REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente
de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre
Sala de Juicio – Sede Cumaná
195° Y 147°
PARTE ACTORA: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 15.268.905 y domiciliado en la Población de Aricagua, Calle Navarro, Casa s/n, Municipio Montes del Estado Sucre, debidamente asistido por la Abogada: MARIA JOSE GREIGE B, inscrita en el I.P.S.A, Nº: 105.964.
PARTE DEMANDADA: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 15.268.992 y domiciliada en la Población de Aricagua, Calle El Cardón, Casa s/n, Municipio Montes del Estado Sucre.
Se inicia el presente proceso en razón de escrito presentado por ante este Tribunal por el ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 15.268.905 y domiciliado en la Población de Aricagua, Calle Navarro, Casa s/n, Municipio Montes del Estado Sucre, debidamente asistido por la Abogada: MARIA JOSE GREIGE B., inscrita en el I.P.S.A, Nº: 105.964., en el cual manifiesta que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil (2000), contrajo Matrimonio Civil, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Aricagua del Municipio Montes del Estado Sucre., con la ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 15.268.992 y domiciliada en la Población de Aricagua, Calle El Cardón, Casa s/n, Municipio Montes del Estado Sucre, y que de su unión procrearon dos (02) hijos que llevan por nombres: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, acompañando al efecto las correspondientes actas de nacimientos y el acta de matrimonio.
Alega el demandante ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, que una vez celebrado el vínculo matrimonial fijaron su domicilio conyugal en la Población de Aricagua, Calle Navarro, Casa s/n, del Municipio Montes del Estado Sucre, demandando por Divorcio con fundamento en las Causales 2º y 3º del Artículo 185 del Código Civil, esto es:
“EXCESOS, SEVICIAS E INJURIAS GRAVES QUE HAGAN IMPOSIBLE LA VIDA EN COMÚN y ABANDONO VOLUNTARIO”
Sigue alegando el demandante que los primeros años de matrimonio, se desenvolvió dentro de un plano de armonía y comprensión mutua, reinando la paz hogareña por algún tiempo, sin embargo, en forma inesperada, se suscitaron en el seno familiar algunas pequeñas desavenencias, las cuales se hicieron graves por parte de su cónyuge, llegando hasta el punto de insultos y maltratos verbales y psicológicos que han hecho imposible la vida en común. Dicha situación culminó el día 18 de enero del año 2001, cuando en horas de la tarde sin mediar palabras y sin justificación alguna abandono el hogar persistiendo hasta los momentos. Siendo tal situación insoportable, y que por todas esas razones es que acude ante el Tribunal para que con fundamento en las causales 2º y 3º del Artículo 185 del Código Civil para demandar formalmente a su cónyuge antes identificada.
Admitida la demanda por auto de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil cinco (2005), el Tribunal ordenó librar comisión, a los fines de practicar la citación de la parte demandada para que comparezca a los actos conciliatorios y demás actos subsiguientes, asimismo se ordenó la notificación del Fiscal Cuarto del Ministerio Público, y la apertura del Cuaderno de Medidas, a los fines de establecer provisionalmente las Instituciones Familiares.
En fecha catorce (14) de julio del año dos mil cinco (2005), compareció el Alguacil y consignó boleta de notificación del Fiscal Cuarto del Ministerio Público, debidamente practicada en la fecha indicada.
En fecha primero (1ero) de agosto del año dos mil cinco (2005), se recibió las resulta de la comisión debidamente cumplida.
En fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil cinco (2005), oportunidad fijada para la celebración del primer acto conciliatorio, se levanto acta dejándose constancia de la comparecencia del demandante ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, debidamente asistido por la Abogada: MARIA JOSE GREIGE B., inscrita en el I.P.S.A., Nº: 105.964. se dejó constancia de la comparecencia del Fiscal Cuarto del Ministerio Público y la no comparecencia ni por sí ni por medio de apoderado judicial de la demandada ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA.
En fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil cinco (2005), oportunidad fijada para la celebración del segundo acto conciliatorio, se levanto acta dejándose constancia de la comparecencia del demandante ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, debidamente asistido por la Abogada: MARIA JOSE GREIGE B., inscrita en el I.P.S.A., Nº: 105.964., se dejó constancia de la comparecencia del Fiscal Cuarto del Ministerio Público y la no comparecencia ni por sí ni por medio de apoderado judicial de la demandada ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA.
En fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil cinco (2005), vencido el lapso de contestación de la demanda, el Tribunal dicta auto fijando el octavo (8) día de despacho siguientes la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Evacuación de Pruebas.
