EXPEDIENTE N° AP42-N-2006-000171
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL

El 11 de abril de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 0540, de fecha 20 de marzo de 2006, emanado del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital anexo al cual remitió expediente contentivo de la querella funcionarial interpuesta por el abogado ALEJANDRO JESÚS GARCÍA PIÑERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.841, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTURO RAFAEL BARRERA NÚÑEZ, portador de la cédula de identidad N° 6.167.339, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta de ley prevista en el artículo 70 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada el día 20 de octubre de 2004, por el referido Juzgado, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta.

En fecha 20 de abril de 2006, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, se designó ponente al juez Alejandro Soto Villasmil, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 21 de abril de 2006, se pasó el expediente al Juez Ponente.

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
FUNDAMENTOS DE LA QUERELLA FUNCIONARIAL

El apoderado judicial del ciudadano Arturo Rafael Barrera Núñez, sostuvo que su representado comenzó a prestar servicios profesionales bajo la figura de “honorarios profesionales” en la Oficina Central de Planificación y Desarrollo, desde el 24 de enero de 1990.

Que el 25 de abril de 1990, ingresó formalmente como personal fijo al referido organismo, ejerciendo el cargo de Planificador Central de Adiestramiento, según consta de Certificado de Carrera Nº 252782.

Que posteriormente desempeñó diferentes cargos, siendo el último el de Jefe de División, cargos todos de carrera según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con un sueldo de Bs. 1.132.868,00, mensuales.

Que adicionalmente recibía como beneficios adicionales, un aporte patronal a la caja de ahorro de Bs. 115.117,20; un apoyo escolar para hijos en edad escolar, cesta tickets y póliza de seguro.

Que el 1º de agosto de 2003, fue notificado de la comunicación Nº 000641 del 23 de julio de 2003, mediante la cual el Ministro de Planificación y Desarrollo lo removió del cargo de Jefe de División, donde desempeñaba funciones de confidencialidad y responsabilidad, como las de asesorar a las diferentes unidades de la dirección en los procesos que le son propios, y el seguimiento en el cumplimiento de las políticas, normas y procedimiento de la misma Dirección.

Que el 2 de octubre de 2003, fue notificado de la comunicación Nº 000808, del 2 de septiembre de 2003, mediante la cual el Ministro de Planificación y Desarrollo lo retiró definitivamente del cargo de Jefe de División, “(…) por cuanto han sido infructuosas las presuntas gestiones de reubicación por parte del organismo, para su reubicación en un cargo de carrera de similar o superior nivel y remuneración (…)”.

Que “la Administración no podía, otorgar el período de disponibilidad a que hace mención el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, por cuanto mi patrocinado, como ya se ha indicado, no ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, y por ende tampoco le eran aplicables las disposiciones a que se refieren los artículos 85, 86, 87 y 88 del mencionado reglamento”.

Denunció el vicio de falso supuesto “al suponer falsamente que el cargo de JEFE DE DIVISIÓN últimamente ocupado por aquel, era de los de libre nombramiento y remoción”, por lo que lo procedente era que mediara el correspondiente procedimiento disciplinario de destitución, y no mediante el quebranto de la estabilidad que la ley otorga a los funcionarios públicos.

Alegó la inmotivación de los actos de remoción y retiro, por la naturaleza de funcionario de carrera y por el hecho de “(…) que la remoción y retiro fueron producto de una decisión fundamentada en las resultas de la apertura, sustanciación y decisión de un procedimiento disciplinario de destitución, las motivaciones argumentadas en dichas comunicaciones como causas del retiro resultan exiguas e improcedentes en derecho, lo que no puede sino equivaler a una carencia absoluta de motivos, incumpliendo de este modo la Administración con su obligación legal de motivar el acto (…)”.

Solicitó la nulidad del acto de remoción y de retiro, su reincorporación y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados, desde su ilegal destitución hasta su efectiva reincorporación.

I
ANTECEDENTES

El 20 de octubre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital dictó sentencia a través de la cual declaró parcialmente con lugar la querella interpuesta por el ciudadano Arturo Rafael Barrera Núñez contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio de Planificación y Desarrollo.

