EXPEDIENTE N° AB42-N-1991-000060 JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL En fecha 04 de junio de 1991, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ELIZAINE CALATRAVA ARMAS, portadora de la cédula de identidad N° 3.699.256, asistida por el abogado Omar Alfredo Mora Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N°. 13.278, contra el acto administrativo de fecha 16 de mayo de 1991 dictado por la Jueza Titular Cuarta de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, mediante el cual se impuso medida de arresto disciplinario en contra de la referida ciudadana. El 6 de junio de 1991, se dio cuenta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, en esa misma fecha se designó ponente al magistrado Alfredo Ducharme a los fines de que se decidiera sobre la admisibilidad del recurso de nulidad conjuntamente con amparo. Mediante sentencia N° 734 de fecha 5 de diciembre de 1991, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional de conformidad con el artículo 6, ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso de nulidad. En fecha 10 de diciembre de 2003, mediante Resolución Nº 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con las mismas competencias y atribuciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Asimismo a través de la Resolución de fecha 15 de Julio de 2004 dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.980, fueron designados los Jueces de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. En atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución Nº 68 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004 y reformada mediante Resolución Nº 90 de fecha 4 de octubre de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo los expedientes de las causas cuyo número de identificación terminara en un dígito par, como ocurre en el presente caso. Mediante auto de fecha 8 de marzo de 2006, se dejó constancia que en fecha 19 de octubre de 2005 fue reconstituida esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quedando conformada de la siguiente manera: Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, Presidenta; Alejandro Soto Villasmil, Vicepresidente; y Alexis José Crespo Daza, Juez. Asimismo, éste Órgano Jurisdiccional se abocó al conocimiento de la presente causa y, reasignó ponente al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 9 de marzo del mismo año, se pasó el expediente al Juez ponente. Realizado el estudio del expediente se pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones: II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR El ámbito objetivo de la presente causa lo constituye el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo constitucional en fecha 4 de junio de 1991 por la ciudadana Elizaine A Calatrava Armas, asistida por el abogado Omar Mora Díaz, contra el acto administrativo de fecha 16 de mayo de 1991 dictado por la Jueza Titular Cuarta de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, mediante el cual se impuso medida de arresto disciplinario a la citada ciudadana. Observa esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que desde el día 5 de diciembre de 1991, fecha en que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional y en consecuencia, ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso de nulidad, hasta la fecha, no hubo ni ha habido pronunciamiento alguno con respecto a la admisión o inadmisión del mencionado recurso. Ahora bien, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia No. 924 de fecha 30 de abril de 2002 determinó que el interés procesal y la legitimación son requisitos de la acción, la cual se materializa en la demanda que interpone un sujeto de derecho ante los órganos jurisdiccionales (derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, artículo 26 de la Constitución de 1999). En aquella oportunidad dicha Corte sentó criterio con respecto al decaimiento del interés procesal, y precisó dos momentos en los cuales el Sentenciador puede considerar que se ha perdido interés, a saber: “(…) El primero, una vez interpuesta la demanda sin que hubiera pronunciamiento por parte del Tribunal sobre la admisión o no del recurso respectivo, siendo que en ese lapso el actor debe impulsar, a través de los medios idóneos tal decisión del Juzgador”, y, “El otro momento ocurre en la oportunidad de dictarse sentencia. Cuando la causa se paraliza después de haberse dicho “Vistos”, sin que se dicte la decisión correspondiente, por un lapso superior a aquel que la ley otorga a los Jueces para dictar la decisión correspondiente”. Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “(…) Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garante de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud del recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él, el que sufre un daño. Ahora bien, una vez determinado el momento para “presumir” la falta de interés, la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Fran Valero) señaló que “(…) el lapso que sirve de parámetro para declarar la pérdida del interés no es otro que el establecido para intentar la acción, es decir, interpuesta la demanda y transcurrido el mismo lapso del que se disponía para recurrir sin que la parte inste al Juzgador a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, le otorga a éste la posibilidad de declarar la pérdida del interés”. Si bien, el anterior criterio se analizó conociendo una acción de amparo, la Sala Constitucional en la decisión N° 463 de fecha 14 de diciembre de 2005, aplicó la pérdida del interés a los recursos de nulidad, razón por la cual a los fines de determinar el lapso para presumir la pérdida del interés antes de la admisión en los casos de recursos de nulidad contra actos de efectos particulares, se debe acudir al lapso establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema Justicia, el cual establece que los recursos de nulidad deben interponerse dentro del lapso de seis (6) meses, de lo contrario se declararía la inadmisibilidad de la acción por caducidad de conformidad con los artículos 84 y 124 de la referida Ley. En aplicación al criterio anteriormente indicado, visto que desde el día 5 de diciembre de 1991, hasta la presente fecha ha transcurrido más de seis (6) meses a que aduce el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, sin que en dicho lapso, la parte interesada impulsara la causa para que se dictara decisión acerca de la admisibilidad del presente recurso, este Órgano jurisdiccional declara extinguida la acción por pérdida del interés y por ende, ordena el archivo del expediente. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN por PÉRDIDA DEL INTERES en el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional, por la ciudadana ELIZAINE CALATRAVA ARMAS, asistida por el abogado Omar Alfredo Mora Díaz, antes identificados, contra la decisión adoptada por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 9 de mayo de 1991. Publíquese, regístrese. Archívese el expediente. Déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los días veintiuno (21) del mes de marzo de dos mil seis (2006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación. La Presidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ El Vicepresidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL Ponente El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA La Secretaria, JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ Exp. AB42-N-1991-000060 ASV/p En la misma fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil seis (2006), siendo la (s) 12:40 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2006-00648.