JUEZ PONENTE: AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
EXPEDIENTE N° AP42-R-2006-000532
En fecha 7 de abril de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Oficio N° 464-06 de fecha 21 de marzo de 2006, emanado del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato interpuesto por los abogados Marino Alvarado Betancourt, María Elena Rodríguez y Yael de Jesús Bello Toro, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 61.381, 35.463 y 99.306, en su carácter de apoderados judiciales del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), asociación civil debidamente protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda en fecha 8 de noviembre de 1988, bajo el N° 19, tomo 8, protocolo Primero, la cual actúa en el presente caso como apoderada judicial de la ciudadana CARMEN YOLANDA PERNÍA MOLINA, titular de la cédula de identidad número 6.111.130, contra el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR).
Tal remisión se efectuó, en virtud de la apelación ejercida por el abogado Yael de Jesús Bello Toro, antes identificado, contra la sentencia dictada en fecha 8 de marzo de 2006 por el referido Juzgado, mediante la cual declaró inadmisible la demanda por cumplimiento de contrato.
Por auto de fecha 10 de abril de 2006, se dio cuenta a la Corte se designó ponente a la Juez que con tal carácter suscribe el presente fallo y, se fijó el lapso de 15 días de despacho, para que la parte apelante presentara el escrito de fundamentación de la apelación.
En fecha 27 de abril de 2006, el apoderado judicial de la parte apelante presentó escrito de fundamentación de la apelación.
En fecha 22 de mayo de 2006, se abrió el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas. Posteriormente, el día 30 del mismo mes y año, venció el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas.
En fecha 28 de septiembre de 2006, se fijó para el día 17 de octubre del mismo año, el acto de informes.
En fecha 16 de octubre de 2006, se difirió el acto de informes para el día 7 de noviembre del mismo año.
En fecha 7 de noviembre de 2006, se celebró el acto de informes y se dejó constancia de la incomparecencia de las partes a dicho acto.
En fecha 13 de noviembre de 2006, esta Corte dijo “Vistos” y ordenó pasar el expediente a la Juez ponente AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, a los fines de dictar la decisión correspondiente. En esa misma fecha se pasó el expediente a la Juez ponente.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el expediente, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el presente asunto previa las siguientes consideraciones:
I
DE LA DEMANDA
En fecha 16 de febrero de 2006, los abogados Marino Alvarado Betancourt, María Elena Rodríguez y Yael de Jesús Bello Toro, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 61.381, 35.463 y 99.306, en su carácter de apoderados judiciales del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien actúa a su vez como apoderada judicial de la ciudadana Carmen Yolanda Pernía Molina, antes identificada, presentaron escrito contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato, sobre la base de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Que en fecha 4 de febrero de 2002, suscribió un contrato promesa de compra-venta con el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), sobre un inmueble constituido por un apartamento de la segunda etapa que formará la urbanización Ciudad Miranda, ubicada en la ciudad de Charallave, Estado Miranda.
Que tanto el inmueble como la Urbanización están indicados en los planos de arquitectura y urbanismo respectivos, que forman parte del ante proyecto del desarrollo de la Urbanización antes señalada.
Que la conclusión de la obra se verifica una vez que FONDUR introduce ante la ingeniería Municipal la solicitud del permiso de habitabilidad, tal como lo establece el contrato, mientras que el otorgamiento del documento compra-venta se realizaría dentro de los 15 días siguientes al momento en que se otorguen los documentos de recepción de la obra.
Que el contrato establecía que FONDUR construiría, culminaría y vendería la totalidad del desarrollo habitacional en 12 meses a partir de la firma del contrato, la cual se celebró el 4 de febrero de 2002, tiempo que era prorrogable por seis meses adicionales.
Que hasta la fecha de interposición de la presente demanda, FONDUR no ha cumplido con su obligación de entregar la vivienda adjudicada en el plazo establecido por el contrato.
Que el contrato entre FONDUR y sus representados, es un contrato de interés social, por cuanto el objeto de dicho contrato se refiere a la materialización del derecho humano a la vivienda de los demandantes. Que no ha existido una causa extraña no imputable que justifique el cumplimiento absoluto en la ejecución del contrato.
Que es evidente la violación al derecho a la vivienda de sus representados y, el cumplimiento contractual por parte de FONDUR.
Finalmente solicitaron, que se proceda a ordenar el cumplimiento en especie del contrato de promesa compra-venta y, que en el supuesto de que FONDUR, no pueda entregar de forma inmediata la vivienda, otorgue en un plazo no mayor a 2 meses, una vivienda de las mismas características a la originalmente adjudicada a los demandantes.
II
DEL FALLO APELADO
En fecha 8 de marzo de 2006, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró inadmisible la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta, ello en la base de las siguientes consideraciones:
Que en el presente caso está presente la manifiesta falta de representación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) para intentar la demanda, habida cuenta que la representación judicial para actuar en juicio, sólo la pueden tener los profesionales del derecho, según lo dispone el artículo 4 de la Ley de Abogados.
