REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE PRIMERA

Caracas, de de 2006 195° y 146° En fecha 19 de septiembre de 2003, se recibió en la Secretaría de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, oficio N° 1419-03-7930 de fecha 04 de agosto de 2003, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por el ciudadano FRANCESCO LATINI FERRANTI, titular de la cédula de identidad N°171.345, asistido por el Abogado Santiago Castillo Quintana, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.889, contra el acto administrativo contenido en el Decreto N° 6, de fecha 21 de abril de 2003, emanado del ciudadano ROSARIO FERMÍN AGUILERA, en su carácter de ALCALDE DEL MUNICIPIO TURÉN DEL ESTADO PORTUGUESA, contentivo de la orden del inicio de la ejecución de la obra: Colector Marginal La Jacobera, Caño Amarillo, alegando la violación de sus derechos consagrados en los artículos 49, numeral 1, 87 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho a la defensa y al debido proceso, al trabajo y a la propiedad privada. Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta de ley de la sentencia dictada el 04 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental que declaró INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional. Constituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 19 de octubre de 2005, con la designación de los nuevos Jueces realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, esta quedó conformada de la manera siguiente: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Juez Presidente; AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, Juez Vice-Presidente; NEGUYEN TORRES LÓPEZ, Juez. Siendo reasignada la ponencia al Juez JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente se pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones: -I- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente decisión estableció que la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales fue derogada de manera tácita por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente, toda vez que la misma resulta contraria a los artículos 26, 27 y 257 de la Carta Magna. En ese sentido, señaló: “…La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara. Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia -en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación. A través de dicho recurso, se mantiene incólume el derecho al recurso ante Juez o Tribunal Superior que establecen los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, con mayor amplitud, el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sin menoscabo de la integridad del principio del doble grado de jurisdicción…” (SC/TSJ sentencia N° 1307 del 22/06/05) Finalmente, la Sala estableció los efectos del citado fallo en el sentido siguiente: “… en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará -ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación -en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara…”. Cabe acotar que la anterior decisión comenzó a surtir sus efectos a partir del 01 de julio de 2005, fecha en la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.220, por lo que el lapso de treinta (30) días a los que alude la referida sentencia para que las partes manifestaran su interés a fin de que se decidiera la consulta culminó el día 31 de julio de 2005. Conforme a lo anterior, esta Corte observa que del estudio de las actas que integran el presente expediente, en el caso de autos ha transcurrido, ampliamente los treinta (30) días establecidos en la sentencia parcialmente transcrita, sin que las partes hayan acudido a este Órgano Jurisdiccional a manifestar su interés en que la presente consulta sea conocida. En consecuencia, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declara DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 4 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y se ORDENA la remisión del presente expediente al referido Juzgado. Así se decide. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Déjese copia de la presente decisión. EL JUEZ PRESIDENTE, JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ PONENTE LA JUEZ VICE-PRESIDENTE, AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA LA JUEZ, NEGUYEN TORRES LÓPEZ LA SECRETARIA ACCIDENTAL, MARIANA GAVIDIA JUAREZ EXPEDIENTE: AP42-O-2003-003957 JSR.