REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, diecisiete de febrero de dos mil seis 195º y 146º ASUNTO: KP02-S-2005-010858 Vista la solicitud presentada por la ciudadana ALEIDA JOSEFINA PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.399.456, de este domicilio, asistida de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicado en el Barrio El Carmen, Calle 5 entre Carreras 6 y 7, Jurisdicción de la Parroquia Unión, Municipio Autónomo Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, que mide aproximadamente OCHENTA Y TRES METROS CON CUARENTA Y DOS CENTÍMETROS CUADRADOS (83,42 M2); alinderadas de la siguiente manera NORTE: En línea de 10,00 Mts., con Clementina de Carrillo; SUR: En línea de 10,10 Mts., con terrenos ocupados por Sucesión de Santiago Martínez; ESTE: En línea de 8.00 Mts., con la Calle 5 que es su frente; y OESTE: En línea de 8,60 Mts., con terreno ocupados por Adriana Hernández. Dichas bienhechurías consisten en una vivienda para habitación familiar, de paredes de bloques, techo de zinc, piso de cemento, consta de dos (2) habitaciones, una (1) cocina, una (1) cerca de bloque. El valor invertido es la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 50.000.000,oo), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: AIDA COROMOTO ARRIECHE y CARMEN MARGOTH ARRIECHE ARRIECHE, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana ALEIDA JOSEFINA PEÑA, ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Suplente Especial, Mariluz Josefina Pérez La Secretaria, Maria Fernanda Alviarez MJP/dmg