TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 29 de Marzo de 2006
195º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01- P- 2006- 2273

Vista la solicitud de Sobreseimiento de la Causa formulada por el ciudadano Abg. José Mora, Fiscal del Ministerio Público décimo del Estado Lara de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 34 Ordinal 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 108 Ordinal 7° del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado de Control para decidir observa:

PRIMERO: El presente caso se inició en fecha 28-12-2005, en virtud de acta policial suscrita por los funcionarios adscritos a la Guardia Nacional, Primera comapañía del destacamernto 47, donde dejan conastancia de la retención del Vehiculo MARCA: TOYOTA, MODELO STATION WAGON, COLOR AZUL, PLACAS NAK49W, conducida por el ciudadano: FEDOR MALENDEZ, venezolano, titular de la Cedula de Identidad N 9.573.613, con domicilio en Barquisimeto Estado Lara, donde señala que el vehículo presenta irregularidades en los seriales
SEGUNDO: El Ministerio Público fundamentó su solicitud de Sobreseimiento al considerar que aparecía comprobado en auto la comisión del Delito de Adulteración de seriales previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores y que desde el inicio de la causa hasta la fecha de la solicitud de sobreseimiento no han surgido elementos que pudiesen comprometer la responsabilidad penal de persona alguna y menos aún la responsabilidad penal del ciudadano. Fedor Meléndez.-
TERCERO: Del estudio del caso concluye quien decide que se encuentra comprobada la comisión del delito de Adulteración de seriales previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores

Motivo por el cual quien decide deja sentado que el sistema de ejercicio de la acción penal, es un sistema semi- absoluto por lo que respecta a los delitos de acción pública ya que la titularidad y el ejercicio de la acción penal en dichos delitos pertenece al Estado a través del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 11, 24 y 108 del Código Orgánico Procesal Penal, aunque se permita a la víctima ejercer la acción penal mediante la querella correspondiente, razón por la cual el Ministerio Público se encuentra facultado para solicitar el sobreseimiento tal y como lo hizo en el presente caso.

Aunado a lo anteriormente expuesto, se encuentra el hecho de que es imposible aportar nuevos datos en la investigación, razón por la cual la solicitud es procedente. Y así se decide.

De igual modo riela a los folios solicitud de devolución del bien incautado para la investigación, solicitud hecha por Arnoldo Meléndez, quien es venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Numero V- 3.444.890, en su carácter de Director Gerente de la sociedad Mercantil Escritorio Jurídico Contable Inmobiliaria Merca S.R.L, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 31 de Mayo de 1983, bajo el No 54, Tomo 1-A, en el que solicita que se ordene hacerle entrega material de un vehículo propiedad de su representada, cuyas características y determinaciones legales son las siguientes: MARCA: TOYOTA; MODELO: STATION WAGON; AÑO: 1996; COLOR: AZUL; CLASE: CAMIONETA, TIPO: SPORT-WAGON; USO: PARTICULAR; SERIAL DE CARROCERÍA: FZJ809008958; SERIAL DE MOTOR: 1FZ0230711, PLACAS: NAK49W, el cual le pertenece a su representada según Documento de Compra Venta Autenticado, ante la Notaria Publica quinta de Barquisimeto Estado Lara, quedando inserto bajo el N° 27, Tomo 167, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria.

Cabe destacar que en fecha 28 de diciembre del año 2005, fue retenido el referido vehículo, por parte de funcionarios antes señalados.

Del estudio minucioso de las actuaciones que conforman este asunto, quien decide debe hacer las siguientes observaciones:
• Consta en el folio 7, Acta Policial, de fecha 28-12-2005, debidamente suscrita por los Funcionarios Primitivo Jiménez y Manuel Corona, adscritos al Destacamento N 47, en la cual dejan constancia entre otras cosa de que encontrándose en labores en el punto de control en la Población de Sanare, y que al realizarle revisión de seriales les pareció irregulares dejando retenido el vehículo en cuestión

Consta al folio 60, Acta de Negativa de Entrega del Vehículo, de fecha 20 de febrero de 2006, debidamente suscrita por la Fiscalia Décimo del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró negar la entrega del vehículo objeto de la presente solicitud, fundamentando su negativa en que la Experticia de reconocimiento legal se evidencia que los seriales son falsos

• Riela al folio (72) Certificado de Registro de Vehículo debidamente expedido por el Servicio Autónomo de Transporte y Transito Terrestre, en fecha 3-02-2003, a nombre de Caterina de palma Donato.
• Riela en a los folios 56, 57, 58 y 59 Experticia de Reconocimiento de autenticidad de toda la documentación de tradición realizada por el perito Carlos González, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación del Estado Lara, de fecha 16-02-2005, al cual arrojo como resultado lo siguiente: Toda la documentación es autentica, a excepción al documento poder por cuanto no se sometió a experticia.

