Sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva Exp.: 28.685 / civil. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. DEMANDANTE: ciudadana GLADYS MARIELA YUMAR AMUNDARAIN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.979.380. APODERADOS JUDICIALES: abogados ALEJANDRO TINEO SALAS, REYNA SEQUERA y CESAR LUGO L., en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.6.244, 28.301 y 11.472, respectivamente. DEMANDADO: ciudadano ADOLFO ANTONIO PETITJEAN FEO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.131.399. ABOGADO ASISTENTE: ADOLFO PETITJEAN GONZALEZ, en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 64.250. MOTIVO: PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONCUBINARIA.. I Se inicia la actual controversia por escrito libelar presentado para su distribución en fecha 12 de mayo de 2005 por la ciudadana GLADYS YUMAR AMUNDARAIN, mediante el cual demanda por PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONCUBINARIA al ciudadano ADOLFO PETITJEAN FEO. Por auto proferido el 07 de junio de 2005 se admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la demandada. El 09 de mayo de 2006 se verificó la citación del ciudadano ADOLFO PETITJEAN, quien contestó la demanda el 12 de junio de 2006. El 10 de julio de 2006 la demandada promovió pruebas; mientras que la demandante hizo lo propio el 13 de julio de 2006, emitiendo el Tribunal el pronunciamiento correspondiente el 27 de julio de 2006. II De la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, el Tribunal encontró circunstancias que obstan la admisibilidad de la demanda, en virtud de lo cual pasa a dictar el pronunciamiento que de seguidas se explana: Alega la ciudadana GLADYS YUMAR en su escrito libelar que, a finales del año 1988 conoció al ciudadano ADOLFO PETIJEAN y, pasado cierto tiempo la proximidad y el acercamiento creó la necesidad de convivencia afectiva y corporal, al punto que decidió separarse de su esposa y, el 31 de mayo de 1989 alquiló para ambos un apartamento en la urbanización Colinas de Bello Monte de esta ciudad de Caracas, asiento del inicio de su unión concubinaria. Apunta que por virtud de la comunidad de intereses materiales y espirituales que desarrollaban, decidieron constituir una sociedad mercantil bajo la denominación SUPEREVENTOS XXI, C. A., comenzando a desplegar su actividad desde el inmueble antes mencionado y, el 15 de junio de 1990 se convirtió en divorcio la separación del ciudadano ADOLFO PETITJEAN de su cónyuge. Afirma que la relación afectiva que mantenían dejó sus frutos, más sin embargo el 13 de junio de 1990 interrumpió su embarazo por los ruegos del ciudadano ADOLFO PETITJEAN temiendo la reacción de sus familiares. Seguidamente, éste habría adquirido un apartamento ubicado en la urbanización Las Esmeraldas, Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante el traspaso de acciones de una sociedad mercantil que funge como su propietaria, inmueble que se había dado en arrendamiento al hijo del ciudadano ADOLFO PETITJEAN, cuestión que le obligó a permanecer en Bello Monte hasta finales de 1990 cuando se trasladó definitivamente al mismo, pero la convivencia con su hijo llevó al mencionado ciudadano a buscarle una residencia temporal en la urbanización La Urbina, donde se mantuvo durante los años 1991 y 1992 y, el año 1993 habría discurrido con una pasantía vacacional en Europa. Indica la ciudadana GLADYS YUMAR que en el año 1994 el ciudadano ADOLFO PETITJEAN es despedido de la empresa AGA VENEZOLANA, S. A., por lo que decidieron trasladarse a la ciudad de Maracay, Estado Aragua, fijando allí su residencia con la finalidad de atender una sociedad mercantil constituida ese mismo año en Caracas, denominada INDUSTRIAS OXIDELTA, C. A. y, allí permanecieron por un período de tres (03) años durante los cuales nació el 24 de marzo de 1995 su hija MARIANA VICTORIA y el 17 de diciembre de 1996 ORIANA VIRGINIA y, no obstante ello, habrían sido desagradables por cuanto el mencionado ciudadano habría asumido una actitud pendenciera, consumidor de bebidas alcohólicas con frecuencia a falta de trabajo e ingresos, viviendo de préstamos y la venta de algunos utensilios, lo que hizo imperioso regresar a Caracas y, para ello arrendaron un inmueble en la urbanización Los Samanes, atendiendo a que el que corresponde a la comunidad ubicado en la urbanización Las Esmeraldas se encontraba alquilado y, en virtud de desavenencias surgidas le demanda la partición de los bienes de la comunidad derivada de la unión de hecho que mantuvieron desde el año 1989. Planteada en éstos términos la demanda, encuentra quien decide que para reclamar la partición de la comunidad concubinaria, es necesario que se establezca en primer término, la existencia o no de la situación de hecho, esto es, de la unión concubinaria y, una vez firme esta decisión es que podrían las partes solicitar la partición de la comunidad. En ese sentido, el artículo 778 del Código Civil prescribe lo siguiente: “En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente…” De la norma parcialmente transcrita se pone de manifiesto que, la propia ley exige como requisito para demandar la partición de la comunidad, que la demandante acompañe a su demanda instrumento fehaciente mediante el cual se acredite la existencia de la comunidad, que en el caso específico de la comunidad concubinaria se trata de la declaración judicial que haya dejado establecida la existencia de ese vínculo. Por esa razón, es requisito sine qua non la declaración judicial definitivamente firme para poder incoar la demanda de partición de bienes, pues ésta constituye el documento fundamental que debe ser acompañado al libelo de demanda de partición de comunidad concubinaria; además es el título que demuestra su existencia. Lo anterior obedece a que el concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial entre un hombre y una mujer solteros, signada por la permanencia de la vida en común. Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común. En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, el 15 de julio de 2005, con ponencia del magistrado Jesús E. Cabrera R., interpretó el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, dejó sentado entre otras cosas lo siguiente: “…En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca. En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio…” Luego de la exhaustiva revisión de los documentos acompañados al libelo, se evidencia que no consta en autos una decisión definitivamente firme en la cual se declare que existió una unión concubinaria entre los ciudadanos GLADYS YUMAR y ADOLFO PETITJEAN, instrumento fundamental de la demanda impetrada, en virtud de lo cual, a todas luces y sin ningún género de dudas, mal podría pretender la demandante la partición de una comunidad derivada de una situación de hecho como es el concubinato, si no cuenta con un título fehaciente para concederle eficacia jurídica a este tipo de unión estable. Advierte este juzgador que el contenido del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, es del tenor siguiente: “El libelo de la demanda deberá expresar: …6. Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuáles deberán producirse con el libelo…” Se hace conveniente la oportunidad para efectuar ciertas aclaraciones respecto al sentido y alcance de aplicación de la norma anteriormente enunciada. El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil esgrime los requerimientos formales que debe contener el escrito libelar relevantes a la litis o al desarrollo del proceso a los fines de la admisibilidad de la demanda, siempre que la pretensión propuesta no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En su ordinal sexto (6º) se exige producir con la demanda los documentos fundamentales, definiendo éstos como “aquellos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido”. Este requerimiento creado por la ley procesal atiende al principio de la formalidad del proceso como garantía a los involucrados del debido cumplimiento de los actos procesales, siempre que se verifiquen conforme a lo dispuesto en la legislación a tal efecto. Ahora bien, la doctrina sentada por el Supremo Tribunal, ha determinado que el ejercicio de la acción se encuentra condicionado por ciertas y estipuladas circunstancias, cuya ausencia pueden determinar la inadmisión de la reclamación intentada por el demandante, ello en sentencia Nº 776 de fecha 18 de mayo de 2001 emanada en Sala Constitucional, en la cual se instituyó que: “…La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho. En sentido general, la acción es inadmisible: 1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil . 2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado). 3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso… …Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción… …Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación…”. (énfasis del Tribunal).- En el caso bajo examine se está en presencia del tercero de los supuestos de inadmisibilidad de la demanda, contenido específicamente en el artículo 340 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, es decir, no se hallan cubiertos la totalidad de los requisitos formales que debe contener el libelo de la demanda, lo cual se repite, hace ab initio y sin ningún género de dudas, inadmisible la reclamación impetrada y, así se declara. Dilucidado entonces que la presente demanda se hace improponible en virtud de las reflexiones explanadas con antelación, lo ajustado a derecho es que este jurisdicente, en aplicación de la doctrina sentada por la Suprema Jurisdicción, que permite pronunciar la declaratoria de inadmisión en cualquier estado y grado de la causa, por su carácter de eminente orden público, declare de igual forma la inadmisibilidad de esta demanda, y así será decidido.- III Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la presente demanda que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONCUBINARIA ha instaurado la ciudadana GLADYS MARIELA YUMAR AMUNDARAIN contra el ciudadano ADOLFO ANTONIO PETITJEAN FEO. No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de este fallo. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los DIECIOCHO (18) días del mes de DICIEMBRE de dos mil seis (2006). Años: 196º de la independencia y 147º de la federación. EL JUEZ, GERVIS ALEXIS TORREALBA. LA SECRETARIA, JANETHE VEZGA.