JUEZA PONENTE: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ
Expediente N° AP42-R-2005-000214
El 27 de enero de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 0069-05 de fecha 24 de enero de 2005, proveniente del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Andrés Troconis Torres, Jaime Torres Fernández, Daniela Urosa Maggi y Esteban Carpio Cabrera, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 65.794, 51.232, 71.786 y 104.881, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARIE NOELE JEANNE CIPOLLINA DE BRICEÑO, portadora de la cédula de identidad Nº 6.879.577, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
Tal remisión se efectuó en virtud del auto de fecha 24 de enero de 2005, mediante el cual se oyó en ambos efectos la apelación interpuesta en fecha 18 de noviembre de 2004, por el abogado José Lorenzo Rodríguez Aguerrevere, en representación de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 27 de octubre de 2004, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
Previa distribución de la causa, en fecha 22 de marzo de 2005, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos y, se dio inicio a la relación de la causa cuya duración sería de quince (15) días de despacho, de conformidad con lo establecido en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
El 5 de mayo de 2005, el sustituto de la Procuradora General de la República consignó escrito de fundamentación a la apelación ejercida.
En fecha 16 de junio de 2005, vencido el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de las pruebas, sin que ninguna de las partes hiciera uso del mismo, se fijó el día y la hora para que tuviera lugar el acto de informes.
Mediante acta de fecha 2 de agosto de 2005, se dejó constancia de la presentación oral de los informes por parte de los apoderados judiciales de la ciudadana Marie Cipollina y de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 3 de agosto de 2005, vencido el lapso de presentación de informes, se dijo “Vistos”.
El 9 de agosto de 2005, se pasó el expediente a la Jueza ponente.
Mediante auto de fecha 16 de febrero de 2006, se dejó constancia que en fecha 19 de octubre de 2005 fue constituida esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quedando conformada de la siguiente manera: Ana Cecilia Zulueta Rodríguez (Presidenta), Alejandro Soto Villasmil (Vicepresidente) y, Alexis José Crespo Daza (Juez). Asimismo, este Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa y, se reasignó la ponencia a la Jueza Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En la misma fecha, se pasó el expediente a la Jueza ponente.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el expediente se pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
En fecha 23 de junio de 2004, la representación judicial de la parte actora interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial, con fundamento en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que su representada ingresó a la Administración Pública Nacional en fecha 1° de agosto de 1978, concretamente al Colegio Universitario “Francisco de Miranda”, adscrito actualmente al Ministerio de Educación Superior, donde ejerció funciones docentes hasta que una vez cumplidos los requisitos de edad y tiempo de servicio en fecha 20 de mayo de 2002 a través de Resuelto N° 000014 suscrito por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte se le otorgó su jubilación por el cien por ciento (100%) de su sueldo como Profesora titular a dedicación exclusiva, la cual se haría efectiva a partir del 30 de julio de 2002.
Que posteriormente en fecha 31 de marzo de 2004, “(…) le fue entregado cheque emitido a su nombre por el Ministerio de Finanzas, por la cantidad de ciento ocho millones doscientos ochenta y ocho mil ciento veintinueve bolívares con setenta y dos céntimos (Bs.108.288.129,72) por concepto de prestaciones sociales (…)”, monto éste igual al calculado por la querellante.
Que “(…) desde el 30 de julio de 2002 -fecha de su jubilación- hasta marzo de 2004, fecha en que retiró el pago del capital de sus prestaciones sociales, no le fue hecho pago alguno por concepto de intereses de mora”.
Que la omisión por parte del Ministerio de Educación Superior del pago de los intereses de mora suficientemente aludidos vulnera flagrantemente el mandato constitucional dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la disposición legal contenida en el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Que los intereses moratorios adeudados deben calcularse conforme a lo dispuesto en el artículo 108, literal c de la Ley Orgánica del Trabajo.
En el mismo orden de ideas, señalaron que cuando su representada “(…) fue jubilada a partir del 30 de julio de 2002, se hizo acreedora, de forma inmediata, del crédito de sus prestaciones sociales y como obligación accesoria a la principal, también se hizo acreedora de todos los intereses moratorios causados hasta el efectivo cobro de dicho crédito, desde el 30 de julio de 2002 hasta el momento en que la Administración Pública cumpla con la señalada obligación (Véase en este sentido sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Nº 2593 del 11 de febrero de 2001)”.
En consecuencia, solicitaron se condenara a la parte querellada al pago de “(…) la cantidad de dinero por concepto de intereses moratorios que corresponde desde el 30 de julio de 2002 hasta la fecha de ejecución del presente fallo, pues es con el pago que se pone fin a la mora”.
