TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
EXPEDIENTE Nº AB41-O-1997-000006

En fecha 04 de mayo de 1998, La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo recibió Oficio N° 22.11.2.02.001-625. Proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario del Transito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de La Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, anexo al cual se remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, ejercida por el Abogado JOSE RAMON ARANGUREN MONTILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 18.019, respectivamente, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SULAY GABRIELA TEXEIRA CAÑIZALES, CARLOS LUIS TORRES TORRES, JOSE LEONARDO TOERRES VIERA, YANNELLY DEL CARMEN TERAN, SANDRA CAROLINA TERAN GODOY, JULIO CESAR BARRIOS ALBARRAN, ARACELIS DEL CARMEN GAMEZ, ELIO ALEXANDER OLMOS CALDERON, RODOLFO JOSE OLIVAR QUINTERO, MARIELENA JOSEFINA SUAREZ ABREU, MIRIAM BEATRIZ SILVA VASQUEZ, INGRID MORALBA SANTIAGO, SIKIU SUSANA SEQUERA GOMEZ, FELIX ORLANDO MORENO, YORVIS ALEXIS MATERAN RIVEROS, ANA WALDINA MONTILLA SEGOVIA, EVELIN BEATRIZ MONTILLA PIRELA, RICHARD ALEXANDER MENDEZ MONCAYO, NELIDA DEL CARMEN MONTILLA GIL, MARIELA DEL CARMEN MENDEZ BLANCO, YELITZA DEL VALLE MENDEZ BASTIDAS, YAZUNARY DEL VALLE MATUTE CAÑIZALES, MARIA ALCIRA MARTOS ROSARIO, MARITZA COROMOTO MOLINA TERAN, CARMEN CRISTINA MANZANILLA, ANA GISELDA MARQUEZ CASTELLANOS, JAQUELIN DEL VALLE MATERANO CASTELLANOS ANA LAURA MARTINEZ TERAN, MAYURI JOSEFINA ARAUJO CAMACHO, ROSA ELENA AVILA, ANA LUISA ALBORNOZ YEPEZ, YULIAN LISNOBA ARAUJO HERNANDEZ, ISABEL CRISTINA ARANGIBEL MENDOZA, YELITZA JOSEFINA BARRIOS MEDINA, LUIS ALBERTO BRICEÑO CACERES, JUAN CARLOS BRICEÑO, JOSE GREGORIO BRICEÑO, DIANA COROMOTO BRICEÑO MANZANILLA, CANDIDA ROSA BRICEÑO, MARILIN COROMOTO BETANCOURT GRATEROL, MARIA ALEJANDRA BARRIOS TERAN, CESAR RAMON BARRETO VALERA, JULIO CESAR BELANDRIA GARCIA, ARGENIS ALIRIO PACHECO LOSADA, MARIELA DEL SOCORRO PERDOMO, EDDY JOS EPACHECO MARQUEZ, LISBETH DEL CARMEN PERDOMO, MIRTHA ALEJANDRA PINEDA VILLEGAS, CARMEN RAMONA PLAZA ARAUJO, GERARDO JOSE PEREZ QUINTERO, DAXSY COROMOTO CARDOZA PEÑA, MARIA ELENA CANELONES BRICEÑO, DENNY ELIANTA CARRILLO ARTIGAS, HILARIO ANTONIO CASTELLANO BRICEÑO, TANIA DEL VALLE CRESPO MORALES, YAJAIRA RAMONA CORNIELES BRICEÑO, HECTOR ANTONIO CARDONA DE LA CRUZ, YAMELLY ROJAS COLMENARES, AYARI RAMIREZ ORTEGANO, LISBETH COROMOTO RUZA CASTILLO, YOLANDA DEL CARMEN ROJAS PAREDES, SILVANA RAQUEL RODRIGUEZ, ALEIDA MARGARITA FERNANDEZ, JUANA MARIA RUZA AZUAJE, DAVID JOSUE GONZALEZ HERNANDEZ, LEIVI ZORAIDA GARCIA CABRERA, PEDRO LUIS GAFFARO CARRILLO, MARIA VICTALIA GUDIÑO, GIPSY CAROLINA GUTIERREZ PAREDES, CARMEN BEATRIZ GUDIÑO, ENDERSON HOLMILL GALUE MORENO, ALBERT JOHANY GONZALEZ VASQUEZ, ORLANDO DE JESUS QUINTERO COLMENAREZ, YUDITH CAROLINA QUEVEDO CEGARRA, MILDRA EDEXY QUEVEDO PEÑA, KARINA DEL VALLE DIAZ ESTRADA, DARIO DE JESUS DURAN PEREZ, XIOMARA DEL CARMEN DUARTE, MARIELY COROMOTO DURAN CASTELLANOS, RICARDO JAVIER DUARTE CACERES, RUBEN DARIO HERNANDEZ ALBARRAN, ZULEIMA COROMOTO HERNANDEZ PINEDA, MARIA BEATRIZ OSCANO DE PADILLA, LAURA MARINA MARTINEZ SUAREZ, MAGALLY COROMOTO MORALES BASTIDAS, MARIA DEL CARMEN VASQUEZ ROJAS, YOCELENY COROMOTO VALLECILLO RIVAS, EDUARDO ANTONIO VICTORIA VALECILLOS, LUIS MARINO VILLEGAS SUAREZ, YOLIMAR VICTORIA QUINTERO, ZIODEMY DEL VALLE VIVAS ZAMBRANO, YUDITH DEL VALLE VILLEGAS DAVILA, JOHAN MANUEL SUAREZ VIERA, ALEXANDER RAMIREZ y CARLOS LUIS BRICEÑO BRASCHI, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 11.618.595, 11.615.864, 11.615.783, 13.206.023, 12.722.590, 13.207.921, 8.719.369, 12.939.474, 13.997.526, 13.205.843, 13.925.441, 14.309.798, 11.616.248, 13.376.246, 13.745.803, 13.376.438, 12.718986, 13.207.319, 12.939.389, 12.939237, 12.939.010, 13.745.562, 14.982.727, 12.723.058, 12.498.841, 12.499.140, 11.614.130, 12.498.596, 12.941.747, 12.723.517, 10.319.514, 13.745.349, 12.940.541, 12.490.349, 11.612.575, 12.499.575, 12.941.751, 10.312.416, 13.377.933, 11.611.111, 12.499.761, 11.616.156, 13.377.310, 11.129.719, 13.405.333, 13.376.131, 13.001.383, 12.499.248, 13.910.204, 13.462.358, 11.617.404, 13.377.964, 13.377.008, 12.722.441, 11.616.601, 13.926.080, 5.763.032, 12.723.388, 13.925.679, 12.498.091, 13.376.840, 13.376.745, 13.376.323, 11.126.980, 11.126.980, 5.356.434, 7.399.913, 5.766.063, 8.717.727, 12.940.832, 13.205.721, 12.722.964, 14.556.851, 12.515.221, 12.941.862, 11.611.814, 13.205.409, 13.206.086, 12.499.647, 11.134.252, 12.939.672, 9.152.152, 9.314.343, 12.721.738, 12.798.084, 11.614.208, 13.377.649, 14.150.602, 12.723.612, 8.722.003, 14.150.136, 12.906.825, 5.771.382, 13.040.681, 12.498.557, 5.781.376, 14.050.892, 13.206.063, 13.926.840, 12.797.197, 14.141.231, y 14.150.279, respectivamente, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA “ DON ROLMULO BETANCOURT ” del Estado Trujillo, por la presunta vulneración de los derechos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tal remisión se efectuó en razón de que el precitado Juzgado mediante decisión de fecha 10 de julio de 1997, se declaró incompetente y declinó la competencia en esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Constituida la Corte en fecha 19 de octubre de 2005, por la designación de los nuevos Jueces efectuada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la misma quedó conformada de la manera siguiente: Javier Tomás Sánchez Rodríguez, Juez Presidente; Aymara Guillermina Vilchez Sevilla, Juez Vice-Presidenta; y Neguyen Torres López, Juez.

