Expediente. N° AP42-O-1993-014588 JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL En fecha 8 de septiembre de 1993, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Oficio N° 894 de fecha 23 de agosto de 1993 emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, expediente contentivo del recurso de amparo constitucional ejercido por los abogados MARÍA DE LOS ÁNGELES HIDALGO, ALONSO VALBUENA, ABRAHAM VALBUENA PERÉZ, LUZ ELBA GILLY C, NINEL B, RUJANO A, AMÉRICA DÍAZ FERRER, EDILSON JOSÉ PÉREZ SOLÍS, JOSÉ ORLANDO MARCIANI MORA, ADONAY MEJÍAS Y ALDO JOSÉ CÁCERES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 43.886, 21.886, 27.996, 40.235, 37.113, 27.900, 34.788, 38.680, 37.417 y 43.888, respectivamente, actuando en sus propios nombres y representación, contra el COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO BARINAS. Tal remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por el referido Juzgado el 19 de agosto de 1993, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la presente causa y declina la competencia en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. El 09 de septiembre de 1993, se dio cuenta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en esta misma fecha se designó ponente al Magistrado Jesús Caballero Ortiz, a los fines que decidiera acerca de la competencia para conocer de la causa. Mediante Resolución N° 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con las mismas competencias y atribuciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando integrada cada una de ellas por tres jueces. En atención a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución N° 68 del 27 de agosto de 2004 dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004, modificada por la Resolución N° 90 del 4 de octubre de 2004 dictada por el mismo órgano, se acordó la distribución de las causas que se encontraban en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo los expedientes de las causas cuyo último número finalizara en un digito par, como ocurre en el presente caso. En Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de octubre de 2005, fueron designados los jueces de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, siendo juramentados ante esa misma sede jurisdiccional el 18 del mismo mes y año. Por cuanto en fecha 19 de octubre de 2005 quedó reconstituido este Órgano Jurisdiccional de la siguiente manera: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, Presidenta; ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Vicepresidente; y ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Juez; el 20 de abril de 2005 esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba. En fecha 14 de marzo de 2006, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de la misma fecha, se reasignó ponente al Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a los fines de que la Corte dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha se pasó el expediente al Juez Ponente. I ANTECEDENTES En fecha 6 de agosto de 1993, los abogados MARÍA DE LOS ÁNGELES HIDALGO, ALONSO VALBUENA, ABRAHAM VALBUENA PERÉZ, LUZ ELBA GILLY C, NINEL B, RUJANO A, AMÉRICA DÍAZ FERRER, EDILSON JOSÉ PÉREZ SOLÍS, JOSÉ ORLANDO MARCIANI MORA, ADONAY MEJÍAS Y ALDO JOSÉ CÁCERES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 43.886, 21.886, 27.996, 40.235, 37.113, 27.900, 34.788, 38.680, 37.417 y 43.888, respectivamente, interpusieron solicitud de amparo constitucional ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario Tránsito, Trabajo, estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Mediante decisión dictada en fecha 9 de agosto de 1993, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario, Tránsito, Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, al cual declaró sin lugar la petición de los recurrentes en lo que respecta impedir el sufragio en las elecciones gremiales de los abogados inscritos en el Colegio de Abogados del Estado Barinas declinando el conocimiento y enviando a consulta con el superior competente conforme a lo dispuesto con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En fecha 10 de agosto de 1993, el Juzgado Segundo Accidental de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, dictó la medida cautelar que precede conforme el artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales En fecha 19 de agosto de 1993, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario, Tránsito, Trabajo, y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, declaró su incompetencia para conocer de este asunto, y declinó en Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, y en consecuencia se ordenó remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en razón a la incompetencia declarada quedo sin efecto la medida cautelar dictada en fecha 9 de agosto de 1993, por el Juzgado Segundo Accidental. A tal efecto se libró oficio de remisión Nº 4645 a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Una vez recibido el presente expediente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante decisión Nº 93-948 de fecha 15 de octubre de 1993, la citada Corte aceptó la declinatoria de competencia propuesta y se declaró competente para conocer de la acción de amparo interpuesta; y admitió la presente acción de amparo constitucional de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Revisadas las actas que conforman el presente expediente, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pasa a decidir previas las siguientes consideraciones: II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Previo a cualquier pronunciamiento sobre el presente caso, este Órgano Jurisdiccional observa: Que analizadas las actas que conforman