JUEZ PONENTE: NEGUYEN TORRES LÓPEZ

EXPEDIENTE N° AP42-O-2006-000178

En fecha 12 de mayo de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, oficio N° 06-1700 de fecha 30 de marzo de 2006, emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remite expediente contentivo de solicitud de regulación de competencia con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MANUEL ENRIQUE REYES PEÑA, venezolano, mayor de edad, de profesión abogado y militar en servicio activo con el grado de Coronel de la Guardia Nacional, titular de la cédula de identidad N° 5.059.262, actuando en su propio nombre y representación, contra la negativa del Presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de reconocer al prenombrado ciudadano la antigüedad laboral establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 665 del mismo texto legal, según comunicación N° 320304-018 de fecha 18 de enero de 2005.
Tal remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por la referida Sala del Máximo Tribunal en fecha 10 de marzo de 2006, mediante la cual declaró que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

En fecha 22 de mayo de 2006, se dio cuenta a la Corte, y por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Juez NEGUYEN TORRES LÓPEZ, a quien se pasó el expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente.

Realizado el estudio del expediente, esta Corte pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones:

I
ANTECEDENTES

En fecha 7 de noviembre de 2005, el ciudadano MANUEL ENRIQUE REYES PEÑA, antes identificado, interpuso en su propio nombre y representación por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, escrito contentivo de acción de amparo constitucional ejercida contra el Presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

En fecha 11 de noviembre de 2005, el Tribunal Segundo de Juicio de Primera Instancia del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, emitió pronunciamiento por medio del cual se declaró incompetente para conocer de la presente acción de amparo, y en consecuencia, declinó la competencia en los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a cuyos efectos ordenó la remisión del expediente.

Previa distribución, correspondió al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el conocimiento de la presente acción de amparo; asimismo, en fecha 15 de diciembre de 2005, se declaró igualmente incompetente para su conocimiento y planteó el conflicto negativo de competencia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenando así la remisión de la presente causa.

En fecha 13 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.

En fecha 10 de marzo de 2006, la referida Sala dictó decisión en torno al conflicto de competencia planteado, declarando a tal efecto que son competentes las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta. Dicha decisión fue dictada en base a la siguiente motivación:

“…esta Sala en sentencia número 937 del 1° de junio de 2001 (caso: ZMO Comercial, C.A.), apuntó lo siguiente:

‘…de cara a la jurisdicción de tutela constitucional de amparo, que estarían comprendidas dentro del ámbito de competencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, por la afinidad con la materia contencioso administrativa que subyazca a la solicitud de tutela constitucional, las acciones de esta naturaleza propuestas contra actos materiales imputables a las siguientes personas jurídicas estatales: A) Órganos públicos integrados a la Administración Pública Nacional Centralizada, distintos al Presidente de la República, Vicepresidente de la República y Ministros. B) Personas jurídico estatales de carácter no territorial con forma de derecho público, integradas por: a) Establecimientos públicos institucionales (Institutos Autónomos); b) Establecimientos públicos corporativos (Universidades, Colegios Profesionales y Academias); c) Establecimientos públicos asociativos. C) Personas jurídico estatales de carácter no territorial con forma de derecho privado, de las cuales forman parte: a) las Sociedades Mercantiles de capital público (Empresas del Estado); b) Asociaciones Civiles del Estado; y c) Fundaciones del Estado’.

En el caso de autos, la acción de amparo ha sido interpuesta contra el Presidente de la Junta Administradora del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto e independiente del Fisco Nacional, conforme lo preceptuado en el artículo 2 del Estatuto Orgánico del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 23.053 del 21 de octubre de 1949; por lo que de acuerdo con la doctrina contenida en la jurisprudencia transcrita la jurisdicción contencioso administrativa resulta competente para conocer del presente caso.
Siendo ello así, el Tribunal competente para conocer de la tutela invocada es una de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y así se declara…”.

II
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala en primer término el accionante, que en fecha 5 de julio de 1980 fue ascendido al grado de Sub-Teniente de la Guardia Nacional como integrante de la promoción Batalla de Boyacá II, en donde le fue otorgado el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares, Opción Guardia Nacional, con una remuneración mensual de Bs. 4.500,oo.

