REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veinte de diciembre de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO: KP02-S-2006-024416 Vista la solicitud presentada por la ciudadana JOVITA DE LAS MERCEDES CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.309.321, de este domicilio, asistida de abogada, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicado en Santa Inés, en la calle Pueblo Nuevo, de la Parroquia Moroturo del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido con una superficie de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES COMA SETENTA Y CINCO METROS CUADRDSO (3.282,75 Mts.2), alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con bienhechurías del ciudadano Esteban Bello; SUR: Con bienhechurías de la ciudadana Arcida Pineda, ESTE: Con la calle principal, y OESTE: Con bienhechurías de la ciudadana Elcy David. Dichas bienhechurías consisten en una casa con paredes hechas de bloques, techo de zinc, piso de cemento, cercada con tela metálica, distribuida de la siguiente manera: dos (2) habitaciones, una (1) sala, un (1) comedor, una (1) cocina, un (1) baño. El valor invertido es la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 25.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: ELIZABETH GARCÍA y KATIUSKA JANNETH ALFINGER, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana JOVITA DE LAS MERCEDES CORDERO, ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez, Mariluz Josefina Pérez La Secretaria Acc, Ligia Díaz de Sánchez MJP/dmg