Que los abogados actuantes, sólo tienen poder para representar en juicio los intereses y derechos del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA) y, no los de la demandante, por lo que ese Juzgado consideró que los abogados actuantes, carecen de representación para actuar judicialmente en nombre de los agraviados.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer acerca de la presente apelación y, al respecto observa:
Mediante sentencia de fecha 24 de noviembre de 2004, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso: TECNO SERVICIOS YES´CARD, C.A., delimitó las competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en razón de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y para lo cual dio reproducidas de manera parcial las normas que al efecto preceptuaba la derogada Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, dicho fallo precisó lo siguiente:
“…Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:
(…omissis…)
4.-. De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia por los Tribunales Contencioso Administrativos Regionales. (Véase sentencia de esta Sala N° 1.900 del 27 de octubre de 2004)…”.
De lo antes expuesto se infiere claramente que esta Corte es competente para conocer de las apelaciones ejercidas contra los fallos dictados en primera instancia por los Tribunales Superiores Contencioso Administrativos de la Región que se trate. Esto se traduce en el caso sub examine que esta Corte resulta competente para conocer de la presente apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de marzo de 2006. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Esta Corte pasa a decidir la apelación interpuesta y, al respecto considera necesario realizar previamente el análisis siguiente:
La presente demanda por incumplimiento de contrato, fue interpuesta por los abogados Marino Alvarado Betancourt, María Elena Rodríguez y Yael de Jesús Bello Toro, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la cual a su vez actúa como apoderada judicial de la ciudadana Carmen Yolanda Pernía Molina. En tal sentido, este Órgano Jurisdiccional considera necesario traer a colación el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
“Solo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a la Ley de Abogados”.
Asimismo, la Ley de abogados establece que para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado.
Ello así, esta Corte considera necesario hacer referencia a la capacidad de postulación, la cual está referida a la realización de los actos procesales, lo cual corresponde exclusivamente a los abogados, por ser una actividad profesional y técnica de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo.
Siendo ello así, observa esta Corte que acertadamente el Tribunal a quo declaró que no pueden las partes otorgarle un poder a una asociación civil para que ésta los represente, toda vez que siendo la asociación civil una persona jurídica, ésta no tiene capacidad de postulación por no ser profesional del derecho. Así las cosas, en el caso de autos, no podría la ciudadana Carmen Yolanda Pernía Molina, afectada directa en el supuesto incumplimiento de contrato por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, otorgar poder para actuar y representar sus intereses en juicio a la Asociación Civil Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ya que como se señaló anteriormente, no posee la capacidad de postulación que exige la Ley. Así se decide.
Ahora bien, siendo que los abogados del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) son los mismos que interponen la demanda y, que posteriormente apelan de la decisión dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto; esta Corte considera necesario señalar que erró al a quo al oír la apelación interpuesta por el abogado Francisco Martínez, en su carácter de apoderado judicial del Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos, por cuanto -como el mismo a quo señaló- tanto el abogado apelante, como los abogados actuantes en juicio no tenían la capacidad para actuar, razón por lo cual este Órgano Jurisdiccional forzosamente debe revocar el auto por medio del cual se oye la apelación interpuesta, ya que si bien los abogados que interponen la demanda no tenían capacidad para actuar en juicio, tampoco tenían la capacidad para apelar de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se decide.
Expuesto lo anterior, esta Corte debe forzosamente declarar la improcedencia de la apelación interpuesta por el abogado Yael de Jesús Bello Toro, en su carácter de apoderado judicial del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), contra la sentencia dictada en fecha 8 de marzo de 2006 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1- SU COMPETENCIA para conocer la apelación ejercida por el abogado Yael de Jesús Bello Toro, antes identificado, contra la sentencia dictada en fecha 8 de marzo de 2006 por el referido Juzgado, mediante la cual declaró inadmisible la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por los abogados Marino Alvarado Betancourt, Maria Elena Rodríguez y Yael de Jesús Bello Toro, en su carácter de apoderados judiciales del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la cual actúa en el presente caso como apoderada judicial de la ciudadana CARMEN YOLANDA PERNÍA MOLINA, antes identificada, contra el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR).
2- SE REVOCA el auto por medio del cual el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital oyó la apelación interpuesta.
3. IMPROCEDENTE la apelación interpuesta.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los _______________ días del mes de _______________ de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Juez Presidente,
JAVIER TOMÁS SANCHÉZ RODRÍGUEZ
La Juez Vicepresidente-Ponente,
AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
La Juez,
NEGUYEN TORRES LÓPEZ
La Secretaria Accidental,
YULIMAR GÓMEZ MUÑOZ
Exp. AP42-R-2006-000532
AGVS
En fecha ___________________ ( ) de ________________________ dos mil seis (2006), siendo la (s) _____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° _______________________.
La Secretaria Accidental,
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