el presente expediente, este Órgano jurisdiccional evidencia que la presente causa se encuentra paralizada desde el 13 de agosto del 2003 tal como se desprende al vuelto del folio 70, sin que las partes hayan manifestado en forma alguna su interés en la continuación de un proceso de características tan especiales como el amparo constitucional; por tal motivo resulta necesario analizar el alcance de la figura del abandono del trámite en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los que haya transcurrido un período de tiempo prolongado sin que se haya ejecutado ningún acto de procedimiento instado por las partes para dar impulso a éste. En tal sentido, considera esta Corte oportuno traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 982 de fecha 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en la cual se señaló lo siguiente: “(…) 1. Según estatuye el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil -derecho común en materia procesal-, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes. Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional. (…Omissis…) Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional a quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, ‘Jurisprudencia Constitucional 1981-1995’, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”. (Negritas de esta Corte). En aplicación del criterio jurisprudencial anteriormente esbozado, el legislador ha estimado que, como consecuencia del carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia por más de seis (6) meses de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales entraña el conocimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener la protección acelerada y preferente por esa vía; resulta lógico deducir que, una vez iniciado el proceso, soportar una paralización de la causa sin impulsarla por un período semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. El criterio anterior, el cual tiene carácter vinculante, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.252 del 2 de agosto de 2001, para que fuera aplicado a las causas que se encontraran paralizadas en las circunstancias expuestas. No obstante lo anterior, visto que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como la doctrina antes mencionada de la referida Sala han establecido que tal declaratoria está supeditada a la circunstancia de que la violación alegada no sea de eminente orden público o que no afecte las buenas costumbres, de seguidas, se procederá a verificar dicha circunstancia. Al respecto, se advierte que, en anteriores oportunidades, la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal ha señalado que las violaciones que infringen el orden público y las buenas costumbres se dan cuando la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general más allá de los intereses particulares de los accionantes, o cuando sean de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico (Vid. Sentencia N° 1419/2001 del 10 de agosto de 2001, caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera). Establecido lo precedente, este Órgano Jurisdiccional analizará si las denuncias que sustentan la tutela constitucional solicitada involucran el orden público en los términos expuestos. Así, se evidencia del escrito contentivo de la acción de amparo constitucional incoada, por los abogados María De Los Ángeles Hidalgo, Alonso Valbuena, Abraham Valbuena Peréz, Luz Elba Gilly C, Ninel B, Rujano A, América Díaz Ferrer, Edilson José Pérez Solís, José Orlando Marciani Mora, Adonay Mejías y Aldo José Cáceres, solicitaron el amparo constitucional por considerar “(…) la inconstitucionalidad del Parágrafo Unico (sic) del Artículo 36 de la Ley de Abogados, el cual viola los Artículos 61 y 60 ordinal 7º, 50 y 112 de la Constitución Nacional.- igualmente denunciamos la falsa aplicación por errónea interpretación del Aparte Único (sic) del mencionado Artículo 36 de la Ley de Abogados con lo cual se viola el contenido de los Artículos 50 y 72 de nuestra Carta Magna.” Ahora bien, del análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas por los accionantes, así como de la naturaleza individual de los derechos denunciados como conculcados, esta Corte juzga que las mismas sólo afectaban la esfera particular de los derechos subjetivos de los presunto agraviados, por lo que la situación jurídica que se alega infringida no involucra el orden público ni las buenas costumbres. Con fundamento en las consideraciones precedentes, este Órgano jurisdiccional declara terminado el procedimiento por abandono del trámite en la presente acción de amparo constitucional. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite, en la acción de amparo constitucional incoada por los abogados MARÍA DE LOS ÁNGELES HIDALGO, ALONSO VALBUENA, ABRAHAM VALBUENA PERÉZ, LUZ ELBA GILLY C, NINEL B, RUJANO A, AMÉRICA DÍAZ FERRER, EDILSON JOSÉ PÉREZ SOLÍS, JOSÉ ORLANDO MARCIANI MORA, ADONAY MEJÍAS Y ALDO JOSÉ CÁCERES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 43.886, 21.886, 27.996, 40.235, 37.113, 27.900, 34.788, 38.680, 37.417 y 43.888, respectivamente, contra el COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO BARINAS. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Veintiséis (26) días del mes de Abril de dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. La Presidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ El Vicepresidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA La Secretaria Acc, NATALI CÁRDENAS RAMÍREZ Exp. N° AP42-O-1993-014588 ASV/k En la misma fecha Veintiséis (26) de Abril de dos mil seis (2006), siendo la (s) 02:08 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2006-001092. La Secretaria Acc.