REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE PRIMERA

Caracas, de de 2006 195° y 146° El 26 de junio de 2003, se recibió por ante la Secretaría de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos, por el Abogado Rosalino Medina Bravo, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 9.987, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TRAPOVEN C.A., inscrita en el Registro Mercantil del estado Miranda en fecha 08 de enero de 1991, bajo el N° 44, Tomo II-A-Pro, contra la Providencia Administrativa N° 66 del 30 de enero de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por la ciudadana ANNY ANDREÍNA CASTEJÓN, titular de la cédula de identidad V- 11.878.964, contra la referida empresa. En fecha 27 de junio de 2003, se dió cuenta a la Corte, se designó Juez ponente y se ordenó oficiar al Ministerio del Trabajo a los fines de que remitiera el expediente administrativo correspondiente. El 23 de julio de 2003, esta Corte se declaró competente, admitió el recurso en cuestión y declaró procedente el amparo cautelar solicitado, por lo que ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Sustanciación. Por auto del 21 de septiembre de 2005, se reasignó la ponencia. Constituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 19 de octubre de 2005, por la designación de los nuevos Jueces realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ésta quedó conformada de la manera siguiente: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Juez Presidente; AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, Juez Vicepresidente y NEGUYEN TORRES LÓPEZ, Juez, La Corte se abocó al conocimiento de la causa y reasignó la ponencia al Juez JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir la presente causa previa las siguientes consideraciones: -I- En fecha 02 de marzo de 2005, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 09, resolvió el conflicto de competencia planteado por las Salas Constitucional y Político Administrativa del Máximo Tribunal, con motivo de la posición sostenida por cada una de las mencionadas Salas respecto a cuál de los Tribunales, dentro de la Jurisdicción laboral o administrativa, correspondía el conocimiento de los recursos de nulidad incoados contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Al respecto, la Sala sostuvo que: “… ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara. …omissis… Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República de Venezuela)”. …omissis… “Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ‘...que a la accionante le resulta más accesible’, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide…”. Siendo así, ha quedado claro que la competencia para conocer en primera instancia acerca de los recursos contencioso administrativo de nulidad contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, corresponde a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Región en la cual tenga su sede la Inspectoría correspondiente. En consecuencia, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo entiende, que una vez regulada la competencia por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tal decisión debe ser acatada, sin que sea necesario solicitar la regulación de competencia con fundamento en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, siguiendo el criterio establecido por la Sala Casación Social en sentencia N° 77 del 20 de febrero de 2003, la cual señaló: “… cuando la competencia esté regulada definitivamente por un Tribunal Superior, los Tribunales inferiores deben acatar dicha decisión ...”. Conforme a lo anterior, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo DECLINA la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y ORDENA la remisión del expediente al referido Juzgado, a los fines que conozca de la presente causa. Así se decide. Publíquese, regístrese, déjese copia de la presente decisión, remítase el presente expediente al Juzgado de origen y cúmplase lo ordenado. EL JUEZ PRESIDENTE, JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ PONENTE LA JUEZ VICE-PRESIDENTE, AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA LA JUEZ, NEGUYEN TORRES LÓPEZ LA SECRETARIA ACCIDENTAL, MARIANA GAVIDIA JUÁREZ Exp. N° AB41-N-2003-000058 JSR /-