ley.

Constituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 19 de octubre de 2005, por la designación de los nuevos Jueces realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ésta quedó conformada de la manera siguiente: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Juez Presidente; AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, Juez Vicepresidente y NEGUYEN TORRES LÓPEZ, Juez.

La Corte se abocó al conocimiento de la causa en fecha 28 de marzo de 2006, y reasignó la ponencia al Juez JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa las siguientes consideraciones:
-I-
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

La parte recurrente fundamentó su pretensión en las razones de hecho y de derecho siguientes:

Expuso, que en fecha 17 de enero de 2002, el ciudadano Adrián Aguilera, procedió a solicitar por ante la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal, Municipio Libertador, el inició del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos contra su representada, alegando desmejora en la relación laboral, por haber sido retenido su salario desde el 18 de diciembre de 2001, mientras estaba amparado por la inamovilidad laboral prevista en el artículo 449 y 451 de la Ley Orgánica del trabajo.

Que, en fecha 02 de febrero de 2002, se procedió al acto de contestación a la solicitud, en la cual no intervino la representación de la reclamada, en virtud de considerar ilegal y absurda la formulación efectuada por el trabajador.

Alegó, que el acto administrativo recurrido esta viciado de nulidad absoluta, por ser un acto de imposible e ilegal ejecución y por haber sido dictado por una autoridad manifiestamente incompetente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Arguyó, que la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal, Municipio Libertador, es incompetente para conocer sobre la solicitud “…de desmejora y reenganche y pagos de salarios caídos…” del trabajador, y declarar su restitución inmediata así como el pago de los salarios caídos, asumiendo funciones que de acuerdo con la Constitución y la Ley, están atribuidas a otro órgano administrativo.

Denunció, que la providencia administrativa recurrida esta viciada de falso supuesto de derecho, al transgredir lo dispuesto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que el accionante se contradice al formular una solicitud donde alega desmejora de su relación laboral, y a la vez solicita el reenganche y pago de salarios caídos.

Indicó, que por haberse alegado la desmejora en la relación laboral, se debió proceder acorde con lo establecido en el articulo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual es diferente a cuando se alega el reenganche y pago de salarios caídos por despido del patrono, es decir, cuando hay manifestación de voluntad del patrono de poner fin a la relación laboral, situación debidamente establecida en el artículo 99 eiusdem.

Alegó, que según sentencia de esta Corte, la confesión ficta es una institución netamente procesal por expresa disposición de la Ley, y en modo alguno aplicable analógicamente al procedimiento administrativo laboral.

Solicitó, con fundamento en el artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la extinta Corte Suprema de Justicia, la suspensión de los efectos de la providencia administrativa No. 174-02 de fecha 27 de junio de 2002, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal, Municipio Libertador, “...ya que tal suspensión es aplicable para evitar perjuicios irreparables que causaría al ejecución de la Providencia Administrativa…”.

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante decisión de fecha 02 de abril de 2003.

A tales fines importa observar que en fecha 2 de marzo de 2005, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 09, publicada el 5 de abril de 2005, resolvió el conflicto de competencia planteado por las Salas Constitucional y Político Administrativa del Máximo Tribunal, con motivo de la posición sostenida por cada una de las mencionadas Salas respecto a cuál de los Tribunales, dentro de la Jurisdicción laboral o administrativa, correspondía el conocimiento de los recursos de nulidad incoados contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo.

Al respecto, la Sala sostuvo que:

“… ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara.
…omissis…
Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República de Venezuela).
…omissis…
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ‘...que a la accionante le resulta más accesible’, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide…”.

Siendo así, ha quedado claro que la competencia para conocer en primera instancia acerca de los recursos contenciosos administrativo de nulidad contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, corresponde a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Región en la cual tenga su sede la Inspectoría correspondiente. Así puede observarse que tal criterio fue ratificado recientemente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 3517 de fecha 14 de noviembre de 2005, la cual estableció lo siguiente:

“…Ello así, todos los Tribunales de la República, entre ellos, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, los Tribunales Laborales y los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Regionales, quedan encargados de velar por el acatamiento del criterio jurisprudencial aquí ratificado, -sic- por lo que tienen el deber de remitir todas las causas que reposan en sus archivos a los tribunales que resulten competente sin mayor dilación, en acatamiento a lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.
…omissis…
Por otro lado, las causas de nulidad que se encuentren en fase de sustanciación, vistos o para sentencia definitiva, deberán ser inmediatamente remitidas al Tribunal competente en primera instancia en base al criterio jurisprudencia aquí expuesto, esto es a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, a los cuales corresponderá continuar con la sustanciación del expediente para su curso regular y la consiguiente decisión definitiva; correspondiéndole el conocimiento de la apelación de tales decisiones a las Cortes de lo Contencioso Administrativo …”.

Precisado lo anterior, esta Corte observa que el presente caso versa sobre un recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa No. 174-02, dictado por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Federal, Municipio Libertador, razón por la cual y en armonía con los precitados criterios jurisprudenciales, este Órgano Jurisdiccional NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y ORDENA la remisión inmediata del expediente al referido Juzgado Superior. Así se decide.

-III-
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

1. NO ACEPTA la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante auto de fecha 02 de abril de 2003, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el Abogado Diecer Herberth Ortiz Rugeles, ya identificado, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa No. 174-02 de fecha 27 de junio de 2002, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO LIBERTADOR, mediante el cual declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos solicitado por el ciudadano ADRIAN AGUILERA, titular de la cedula de identidad No. 9.974.678, contra la referida sociedad mercantil.

2. ORDENA la remisión inmediata del expediente al referido Juzgado Superior, a los fines de que conozca la presente causa.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ___________________ ( ) días del mes de ____________________ de dos mil seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.
EL JUEZ PRESIDENTE,

JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
PONENTE

LA JUEZ VICE-PRESIDENTE,

AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA

LA JUEZ,

NEGUYEN TORRES LÓPEZ

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

MARIANA GAVIDIA JUÁREZ

EXPD. NO. AP42-N-2003-001339
JSR/-