Que en fecha 29 de agosto de 2001, mediante Gaceta Oficial N° 37.271, fue promulgada la Ley Orgánica del Trabajo, al cual en su artículo 657 deroga la Ley del Trabajo de fecha 16 de julio de 1936 y todas sus reformas que establecían una antigüedad de 45 días por años de servicios prestados. Seguidamente, invoca y reproduce el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Asimismo, señala la parte actora en relación a los hechos, que en fecha 12 de enero de 2004 le fue remitido por el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, Gerencia de Bienestar Social, una planilla denominada Certificación de Intereses Percibidos, donde se le informó, entre otras cosas, que su tiempo de servicio es de 22 años, y que su asignación de antigüedad es igual al sueldo por tiempo de servicio, es decir, treinta días por cada año de servicio prestado, efectiva dicha antigüedad a partir del décimo año de servicio.

Que en fecha 20 de enero de 2004, ejerció recurso jerárquico por ante el Presidente del Instituto Autónomo de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, donde alegó su inconformidad con el pago de dichas prestaciones y con el derecho de antigüedad establecido después de diez años de servicios prestados, solicitando de inmediato el pago de los intereses del fideicomiso dejados de percibir desde el día 5 de octubre de 1980, fecha ésta en la cual cumplió tres meses de servicios profesionales ininterrumpidos a las Fuerzas Armadas Nacionales.

Continúa argumentando el accionante, que en fecha 25 de febrero de 2005, recibió por correo la comunicación N° 320304-018 de fecha 18 de enero de 2005, en la cual el ciudadano Coronel (Ej) William Octavio Figueredo Peláez, en su condición de Gerente de Bienestar Social del ente accionado, le informó que en cumplimiento a instrucciones impartidas por el Presidente de la Junta Administradora, declara improcedente su solicitud, alegando en primer lugar, que la Fuerza Armada tiene un régimen de seguridad social integral propio, según lo establece el artículo 328 de la Constitución; en segundo lugar, que el régimen social de la Fuerza Armada se rige por la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada, la cual establece en su artículo 21 lo siguiente: “…El Oficial, Sub Oficial Profesional de carrera efectivo o asimilado y la Tropa Profesional que pase a la situación de retiro o cese de empleo, según el caso, percibirá por una sola vez una asignación de antigüedad en dinero efectivo equivalente al producto de la multiplicación de la última remuneración mensual devengada en su condición de militar por el número de años de Servicio…”.

En cuanto al derecho aducido por el accionante para la interposición de la presente acción de amparo, señaló que le han sido violados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 19, 21, 49, 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con referencia a los artículos 19 y 21 del Texto Fundamental, relativos a la no discriminación y el derecho de igualdad ante la ley, aduce que si bien es cierto que la Ley Orgánica del Trabajo, conforme a su artículo 7, excluye a los miembros de la Fuerza Armada, no es menos cierto que la misma establece taxativamente que éstos no deberán ser desmejorados con respecto a los beneficios que recibirán los trabajadores regidos por ella, y que por otra parte, la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada, al establecer en su artículo 21 una antigüedad de treinta días por años de servicios prestados, lo ha desmejorado en su antigüedad, siendo que a su juicio, el problema es de orden constitucional, por cuanto el artículo 89, numeral 3 de la Carta Magna dispone que cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. En tal sentido, expone que de esta manera se configura la violación de los referidos derechos constitucionales, ya que a otros miembros de organismos de seguridad del Estado, tales como el Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); Policías Estadales y Cuerpo de Vigilancia y Tránsito Terrestre, se les otorga una antigüedad anual de 60 días por años de servicios prestados.