En fecha ocho (08) de febrero del año dos mil seis (2006), siendo la oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Oral y Pública, se deja constancia de la comparecencia de la ciudadana Jueza Dra. MARIA EUGENIA GRAZIANI, del demandante ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, debidamente asistido por la Abogada: MARIA JOSE GREIGE B., inscrita en el I.P.S.A. Nº: 105.964, las testigos promovidos por el demandante ciudadanas: SARAY RENGEL y DALLIVER NÚNEZ. Se dejó constancia de la no comparecencia de la demandada ni por si ni por medio de apoderado e igualmente la no comparecencia del Fiscal del Ministerio Público. Una vez realizada la audiencia oral y pública de evacuación de pruebas, el Tribunal informa que dictará sentencia dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes de conformidad con lo establecido en el artículo 482 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
El Tribunal para decidir observa:
Cumplido los tramites procedimentales conforme a la Ley que regula los juicios a tenor de lo previsto en los artículos 482 y 483 de la Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dentro del lapso para dictar Sentencia, este Tribunal procede a hacerlo en los términos siguientes:
Se observa que el vínculo matrimonial se celebro por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Aricagua del Municipio Montes del Estado Sucre., tal como se desprende del acta de matrimonio N°: 01 y que riela al folio cinco (05) del expediente, consignada por la parte demandante anexo al libelo.
El Fiscal Cuarto del Ministerio Público, fue debidamente notificado en fecha catorce (14) de julio del año dos mil cinco (2005), tal como se desprende de la boleta de notificación que riela a los folios del expediente.
Cumplidos como quedaron los actos conciliatorios como se observa de los instrumentos que rielan a los folios de autos, con la presencia de la parte demandante, asistido de abogado, la presencia de la Representación Fiscal y la no presencia de la parte demandada, a los actos conciliatorios.
Abierto a prueba el juicio por imperativo de Ley, y promovidos las testimoniales las ciudadanas: SARAY RENGEL y DALLIVER NÚNEZ, plenamente identificadas en los autos, en la hora y día establecido, se desarrollo la Audiencia Oral y Pública de Evacuación de Pruebas, y bajo cumplimiento de las formalidades elementales de Ley, se evidencia la comparencia de la parte demandante, debidamente asistido de abogado, y la no presencia de la parte demandada, ni por si ni por medio de apoderado judicial, igualmente se dejo constancia de la no presencia del Fiscal Cuarto de esta Circunscripción, concurrieron al mismo en calidad de testigos las ciudadanas: SARAY RENGEL y DALLIVER NÚNEZ, quienes en forma pública y de viva voz respondieron a las interrogantes que se le formularon y en las cuales fueron conteste y concordante, obteniéndose el conocimiento de los hechos, explican las circunstancias de lugar, modo y tiempo cuando ocurrieron, haciendo afirmaciones claras y precisas a través de sus respectivas contestaciones, todas ellas hablan en términos positivos y concreto que conducen, a darse por probado los hechos narrados, las cuales se aprecian y hacen plena prueba de los hechos que se le imputan a la parte demandada. Situaciones estas que fueron ciertamente demostradas y contestadas afirmativamente, exponiendo realmente las circunstancias, en forma de que el sentenciador, pueda calificarlo de efectivamente, pues se hace indispensable que expresen hechos que concurran a determinar que ocurrió de tal manera, en especial lo atinente al tiempo, modo y lugar de ello, donde se evidencia la conducta que ejercía la demandada de autos sobre su cónyuge, por lo cual se da por demostrado las causales invocada por la parte actora, por ende, este Tribunal aprecia sus declaraciones y queda así demostrado las causales segunda y tercera del artículo 185 del Código Civil, esto es: “EXCESOS, SEVICIAS E INJURIAS GRAVES QUE HAGAN IMPOSIBLE LA VIDA EN COMÚN y ABANDONO VOLUNTARIO”
Ahora bien, surge el contradictorio en la presente causa en virtud que, el ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, expreso en su libelo que entre ellos existía una relación armónica hasta algunos años, cuando su cónyuge la ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, comenzó a injuriarlo y hasta el extremo de faltarle el respeto verbalmente en innumerables ocasiones por lo que abandono la precitada demandada el hogar común sin explicación alguna, razón por la que le demanda en Divorcio con fundamento en las causales 2da y 3era del artículo 185 del Código Civil, a fin que se declare disuelto el vínculo conyugal.