El 16 de febrero de 2005, el apoderado judicial de la parte querellante apeló de la sentencia anteriormente referida.

En fecha 21 de febrero de 2005, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, negó el recurso de apelación en razón de haber sido interpuesto en forma extemporánea.

El 3 de marzo de 2005, el apoderado judicial de la parte querellante interpuso recurso de hecho contra el auto del 21 de febrero de 2005, que negó la apelación interpuesta. Asimismo, el 8 de marzo de 2005, consignó por ante el referido Tribunal los escritos contentivos del recurso de hecho y de la apelación.

El 30 de marzo de 2005, el precitado Juzgado remitió las actuaciones a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines de decidir el recurso de hecho interpuesto, las cuales fueron recibidas el 14 de abril de 2005.

Por decisión Nº 592, del 30 de junio de 2005, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró sin lugar el recurso de hecho, ordenando al Juzgado Superior Primero remitir el expediente a los fines de conocer en consulta de la decisión definitiva dictada, conforme lo dispone el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por auto del 20 de marzo de 2006, el Juzgado Superior ordenó remitir a las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer de la referida sentencia por consulta de ley.

II
DEL FALLO CONSULTADO

En fecha 20 de octubre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar catalogó el cargo desempeñado por el querellante como de confianza, y por ende de libre nombramiento y remoción, por lo que desechó el alegato de falso supuesto; lo que realizó en los siguientes términos:

“(…) Durante la etapa probatoria del proceso, produjo la mencionada abogada sustituta, diversos instrumentos demostrativos de las actividades realizadas por el querellante en el ejercicio de su cargo, de las cuales se constata, a su entender, la gran responsabilidad y confidencialidad que se requería para cumplir dichas funciones, entre otras, la evaluación de funcionarios, movimientos de personal obrero y liquidaciones por vacaciones vencidas o fraccionadas, así como solicitudes de retiro de prestaciones sociales de distintos funcionarios.
En lo que respecta al Reglamento Orgánico del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que corre inserto en actas del expediente, se evidencia, que ese Ministerio está integrado por el Despacho del Ministro, y los Despachos de los Viceministros de Planificación y Desarrollo Económico, Regional e Institucional. El Despacho del Ministro a su vez, está integrado por la Dirección del Despacho, la Unidad de Análisis Estratégico, la Consultoría Jurídica, la Oficina de Gestión Administrativa, la Oficina de Coordinación de Información e Informática, la Oficina de Relaciones Institucionales, la Oficina de Financiamiento Multilateral y una Unidad de Apoyo.
Por su parte, del Organigrama del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que riela al folio 36 del presente expediente, se evidencia, que la Dirección de Recursos Humanos, a la cual está adscrito el cargo de Jefe de División que desempeñaba el querellante, depende orgánicamente de la Oficina de Gestión Administrativa, que a su vez, forma parte integrante del Despacho del Ministro.
Asimismo, del Registro de Asignación de Cargos se constata, que el cargo de Jefe de División, Grado 99, ocupado por el ciudadano querellante, es de Alto Nivel, sin embargo se observa, de los Lineamientos para el Tratamiento Uniforme de los cargos de Jefes de División, que en su numeral 1, se señala: ‘Conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cargos tipificados como Jefes de División fueron excluidos como cargos de Alto Nivel’; asimismo, el numeral 3 de los mencionados lineamientos, establece: ‘Dichos cargos mantendrán su condición de Libre Nombramiento y Remoción determinado por sus funciones y el alto grado de confidencialidad y responsabilidad en su desempeño, y en ningún caso deberá ejercer funciones contenidas en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos’; mas adelante, en el numeral 5 se señala: ‘Los prenombrados cargos de Jefes de División no podrán ser clasificados a cargos de carrera contenidos en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos Vigentes.”.


Desestimó el alegato de inmotivación “(…) por cuanto se desprende del acto administrativo impugnado, que en el mismo se encuentran explanados los motivos de hecho y de derecho, en los cuales se fundamentó la Administración para dictar el mismo, en el presente caso, la expresión en el mismo del artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública”.

