REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO Valencia, 24 de Febrero de 2006 Año 195º y 147º ASUNTO PRINCIPAL: GP01-P-2005-002726 JUEZ: ABOG. ADHEMAR AGUIRRE MARTÍNEZ FISCALIA: TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO. ACUSADO: MAURICIO DEL CARMEN ROA MORENO DELITO: HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN TIPO DE SOLICITUD: EXAMEN Y REVISION DE MEDIDA DECISIÓN: DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN PREVENTIVA JUDICIAL DE LIBERTAD Vista la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, formulada por el abogado Tomás García Navarro, en su carácter de Defensor Privado de confianza, del acusado MAURICIO DEL CARMEN ROA MORENO, debidamente identificado en Autos, y quien se encuentra privado judicialmente de libertad, por decisión del Tribunal de Control, en la oportunidad de haberse realizado la Audiencia de Presentación de imputados, con ocasión de las imputaciones que hiciere el Ministerio Público, por órgano de la Fiscalía Tercera de ésta Circunscripción Judicial, por la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN. Este juzgador, luego de revisada minuciosamente como han sido las actuaciones que cursan por ante este despacho, primeramente, pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente solicitud, y observa que, en la fase de juicio, debe conocer de todas las solicitudes sobre las medidas que limiten la libertad de los acusados, antes de la realización del Juicio Oral y Público, por lo que se declara competente para conocer de la misma, y así se decide. Alega el solicitante en su escrito de solicitud, entre otras cosas que: “El acusado, debe ser juzgado en libertad, …”, haciendo referencia a las Normas que reafirman el Principio del estado de Libertad, contenido en nuestro Código Adjetivo Penal vigente, artículos 9 y 243 en su orden, así como a la Finalidad del Proceso y al Control de la Constitucionalidad, contenidos en la misma Norma Adjetiva. Por otra parte, alega el recurrente defensor, que en razón del injusto penal, que se le pretende imputar a su representado, no se encuentran llenos los extremos a que hacen referencia la Norma Sustantiva invocada por el Ministerio Público, por cuanto los hechos no se ajustan al injusto penal que se le pretende imputar a su representado. Alega además el recurrente defensor, que están acreditados los supuestos concurrentes establecidos en los Numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente los que hacen referencia al peligro de fuga y al de obstaculización del proceso que se le sigue. Por otra parte, refiere igualmente, a la solicitud de la victima, quien mediante sendos escritos, ha rogado al Tribunal, que se pronuncie sobre una medida menos gravosa a favor del acusado, quien se trata de su cónyuge. Al respecto, para decidir este juzgador observa: Es facultad del todo acusado, solicitar cuando lo estime conveniente, que se examine la necesidad de mantener o no la medida que le fue decretada; y procederá el Juez, si lo estima prudente sustituirlas por otras menos gravosa, siempre que las mismas sean suficientes para garantizar las resultas del proceso. En el presente caso, revisadas las actuaciones que conforman la causa que se sigue al mencionado imputado, se desprende que ciertamente le fue decretada Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN; ante esta situación deben examinarse las normas procesales relacionadas con las restricciones a la libertad, y se puede observar del contenido del Parágrafo Primero, del artículo 251 procesal adjetivo, que se presume el peligro de fuga en los casos de delitos cuyas penas sean iguales o superiores a diez (10) años, y que a todo evento, el Juez, podrá de acuerdo a las circunstancias, imponer al imputado, una medida cautelar sustitutiva. En la presente causa, si bien es cierto fue decretada la privación de libertad, al realizar el análisis de las normas procesales ya mencionadas las cuales constituyen el desarrollo del mandato Constitucional que establece el derecho inherente a todo ciudadano de ser juzgado en libertad salvo los casos excepcionales previstos en la ley, siendo esos casos excepcionales aquello en los que se acredite el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación, y esta última debe estar referida a actos específicos de la investigación, no es procedente solo presumir que podría existir obstaculización sino que debe estar acreditado cómo el imputado puede o podría obstaculizar de tal manera el