EXPEDIENTE N° AP42-R-2004-002129 JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL En fecha 21 de diciembre de 2004, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 1209-04 de fecha 19 de octubre de 2004, emanado del Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ANTONIO RAMÓN MANRIQUE, portador de la cedula de identidad N° 1.887.019 asistido por el abogado José Luis Bugallo Castro, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.724, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Remisión que se efectuó en virtud de la apelación interpuesta el 17 de septiembre de 2004 por la parte recurrente contra la sentencia de fecha 27 de agosto de 2004 dictada por el referido Juzgado, mediante la cual declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta. En fecha 1° de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de la misma fecha, se designó ponente al Juez Jesús David Rojas Hernández, y se dio inicio a la relación de la causa, cuya duración fue 15 días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante deberá presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación. En fecha 9 de marzo 2005 el abogado Manuel Manrique Siso inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 4.007, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Antonio Ramón Manrique, consignó escrito de Formalización de la apelación interpuesta en la presente causa. En fecha 13 de abril de 2005 vencido el lapso de promoción de pruebas, se fijó para que tuviera lugar el acto de informes de conformidad con lo previsto en el artículo 19, aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. El 3 de mayo de 2005, siendo el día y hora fijados para la celebración de los informes se dejó constancia de la comparecencia de la parte actora y la no comparecencia del ente querellado. El 4 de mayo de 2005 se dijo “Visto” y se ordenó fijar el lapso de sesenta (60) días continuos para dictar decisión en la presente causa. En fecha 9 de mayo de 2005 se pasó el expediente al Juez Ponente. En Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de octubre de 2005, fueron designados los Jueces de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, siendo juramentados ante esa misma sede jurisdiccional el 18 del mismo mes y año. Mediante Acta N° 25 de fecha 19 de octubre de 2005, se dejó constancia de que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo fue reconstituida y quedó integrada de la siguiente forma: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, Presidenta; ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Vicepresidente y ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Juez. Por auto de fecha 17 de mayo de 2006, esta Corte se abocó al conocimiento de la causa y en virtud de la distribución automática, se reasignó la ponencia al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a quien se ordenó pasar el presente expediente a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dicte la decisión correspondiente. En esta misma fecha se pasó el expediente al Juez ponente. Revisadas las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL El ciudadano Antonio Ramón Manrique, asistido por el abogado José Bugallo, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial, con base en las siguientes consideraciones: Que ingresó al Consejo Nacional Electoral, en fecha 15 de octubre de 2000 desempeñando el cargo de Periodista III, adscrito a la Dirección de Relaciones Públicas devengando un sueldo mensual de setecientos noventa y siete mil bolívares (Bs. 797.000,00), hasta el 19 de julio de 2001 fecha en la que el Lic. Alfredo Palacios, Director General Sectorial de Relaciones Públicas del referido Organismo, le notificó que fue removido de su cargo por instrucciones verbales del ciudadano José Manuel Zerpa, Director Principal del organismo electoral. Narró que ”(…) no h[a] incurrido en ninguna de las causales contempladas en el Ord. 4to. (sic) del Art (sic) 53 y 62 la ley (sic) Carrera Administrativa y se [le] impidió el derecho a la defensa y al debido proceso, contemplado en el Art. (sic) 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que invoc[ó] las facultades de este Tribunal para que se declare la nulidad de [su] destitución, se ordene [su] reincorporación al cargo que desempeñaba y la cancelación de los sueldos pendientes y los que se causen.” Alegó la violación de los artículos “(…) 17, 37, 53, 62, 73 y 78 de la Ley de Carrera Administrativa y ordinales 1ro., 2do., 3ro. y 6to. del Art. (sic) 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. II DEL FALLO APELADO En fecha 27 de agosto de 2004 el Juzgado Superior Tercero de Transición en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital declaró sin lugar el recurso incoado y para ello observó lo siguiente: “(…) Así las cosas y visto que no consta en el expediente que el querellante haya ingresado al régimen de la Carrera