TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
EXPEDIENTE N° AP42-G-2006-000031

En fecha 11 de mayo de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo (U.R.D.D), Oficio N° J5/0447/2006 de fecha 3 de abril de 2006, emanado del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesta por la abogada ROSA ELENA PEIRÓ, titular de la cédula de identidad N° 5.371.594, asistida por la abogada Nieves Ortega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.775, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Tal remisión se efectúo en virtud de la decisión dictada por el mencionado Juzgado, en fecha 3 de abril de 2006, mediante la cual se declaró incompetente para conocer la demanda interpuesta y declinó la competencia en esta Corte.

En fecha 19 de mayo de 2006, se dio cuenta a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y se designó ponente a la Juez AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir en base a las siguientes consideraciones:

I
DE LA DEMANDA DE ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES

En fecha 7 de octubre de 2003, la abogada Rosa Elena Peiró interpuso demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales, sobre la base de los siguientes argumentos:

Que ejerció la defensa del ciudadano Luis Alfredo Ruiz Pacheco, en el juicio oral y público que por delito de homicidio calificado le fue seguido en agravio del ciudadano Edgar Antonio Guatache Ramones.

Que el Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 30 de junio del año 2000, declaró la no culpabilidad de su defendido y, consecuentemente, fue absuelto de responsabilidad penal por el delito imputado.

Que en la referida decisión se señaló que las cargas de las costas correspondían íntegramente al “Estado”; por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 265 y 266, ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, pasaba a estimar e intimar sus honorarios profesionales a la parte totalmente vencida, es decir, el “Estado Venezolano”.
Que la suma de todas las partidas prudentemente determinadas, arrojan un monto total de Cuatrocientos Setenta Millones de Bolívares (Bs. 470.000.000,00); en virtud de lo cual solicitó la citación de la Procuradora General de la República, para que conviniera en pagarle los honorarios profesionales causados.

II
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Mediante decisión de fecha 3 de abril de 2006, el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declinó la competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo, fundamentando su decisión en la sentencia N° 1209 de fecha 2 de septiembre de 2004, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció que las Cortes de lo Contencioso Administrativo, eran competentes para conocer de las demandas que se propusieran contra la República, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos, entes públicos o empresas, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejercieran un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración, siempre que su cuantía excediere de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que para el momento de dictarse el fallo equivalía a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00) hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T), equivalente a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), si su conocimiento no estaba atribuido a otro tribunal.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Visto que la competencia es un presupuesto procesal que puede revisarse en cualquier estado y grado del proceso, esta Corte considera necesario realizar las siguientes consideraciones:

En el presente caso, la parte demandante pretende la estimación e intimación de los honorarios profesionales causados en el juicio penal, que fuere tramitado en el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

Así, la pretensión del actor tiene asidero en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

“En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados”.

En iguales términos se refiere el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual dispone:

“El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. (Negrillas de esta Corte).
Del artículo transcrito, se desprenden dos situaciones, la primera se refiere al reclamo de honorarios por servicios extrajudiciales, caso en el cual el procedimiento aplicable es el breve previsto en el Código de Procedimiento Civil, porante el Tribunal competente por la cuantía y, la segunda se refiere, a la surgida en un juicio contencioso, caso en el cual la incidencia se resolverá, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Huelga aclarar que el artículo 386 a que alude la norma transcrita se refiere al Código de Procedimiento Civil derogado.

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo declinó el conocimiento del presente asunto en esta Corte, por considerar que se trataba de una demanda contra la República, toda vez que la sentencia dictada en el juicio penal, condenó al “Estado Venezolano” al pago de las costas procesales, que incluyen el pago de los honorarios profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 266, ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 04568, de fecha 29 de junio de 2005, en un caso similar al de autos, estableció que el juez que puso fin al juicio penal una vez declarada la absolución del imputado, es el competente para conocer sobre la solicitud de estimación e intimación de los mismos.

En el aludido fallo la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, expresó lo siguiente:

“…la Sala observa, que en lo que se refiere a la solicitud de estimación e intimación de honorarios profesionales, planteada por la abogada Elena Patikas Martín, la misma se fundamentó en la asistencia profesional que como tal prestó al ciudadano Miguel Ángel Mujica Patica, en el referido juicio penal, del cual resultó absuelto el prenombrado ciudadano y adicionalmente a ello, se aprecia que la citada normativa dispone que los honorarios profesionales de los abogados, se encuentran contenidos dentro de las llamadas costas procesales. Por ello, el juez que puso fin al juicio penal una vez declarada la absolución del imputado, es el competente para conocer sobre dicha solicitud de intimación y estimación de los mismos; en tal virtud, la Sala no es competente para conocer de esta solicitud, razón por la cual no acepta la declinatoria de competencia planteada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo…”. (Negrillas de esta Corte).

De manera que, estamos frente a una errónea aplicación del criterio establecido en la sentencia N° 1209 de fecha 2 de septiembre de 2004, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que delimitó las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo y de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a las demandas intentadas contra la República, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración.

Pues el caso que nos ocupa, no se refiere a una demanda autónoma contra la República, como lo adujo el Tribunal declinante, se trata de una incidencia surgida con ocasión de un juicio penal, aún cuando no hubiere sido interpuesta en el mismo juicio de manera incidental, que ameritara la articulación probatoria a la que hace referencia el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de determinar si efectivamente el peticionante tiene el derecho de cobrar los honorarios profesionales que reclama, lo que constituye la fase declarativa del juicio de estimación e intimación de honorarios.
Incluso, advierte este Órgano Jurisdiccional que el fundamento esgrimido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, fue el mismo que utilizó el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, para la remisión de la presente causa a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, esto es, las competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Político-Administrativa, para conocer las demandas contra la República, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, previstas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Corte de Apelaciones, y la sentencia N° 1209 de fecha 2 de septiembre de 2004, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso sub iudice.

En razón de lo antes expuesto, considera esta Corte que el Juzgado competente para conocer la presente causa es el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; razón por la cual, esta Corte se declara incompetente. No obstante, por ser el segundo tribunal que declaró su incompetencia para conocer el referido asunto, si bien es cierto que lo conducente sería plantear el conflicto negativo de competencia y solicitar la regulación de competencia por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, no es menos cierto que plantear un conflicto negativo de competencia, en el presente caso resulta inoficioso puesto que ésta ha sido establecida por la propia Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual constituiría una eventual limitación al efectivo y rápido acceso a la justicia del recurrente, ello en virtud del tiempo que tendría que esperar para obtener la decisión correspondiente.

En consecuencia, sin perjuicio del criterio establecido por la Sala Plena (vid. Sentencia de fecha 2 de noviembre de 2005, N° Exp 2004-0040) y en aras de garantizar al recurrente una tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Corte declara que el Órgano Jurisdiccional competente para conocer el presente asunto es el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a quien se ordena remitir el expediente. Así se declara.

III
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, para conocer la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales interpuesta por la abogada ROSA ELENA PEIRÓ, asistida por la abogada Nieves Ortega, anteriormente identificadas, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

2. ORDENA remitir el presente expediente al Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a los fines que conozca la demanda de estimación e intimación de honorarios interpuesta.

Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los _________________ ( ) días del mes de ________________ de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Presidente,

JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

La Vicepresidente-Ponente,

AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA

La Juez,

NEGUYEN TORRES LÓPEZ

La Secretaria Accidental,

MARISOL SANZ BARRIOS

Exp. N° AP42-G-2006-000031
AGVS