proceso de investigación hasta impedir que se obtengan las resultas objetivas a los fines del esclarecimiento de los hechos; lo que, en el presente caso no se acredita al igual que el peligro de fuga por cuanto, a pesar de la pena que pudiere ser impuesta según la calificación ofrecida, deben tomarse en consideración las otras circunstancia periféricas que rodean la posibilidad de prosecución del proceso, como lo es en este caso, la circunstancia de que el acusado ha acreditado su arraigo en el país, mediante CARTA DE RESIDENCIA, emanada de la Asociación de vecinos de Bello Monte II, Parroquia Rafael Urdaneta, de donde se desprende, que el acusado es vecino de esa comunidad desde hace aproximadamente 26 años, así como CONSTANCIA DE TRABAJO, emanada de Servicios Memoriales y Previsivos, donde prestaba sus servicios por mas de Dos (2) años. Por otra parte, consta de las actuaciones, que su cónyuge, victima de la presente causa, ha manifestado al Tribunal en reiteradas ocasiones, su deseo y voluntad, de que al acusado, le sea impuesta una medida sustitutiva de la privación preventiva judicial de libertad, afirmando que la conducta desplegada por su cónyuge, no se corresponde con la que le imputa la Representación Fiscal en su escrito acusatorio……….., y que el estado de privación de libertad de su esposo, ha traído como consecuencia, graves traumas en su seno familiar. Situación esta, que debe ser observada por este Juzgador al momento de decidir, tomando en consideración el Principio de la Necesidad de la Pena, y el de la Tutela Judicial Efectiva, tomando en consideración, el deber del Juzgador, de administrar una justicia con rostro humano, basada en el Postulado Constitucional de un Estado Democrático, de Derecho Social y de Justicia. En virtud de lo anterior se estima procedente la Revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y se acuerda su sustitución por una medida menos gravosa ya que, luego del análisis de las dos exclusivas circunstancias excepcionales al juzgamiento en libertad es criterio de este Tribunal que los supuestos que motivaron la Privación de Libertad pueden ser razonablemente satisfechos por una Medida Cautelar Sustitutiva que garantice las resultas del proceso. Motivos estos, por los cuales se hace imperioso, acordar la solicitud de la Medida Cautelar Sustitutiva, interpuesta por el Abogado Tomás García Navarro, en su carácter de defensor del Acusado MAURICIO DEL CARMEN ROA MORENO, plenamente identificado en Autos y en consecuencia SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÒN PREVENTIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, que pesa sobre el acusado señalado ut supra, pues a criterio de quien decide, se han desvirtuado los extremos a que hacen referencia los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal y así se declara. DECISIÓN Por las Consideraciones antes expuestas, este Tribunal en funciones de Juicio, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA: MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÒN PREVENTIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, a favor del ciudadano MAURICIO DEL CARMEN ROA MORENO, bajo las modalidades cautelares contenidas en el artículo 256, Numerales 3, 4, y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales consisten en: 1) La presentación periódica por ante las Oficinas del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, cada Ocho (8) días, mientras no se haya realizado el Juicio Oral y Público; 2) La prohibición de salida del País sin la previa autorización del Tribunal; y La obligación de concurrir a los actos fijados por el Tribunal a los fines de la realización del juicio Oral y Público, del proceso llevado en su contra respecto de esta Causa. Todo ello, de conformidad con lo prevenido en los artículos 250, 251 Parágrafo Primero, 256, 262 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 2, 26, 49 y 257 Constitucionales, quedando advertido el acusado, que en caso de incumplimiento de alguna de la modalidades impuestas por el Tribunal, corresponderá su inmediata revocatoria. Y así se decide. Notifíquese a las partes de la presente decisión, y ofíciese al Internado Judicial Carabobo, a los fines de su excarcelación, así como de la obligación del acusado de concurrir inmediatamente a esta sede, para ser impuesto de la misma. Regístrese y publíquese. ABOG. ADHEMAR AGUIRRE MARTÍNEZ JUEZ TERCERO EN FUNCION DE JUICIO La Secretaria, Abg. Dani D´Santiago ASUNTO: GP01-P-2005-002726