Respecto a la pretendida nulidad del acto de retiro, sostuvo:

“Ahora bien, se desprende de tales instrumentos que en el presente caso, la Administración no logró acreditar en actas, que se hubieren agotado las gestiones reubicatorias del querellante, tal y como fue ordenado en el acto de remoción, por ser este un derecho que ostentaba debido a su condición de funcionario de carrera en ejercicio de un cargo de libre nombramiento y remoción. En efecto se observa, que el organismo querellado simplemente le limitó a remitir Memorando signado bajo el Nº DRRHH/421/2003, de fecha 20 de agosto de 2003, -folio 37-, a la Dirección General de Control y Seguimiento del referido organismo, en el cual solicitaron la realización de los trámites necesarios para la reubicación del querellante, y que el mismo fue respondido en fecha 1º de septiembre del mismo año, -folio 38-, informando al respecto su destinatario, que una vez realizados los trámites de reubicación, los mismos resultaron infructuosos, sin remitir anexo a la respuesta formulada, comprobante alguno que permita demostrar cuales fueron –las gestiones realizadas- o –los trámites realizados- en ese caso, los Oficios remitidos a la distintas dependencias u organismos con sus respectivas respuestas, a los fines de poder constatar que efectivamente fueron realizadas las gestiones reubicatorias, razón por la cual, este Tribunal estima procedente la nulidad del acto administrativo que acordó el retiro del querellante, y en consecuencia lo declara nulo de nulidad absoluta por haberse dictado el mismo con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, ordinal (sic) 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

Finalmente, ordenó la reincorporación del funcionario a su cargo a fin de dar cumplimiento a las gestiones reubicatorias que le corresponde, con el pago del sueldo correspondiente a ese mes de disponibilidad y, negó la indexación solicitada, por no tratarse de una deuda pecuniaria y por ende no liquida y exigible.

III
DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE

Previo al pronunciamiento relativo a la consulta que, de acuerdo al artículo 70 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se encuentra sometido el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 20 de octubre de 2004, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, esta Corte considera necesario hacer referencia a su competencia para conocer del presente asunto. A saber:

Transcurrido el lapso legal sin haberse interpuesto el recurso de apelación correspondiente, el Tribunal de la causa remitió en consulta a esta Corte el presente expediente, con fundamento en lo previsto en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece que “Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República; debe ser consultada al Tribunal Superior competente”.

Tomando en cuenta lo anterior y siendo que esta Corte es la Alzada del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, se declara competente para conocer del presente asunto y así se decide.

V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada su competencia, corresponde a esta Corte decidir sobre la consulta de la sentencia dictada el 20 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y a tal efecto observa que:

El objeto de la presente querella es la pretendida nulidad de los actos de remoción y retiro dictados por el Ministro de Planificación y Desarrollo, contra el ciudadano Arturo Rafael Barrera Núñez, por el cual lo removió y retiró del cargo de Jefe de División, cuando la Administración estaba impedida para hacerlo por cuanto era funcionario de carrera, dado que, el cargo de Jefe de División está excluido de los cargos de alto nivel aludidos en los artículos 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que, a juicio de querellante, han debido iniciar el procedimiento de destitución y no de remoción.

Por su parte el fallo apelado declaró parcialmente con lugar la querella propuesta, al constatar que el cargo que ostentaba el querellante si bien era de libre nombramiento y remoción según lo dispone el Organigrama del Ministerio de Planificación y Desarrollo, Reglamento Orgánico del Ministerio de Planificación y Desarrollo y el Registro de Asignación de Cargos, no obstante, ocupó con anterioridad un cargo de carrera, por lo que no se le respetó el mes de disponibilidad para las gestiones reubicatorias, motivo por el cual desestimó la nulidad del acto de remoción y anuló el acto de retiro.

Asimismo, expuso el sentenciador de instancia que, debían realizarse las gestiones reubicatorias pertinentes, por gozar el querellante de la estabilidad en el ejercicio de la función pública por ser Funcionario de Carrera, toda vez que consta en autos que el lapso de disponibilidad para las gestiones reubicatorias no había sido cumplido conforme a derecho y en consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo de retiro, ordenando a tal efecto la reincorporación del querellante al cargo que venía desempeñando en el ente accionado durante un (1) mes con el pago correspondiente a dicho periodo, a los fines que en dicho lapso se realicen las mencionadas gestiones reubicatorias por parte del ente querellado.