Administrativa mediante la única forma válida de ingreso, esto es el concurso de oposición pública, sino que por el contrario, de las pruebas aportadas se deduce que el accionante ingresó al Consejo Nacional Electoral en condición de contratado, resulta imperioso para este Sentenciador concluir que no puede ser reconocida la condición de funcionario de carrera administrativa del querellante, y en consecuencia no existía relación funcionarial entre el mismo y el Consejo Nacional Electoral, por lo que mal podría estar amparado por la estabilidad general prevista en el artículo 17 de la Ley de Carrera Administrativa. Visto lo anterior, y por cuanto como se señaló anteriormente a la parte actora no le asiste ninguno de los derechos que reclama con fundamento en una relación contractual, mal pudo la Administración infringir la estabilidad y demás derechos que señala el recurrente, toda vez que la normativa aplicable al accionante era la prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, y no el régimen consagrado en la Ley de la Carrera Administrativa y así se declara. Decidido lo anterior, resulta inoficioso pronunciarse sobre el resto de los alegatos esgrimidos por el accionante y así se decide”. III FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN A través de escrito presentado ante esta Corte el 9 de marzo de 2005, el abogado Manuel Manrique Siso formalizó el recurso de apelación interpuesto el día 17 de septiembre de 2004, en los términos que se explanan a continuación: Alegó que el Sentenciador del recurrido quebrantó la garantía de su representado a un derecho a la estabilidad contemplada en el articulo 93 de la Constitución Nacional “(…) interpretando de forma festinezca los derechos de los funcionarios públicos, que no se les ha dado la oportunidad de ingresar por concurso, como lo establecía la derogada Ley de Carrera Administrativa.” En este orden de ideas esgrimió que “(…) es público y notorio que los efectos de violar los sagrados derechos de los trabajadores al servicio del Estado (sic) se ha inventado la figura del trabajador contratado, como lo denunci[ó] el 14 de enero de 1999, ante la Comisión (sic) Presidencial (sic) de enlace, que formalmente ampliar[a] en otra oportunidad.” IV DE LA COMPETENCIA Antes de pronunciarse acerca de la apelación interpuesta por la parte actora contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de agosto 2004, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estima necesario revisar su competencia para conocer de la presente causa y al respecto observa que el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece: “Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contados a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. Ello así, dado que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional, tiene las mismas competencias de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, como lo precisó la Resolución N° 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, esta Corte se declara competente para conocer de la presente apelación y así se decide. V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Corte, actuando como jurisdicción de Alzada, pronunciarse en torno a la procedencia del recurso de apelación interpuesto el día 17 de septiembre de 2004 por el abogado José Luis Bugallo Castro, contra la sentencia definitiva emitida por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 27 de agosto de 2004, en la que se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, y a tal respecto observa: De acuerdo con la revisión emprendida al expediente judicial de la presente querella, deduce esta Corte que el ciudadano Antonio Ramón Manrique interpuso el actual recurso contencioso administrativo funcionarial confesando al efecto que ingresó a la Administración Pública mediante contrato celebrado con el Consejo Nacional Electoral a tiempo determinado con vigencia a partir del 15 de octubre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, a fin de ocupar el cargo de Periodista III. (Folio 35 del expediente judicial). Se colige asimismo, que el querellante alegó mantenerse al servicio del referido organismo hasta el día 19 de julio de 2001, fecha en la que presuntamente fue notificado verbalmente por el Director General Sectorial de Relaciones Públicas del Consejo Nacional Electoral, Licenciado Alfredo Palacios “(…) que había sido removido de [su] cargo por instrucciones verbales del ciudadano JOSÉ MANUEL ZERPA, Director Principal de ese organismo electoral”. Ello así, se desprende que la querellante admite la circunstancia que ingresó a la Administración Pública bajo la modalidad de contratación bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, situación que amerita efectuar algunas acotaciones: La Ley de Carrera Administrativa sustituida hoy por la Ley del Estatuto de la Función Pública-, texto legal vigente para el momento en el que el querellante alegó haber comenzado la prestación de sus servicios -15 de octubre de 2000-, establecía en sus artículos 34 y 35 los requisitos para la selección e ingreso de los funcionarios públicos de carrera, en los términos siguientes: -Artículo 34: “Para ingresar a la Administración Pública Nacional, es necesario reunir los siguientes requisitos: 1.