Atendiendo a tal argumento de la parte, debemos buscar la demostración de los mismos en las pruebas aportadas al proceso.
Ahora bien, revisadas las exposiciones de las testimoniales y pruebas aportadas, es preciso y oportuno recordar que el Código Civil en su artículo 185 las causales 2da y 3era establecen como causales taxativas de Divorcio “LOS EXCESOS, SEVICIAS E INJURIAS GRAVES QUE HAGAN IMPOSIBLE LA VIDA EN COMÚN y ABANDONO VOLUNTARIO”, y ellas están referidas a aquellas situaciones en que son ejercidos actos de violencia de un cónyuge al otro, maltratos físicos así como ultraje al honor y la dignidad de ese cónyuge afectado y al abandono voluntario del hogar .
Particularmente en el caso de autos, encontramos que la totalidad de las testigos aportados por la actora dejaron en evidencia ser testigos de maltrato por parte de la ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, a su esposo: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, resultando tener conocimiento de las agresiones sufridas por el cónyuge, y comunicadas a ellos por ella misma y en boca de ella afirmar que lo había ejecutado su cónyuge, de tal suerte que las declaraciones de las testigos: SARAY RENGEL y DALLIVER NÚNEZ, en modo alguno producen en quien sentencia la convicción de que la ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, ejecutó en contra de su esposo: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, acciones o hechos que configuran los supuestos exigidos por la norma para hacer procedente el Divorcio por tales causales, en consecuencia se demostró en autos en forma clara y contundente que el ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, produjo para con su cónyuge excesos, sevicias e injurias graves, trayendo como consecuencia que la precitada ciudadana abandona voluntariamente el hogar común, lo cual es valorada por quien decide, razón por lo que prospera la pretensión de la actora, y así se decide.-
En consecuencia de lo ante expuesto, nuestro más alto Tribunal de la República a señalado lo siguiente según sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil uno (2001).
El antiguo divorcio sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general.
Esto se evidencia de la inclusión como causal de divorcio, de la interpretación por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común, pues en tal situación no puede pensarse en culpa, sino en una aflicción que necesita ser resuelta; e igualmente incide en la interpretación de las otras causas de divorcio establecida por la ley.
La existencia de previas o contemporáneas injurias en las cuales pueda haber incurrido el cónyuge demandante, darían derecho a la demandada a reconvenir en la pretensión de divorcio, pero de manera alguna pueden desvirtuar la calificación de injuriosa dada por el juez a las expresiones y actos de la demandada; por el contrario, hacen más evidente la necesidad de declarar la disolución del vínculo conyugal.
Los motivos de la conducta del cónyuge demandado, por las razones antes indicadas, no pueden desvirtuar la procedencia del divorcio, por consiguiente, las evidencias a las cuales refiere la demanda no son capaces de influir en lo decidido y la omisión parcial del examen de las pruebas no impidió a la sentencia alcanzar su fin.
Por el contrario, cumpliendo con el deber de hacer justicia efectiva, el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrado la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial.
No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto, por tanto las razones que haya dado podido tener un cónyuge para proferir injurias contra otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio. (resaltado mío).
Aunado a lo antes expuesto, se establece que:
En relación a las deposiciones de las testigos promovidas por la parte demandante demuestran de igual manera la conducta asumida por la ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, de abandonar el hogar común con lo cual podemos concluir definitivamente que, la voluntariedad está materializada, por lo que trae como consecuencia que prospere la causal, debiéndose entender en tal sentido de que el abandono es arbitrario, caprichoso o no justificado, lo que trae como consecuencia, que se aleja del hogar con la firma y resulta intención de romper el vínculo.
En la doctrina y la jurisprudencia se ha definido el Abandono Voluntario, como el incumplimiento grave, intencional e injustificado de los deberes de cohabitación, asistencia, socorro, protección que se deben los cónyuges. Está integrado por dos elementos esenciales, uno material que consiste en la ausencia del hogar y el otro moral que es la intención de no volver, también puede entenderse por abandono conyugales, tales como el vivir juntos y socorrerse mutuamente, no siendo la separación material la única prueba de abandono voluntario e intelectual de los deberes conyugales de vivir juntos, de socorrerse, de prestarse atención y apoyo material y espiritual en las diferentes circunstancias de la vida, aún cuando no haya una separación física de los cónyuges.
Así las cosas, una de las características del ser humano, es precisamente la voluntad, aquella posibilidad de orientar o no su conducta en determinado sentido, hacer o no hacer lo que quiera. La voluntariedad que quiere el legislador de los hechos que conforman el abandono como causal de divorcio, es un elemento subjetivo.