Ante tales hechos, pasa esta Corte a decidir, y en virtud de ello observa que el fundamento principal de la querella interpuesta lo constituye la inobservancia de la condición de Funcionario de Carrera del querellante y no como incorrectamente estimó el ente querellado de libre nombramiento y remoción, en virtud de lo cual resulta preciso destacar lo siguiente:

Se hace necesario para esta Corte precisar que los funcionarios públicos se clasifican en funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción. Se consideran funcionarios de carrera aquellos que han cumplido los requisitos legales necesarios para ingresar a la Administración Pública, mientras que los de libre nombramiento y remoción, tal y como su nombre lo indica, pueden ser nombrados libremente por la máxima autoridad del Organismo correspondiente cuando las situaciones fácticas del mismo así lo ameriten.
Asimismo, los funcionarios denominados como de libre nombramiento y remoción se clasifican a su vez en funcionarios de alto nivel y funcionarios de confianza. En ese sentido, la determinación de un cargo como de “alto nivel” viene dada por su determinación legal. Por otra parte, para clasificar un cargo como de “confianza” debe ser valorada la naturaleza de las actividades efectivamente realizadas por el funcionario, funciones inherentes al cargo en cuestión, tratándose en este caso de funciones de administración del organismo, todo lo cual debe reflejarse en el Registro de Información de Cargos correspondiente, siendo éstas labores que ameritan la confianza del máximo Jerarca del órgano correspondiente,.

Igualmente, es pertinente indicar que los funcionarios de carrera y los de libre nombramiento y remoción se diferencian unos de otros, primordialmente, por los derechos que la normativa vigente establece como derechos exclusivos para los primeros, así como por los procedimientos que la Administración Pública, en su rol de empleador, debe cumplir a los fines de proceder legalmente al acto de remoción y consecuente retiro del cargo que desempeñan dichos funcionarios.

En vista de lo anterior, queda claramente establecido que el funcionario de carrera, el cual lo es, dado el cumplimiento de determinados requerimientos legales y en atención a la naturaleza del cargo que ejerza, goza de una estabilidad absoluta en el ejercicio de su labor, estabilidad que es de tal trascendencia y significación que constituye precisamente, la diferencia fundamental que lo distingue del funcionario de libre nombramiento y remoción.

Ahora bien, constituye una carga para la Administración aportar las pruebas necesarias para que el órgano jurisdiccional constate si ciertamente los funcionarios ejercen las funciones inherentes a los cargos de alto nivel o de confianza y por ende pueden ser considerados funcionarios de libre nombramiento y remoción, o si, por el contrario son funcionarios de carrera. Asimismo, es criterio reiterado de esta Corte que para clasificar como de libre nombramiento y remoción un cargo específico, no previsto en la ley como tal, debe presumirse en principio que el cargo es de carrera, quedando a cargo de quien alega lo contrario la obligación procesal de comprobar la existencia de la excepción.

Resuelto lo anterior, observa esta Corte:

Corre inserto al folio N° 36 del expediente judicial copia simple del Registro de Asignación de Cargos donde se constata, que el cargo de Jefe de División, Grado 99, ocupado por el ciudadano querellante, es de confianza.

Consta agregado a los folios 39 y 40, los Lineamientos para el Tratamiento Uniforme de los cargos de Jefes de División, dictados el 3 de octubre de 2002, que en su numeral 1, señala: “Conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cargos tipificados como Jefe de División fueron excluidos como cargos de Alto Nivel” y en su numeral 3, establece: “Dichos cargos mantendrán su condición de Libre Nombramiento y Remoción determinado por sus funciones y el alto grado de confidencialidad y responsabilidad en su desempeño, y en ningún caso deberá ejercer funciones contenidas en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos”.