Se observa que el Ministerio Publico, fundamento su negativa en el hecho cierto de que el vehículo investigado presenta todos sus seriales de identificación Falsos, más la documentación consignada por el solicitante que alega la cualidad de propietario no ha sido declarada Falsa. Y aunado el hecho que el Ministerio Publico, solicito sobreseimiento de la causa.-

También es necesario dejar claro que una vez analizado detenidamente el contenido de las actuaciones que integran la causa, y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que garantizan el derecho que tiene toda persona de obtener en forma pronta, gratuita, imparcial, transparente, responsable y equitativa una Tutela Judicial Efectiva de sus derechos constitucionales, y concatenado estrechamente con lo preceptuado en el artículo 30 Ejusdem, que regula el deber del Estado de proteger a las victimas de delitos comunes mediante una justicia gratuita, imparcial, idónea y responsable, se puede observar claramente que:
1. No existe en las actuaciones que corren insertas a la presenta causa NINGUNA OTRA SOLICITUD DE ENTREGA o elemento de convicción que nos permita presumir fundadamente que el mencionado vehículo pertenece a otra persona diferente al solicitante o que condujere a pensar que existen varias personas que se arrogan al mismo tiempo la propiedad sobre el mismo.

2. Así mismo, es oportuno y necesario tener en cuenta que el solicitante procede en este caso con evidente LEGITIMACION ACTIVA para requerir la entrega del vehículo, por cuanto fundamenta su requerimiento en un Documento de Compra Venta Autenticado, ante la Notaria Quinta de Barquisimeto Estado Lara. Y el Certificado de Registro de Vehículo Legalmente expedido por la Autoridad Administrativa correspondiente

En este sentido debe tenerse presente la obligación legal que tienen los órganos de administración de justicia del cual constitucionalmente formamos partes los Jueces, Fiscales, Abogados, etc.; de velar por los intereses de la victima en el proceso, garantizando la vigencia de sus derechos así como la protección y reparación del daño causado a la misma, de acuerdo a lo previsto expresamente en lo Artículos 118 y 119 del Código Orgánico procesal Penal, lo cual guarda estrecha relación con lo consagrado expresamente en el Artículo 30 segundo aparte de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación que tiene el Estado de proteger a las victimas de delitos comunes, además resulta necesario y obligatorio hacer respetar y garantizar el Derecho a la Propiedad que tiene todo ciudadano, el cual se encuentra consagrado en el Artículo 115 de la Constitución de la Republica, de igual forma en todos aquellos casos en los cuales el solicitante demuestre por cualquier medio licito su derecho sobre el vehículo requerido, tal como lo exige expresamente el Artículo 10 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos, donde se establece que los vehículos se entregarán al propietario por orden del Juez de Control o del Ministerio Público en cualquier estado del proceso una vez comprobada su condición de propietario lo que tiene relación directa con lo preceptuado en el Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de Control solicitando la devolución de los objetos incautados en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, lo cual tiene su justificación en lo previsto en el Artículo 11 de la Ley de Transito Terrestre, según el cual se considera como propietario a quién figure en el Registro Nacional de Vehículos como adquirente, normal legal que viene a complementarse con lo consagrado en el Artículo 9 Ejusdem, donde se establece que el Registro Nacional de Vehículos será público y los actos inscritos en él tendrán efectos contra terceros, y si a esto le agregamos el contenido de la disposición legal establecida en el Artículo 312 Primera Aparte del Código Adjetivo Penal que establece la facultad que tiene el Tribunal de devolver los objetos incautados o recuperados, salvo que estime indispensable su conservación, los cuales se entregarán al propietario una vez comprobada su condición por cualquier medio; resulta obligatorio y ajustado a derecho concluir que en el presente caso se encuentra demostrada de manera fehaciente hasta la presente fecha, salvo mejor prueba en contrario la propiedad legal en buena fe sobre el vehículo automotor requerido dado que el solicitante demostró poseer Documento de Compra Venta Autenticado que lo acredita como propietario del vehículo retenido.

