EXPEDIENTE N° AP42-R-2005-000734
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
El 4 de abril de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 189 del 10 de marzo de 2005, emanado del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Sioly Moreno Moya, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.396, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ANA FARRERAS, titular de la cédula de identidad N° 12.876.212, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL CALLAO DEL ESTADO BOLÍVAR, por cobro de prestaciones sociales.
Dicha remisión obedeció al recurso de apelación interpuesto el 3 de marzo de 2005 por la apoderada judicial del querellante, contra la decisión dictada el 1º de marzo de 2005 por el precitado Tribunal, en la que declaró inadmisible la prueba promovida por la parte actora mediante escrito fechado 14 de febrero de 2005.
El 10 de mayo de 2005 se dio cuenta a esta Corte y, previa distribución automatizada efectuada por el sistema JURIS 2000, se designó ponente al ciudadano Juez Jesús David Rojas Hernández, a los fines de dictar la decisión correspondiente.
El 13 de mayo de 2005 se pasó el expediente al Juez ponente.
En Sesión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de octubre de 2005, fueron designados los Jueces de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, siendo juramentados ante esa misma sede jurisdiccional el 18 del mismo mes y año.
Mediante Acta Nº 25 de fecha 19 de octubre de 2005, se dejó constancia de que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo fue reconstituida y quedó integrada de la siguiente manera: ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ, Presidenta; ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Vicepresidente y ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Juez.
El 17 de mayo de 2006, la Corte se abocó al conocimiento de la causa y, previa distribución del asunto, se reasignó la ponencia al ciudadano Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dicte la decisión correspondiente.
En esa misma fecha se pasó el expediente al Juez ponente.
Realizado el análisis de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a pronunciarse respecto a la apelación interpuesta previa las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Se dio inicio a la presente causa, en virtud de escrito presentado el 28 de junio de 2004 ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, por la abogada Sioly Moreno Moya, actuando en su condición de apoderada judicial de la ciudadana Ana Farreras, mediante el cual interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial en contra de la Alcaldía del Municipio El Callo del Estado Bolívar.
El 6 de julio de 2004, el Juzgado a quo se declaró competente para conocer del recurso interpuesto, lo admitió, y ordenó la notificación del Síndico Procurador del Municipio El Callao del Estado Bolívar.
El 26 de octubre de 2004, el precitado Despacho fijó oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar pautada en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, acto que tuvo lugar el día 4 de febrero de 2005, a las 10:00 a.m.
El 14 de febrero de 2005, compareció la abogada Sioly Moreno Moya, actuando en representación de la ciudadana Ana Farreras, y consignó escrito de promoción de pruebas.
El 1º de marzo de 2005 se dictó la decisión recurrida.
El 3 de marzo de 2005, la apoderada actora apeló de la citada decisión.
El 10 de marzo de 2005, el a quo oyó dicho recurso en ambos efectos y ordenó la remisión del presente expediente a esta Instancia.
II
DEL AUTO APELADO
El 1º de marzo de 2005, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó auto en virtud del cual emitió pronunciamiento en torno a la admisibilidad de las probanzas promovidas el 14 de febrero de 2005 por la abogada Sioly Moreno Moya, actuando en su condición de apoderada judicial de la querellante, en los siguientes términos:
“(…) Pruebas promovidas por la parte demandada:
En el capítulo I: Reproduce el mérito favorable de los autos. [Ese] Tribunal observa que tal reproducción genérica de los autos no constituye medio de prueba alguna. Así se decide.
En el capítulo II: Promueve poder que acredita la representación de la abogada Sioly Moreno.
[Ese] Tribunal para decidir observa:
En relación a la necesidad de señalar los hechos que pretende probar el promovente con el medio de prueba presentado, se ha pronunciado tanto la Sala de Casación Civil, en sentencia dictada el 16 de noviembre de 2.001 (sic) (caso: Cedel Mercado de Capitales C.A: (sic) contra Microsoft Corporation), como la Sala Constitucional en sentencias Nº (sic) 401 y 1902, dictadas el 27 de febrero de 2003 y 11 de julio de 2003, en este sentido los máximos órganos jurisdiccionales (sic) han sentado la siguiente premisa en relación a la validez con la que se produce el medio probatorio:
Para que la parte pueda manifestar si conviene o no con (sic) los hechos que su contrario trata de probar y para que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo las partes y ordenar que se omita toda declaración o prueba sobre ellos, es necesario que en el escrito de promoción de cada una de las partes se hayan indicado de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que pretende demostrar con cada medio de prueba promovido.
En el caso de autos, se observa que la promovente no identificó el objeto de la prueba promovida, por tanto, [ese] Juzgado declara inadmisible tal medio probatorio, por ser manifiesta su ilegalidad. Así se decide (…)”. (Negrillas del texto citado).
III
DE LA COMPETENCIA
Antes de pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estima necesario revisar su competencia para conocer de la presente causa. En ese sentido observa, que el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece:
“Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contados a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.