- Ser venezolano. 2.- Tener buena conducta. 3.- Llenar los requisitos mínimos correspondientes al cargo respectivo. 4.- No estar sujeto a interdicción civil, y 5.- Las demás, que establezcan la Constitución y las Leyes”. -Artículo 35: “La selección para el ingreso a la carrera administrativa se efectuará mediante concurso a los cuales se dará la mayor publicidad posible. Tales concursos estarán abiertos a toda persona que reúna los requisitos previstos en el artículo anterior y los que se establezcan en las especificaciones del cargo correspondiente, sin discriminaciones de ninguna índole. La referida selección se efectuará mediante la evaluación de los aspectos que se relacionen directamente con el correspondiente desempeño de los cargos. Los resultados de la evaluación se notificarán a los aspirantes dentro de un lapso no mayor de sesenta (60) días”. (Negrillas de esta Corte). De las disposiciones normativas antes plasmadas, se colige que en principio, cualquier ciudadano venezolano, de buena conducta, no sujeto a interdicción civil y que llene los requisitos mínimos para optar al cargo que se esté ofreciendo en la Administración Pública, tiene derecho a ser considerado para la selección e ingreso a la carrera funcionarial. En ese sentido, la Ley imponía un requisito previo de ineludible acatamiento para la elección del funcionario que ocupará el cargo de que se trate, cual es el respectivo concurso público de oposición, en el cual todos los aspirantes, en condiciones de igualdad y con absoluta transparencia, son evaluados en los puntos directamente relacionados con el cargo optado. Ha sido este pues, desde la entrada en vigencia de la derogada Ley de Carrera Administrativa y hasta la promulgación del Texto Fundamental de 1999, el único modo de incorporación a la función pública previsto en el ordenamiento jurídico venezolano. En efecto, en la actualidad la Carta Magna contempla como una exigencia de rango constitucional para el ingreso a la función pública la presentación y aprobación de concurso público, así como también establece la regla general de que todos los cargos de la Administración Pública son de carrera, salvo las excepciones legales, entre las que se cuentan al personal contratado. Por consiguiente y bajo la línea interpretativa expuesta en el presente fallo, no encuentra cabida la aplicación de las antiguas tesis que admitían la posibilidad de incorporación a la carrera administrativa mediante el “ingreso simulado a la Administración Pública”, esto es, quedó erradicada cualquier posibilidad de admitir el ingreso a la función pública de los llamados “funcionarios de hecho” o del personal contratado, por expresa prohibición constitucional. Asimismo, el orden constitucional vigente a partir del año 1999, propugna como exigencia fundamental para el ingreso a la función pública la presentación y aprobación por parte del aspirante del correspondiente concurso público de oposición, de allí que con la entrada en rigor del nuevo orden constitucional, se ratificó la exigencia que preveía la derogada Ley de Carrera Administrativa de que el ingreso a la función pública se encuentra condicionado al cumplimiento ineludible de tal formalidad. A mayor abundamiento, en la actualidad la Ley del Estatuto de la Función Pública, siguiendo la tradición que sobre la materia pautaba la derogada Ley de Carrera Administrativa, dispone en su artículo 39 que la contratación no podrá constituir en ningún caso una vía de ingreso a la Administración Pública, y en su artículo 40 estatuye que el proceso de selección de los aspirantes a los cargos de carrera se hará a través de la realización de concursos públicos: -Artículo 39 “En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública”. -Artículo 40 “El proceso de selección de personal tendrá como objetivo garantizar el ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la Administración Pública, con base en las aptitudes, actitudes y competencias, mediante la realización de concursos públicos que permitan la participación, en igualdad de condiciones, de quienes posean los requisitos exigidos para desempeñar los cargos, sin discriminaciones de ninguna índole. Serán absolutamente nulos los actos de nombramiento de funcionarios o funcionarias públicos de carrera, cuando no se hubiesen realizado los respectivos concurso de ingreso, de conformidad con esta Ley”. (Negrillas de esta Corte). Los imperativos legales antes invocados encuentran su sustento constitucional en lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que: “Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño”. (Negrillas de esta Corte). Dentro de este contexto, concluye este Órgano Jurisdiccional que tanto en la derogada Ley de Carrera Administrativa, como en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley del Estatuto de la Función Pública, se establece que sólo a través de la presentación y aprobación de concursos públicos de oposición pueden los aspirantes a ingresar a la carrera administrativa obtener su nombramiento conforme a derecho, de allí que la vía de la contratación no podrá constituir en ningún caso un medio apto para la incorporación a la función pública. Así se declara. Partiendo de la anterior premisa, se advierte que en el caso sub iudice el ciudadano Antonio Ramón Manrique, admitió haber prestado funciones en el Consejo Nacional Electoral en virtud de la suscripción del contrato de servicio por tiempo determinado, a fin de ocupar el cargo de Periodista III en el aludido organismo. En consecuencia, se declara que el querellante no posee la cualidad de funcionario público de carrera que se atribuye, dado que éste no logró probar en los autos el haber dado cabal cumplimiento a la exigencia legal de presentación y aprobación de concurso público de oposición, y subsecuente nombramiento e ingreso a la carrera administrativa. Así se declara. Descartada la condición de funcionario público del querellante, mal podría este Órgano Jurisdiccional reconocerle el derecho a la estabilidad por el ejercicio de sus funciones al servicio del Consejo Nacional Electoral, de allí que se hace innecesario el examen de las causales de nulidad invocadas por esta contra el acto administrativo que decidió poner fin a su relación contractual. En razón de lo antes sentado, esta Corte declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del accionante y, en consecuencia, confirma la sentencia dictada el 27 de agosto de 2004 por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el actual recurso contencioso administrativo funcionarial. Así se decide. VI DECISIÓN En virtud de los razonamientos precedentemente examinados, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: 1.- Declara su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Manrique Siso, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 4.007, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Antonio Ramón Manrique, contra la sentencia dictada el 27 de agosto de 2004 por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por dicho ciudadano contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (C.N.E) 2.- Declara SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la decisión recurrida en el presente fallo. Publíquese y notifíquese. Remítase el presente expediente al Juzgado de origen, a los fines de la notificación de la presente decisión, debiendo informar mediante oficio a este Órgano Jurisdiccional la oportunidad en la que ésta quede firme, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que conste en autos la última de las notificaciones, a objeto de la actualización de los registros correspondientes en el Sistema JURIS 2000. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Caracas, a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. Se difiere la publicación del presente fallo por anuncio de voto salvado. La Presidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ El Vicepresidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA Voto Salvado La Secretaria Accidental, NATALÍ CÁRDENAS RAMÍREZ Exp. Nº AP42-R-2004-002129 ASV/p VOTO SALVADO El Juez ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, deplora disentir de lo explanado por los distinguidos Jueces que conforman la mayoría sentenciadora en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ANTONIO RAMÓN MANRIQUE, titular de la cédula de identidad N° 1.887.019, asistido por el abogado José Luis Bugallo Castro, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.724, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, particularmente en lo que se refiere al trámite que se establece para realizar la notificación del fallo que se cuestiona, y fundamenta su VOTO SALVADO en las siguientes razones: En primera instancia resulta necesario recordar que de ordinario es al sentenciador que le corresponde notificar de sus propias decisiones, específicamente en los casos que el fallo se haya emitido fuera del lapso legal, afirmación que se realiza con base al contenido del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 251.