El antiguo divorcio sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general.
Los motivos de la conducta del cónyuge demandado, por las razones antes indicadas, no pueden desvirtuar la procedencia del divorcio, por consiguiente, las evidencias a las cuales refiere la demanda no son capaces de influir en lo decidido y la omisión parcial del examen de las pruebas no impidió a la sentencia alcanzar su fin.
Por el contrario, cumpliendo con el deber de hacer justicia efectiva, el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrado la existencias de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial.
No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto. En razón a la protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio.
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, Sede Cumaná, en decisión de la Jueza N°: 2 de la Sala de Juicio, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de DIVORCIO por “EXCESOS, SEVICIAS E INJURIAS GRAVES QUE HAGAN IMPOSIBLE LA VIDA EN COMÚN y ABANDONO VOLUNTARIO”, fundamentado en el artículo 185 causales 2º y 3º del Código Civil que intentara el ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: 15.268.905 y este domicilio, contra la ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 15.268.992 y de este domicilio.- Así se decide.
Con fundamento en los artículos 365 y 369 de la citada Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal de Protección en atención a lo que fue puesto de manifiesto en el proceso, y teniendo por principio y fin el interés superior de los hijos: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, habidos en la relación en mención, se establece:
LA PATRIA POTESTAD: Será ejercida conjuntamente por ambos progenitores.-
LA GUARDA: Será ejercida por la madre ciudadana: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA.
EL REGIMEN DE VISITAS: teniendo la madre la guarda de sus hijos habidos en la relación, se mantiene y establece para el padre, ciudadano: RODOLFO JOSE GONZALEZ URRETA, un régimen de visitas amplio pero progresivo, debiendo ejercerlo sin perturbar las horas de descanso y actividades de estudio, procurando que se desarrolle este contacto paterno-filial de la manera mas armónica con todos los involucrados, siempre permitiendo a los hijos opinar en relación a esa frecuentación paterna, y en base a ello efectuar los ajustes pertinentes para su mejor cumplimiento y desarrollo.
LA OBLIGACION ALIMENTARIA: El padre deberá aportar a la madre para contribuir a la cobertura de las necesidades alimentarías de sus hijos: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el equivalente al veinte (20%) por ciento del salario mínimo nacional, siendo de precisar que la suma aquí establecida es el mínimo del aporte alimentario, por lo que si el padre obtuviese ingresos extras que mejoren en un momento dado su capacidad económica, deberá en consecuencia hacer el ajuste de incremento para sus hijos.-
Deberá asimismo aportar la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo), por conceptos de Bonificación de Fin de Año.-
Se establecen los pagos antes indicados de manera porcentual a los fines que, al producirse incrementos en los conceptos ya citados, se produzca en forma inmediata y proporcional el incremento de la suma alimentaria a ser entregada, asimismo es pertinente destacar que la suma de dinero aquí establecida solo representa el mínimo del aporte económico que debe efectuar el progenitor, pues si lograse mayores ingresos, en esa misma medida deberá incrementar la suma a entregar a sus hijos para la satisfacción de sus necesidades. – Así se decide.
Dado que la obligación alimentaria comprende una asistencia integral, es decir, que en ella debe estar contemplada la cobertura de las necesidades materiales y no deben escapar las afectivas que contribuyen a la salud mental y emocional de los destinatarios de la obligación alimentaria, deben los progenitores de sus hijos: Se omite el nombre de conformidad con los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ya identificados, mejorar su nivel y posibilidades de comunicación, procurando velar ambos padres por el adecuado cumplimiento de sus roles y brindarle a sus hijos la formación integral que requieren y la estabilidad emocional que éstos necesitan.
La presente sentencia ha sido dictada dentro del lapso legal.
Publíquese de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil y en cumplimiento al mandato del artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.- En Cumaná, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil seis (2006). Años 195º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Jueza Nº 2.
Abg. MARIA EUGENIA GRAZIANI
La Secretaria
La presente sentencia se publicó en su fecha, previo anunció de Ley, en las puertas del Tribunal, siendo las 12:45 p.m.-
La Secretaria
Expediente Nº: TP2-2255-05
DEMANDANTE: RODOLFO JOSE GONZALEZ.-
DEMANDADA: YURILITZA JOSE ABREU GARCIA
MOTIVO: DIVORCIO 185 CAUSALES 2º y 3º DEL CODIGO CIVIL
SENTENCIA: DEFINITIVA
MEG/ meg
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