Que el monto adeudado por el Ministerio de Educación Superior por concepto de intereses de mora por el retardo en el pago de las prestaciones sociales de la parte actora “(…) ascienden a la cantidad de cuarenta millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos bolívares con cincuenta y un céntimos (Bs. 40.766.600,51), que comprende el lapso entre el 30 de julio de 2002 y la fecha en que [su] representada retiró el cheque de sus prestaciones sociales, así como los demás intereses que se sigan generando, sobre el capital de las prestaciones sociales (Bs.108.288.129,72) hasta el día de la ejecución de la sentencia definitiva con el pago correspondiente (…)”.
Finalmente, con fundamento en las consideraciones expuestas y, de conformidad con lo previsto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, solicitaron se declarara con lugar la presente querella y, en consecuencia, se ordenara a la República por Órgano del Ministerio de Educación Superior el pago de los intereses moratorios anteriormente determinados, los cuales han sido causados sobre las prestaciones sociales, “(…) desde el 30 de julio de 2002 hasta la fecha de ejecución del fallo correspondiente, monto éste que deberá ser objeto de una experticia complementaria del fallo”.
II
DEL FALLO APELADO
Mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2004, el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con base en las siguientes consideraciones:
Como punto previo se pronunció con relación a la defensa opuesta por el sustituto de la Procuradora General de la República referente a la falta de agotamiento del procedimiento administrativo, en virtud de que, a su decir, la querellante debió agotar el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República consagrado en los artículos 54 al 60 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al respecto, la recurrida señaló que “(…) en el caso in comento (sic), se trata de un recurso contencioso administrativo funcionarial derivado de una relación de empleo público, regulada por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 92 y siguientes, [señaló esa] Juzgadora que cuando se trata de una demanda contra la República, es indispensable agotar tal procedimiento, cuestión que no es exigible en el presente procedimiento, por ello [debió ese] Juzgado desestimar el alegato esgrimido por el sustituto de la Procuraduría General de la República por cuanto no se evidencia fundamento alguno al respecto (…)”.
Que “(…) cursan en autos se observa al folio 13 del expediente RESUELTO Nº 000014 de fecha 20-05-2002 (sic), emanado del Ministerio de Educación Superior, suscrito por el Ministro de Educación Superior Héctor navarro (sic) Díaz, mediante el cual se le otorg[ó] a la querellante el beneficio de jubilación con el 100% del último sueldo devengado (…) con la Categoría de TITULAR a DEDICACIÓN EXCLUSIVA adscrita al Colegio Universitario ‘Francisco de Miranda’ Caracas, por haber cumplido con el tiempo legal de Servicio de conformidad con la Cláusula 67 de la VII Convención Colectiva de FAPICUV-ME, de condiciones trabajo (sic), efectiva desde el 30-07-2002 (sic) (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).
Por otra parte, en lo que respecta a los intereses de mora causados sobre las prestaciones sociales desde el 30 de julio de 2002 hasta la fecha del pago efectivo de las prestaciones sociales, la recurrida indicó que “(…) al folio 14 riela comprobante de pago por concepto de prestaciones sociales recibido el 31-03-2004 (sic), por un monto de (108.288.129,72 Bs); al folio 15 cursa CÁLCULOS DE LOS INTERESES DE LAS PRESTACIONES SOCIALES realizados por el Ministerio de Educación Superior, el cual especifica resultados del régimen anterior, deducciones, nuevo régimen de prestaciones con un total neto a pagar la cantidad de (108.288.129,72 Bs); a los folios 16 al 23 cursa planilla del Ministerio de Educación Superior donde se discrimina el sueldo mensual, año, meses, días, tasa de interés, prestaciones sociales, capital, interés mensual, interés acumulado, anticipos” (Mayúsculas y negrillas del original).
Que es “(…) evidente que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, 30-12-99 (sic) se [consagró] de forma expresa el pago de intereses por la demora en el pago de las prestaciones sociales, en el caso concreto se evidencia de los autos que la querellante egresó efectivamente como jubilada del Ministerio de Educación Superior en fecha 30-07-2002 (sic), momento para el cual estaba vigente la actual Constitución, observa entonces que a la fecha de su efectivo egreso el Ministerio querellado no canceló de manera inmediata sus prestaciones sociales, transcurriendo un lapso hasta su efectiva cancelación, hecho que se constata al folio 14 del expediente en (…) el cual se evidencia como fecha de pago por concepto de prestaciones sociales el 31-03-2004 (sic), (…)” (Negrillas del original).