Ello así, dado que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional, tiene las mismas competencias atribuidas a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, como lo precisó la Resolución N° 2003-0003 de fecha 27 de enero de 2004 (Gaceta Oficial N° 37.866) dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; y la reiterada jurisprudencia de la Sala Político Administrativa que da a las Cortes de lo Contencioso Administrativo el carácter de Tribunales de Alzada con respecto a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo (Vid. Sentencia Nº 02271 dictada en fecha 24 de noviembre de 2004, caso Tecno Servicio Yes´Card, C. A.), se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Corte, actuando como jurisdicción de Alzada, pronunciarse en torno a la procedencia del recurso de apelación interpuesto el día 3 de marzo de 2005 por la apoderada judicial de la querellante, contra el 1º de marzo de 2005 auto dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual se emitió pronunciamiento respecto de la admisibilidad de las pruebas promovidas por dicha representación judicial el 14 de febrero de 2005, y a tal respecto observa:
A través de escrito presentado ante el a quo el día 14 de febrero de 2005, la abogada Sioly Moreno Moya, actuando en representación de la ciudadana Ana Farreras, promovió sus probanzas en los siguientes términos:
“(…) CAPÍTULO I
[Reproduce] los méritos que [le] sean favorables en autos y que cursan en el señalado expediente
CAPÍTULO II
[Consigna] en original, Marcado “A”, Poder otorgado, donde consta [su] condición de co-apoderada.
[Solicita] que el presente escrito sea admitido y sustanciado conforme a derecho (…)”.
En ese sentido se observa, que a través del auto apelado el a quo declaró inadmisible la referida probanza por considerar que la misma es ilegal, argumentando al efecto que de acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Sala de Casación Civil y la Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es necesario que en el escrito de promoción de pruebas cada una de las partes indique de manera expresa y precisa, los hechos concretos que procuran demostrar con cada medio de prueba promovido, a objeto de otorgar a la parte contraria no sólo la oportunidad de controlar el medio en cuestión, sino también de manifestar si conviene o no en los hechos que se pretenden demostrar con la prueba promovida.
Circunscritos de este modo los términos del actual recurso de apelación, observa esta Corte que tal y como bien lo dejó sentado el a quo respecto de la promoción del “mérito favorable de los autos”, que el mismo no constituye un medio de prueba que requiera promoción ni evacuación por parte de los litigantes, dado que la valoración de las pruebas cursantes en los autos y su aptitud para demostrar los hechos que conforman el thema decidendum de la controversia, es tarea soberana del Juez y, por tanto, no se precisa a las partes promover, a modo de medio probatorio, el eventual mérito favorable de sus pretensiones, pues la determinación de si existen en autos méritos suficientes para favorecer la pretensión de alguna de ellas, es trabajo privativo del órgano jurisdiccional al momento de dictar la decisión de fondo que ponga fin a la litis.
A este respecto, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 16 de febrero de 2006, dejó sentado lo siguiente:
“(…) La apoderada de la sociedad mercantil Motores Montalbán II, C.A., se opone al mérito favorable de los autos invocado por los apoderados del municipio Chacao del estado Miranda, en el Capítulo II de su escrito de promoción de pruebas; al respecto, estima [ese] Juzgado, que el mérito favorable de los autos no es un medio de prueba per se, sino la solicitud que hace el promovente de la aplicación del principio de la comunidad de la prueba que rige en el sistema probatorio Venezolano (vid. Sentencia N° 02595 del 5 de mayo de 2005, dictada por la Sala Político-Administrativa), y el mismo se orienta a la valoración que el Juez del mérito aprecie sobre estas pruebas, lo cual no es una facultad del Sustanciador, ni tampoco es la oportunidad procesal para su decisión; en tal virtud, se desecha por improcedente la aludida oposición, y así se decide (…)”. (Negrillas de esta Corte).
Examinado lo anterior, evidencia igualmente esta Corte que la apoderada actora adjuntó con su escrito de promoción de pruebas original del poder que le acredita como representante judicial de la ciudadana Ana Farreras, el cual fue autenticado ante la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar el día 15 de junio de 2004, bajo el Nº 10, Tomo 110 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, el cual, se aclara, al igual que el mérito favorable de autos, no constituye un medio de prueba tendente a la demostración de los hechos que integran el contradictorio del presente proceso, sino únicamente para acreditar la representación judicial que dicha abogada ejerce en nombre de la querellante.
Luego, al no constituir ninguno de los elementos promovidos por la precitada abogada en su escrito de pruebas, medios probatorios susceptibles de promoción, admisión y evacuación, mal pudo el a quo declarar su “inadmisibilidad” en razón de su “ilegalidad”, por no haber expresado la parte promovente “los hechos” que a través de dichos “medios” se pretendía probar.
En efecto, es preciso destacar que el análisis en torno a la legalidad y pertinencia de un determinado medio de prueba solamente puede llevarse a cabo precisamente sobre un medio probatorio, y no sobre cualquiera otros elementos que las partes lleven al proceso a título de prueba.