Igualmente, es oportuno traer a colación el criterio sostenido por la SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13-08-2001, expediente Nº. 01-0575, con ponencia del Magistrado: ANTONIO J. GARCIA, en la cual afirma entre otras cosas que: “… Ahora bien, observa esta Sala que en atención a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución, demuestre PRIME FACIE ser propietario o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de los vehículos automotores, resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de transito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio licito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera ésta Sala que una vez comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.” En igual sentido continua diciendo la misma sentencia que: “… De los artículos precedentemente citados, se observa que el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el registro Nacional de Vehículos… Por consiguiente ésta Sala concluye prueba fehaciente de la propiedad del vehículo reclamado, por lo que negar su devolución no resultaba ajustado a derecho.”

Asimismo, es de resaltar que la SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13-07-2005, expediente Nº 04-2789, con ponencia del Magistrado: Luís Velásquez Alvaray, ha reiterado lo señalado anteriormente, y establece: “…En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: ´En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee´, y el 794 eiusdem, que señala: Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título “

En virtud de todas las argumentaciones de hecho y de derecho antes expuestas, es obligatorio concluir que el presente caso es legalmente procedente la devolución del vehículo solicitado, pero únicamente, en Calidad de Depósito, Guarda y Uso, hasta que el órgano administrativo correspondiente resuelva sobre los vehículos en las condiciones de seriales falsos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos en concordancia con el Artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, y en armonía con los Artículos 26 y 51 de la Constitución de la Republica, con la expresa e ineludible obligación de no venderlo ni enajenarlo bajo ninguna forma o modalidad y además presentarlo por ante la Fiscalía del Ministerio Público o este Tribunal de Control las veces que sea requerido a objeto de determinar lo conducente conforme a la ley. Así se decide y se declara igualmente.-

DISPOSITIVA.
Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado de Control administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley Decreta el Sobreseimiento de la Causa de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del Articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal en el segundo supuesto, vale decir, el hecho no puede atribuírsele al imputado, en la causa seguida al ciudadano: Fedor Meléndez, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nos 9.573.613.- De igual manera ACUERDA: La Devolución inmediata en pero únicamente, en Calidad de Depósito, Guarda y Uso, hasta que el órgano administrativo correspondiente resuelva sobre los vehículos en las condiciones de seriales falsos y el legitimado cumpla con la obligaciones y requisitos exigidos; a Arnoldo Meléndez, quien es venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Numero V- 3.444.890, en su carácter de Director Gerente de la sociedad Mercantil Escritorio Jurídico Contable Inmobiliarias Merca S.R.L, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 31 de Mayo de 1983, bajo el No 54, Tomo 1-A; del vehículo cuyas características y determinaciones legales son las siguientes: MARCA: TOYOTA; MODELO: STATION WAGON; AÑO: 1996; COLOR: AZUL; CLASE: CAMIONETA, TIPO: SPORT-WAGON; USO: PARTICULAR; SERIAL DE CARROCERÍA: FZJ809008958; SERIAL DE MOTOR: 1FZ0230711, PLACAS: NAK49W; con la expresa obligación de No Venderlo, Ni Enajenarlo bajo Ninguna Modalidad o Condición hasta que el órgano administrativo resuelvan sobre la modalidad en la que regirá los vehículos con seriales falsos, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se acuerda oficiar al Estacionamiento “ La Concordia C.A” de ésta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara con la finalidad de que procedan a la entrega del mismo.-

Asimismo, se ordena a todas las autoridades de la Republica, el acatamiento de la presente decisión en toda su extensión, evitando cualquier perturbación en la posesión aquí otorgada; y en caso de desacato, el tribunal tomará las medidas y acciones que considere necesarias, conforme a la Ley, para hacer respetar y cumplir sus decisiones, respetando el debido proceso, tal y como de manera expresa, lo prevé el articulo 5 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase al Archivo Judicial en su oportunidad legal. Cúmplase

El Juez

El Secretario

Abg. Honorio Meléndez