Que “(…) no consta en autos comprobante de pago de los intereses generados por la mora en el pago de las cantidades causadas sobre las prestaciones sociales, por lo que [ese Juzgado debió] forzosamente acordar los intereses generados por la demora en el pago de las prestaciones sociales (…), y ordenar al Ministerio querellado cancelar los intereses allí contemplados, desde la fecha de su efectivo egreso 30-07-2002 (sic) como jubilada hasta la fecha del pago efectuado por concepto de prestaciones sociales 31-03-2004 (…)” (Negrillas del original).
Que a los fines de “(…) establecer el monto correcto que la Administración le adeuda al querellante (…) [ese Juzgado ordenó] la realización de experticia complementaria al fallo (…), dichos intereses son los que ha fijado el Banco Central de Venezuela para el cálculo de intereses de antigüedad, según lo dispone el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (…)”.
Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de pago de los intereses de mora causados “hasta la fecha de ejecución del fallo”, la recurrida advirtió que “(…) la deuda proveniente de las prestaciones sociales que originó la obligación cesó (…) en fecha 31-01-2004 (sic) con el consecuente pago de las prestaciones sociales, desprendiéndose que sólo se le adeuda intereses moratorios hasta el momento que se extinguió la deuda causante de dichos intereses, es decir, el 31-03-2004. Ordenar el pago de los intereses moratorios hasta la fecha de ejecución del fallo incurriría [ese] Juzgado en anatocismo, que es el pago de intereses sobre intereses. Por tal razón se [negó] el petitum (…) [reconociendo] únicamente los intereses moratorios desde el 31-07-2002 (sic) al 31-03-2004 (sic) (…)” (Negrillas del original).
III
DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
En fecha 5 de mayo de 2005, la representación de la Procuraduría General de la República, consignó ante esta Alzada escrito de fundamentación de la apelación en virtud del recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada en fecha 27 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con base en las siguientes consideraciones:
Que la sentencia apelada negó la procedencia del procedimiento administrativo previo establecido en los artículos 54 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, según el cual, quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deberán previamente seguir el procedimiento allí contenido.
Que el a quo estableció que en el presente caso se estaba ante una querella funcionarial derivada de una relación de empleo público conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sólo por el hecho de que la actora reclama intereses moratorios sobre prestaciones sociales.
Que la sentencia apelada viola las disposiciones de orden público que garantizan los privilegios de la República y las normas procedimentales que establecen que no se admitirá ninguna demanda de contenido patrimonial sin que se haya dado cumplimiento al procedimiento administrativo previo consagrado en los artículos 54 al 60 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ello en tanto “(…) [omitió] el más mínimo análisis de dicha norma para subsumirlo en los hechos, que no son otros, que el simple retardo en el pago, esto es, que no existe un hecho u omisión concreto contra un funcionario determinado que haya podido transgredir las disposiciones de la Ley del Estatuto de la Función Pública (…)” (Subrayado del original).
Que en virtud de la vulneración de lo previsto en los artículos 54 al 60 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como lo previsto en los artículos 19 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, vulnerándose así los privilegios de la República, debe en consecuencia, aplicarse lo dispuesto en el artículo 108 in fine de la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, declarar inadmisible la demanda.
Que la sentencia apelada condenó a la República a pagar intereses moratorios con fundamento en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo como tasa de interés, la fijada por el Banco Central de Venezuela según lo dispuesto en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, siendo que los intereses de mora sobre prestaciones sociales son otro tipo de interés diferente a los contemplados en el ex artículo 108, no pudiendo dicha tasa de interés ser fijada aplicando la analogía.
Que en todo caso el Legislador ha dispuesto en los artículos 1.746 y 1.277 del Código Civil “(…) lo concerniente a los intereses de mora y además, que cuando las partes no han convenido una tasa de interés, ni existe una disposición expresa que la fije, se entenderá que el interés será el tres por ciento anual” (Negrillas del original).
Que “siendo que el pago de intereses moratorios establecidos en el artículo 92 Constitucional deudas (sic) de valor y por cuanto para el cálculo de las obligaciones de valor se utiliza el método de la corrección monetaria, tomando en consideración el privilegio de la República pagar la corrección monetaria con base a la fórmula que establece el artículo 87 de la Procuraduría General de la República (sic), debe concluirse que la tasa de interés a los efectos del pago de los intereses moratorios que señala el artículo 92 Constitucional debe ser fijada sobre la base promedio de la tasa pasiva anual de los (6) principales bancos del país (…)”.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicitó se declarara con lugar la apelación interpuesta.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El ámbito objetivo del recurso ordinario de apelación interpuesto, lo constituye la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 27 de octubre de 2004, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana Marie Noele Jeanne Cipollina de Briceño, contra el Ministerio de Educación Superior.