Por auto de fecha 21 de febrero de 2006, se reasignó la ponencia a la Juez Aymara Guillermina Vilchez Sevilla, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio del expediente, esta Corte pasa a dictar sentencia, previa las consideraciones siguientes:

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Previamente destaca esta Corte que en razón al carácter restablecedor que distingue al amparo constitucional, precisamente sobre derechos de naturaleza fundamental, indubitablemente la conducta violatoria hacia tales derechos constitucionales debe ser igualmente actual, pues de lo contrario resultaría inútil e inoperante el uso que pueda hacerse de esta extraordinaria acción, además del interés que deben mantener las partes durante todo el proceso de que sus derechos constitucionales sean protegidos por esta vía, habida cuenta que la inactividad en el iter procedimental de quienes pretenden una restitución en el ejercicio de los derechos fundamentales, ha sido interpretada por la jurisprudencia patria como un desistimiento de la acción o un abandono del trámite, que inexorablemente trae como consecuencia la extinción de la instancia.

En este contexto, se observa que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en relación con la institución del desistimiento o abandono del trámite, expresamente dispone:

“Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de inminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5000.oo)”.

La disposición normativa antes transcrita, fue interpretada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de la forma que a continuación se indica:

“…En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse -entre otros supuestos-, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional, una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora…omissis… Así a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de la admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…” (S.C/T.S.J./6-6-01/N° 982) (Resaltado de la Corte).

Con fundamento en lo expuesto, esta Corte observa que consta en autos que la presente causa se encuentra inactiva desde la actuación de Secretaria de esta Corte en la cual recibió oficio de la Opinión del Fiscal del Ministerio Publico constante de (5) folios y acuerda agregarlo al expediente en fecha 10 de septiembre de 1999, por un lapso que superó con creces los seis (6) meses a que hizo referencia la sentencia parcialmente transcrita, sin que los accionantes hayan manifestado su interés en el impulso y continuidad del proceso, pues si bien es cierto que le correspondía al Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la admisión y de esta forma darle curso al procedimiento de amparo constitucional, no lo es menos que dicha circunstancia no los eximía de la carga de tomar conocimiento de la causa a objeto de lograr tal pronunciamiento y por tanto darle continuidad al amparo incoado; razón por la cual, esta Corte en acatamiento a la sentencia citada ut supra, debe declarar el abandono del trámite en la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, extinguida la instancia. Así se decide.

-IV-
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. El ABANDONO DEL TRÁMITE en la acción de amparo constitucional interpuesta y, en consecuencia, extinguida la Instancia.

2. SE IMPONE UNA MULTA a la parte accionante por la cantidad de Dos Mil Bolívares con 00/100 (Bs. 2.000,oo), conforme lo previsto en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ________________ ( ) días del mes de ____________ de dos mil seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Juez Presidente,

JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

La Juez Vice-Presidente,

AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
Ponente

La Juez,

NEGUYEN TORRES LÓPEZ

La Secretaria Accidental,

MARIANA GAVIDIA JUÁREZ
Exp. N° AB41-O-1997-000006
AVS/ncr