-El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto de diferimiento y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos”. Sin embargo, puede darse el caso que el Tribunal que emite la sentencia, haga uso de la figura de la comisión para hacer saber a las partes que la misma ha sido dictada, ello conforme a lo previsto en los artículos 234 y 235 del mismo Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la doctrina ha dicho que la comisión viene a ser la ejecución de actos judiciales fuera de la sede del Tribunal, denominándose comitente al juez que confiere la comisión y aquel que la recibe, encargado de la ejecución, se llama comisionado, clasificando tal figura de la comisión en tres clases: Despacho; Exhorto y Suplicatoria. En todo caso, el comisionado tiene el deber de cumplir la comisión, pero siempre dentro de los términos del exhorto o despacho, sin reducirlos ni extralimitarlos (Calvo Baca, Emilio. Código de Procedimiento Civil de Venezuela) Asimismo, otros autores como Ricardo Henríquez La Roche han señalado que la comisión constituye, según su naturaleza, “una delegación de la competencia funcional que corresponde al tribunal comitente, a los fines de practicar un acto de instrucción (prueba), ejecución (vgr. Embargos) o comunicación procesal (citación o notificaciones) … nosotros vemos en estos actos la asignación de un cometido o trámite que debía corresponder hacer al juez de la causa o al juez de ejecución, según la función (competencia funcional) que le asigna la ley”. (Código de Procedimiento Civil. Tomo II) De tal modo, resulta claro que para el caso que se requiera el concurso de un tribunal distinto al que dictó la sentencia a los efectos de practicar su notificación debe mediar la correspondiente comisión, bien por vía del despacho, del exhorto o de la suplicatoria. Igualmente, debe señalarse que ante tales supuestos el respectivo expediente se mantiene en el tribunal comitente, pues como ya se dijo, lo que se produce es una delegación de la competencia funcional a los efectos, únicamente, de efectuar una determinada actuación, entre ellas, la notificación de un fallo; ello no puede ser de otra manera, pues es ante el tribunal que emite la decisión - que se notifica por medio de una comisión - que las partes pueden ejercer determinados recursos o peticiones. Ejemplo de lo anterior, es el supuesto a que se refiere el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, norma que dispone lo siguiente: “Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”. Ahora bien, en lo que se refiere al presente asunto debe observar quien disiente que la mayoría sentenciadora dispuso una forma muy particular de notificar a las partes de la sentencia proferida, al prescribir lo siguiente: “(…) Remítase el expediente al Tribunal de origen, a los fines de la notificación de la presente decisión, debiendo informar mediante oficio a este Órgano Jurisdiccional la oportunidad en la que ésta quede firme, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que conste en autos la última de las notificaciones, a objeto de la actualización de los registros correspondientes en el Sistema JURIS 2000 (…)”. A este respecto, se considera pertinente destacar que el mecanismo de notificación trascrito, sin duda alguna se aparta de las disposiciones que sobre la materia dispone la ley adjetiva civil; en este mismo sentido, es de resaltarse que se ordena la remisión del expediente al tribunal de origen (supuesto tampoco tipificado para estos casos por el legislador), e incluso emerge que va a ser un tribunal distinto al que emitió el fallo el que determine su firmeza, todo lo cual, a mi criterio, ameritaba, al menos, un análisis jurídico en la motivación de la decisión; ello no puede ser de otra manera, toda vez que al procederse a la variación de un trámite procesal, por vía de sentencia, se requiere, en mi opinión, de una debida sustentación argumentativa, circunstancia ésta evidentemente no verificada en el presente caso. De la misma manera, se considera que con las determinaciones que sobre el tema en comento se hacen en el fallo (sin el debido fundamento) se pudieran ver afectados, entre otros, el derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los propios justiciables, quienes por ejemplo, en estos casos, no podrían, ante el Órgano Jurisdiccional que dictó la decisión, darse por notificados o realizar una solicitud de ampliación o de aclaratoria de sentencia como lo pauta el Código de Procedimiento Civil, pues el expediente no se encontrará en el mismo. En virtud de lo precedentemente expuesto, es por lo que me resulta forzoso manifestar, mediante el presente voto salvado, mi inconformidad con los términos del fallo que antecede, en lo que se refiere, al procedimiento instaurado para realizar la notificación del mismo. Queda así expresado el criterio del Juez disidente. Caracas, primero (1°) de junio de dos mil seis (2006). La Presidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ El Vicepresidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA Disidente La Secretaria Accidental, NATALI CÁRDENAS RAMÍREZ Exp. Nº AP42-R-2004-002129 AJCD/17 En fecha primero (1°) de junio de dos mil seis (2006), siendo la (s) 01:35 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2006-01671. La Secretaria Acc.