De igual forma, consta en el expediente judicial copia del oficio N° 000641 del 23 de julio de 2003, suscrito por el Ministro de Planificación y Desarrollo, mediante el cual se le notificó al querellante su remoción del cargo de Jefe de División, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, señalándole a tal efecto que “viene desempeñando funciones de alto grado de confidencialidad y responsabilidad”, cargo que catalogó de libre nombramiento y remoción conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública

De los elementos antes señalados, se colige que el querellante ejercía un cargo de confianza en el ente querellado, ello en razón de las funciones ejercidas por éste, caracterizadas por su confidencialidad y responsabilidad, como son, Asesorar las diferentes unidades de la Dirección de Recursos Humanos en los procesos que le son propios, seguimiento en el cumplimiento de las políticas normas y procedimientos de la Dirección referida, por lo que resulta claro para esta Corte la naturaleza de funcionario de libre nombramiento y remoción del querellante, motivo por el cual procedía su remoción, no incurriendo en el pretendido falso supuesto ni en violación al debido proceso el ente querellado, conforme declaró el a quo, motivo por el cual se confirma, en ese aspecto el fallo sujeto a consulta. Así se declara.

En cuanto al vicio de inmotivación, debe esta Corte confirmar el fallo apelado, en el sentido de que de la simple lectura de los actos de remoción y retiro se evidencia con meridiana claridad los fundamentos de hecho y de derecho que condujeron al ente querellado a adoptar tales decisiones, pues se analiza la condición de funcionario de confianza del querellante en concordancia con los artículos 21 y 79 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ordenando la realización de las gestiones reubicatorias contenidas en los artículos 84 al 88 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Así se declara.

Respecto a la nulidad del acto de retiro, estima esta Corte que la propia Administración reconoció en el acto de remoción y de retiro, así como en el escrito de contestación de la querella “la condición de funcionario de carrera, en el ejercicio de un cargo de libre nombramiento y remoción” del querellante, por cuanto éste ostentó en un principio, el cargo de Planificador Central de Adiestramiento, como consta de Certificado de Carrera Nº 252782, lo que hace concluir que efectivamente el presente caso se trata de un Funcionario de Carrera en el ejercicio de un cargo de Libre Nombramiento y Remoción, por lo que debió otorgársele el mes de disponibilidad necesario para las gestiones de reubicación, como acertadamente aprecio el a quo, criterio además compartido por esta Corte.

Partiendo de la anterior premisa, esta Corte al analizar si el ente querellado realizó o no las gestiones reubicatorias constata que según Memorando Nº RRHH-421-2003 del 20 de agosto de 2003, el Director de Personal del Ministerio de Planificación Desarrollo solicitó al Director General de Coordinación y Seguimiento la realización de las referidas gestiones para “reubicar en un cargo de carrera de igual o superior nivel o remuneración” (folio 37, así como la respuesta dada por el referido director, informando que “procedió a efectuar los trámites de reubicación, los cuales han resultado infructuosos”.

Ahora bien, a juicio de esta Corte el ente querellado si cumplió con la obligación de otorgar el mes de disponibilidad al querellante, puesto que de autos se evidencia que efectuó las respectivas gestiones reubicatorias, resultando infructuosas, llenando los extremos exigidos por los artículo 74 al 78 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, por lo que se debe declarar la improcedencia de la pretendida nulidad del acto de retiro, motivo por el cual se revoca en ese aspecto el fallo sujeto a consulta y en su lugar se declara sin lugar la querella propuesta. Así se decide.

VI
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de ley prevista en el artículo 70 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada el 20 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar la querella incoada por el abogado ALEJANDRO JESÚS GARCÍA PIÑERO, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTURO RAFAEL BARRERA NÚÑEZ, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

2.- REVOCA PARCIALMENTE el fallo consultado.

3.- SIN LUGAR la querella.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Déjese copia de la presente decisión

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta,

ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ





El Vicepresidente,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente



El Juez,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA



La Secretaria Acc.,



NATALI CÁRDENAS RAMÍREZ



ASV/ñ
EXP. N° AP42-N-2006-000171


En fecha dieciocho (18) de julio de dos mil seis (2006), siendo la (s) 02:03 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2006-02353.

La Secretaria Acc.,