Con respecto a la violación del artículo 49 del Texto Fundamental, señala que se le ha conculcado su legítimo derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, ya que el órgano administrativo hizo caso omiso a su solicitud conforme a la cual, por imperio del principio de retroactividad de los derechos laborales, debían depositarle a partir del 5 de octubre de 1980, sesenta días de antigüedad por año de servicios prestados, y a su vez, la cancelación inmediata de los “intereses fiduciarios” dejados de percibir desde la señalada fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, denunció el accionante la violación del artículo 89, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Carta Fundamental, indicando que, “…La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, indudablemente que se ha quedado en el tiempo y ha impedido el desarrollo social que proclama la nueva constitución bolivariana, existiendo normas como el artículo 21 que data de mas de 40 años por lo que indudablemente este articulado ha quedado derogado de manera taxativa por la derogatoria única de nuestra carta fundamental (…) La Comunicación de fecha 18 de Enero de 2005, emitida por la Gerencia de Bienestar Social del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, en cumplimiento a instrucciones de su presidente, menoscaba mis derechos constitucionales consagrados en este numeral ya que no reconoce mis derechos laborales como irrenunciables a pesar de la existencia de norma constitucional que establece que de existir diferencia entre varias normas se debe aplicar la que más favorezca al trabajador, (…) de existir dudas de cual sería la aplicación o el procedimiento que se debería realizar al momento de abonar la antigüedad mensual en la cuenta fiduciaria o se pasa a retiro al militar por diferentes causas por cuanto una norma especial no Orgánica (Artículo 21) como lo es la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada, contradice a una norma especial Orgánica, como lo es la Ley Orgánica del Trabajo (Artículos 07, 108, 665), situación jurídica ésta que indudablemente deberá ser decidida tal como lo establece el Artículo 89 Numeral 3ro. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) indudablemente que esta comunicación No. 320304-018 del 18 de Enero de 2005, emitida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y la negativa de esta de reconocer los Sesenta días por año como base de la antigüedad de todo militar contraviene sin ningún fundamento la norma constitucional invocada y por consiguiente vulnera el principio de nulidad absoluta por inconstitucionalidad…”.
De igual manera, al denunciar la violación del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el accionante esgrime que dicha disposición “…consagra como de exigibilidad inmediata de las prestaciones sociales que recompensan la antigüedad, señor juez, durante mis 24 años de servicio las Fuerzas Armadas Nacionales (sic) para quien he prestado servicio ininterrumpido solo ha reconocido mi antigüedad de 2,5 días por mes, es decir 30 días por años de servicios, Antigüedad ésta que fue depositada en una cuenta fiduciaria a partir del Décimo (10) año, es decir me gradué de Sub Teniente el día 05 de Julio de 1980 y no fue si no hasta el 05 de Julio de 1.990 cuando el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), realizó el primer depósito en la cuanta fiduciaria, (sic) por lo que el primer interés percibido del fideicomiso me fue cancelado el 01 de Enero de 1991, en base a seis (06) meses de interés y no a once (11) años, habiendo dejado de percibir diez (10) años de intereses de fideicomiso, lo que configura una flagrante violación a mi derecho constitucional consagrado en e artículo en comento. Igualmente el IPSFA, se ha negado a aceptar y depositar como derecho adquirido los Treinta (30) días restantes que por ley me corresponden configurándose así una extrema violación a la norma alegada con menoscabo a mis derechos laborales…”.

Finalmente, la parte actora en su petitorio solicita se ordene a la parte presuntamente agraviante, efectuar el depósito en la cuenta fiduciaria correspondiente a sesenta (60) días de antigüedad por año de servicios, desde el 5 de octubre de 1980, y no de treinta (30) días como se le ha venido cancelando.



III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En acatamiento a lo dispuesto en el fallo proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10 de marzo de 2006, en el cual declaró que la competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, este Órgano Colegiado procede a emitir pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, en virtud de las siguientes consideraciones:

La acción de amparo constitucional objeto de análisis, se interpuso contra la presunta negativa del Presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y del Gerente de Bienestar Social de dicho Instituto, en reconocerle al accionante la antigüedad laboral consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo correspondiente a sesenta días de antigüedad anual por cada año de servicio prestado, así como la cancelación de los respectivos intereses, que a juicio de la parte actora, se han producido desde el día 5 de octubre de 1980, esto es, tres meses después de la fecha en la cual ingresó a la Fuerza Armada Nacional, vista la comunicación N° 320304-018 de fecha 18 de enero de 2005.

Así las cosas, al realizar el examen de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, destaca la contenida en el numeral 5 de dicho artículo, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
(…omissis…)
5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”.