Así, delimitado el problema judicial sometido al conocimiento de este Órgano Jurisdiccional, pasa esta Corte a pronunciarse respecto de su competencia para conocer de la controversia planteada y, en tal sentido oportuno deviene en señalar, lo siguiente:
El artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, estatuye en torno al órgano jurisdiccional competente para conocer en segundo grado de jurisdicción de las querellas sustanciadas y decididas con arreglo a ese texto legal, lo siguiente:
“Artículo 110. Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contados a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.
Como puede observarse, la competencia para conocer en alzada de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso administrativa regionales, deviene de norma expresa y dado que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo detenta las mismas competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (ex artículo 1° de la Resolución Nº 2003-00033 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de diciembre de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 de fecha 27 de enero de 2004), declara su competencia para conocer de la apelación ejercida por el sustituto de la Procuraduría General de la República y, así se declara.
Precisada la competencia de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente asunto, pasa de seguidas a emitir pronunciamiento respecto del recurso ordinario de apelación interpuesto y, en tal sentido aprecia lo siguiente:
La sentencia recurrida declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, ordenando el pago de los intereses moratorios (no capitalizados) causados por el retardo de la Administración en cancelar el pedimento de la parte querellante referente al pago de sus prestaciones sociales.
A tal efecto, la parte apelante argumentó que los fundamentos dados por el a quo en el fallo apelado son insuficientes para negar la aplicación del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República previsto en los artículos 54 al 60 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tomando en consideración lo establecido en los artículos 19 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, vulnerándose así los privilegios procesales de la República.
Igualmente, alegó el representante de la República que siendo los intereses moratorios deudas de valor, “(…) la tasa de interés a los efectos del pago de los intereses moratorios que señala el artículo 92 Constitucional debe ser fijada sobre la base promedio de la tasa pasiva anual de los (6) principales bancos del país (…)”.
Al respecto, esta Corte a los fines de analizar la cuestión previa planteada por la representación judicial de la República, debe señalar que el agotamiento del juicio previo administrativo o “antejuicio administrativo” constituye “(…) una forma de autotutela administrativa como todo antejuicio administrativo por cuanto está destinado a permitir que la Administración se entere de las eventuales acciones que en su contra podría interponerse, a fin de conocer el alcance y fundamento de las mismas. El antejuicio es así un medio de defensa patrimonial de la República, ya que se eleva ante sus órganos competentes (Administración Activa a quien se imputa la conducta demandada y Administración Consultiva que interviene en el trámite) para que puedan preparar su eventual defensa jurisdiccional o reconsiderar su propia conducta a los fines de un acuerdo con el eventual demandante”. (Régimen Jurídico de los Contratos Administrativos. Fundación Procuraduría General de la República. Año 1991, Pág. 219).
En tal sentido, debe destacarse entonces que el antejuicio administrativo perfila no sólo como una prerrogativa procesal de la República, sino también como una garantía para el particular, cuyo fin radica en resolver eventualmente un asunto sin recurrir a los órganos jurisdiccionales, facilitando, en consecuencia, los mecanismos para la resolución de conflictos y controversias entre los particulares y la Administración, constituyendo un medio para que la Administración ejerza su potestad de autotutela y una condición o requisito previo de admisibilidad para las demandas que se intenten contra ésta.
Ahora bien, tal como se desprende del artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.554, de fecha 13 de noviembre de 2001, el antejuicio administrativo debe agotarse en las demandas de contenido patrimonial, constituyendo, como ya se dijo, una condición de admisibilidad para la interposición de demandas patrimoniales contra la República, sin embargo, en el presente caso, la pretensión de la parte actora va dirigida a restablecer una situación jurídica presuntamente afectada, derivada del marco de una relación funcionarial entre el querellante y la Administración (Negrillas de esta Corte).
Siendo así, al existir ese vinculo funcionarial entre el querellante y el Ministerio querellado, el régimen legal que lo ampara es la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.482, de fecha 11 de julio de 2002, reimpresa en fecha 6 de septiembre de 2002, en la Gaceta Oficial Nº 37.522, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1° y 2.
En tal sentido, debe entenderse que por mandato constitucional el Estatuto tiene como fin primordial establecer un sistema uniforme y común a todos los funcionarios públicos, dirigido a regular todo lo relacionado con la materia funcionarial y el sistema de personal, es decir, los ingresos, ascensos, traslados, suspensiones y retiros, así como la incorporación de un sistema de seguridad social a los efectos de garantizar a los funcionarios todo lo relativo a las pensiones, jubilaciones, prestaciones sociales, entre otros beneficios (Negrillas de esta Corte).
