TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas

SEDE CONSTITUCIONAL

Por recibido el libelo de demanda interpuesto vía oral ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha Veintisiete (27) de Julio de 2.006, presentado por el abogado Gerardo José Nieto Guarirapa, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad V-5.531.146, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 26.167, y presentado ante este Tribunal, de manera escrita en fecha Treinta y Uno de (31) Julio de 2.006 por el mismo abogado, quien manifestó actuar en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Griot Gerard, Brillembourg Dario, Néstor Salazar, Ana Cristina Fernández, Enrique Aular, Enrique Antonio Brillembourg y Alvaro Tayalero, titulares de las cedulas de identidad números 3.753.564, 4.087.355, 10.199.384, 6.557.310, 9.882.190, 5.533.560 y 9.964.222, respectivamente, contentivo de la solicitud de Amparo Constitucional por la presunta infracción de sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 02, 03, 19, 20, 21, 25, 26, 49, 87, 89, 111, 112, y 115 todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Entre las argumentaciones fácticas que sustentan la petición de amparo Constitucional, aduce el recurrente que, sus representados son todos ocupantes y propietarios de una bienhechurías, ubicadas en la Isla de La Tortuga, Dependencias Federales, sector Punta delgada, Playa Caldera, frente al mar y que dicha bienhechurías fueron adquiridas por ellos originalmente a los diferentes constructores de las mismas, quienes habían conformado una colonia de pescadores desde hace mas de treinta y cinco (35) años.

Alegan los recurrentes que en fecha sábado Veintidós (22) de Julio de 2.006, una comisión conformada por funcionarios del Comando de Guardacostas, pertenecientes al contingente Armada, adscritos al Ministerio de la Defensa de la república Bolivariana de Venezuela, procedieron a informar a sus representados que, en comisión del Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Barlovento, sobre una notificación de las medidas acordadas por este Tribunal, las cuales fueron destinadas a ordenar el desmantelamiento de la ranchería que funciona en la zona de Playa Caldera, Isla de la Tortuga, informando de igual manera a sus representados que el lapso para el desmantelamiento de sus bienhechurías sería de quince (15) días.

Manifiesta el apoderado de los recurrentes que, en el acto administrativo de notificación emanado de este cuerpo del Comando de Guardacostas, claramente se evidencia que no se constituyó el procedimiento estipulado por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicando a los notificados cual era el procedimiento a seguir en todo su curso.
Aduce el representante de los recurrentes que el mencionado Comando de Guardacostas de la Armada se extralimitó al decreto dictado por el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Barlovento, y que, por lo tanto dicho Comando delega las funciones de informar a sus representados por medio del Comando de Guardacostas, apostado en la Guaira.

Expresa que por las razones expuestas acude, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 22 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 49 y 64 de la Constitución de la república de Venezuela, interponiendo e invocando amparo constitucional contra los representantes del Ministerio de la Defensa, Contingente Armada, Comando de Guardacostas, Estación Principal de Guardacostas, TN Fernando Fernández, Guanta, Estado Anzoátegui.

- DE LA COMPETENCIA -

Ahora bien, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra la norma rectora que fija la competencia, por razón del grado, de la materia y del territorio, para conocer de las acciones de amparos constitucionales, al señalar lo siguiente:

“Articulo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.

Así las cosas y con respecto a la competencia, se observa que la señalada como presunto agraviante al Ministerio de la Defensa, Contingente Armada, Comando de Guardacostas, Estación Principal de Guardacostas, TN Fernando Fernández, en este orden de ideas, se hace menester hacer referencia a la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 31 de agosto de 2.004, en el caso seguido por Humberto Chacón Rodríguez y otros en contra de Venezolana de Televisión, la cual se transcribe parcialmente a continuación:

“…Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este Máximo Tribunal, y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma:
1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro Tribunal…”.

En este orden de ideas, el articulo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que:

“Articulo 68.- Los jueces de Primera Instancia Civil actuarán como jueces unipersonales en la forma y con la competencia establecida en el Código de Procedimiento Civil y en las demás leyes; o como presidentes de los tribunales integrados con participación ciudadana que se establecieren”.

Como puede apreciarse de la norma antes transcrita, se evidencia claramente que la Competencia atribuida a los Juzgados de Primera Instancia, es la establecida en el Código de Procedimiento Civil, que no es mas que un compendio de normas de índole estrictamente civil, y que no contiene normativas para la resolución de asuntos relacionados con la materia Contencioso-Administrativa o bien, con Actos Administrativos. Así se establece.

