EXPEDIENTE Nº AP42-R-2006-000976 JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL El 26 de mayo de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 0047 del 8 de mayo de 2006, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana ELIZABETH MOYETONES, identificada con la cédula de identidad N° 7.105.567, asistida por la abogada Liz Ojeda, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 86.266, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO. Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta el 25 de abril de 2006, por la querellante, contra la decisión dictada el 30 de marzo de 2006, por el referido Juzgado, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. El 20 de junio de 2006, se dio cuenta a la Corte y, en virtud de la distribución automática de la causa, se designó ponente al Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a quien se ordenó pasar el presente expediente a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente. El 21 de junio de 2006, el abogado Freddy E., Torres inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 94.981, actuando como apoderado judicial de la querellante presentó diligencia mediante la cual solicitó celeridad procesal e igualmente consignó copia simple del poder que acredita su representación. Realizado el análisis correspondiente de las actas que conforman el presente expediente, la Corte pasa a pronunciarse sobre la apelación interpuesta, previa las siguientes consideraciones: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD El 24 de enero de 2006, la ciudadana Elizabeth Moyetones, asistida por la abogada Liz Ojeda, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial, con base en los siguientes argumentos: Indicó que la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Los Guayos del Estado Carabobo le abrió un procedimiento disciplinario, por presuntas faltas a su puesto de trabajo como Analista de Personal II en el transcurso de un (1) mes, específicamente en fechas 3, 10 y 17 de octubre de 2005 e incluso el día 24 de septiembre de ese mismo año. Señaló que la falta del día 24 de septiembre de 2005, no da lugar a la apertura de un procedimiento de esa naturaleza, toda vez que dicho día fue sábado, y su jornada de trabajo era de lunes a viernes. Que en lo referente a las faltas de los días 3, 10 y 17 de octubre de 2005, se encontraba de reposo médico expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Médicos (IVSS), tras una intervención quirúrgica de la cual tenía conocimiento dicho despacho. Hizo referencia a que el referido reposo médico consta de varios reposos, de los cuales destacan dos (2), el primero que va desde el 23 de septiembre de 2005 hasta el 24 de octubre de 2005, y el segundo desde el 23 de octubre de 2005 hasta el 24 de noviembre de 2005. Adujo que es mas que evidente que estando de reposo emitido por la incapacidad temporal en virtud de la intervención quirúrgica a la que fue sometida por hernia, es imposible que pudiera estar laborando en tales fechas, razón por la que el procedimiento disciplinario llevado por la Dirección de Recurso Humanos de la Alcaldía del Municipio Los Guayos del Estado Carabobo resulta írrito. Fundamentó su recurso en lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; artículos 89, 92, 93 y 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y los artículos 53 y 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue destituida del cargo que desempeñaba como Analista de Personal II en la Alcaldía del Municipio Los Guayos del Estado Carabobo, igualmente solicitó la restitución de sus derechos infringidos y la inmediata reincorporación al mencionado cargo. II DEL AUTO APELADO El 30 de marzo de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con fundamento en lo siguiente: “Ahora bien, del texto del escrito contentivo del recurso y de los documentos que lo acompañan desprende este Juzgador que no fue producido a los autos el acto cuya impugnación se pretende. A este respecto señala el artículo 19, parágrafo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, instrumento legal aplicado por analogía en el presente caso ante la ausencia en la Ley del Estatuto de la Función Pública de norma alguna relativa a la admisibilidad de los recursos, de lo siguiente: ‘Se declara inadmisible la demanda, o solicitud o un recurso cuando así lo disponga la Ley; …(OMISSIS)…o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o el recurso es admisible; … (OMISSIS)…’.”. III DE LA COMPETENCIA Antes de pronunciarse acerca del recurso interpuesto, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estima necesario revisar su competencia para conocer de la presente causa, y al respecto observa que el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece: “Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contado a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. La norma antes transcrita, establece la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de las apelaciones -o consultas de conformidad con el artículo 70 de de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República- que se interpongan contra las decisiones dictadas por los Tribunales a quienes corresponde el conocimiento de las reclamaciones funcionariales. Ello así, dado que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional, tiene las mismas competencias de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, como lo precisó la Resolución N° 2003-0003 de fecha 10 de diciembre de 2003 (Gaceta Oficial N° 37.980) dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; y la reiterada jurisprudencia de la Sala Político Administrativa que da a las Cortes de lo Contencioso Administrativo el carácter de Tribunales de Alzada con respecto a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo (Vid. Sentencia Nº 02271 dictada en fecha 24 de noviembre de 2004, caso Tecno Servicio Yes´Card, C. A.), esta Corte se declara competente para conocer de la presente apelación y así se decide. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer de la apelación interpuesta, pasa a emitir el respectivo pronunciamiento que el presente caso amerita y a tal efecto observa: Se desprende de una revisión exhaustiva de los autos, que la recurrente solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual es destituida del cargo de Analista de Personal II que desempeñaba en al Alcaldía del Municipio Los Guayos del Estado Carabobo. Al respecto, el Juzgado a quo observó que la recurrente no acompañó documento alguno contentivo del acto administrativo objeto de impugnación, esto es, el acto administrativo mediante el cual se le destituye del cargo que desempeñaba en la Alcaldía del Municipio Los Guayos del Estado Carabobo. En consecuencia, el referido Juzgado declaró inadmisible el recurso incoado de conformidad con lo previsto en el artículo 19, parágrafo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, del examen de las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que efectivamente, el quejoso no consignó copia -simple o certificada- del acto administrativo impugnado, lo cual reviste vital importancia para la revisión de la admisibilidad de la solicitud formulada, por cuanto el mismo permitiría al Órgano Jurisdiccional formarse un criterio para verificar la veracidad de lo alegado por la parte accionante y pronunciarse sobre la admisión de la acción, de cara al examen previo del acto -instrumento- cuestionado a través del presente recurso. A la precisión anterior se aúna lo contenido en el aparte 5 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé la inadmisibilidad de la demanda, solicitud o recurso en los casos en que: “(…) lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o el recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o del recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o el recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada (…)”. (Subrayado y negrillas de esta Corte). En este orden de ideas, esta Corte destaca que el incumplimiento de la carga procesal referente a consignar el documento fundamental acarrea una situación desfavorable para aquél que la incumple, a saber, la declaratoria de inadmisibilidad de la acción propuesta, tal como ocurre en el caso de marras, toda vez que al no haber consignado el recurrente ningún tipo de copia del acto impugnado, es evidente que el a quo carecía de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicho acto, por lo que resultaría inútil admitir una acción contra un acto administrativo cuya existencia se encuentra en duda, y que, de existir, se desconoce su contenido. Bajo tal contexto, deviene ineludible atender al criterio sentado por este Órgano Jurisdiccional en la sentencia Nº 2006-01393 del 17 de mayo de 2005 (caso: Jenny María de Macedo Abreu), mediante la cual se ratificó la declaratoria de inadmisibilidad en un caso similar al de autos, con base en lo dispuesto en el artículo 19 aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ello en razón de que ha sido constatado que en el caso bajo estudio no se acompañaron los instrumentos fundamentales para verificar la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, por lo que se concluye que el mismo resulta inadmisible a tenor de la norma antes invocada. Así se decide. En razón de lo anterior, esta Corte estima que el fallo dictado el 30 de marzo de 2006 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, se encuentra ajustado a derecho, razón por la cual esta Alzada declara sin lugar la apelación intentada por la parte recurrente el 25 de abril de 2006 y, en consecuencia, confirma el auto apelado. Así se decide V DECISIÓN En virtud de los motivos precedentemente examinados, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: 1.- Declara su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la ciudadana ELIZABETH MOYETONES, asistida por la abogada Liz Ojeda, antes identificadas, contra el auto dictado el 30 de marzo de 2006 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad que interpusiera contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO. 2.- Declara SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA el auto apelado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Dada firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la Ciudad de Caracas a los veintiocho (28) días del mes de junio de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación. La Presidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ El Vicepresidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA La Secretaria Accidental, NATALI CARDENAS RAMIREZ Exp. N° AP42-R-2006-000976 ASV/l En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil seis (2006), siendo la (s) 12:15 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2006-02040. La Secretaria Acc.