REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, tres de agosto de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO: KP02-M-2003-000423 DEMANDANTE: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL. APODERADO DEMANDANTE: MARÍA ANTONIETA HERNÁNDEZ VILLASMIL DEMANDADO: ISIDRO ANTONIO FERNÁNDEZ MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (EJECUTIVA) El presente juicio por COBRO DE BOLIVARES (EJECUTIVA), se inició por ante este Tribunal mediante auto de admisión del libelo de demanda interpuesto por la Abogada MARÍA ANTONIETA HERNÁNDEZ VILLASMIL, en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N°74431, de este domicilio, actuando en su condición de apoderada especial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE IRIBARREN contra: ISIDRO ANTONIO FERNÁNDEZ, mayor edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.599.685 y domiciliado en el Barrio San Francisco carrera 4 entre calles 4 y 5 Barquisimeto Estado Lara. En fecha 23 de Abril de 2003, fue introducida ante la Oficina de la unidad de recepción y distribución de documentos del Estado Lara, el libelo de la demanda que da inicio a este expediente por COBRO DE BOLIVARES (VIA EJECUTIVA), constante de 2 folios y 7 anexos. En fecha 06 de Mayo de 2003, se recibe diligencia presentada por la Abog. Maria A. Hernández, la cual solicita se tenga a la vista copia certificada del Poder Especial signada con el N° KP02-M-2003-380, consta de 1 folio. En fecha 08 de Mayo de 2003, consta auto del Tribunal donde admite la demanda a los fines de que se intime al demandado para que comparezca ante este Tribunal dentro de los VEINTE (20) DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTE de intimado. En fecha 30 de Mayo de 2003, se recibió de la Abog Maria Antonieta Hernández identificada en autos copias de la demanda a los fines de la citación. En fecha 09 de Junio de 2003, se ordeno librar las compulsas respectivas así mismo enviar cuaderno separado de medida de embargo ejecutivo a la URDD Civil a los fines de su distribución. En fecha 04 de Agosto de 2004, se recibió diligencia presentada por la Abg. BLANCA PATRICIA OTERO, en la cual consigna poder otorgado por el Instituto Autónomo de la Policía Municipal del Municipio Iribarren del Estado Lara, a su vez solicita se remita el cuaderno separado de medidas a la U.R.D.D, a los fines que se distribuya al Tribunal Ejecutor correspondiente. En fecha 10 de Agosto de 2004, el Tribunal acuerda desglosar el cuaderno de Embargo Ejecutivo y enviar a la U.R.D.D para su distribución. ÚNICO Señala el procesalista RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE en su obra Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil, página 218: “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. (…) La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia”. Por su parte, GIUSSEPE CHIOVENDA, citado por CARLOS COLOMBO, en su obra Código Comercial y Civil de la Nación, indica que la inactividad procesal, libera a los órganos del Estado de las obligaciones que se derivan de la existencia de un juicio evitando que se mantenga por tiempo indefinido la incertidumbre que trae aparejada a las partes la iniciación de proceso. Revisada como ha sido la causa, se constata que desde el 10-08-04 el actor no ha realizado ningún acto de impulso procesal por lo que la misma se encuentra paralizada, evidenciándose un total abandono de la causa y cumpliéndose en consecuencia con las previsiones legales contempladas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, en donde se dispone que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, lo que significa que es de orden público y no requiere para su declaración de solicitud por parte de alguno de los sujetos procesales y la subsiguiente declaratoria judicial, simplemente ratifica lo que ya estaba consumado, porque en todo caso, ella opera, desde el momento en que haya transcurrido el tiempo previsto en la Ley, sólo requerirá para la declaratoria, que el Juez verifique si se han dado las condiciones necesarias para que se produzca, esto es, la existencia de una instancia, la inactividad procesal y el transcurso del tiempo señalado en la disposición legal. En cuanto al primer requisito, es evidente que existe el supuesto que este es un procedimiento válidamente interpuesto; en relación a la inactividad procesal, también consta de las actas del expediente, ya que no fue suscrita por el demandante ninguna diligencia donde se impulsara el proceso; por último también está evidenciado de los autos el tercer elemento, esto es, el transcurso del tiempo, ya que desde el 10-08-04 hasta la presente fecha ha transcurrido más de un año sin actividad procesal, por lo que a juicio de quien dictamina es procedente declarar PERIMIDA, la presente instancia y así se establece. En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Administrando Justicia, en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PERIMIDA la presente instancia, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. En concordancia con el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, según lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil en Sentencia de fecha 06-07-2004, expediente N° AA20-C-2001-000436. Se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente, una vez quede firme la presente sentencia. No hay condenatoria en costas en razón de lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. LA JUEZ ABOG. PATRICIA RIOFRIO PEÑALOZA LA SECRETARIA MARIA MILAGRO SILVA