Es por ello que se reitera, de conformidad con los artículos 1° y 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que la aludida Ley regirá todo lo concerniente a la relación funcionarial entre los funcionarios públicos y la Administración Pública en todos los niveles territoriales del Poder Publico, siendo además que dicho Estatuto prevé la obligatoriedad de la observancia de las normas contenidas en él, sin que en modo alguno, ello signifique en el presente caso la vulneración de las disposiciones contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Resulta igualmente oportuno, señalar lo establecido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 26 de febrero de 2003, quien en un caso similar al de autos precisó que “(…) la querella ha sido definida por la doctrina como ‘el medio a través del cual un sujeto sometido a la Ley de Carrera Administrativa recurre por ante un Tribunal de la Carrera Administrativa contra un acto o una actuación de la Administración Pública Nacional derivado de la relación de empleo público que lesiona sus derechos o intereses, con el objeto de que dicho acto sea anulado, o bien se le restablezca en el goce de la situación afectada’ (…)”.
De igual forma, resulta pertinente agregar del texto de la sentencia antes mencionada, la precisión que hiciere dicha Corte relativa a que la querella constituía una acción procesal que no podía ser considerada como una demanda pecuniaria intentada contra la República, por cuanto se encontraba dirigida a solicitar al Juez contencioso administrativo la protección de los derechos e intereses vulnerados por la Administración, “(…) permitiéndole al querellante señalar distintas pretensiones, tales como nulidad, condena e indemnización entre otras, teniendo la querella un objeto no limitado, y podrá intentarse contra cualquier manifestación del actuar de la Administración funcionarial: actos, hechos, omisiones y abstenciones”.
Con fundamento en lo expuesto, visto que en el caso de autos la controversia suscitada se dio en el marco de una relación funcionarial, se entiende, en virtud de las normas recogidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, que estas deben dirimirse a través del ejercicio del recurso contencioso administrativo funcionarial (Querella) prevista en el Título VIII de la mencionada Ley, por lo que la prerrogativa del agotamiento de la vía administrativa, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no le resulta aplicable, siendo que el procedimiento previsto en la citada norma constituye un requisito previo para las demandas patrimoniales que se intenten contra la República, los Estados o los Municipios u otras personas jurídicas públicas y, no un requisito de admisibilidad de recursos o querellas de naturaleza funcionarial (vid. Sentencia N° 825 de fecha 3 de mayo de 2001 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) y, así se declara.
En cuanto el alegato esgrimido por la parte apelante en lo relativo a que los intereses moratorios deben calcularse sobre la base promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) principales bancos del país, comparte este Órgano Jurisdiccional el criterio sostenido por el a quo en el fallo apelado, en consecuencia, se condena a la parte querellada al pago de los intereses moratorios (no capitalizados) generados por la suma no cancelada oportunamente a la querellante de Ciento Ocho Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Veintinueve con Setenta y Dos Bolívares (Bs. 108.288.129,72) a calcularse desde el 31 de julio de 2002 (fecha en la que se acordó la jubilación), hasta el 31 de marzo de 2004 (fecha en la que recibió el pago correspondiente a sus prestaciones sociales), calculados de acuerdo a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el pago de los intereses prestacionales, de conformidad con el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, para cual se ordena realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil (vid. casos similares al de autos, sentencia dictada por la Sala de Casación Social de Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de octubre de 2003, caso: Boehringer Ingelheim, sentencia N° 2006-00169, dictada recientemente por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de fecha 14 de febrero de 2006, en el caso: Antonio José Fuentes García vs. Ministerio de Educación Superior). Así se declara.
Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Corte declara sin lugar el recurso de apelación ejercido y, se confirma, con las precisiones expuestas en el presente fallo la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de octubre de 2004, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado José Lorenzo Rodríguez, actuando en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de octubre de 2004, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARIE NOELE JEANNE CIPOLLINA DE BRICEÑO, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR;
2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta;
3.- CONFIRMA el fallo apelado, con las precisiones expuestas en la parte motiva del presente fallo.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso administrativo, en Caracas, a los dos (02) del mes de marzo dos mil seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.
La Presidenta,
ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ
Ponente
El Vicepresidente,
ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
El Juez,
ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
La Secretaria,
JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
Exp. Nº AP42-R-2005-000214
ACZR/008
En la misma fecha dos (02) de marzo de dos mil seis (2006), siendo las 10:15 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2006-00356.
La Secretaria
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