Se hace necesario hacer referencia a decisión dictada por la Sala Político Administrativa del tribunal Supremo de Justicia, publicada en fecha Veintisiete (27) de Octubre de 2004, en Ponencia Conjunta de todos los Magistrados, en la cual se expresó:
(...) En este sentido, debe entenderse, que la jurisdicción contencioso-administrativa general, está organizada en tres niveles:
- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cúspide de la jurisdicción.
- Las Cortes de lo Contencioso-Administrativo, a un nivel intermedio, y con competencia nacional, creadas mediante la Resolución N° 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, y
- Los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, a nivel regional.
- Asimismo, son tribunales integrantes de la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Tributario y los demás tribunales que en virtud de la Ley, conozcan de la nulidad de actos administrativos emanados de autoridades públicas nacionales, estadales o municipales.
Establecido el orden de los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa, pasa la Sala a delimitar específicamente, el ámbito de competencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, piezas fundamentales para alcanzar el enunciado constitucional de descentralización judicial, acercando la justicia a la vida local, lo cual a su vez procura la persecución de la garantía constitucional de tutela judicial efectiva.
(...)
De la norma parcialmente transcrita supra puede colegirse, a pesar de que se refiere sólo a las competencia de esta Sala Político-Administrativa, que la jurisdicción contencioso-administrativa, en general, es competente para: a) conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o los Municipios, b) conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Poder Ejecutivo y demás altas autoridades que ejerzan Poder Público y c) de las acciones de reclamos por la prestación de servicios públicos, teniendo en cuenta que si a la Sala se le ha atribuido el conocimiento de estos casos, en primera instancia o en apelación, cuando se refiera a autoridades de rango nacional, corresponderá a los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, aquéllas que estén referidas a autoridades locales, esto es, estadales o municipales.
Entonces, puede concluirse, a la luz de lo dispuesto en los numerales 25, 27 y 37 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como en lo dispuesto en la ponencia conjunta de fecha 2 de septiembre de 2004 (caso: Importadora Cordi C.A., contra Venezolana de Televisión), antes transcrita, que:
Los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo serán competentes para conocer:
(...)
b) De las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Estadal y Municipal y demás altas autoridades de rango regional que ejerzan Poder Público, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal; y
(...)
En esta oportunidad, la Sala reitera el contenido del fallo citado, y en consecuencia, es también competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo:
- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte cualquier entidad administrativa regional distinta a los estados o los municipios, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

Finalmente, y con base a todo lo anteriormente expuesto, mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, será competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo:
(...)
3º. Conocer de las acciones o recursos de nulidad, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, contra los actos administrativos emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción.
(...)
9º. De las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Estadal y Municipal y demás altas autoridades de rango regional que ejerzan Poder Público, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal. (Negrillas y subrayado de este Juzgado)
Tomando como base lo expuesto por los Magistrados de la Sala Político Administrativa, en la decisión parcialmente transcrita, este Juzgador considera que la competencia por la materia para conocer de la presente acción corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya base constitucional se encuentra en el articulo 259 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y que se transcribe a continuación:

Artículo 259. La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. (lo subrayado es del Tribunal).

- D E C I S I Ó N -
Con fundamento en las Jurisprudencias y normas anteriormente transcritas y, que los hechos alegados por los accionantes, los cuales, se refieren a actuaciones emanadas de un ente publico bajo el control del Estado y, siendo éste el caso planteado en autos y ampliamente narrado por los accionantes, ya que el Ministerio de la Defensa es parte integrante del Poder Ejecutivo del Estado Venezolano, es por lo que resulta forzoso para este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en aplicación a la norma adjetiva contenida en el citado articulo 259 la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, a través de la presente providencia formalmente se declara INCOMPETENTE por la materia, para conocer de la acción de Amparo Constitucional intentada por los ciudadanos Griot Gerard, Brillembourg Dario, Néstor Salazar, Ana Cristina Fernández, Enrique Aular, Enrique Antonio Brillembourg y Alvaro Tayalero, por intermedio del abogado Gerardo José Nieto Guarirapa, en contra del Ministerio de la Defensa, Contingente Armada, Comando de Guardacostas, Estación Principal de Guardacostas, TN Fernando Fernández y; en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto, en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Como corolario de la declinatoria de competencia declarada por este Juzgado, se ordena la inmediata remisión de este expediente, mediante oficio, al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se decide.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, al día Uno (01) de Agosto del año Dos Mil Seis (2.006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
El Juez Titular,

Dr. Carlos Spartalian Duarte
El Secretario,

Abg. Jesús Albornoz Hereira

En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se publicó y registró la providencia anterior, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, dejándose copia certificada de la misma en el Departamento de Archivo de este Juzgado, conforme lo dispone el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

El Secretario,

Abg. Jesús Albornoz Hereira

CSD/jah.-
Exp. N° 06-0730.-