REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, trece de diciembre de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO : KP02-M-2006-000564 Revisadas exhaustivamente, como han sido, las presentes actuaciones este Tribunal observa: En fecha 24/11/2006 el ciudadano REGULO OLIVEROS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.808.762 y a través de su endosatario JOSE ANTONIO GUTIERREZ ABARCA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 90.320, presentan escrito de demanda de Cobro de Bolívares. Posteriormente en fecha 06 de Diciembre de 2.006 el Tribunal admitió la demanda por Cobro de Bolívares. En el caso de marras, se observó que la letra de cambio, titulo valor de esta acción, para ser admitida debe poseer los requisitos exigidos en el artículo 410 del Código de Comercio, y del mismo se evidencia que en el lugar de la firma del librador aparece la firma del librado, cuestión esta que es improcedente por faltar la firma del librador; el proceder del Tribunal, debió ser negar la admisión de la demanda en virtud de los principios que deben favorecer el proceso y más cuando taxativamente le ley establece los requisitos mínimos de algún instrumento, esto sin contar que la omisión o corrección de errores es responsabilidad del actor. Por otro lado, la celeridad excepcional que distingue al juicio por vía intimatoria descansa en la fuerte presunción de obligación que emerge, en este caso, del título cambiario, si el título no llena tales requisitos la fuerte presunción de obligación tampoco emerge, por lo que sería inadmisible un cobro de bolívares por la vía intimatoria. Sin embargo, aunque lo obvio es que este Tribunal reponga la causa al estado en que niegue la admisión de la demanda, esta decisión implicaría que este Despacho revocara un auto de admisión dictado por él mismo. Con respecto a este punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 3122 de fecha 07/11/2.003, dictada en el Expediente No. 03-2242 con Ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, señaló que: “A partir de la última reforma del Código de Procedimiento Civil en el año 1987 en materia procesal civil, la naturaleza del auto de admisión de la demanda, es la de un auto decisorio, el cual no requiere de fundamentación, y al momento de pronunciarse el juez verificará, que la petición no sea contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley para que se tramite, tal como lo dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de lo cual, el auto que admite la demanda no puede ser considerado un auto de mera sustanciación o de mero trámite que pueda ser revocado o reformado de oficio o a petición de parte por el tribunal que lo haya dictado, por lo que en caso de que una de las partes advierta la existencia de un vicio en el auto de admisión que no pueda ser reparable a través de la oposición de cuestiones previas, y la correspondiente decisión que las resuelva, o mediante la sentencia definitiva que sobre el mérito de la controversia deba dictarse, en aplicación del principio de la concentración procesal, la parte podrá pedir la nulidad de dicho auto, y el juez si encontrare elementos suficientes, tendría la posibilidad de anular el auto de admisión írrito, y reponer la causa a los fines de pronunciarse nuevamente, subsanando el vicio detectado. En consecuencia, en el presente caso, el juez de la causa no tenía la posibilidad de revocar por contrario imperio el auto de admisión de la demanda, y así se declara”. En base al fragmento transcrito, no podría anularse el auto por contrario imperio, se requeriría entonces, la existencia de un vicio y la petición de una de las partes para que el juez pudiere considerar si hay lugar a la declaración de nulidad de la admisión. Sin embargo, en esa misma sentencia el Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifestó su disentimiento y señaló: …Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta sólo su disentimiento respecto de la afirmación que se hizo en la antecedente decisión, en cuanto a que el juez de la causa en la que se dictó la decisión objeto de impugnación no tenía la posibilidad de revocar, por contrario imperio, el auto de admisión de la demanda. En efecto, si bien es cierto que el auto de admisión de la demanda es un auto decisorio en lo referente al examen que prima facie hace el juez respecto de los requisitos de admisibilidad de la demanda, esto es, que no sea contraria al orden público, a las buenas costumbre o alguna disposición expresa de la ley; también lo es que algunos aspectos que generalmente el mismo contiene son cuestiones de mero trámite, como por ejemplo, el señalamiento o regulación del lapso para la comparecencia del demandado. Para darle el debido soporte a lo anteriormente afirmado cabe reproducir lo siguiente: “Lo que caracteriza a estos autos de sustanciación es que pertenecen al impulso procesal, no contienen decisión de algún punto, ni de procedimiento ni de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al Juez para la dirección y sustanciación del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables y esencialmente revocables por contrario imperio, de oficio por el juez, o a solicitud de las partes (RENGEL-ROMBERG, Arístides: “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano” Editorial Arte. Caracas, Venezuela, 1992. Tomo II, p. 134). Con fundamento en lo que fue precedentemente expuesto, quien suscribe afirma que el Juez de la causa sí tenía la posibilidad de revocar por contrario imperio el auto de admisión que dictó el 11 de abril de 2003. Queda, en estos términos, expresado el criterio del Magistrado que rinde este voto concurrente. Este criterio es acogido por el Tribunal que suscribe, pues en esta causa no solamente es cuestión de revocarlo por contrario imperio, sino, porque de no hacerlo se violarían derechos y garantías constitucionales que asisten al demandado y al proceso; convirtiéndose en una cuestión de orden público que debe ser remediado por esta juzgadora. En mérito de tales consideraciones este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de procurar la estabilidad del juicio, y acogiendo el criterio constitucional citado, DECLARA NULO Y SIN EFECTO ALGUNO EL AUTO DE ADMISION DE LA DEMANDA POR VÍA INTIMATORIA dictado en fecha 06 de diciembre de 2.006 y consecuencialmente declara la nulidad de las restantes actuaciones cumplidas de conformidad con lo previsto en el artículo 211 ejusdem.. Notifíquese a las partes. Déjese copia del presente auto. LA JUEZ MARILUZ JOSEFINA PEREZ LA SECRETARIA ACC. ELIANA GISELA HERNÁNDEZ MJP/Eliana.