Al efecto es menester indicar que uno de los caracteres principales de la acción de amparo, es la de ser un medio judicial extraordinario, cuya misión es poner de nuevo al solicitante en el goce de los derechos constitucionales que le han sido menoscabados, cuando no exista otro medio procesal ordinario, o si bien existiendo, no sea lo suficientemente breve, sumario y eficaz para atender lo solicitado por el interesado.

La jurisprudencia ha señalado a este respecto, que la citada causal está referida a los casos en los que el actor, antes de hacer uso de la vía de amparo constitucional, interpone cualquier otro recurso ordinario, y una vez interpuesta la vía ordinaria que consideró idónea para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, pretende solicitar por vía de amparo constitucional la restitución del derecho que estima vulnerado. Asimismo, no sólo resulta inadmisible la acción de amparo constitucional cuando se acude previamente a la vía judicial ordinaria, sino también en los casos en los cuales teniendo la posibilidad de hacer uso de la misma, se elige acudir a la vía extraordinaria de la acción de amparo.

Así lo ha confirmado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 15 de marzo de 2002, caso: Michele Brionne, la cual expresó lo siguiente:

“…Por otra parte resulta igualmente necesario reiterar el criterio de esta Sala, respecto al contenido del artículo 6 numeral 5 (...), en el cual se señaló que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria; no obstante, ‘(…) para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía –amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador’.
Ahora bien, en el presente caso, al no haber expuesto el accionante motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo y al no verificarse el ejercicio del mencionado mecanismo judicial, estima, conforme a la jurisprudencia supra transcrita, que la presente acción de amparo resulta inadmisible, conforme al artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”.

Explanado lo anterior, advierte esta Corte que los hechos que fundamentaron la tutela constitucional solicitada, se produjeron en el marco de una relación de naturaleza funcionarial, originada por la situación de pase a retiro del accionante por el tiempo de servicio prestado a la Fuerza Armada Nacional, tal como se desprende de la comunicación N° 320304-018 (folio 18) suscrita en fecha 18 de enero de 2005 por el Coronel (Ej) William Octavio Figueredo Peláez, en su condición de Gerente de Bienestar y Seguridad Social del Instituto accionado; por otra parte, en cuanto a la lesión denunciada por el accionante de derechos constitucionales de orden laboral, es menester señalar que las disposiciones constitucionales constituyen la matriz del resto del ordenamiento jurídico existente, por lo cual toda situación fáctica contraria a derecho, atenta indefectiblemente contra los postulados contenidos en la Carta Fundamental; sin embargo, no por ello, la acción de amparo constitucional debe ser ejercida en todo supuesto como única vía judicial, por cuanto como ya se ha señalado, su carácter extraordinario condiciona la utilización de este recurso frente a las vías judiciales ordinarias establecidas según el caso planteado.

De manera pues, que en el caso de autos, el accionante tendrá que hacer uso de una vía judicial ordinaria para dilucidar su pretensión, en relación a los conceptos o asignaciones relativas al tiempo de servicio prestado en la Institución, para lo cual esta Corte, a los fines de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción de la parte actora, establece que a partir de la fecha de notificación del presente fallo, comenzará a computarse el lapso que corresponda para la interposición del recurso de nulidad establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En razón de la motivación antes expuesta, esta Corte debe necesariamente declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara:

INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MANUEL ENRIQUE REYES PEÑA, venezolano, mayor de edad, de profesión abogado y militar en servicio activo con el grado de Coronel de la Guardia Nacional, titular de la cédula de identidad N° 5.059.262, actuando en su propio nombre y representación, contra la negativa del Presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de reconocer al prenombrado ciudadano la antigüedad laboral establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 665 del mismo texto legal, según comunicación N° 320304-018 de fecha 18 de enero de 2005.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los _________________ días del mes de ________________ de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Juez Presidente,



JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ



La Juez Vice-Presidente,



AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA


La Juez,


NEGUYEN TORRES LÓPEZ
Ponente
El Secretario Accidental,


EMILIO ARTURO MATA QUIJADA



Exp. N° AP42-O-2006-000178
NTL/