En el caso sub iudice, se concluye que el a quo erró no sólo en la apreciación jurídica que debía darse a la promoción efectuada por la abogada de la accionante, sino que, además, efectuó un trámite procesal inadecuado al pronunciarse sobre la admisibilidad de cuestiones que, como se ha examinado, no constituyen medios probatorios, como si se tratasen de tales, razón por la cual, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y se revoca la sentencia apelada. Así se decide.
En virtud de lo anterior, se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo, a los fines de que el procedimiento continúe su curso de Ley.
VI
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente examinados, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley:
1.- Declara su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 3 de marzo de 2005 por la abogada Sioly Moreno Moya, actuando en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ANA FARRERAS, contra el auto dictado el 1º de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por dicha ciudadana contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL CALLAO DEL ESTADO BOLÍVAR.
2.- Declara CON LUGAR el citado recurso de apelación.
3.- REVOCA la decisión recurrida.
4.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado a quo, a los fines de que el procedimiento continúe su curso de Ley.
Publíquese y notifíquese. Remítase el presente expediente al Juzgado de origen, a los fines de la notificación de la presente decisión, debiendo informar mediante oficio a este Órgano Jurisdiccional la oportunidad en la que ésta quede firme, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que conste en autos la última de las notificaciones, a objeto de la actualización de los registros correspondientes en el Sistema JURIS 2000.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
Se difiere la publicación del presente fallo por anuncio de voto salvado.
La Presidenta,
ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ
El Vicepresidente,
ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente
El Juez,
ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Voto Salvado
La Secretaria Accidental,
NATALÍ CÁRDENAS RAMÍREZ
Exp. Nº AP42-R-2005-000734
ASV/i
VOTO SALVADO
El Juez ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, deplora disentir de lo explanado por los distinguidos Jueces que conforman la mayoría sentenciadora en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Sioly Moreno Moya, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 32.396, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ANA FERRERAS, titular de la cédula de identidad N° 12.876.212, contra la “ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL CALLAO DEL ESTADO BOLÍVAR”, particularmente en lo que se refiere al trámite que se establece para realizar la notificación del fallo que se cuestiona, y fundamenta su VOTO SALVADO en las siguientes razones:
En primera instancia resulta necesario recordar que de ordinario es al sentenciador que le corresponde notificar de sus propias decisiones, específicamente en los casos que el fallo se haya emitido fuera del lapso legal, afirmación que se realiza con base al contenido del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 251.-El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto de diferimiento y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos”.
Sin embargo, puede darse el caso que el Tribunal que emite la sentencia, haga uso de la figura de la comisión para hacer saber a las partes que la misma ha sido dictada, ello conforme a lo previsto en los artículos 234 y 235 del mismo Código de Procedimiento Civil. En este sentido, la doctrina ha dicho que la comisión viene a ser la ejecución de actos judiciales fuera de la sede del Tribunal, denominándose comitente al juez que confiere la comisión y aquel que la recibe, encargado de la ejecución, se llama comisionado, clasificando tal figura de la comisión en tres clases: Despacho; Exhorto y Suplicatoria. En todo caso, el comisionado tiene el deber de cumplir la comisión, pero siempre dentro de los términos del exhorto o despacho, sin reducirlos ni extralimitarlos (Calvo Baca, Emilio. Código de Procedimiento Civil de Venezuela)
Asimismo, otros autores como Ricardo Henríquez La Roche han señalado que la comisión constituye, según su naturaleza, “una delegación de la competencia funcional que corresponde al tribunal comitente, a los fines de practicar un acto de instrucción (prueba), ejecución (vgr. Embargos) o comunicación procesal (citación o notificaciones) … nosotros vemos en estos actos la asignación de un cometido o trámite que debía corresponder hacer al juez de la causa o al juez de ejecución, según la función (competencia funcional) que le asigna la ley”. (Código de Procedimiento Civil. Tomo II)
De tal modo, resulta claro que para el caso que se requiera el concurso de un tribunal distinto al que dictó la sentencia a los efectos de practicar su notificación debe mediar la correspondiente comisión, bien por vía del despacho, del exhorto o de la suplicatoria.
Igualmente, debe señalarse que ante tales supuestos el respectivo expediente se mantiene en el tribunal comitente, pues como ya se dijo, lo que se produce es una delegación de la competencia funcional a los efectos, únicamente, de efectuar una determinada actuación, entre ellas, la notificación de un fallo; ello no puede ser de otra manera, pues es ante el tribunal que emite la decisión - que se notifica por medio de una comisión - que las partes pueden ejercer determinados recursos o peticiones.
Ejemplo de lo anterior, es el supuesto a que se refiere el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, norma que dispone lo siguiente:
“Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.
Ahora bien, en lo que se refiere al presente asunto debe observar quien disiente que la mayoría sentenciadora dispuso una forma muy particular de notificar a las partes de la sentencia proferida, al prescribir lo siguiente:
“(…) Remítase el expediente al Tribunal de origen, a los fines de la notificación de la presente decisión, debiendo informar mediante oficio a este Órgano Jurisdiccional la oportunidad en la que ésta quede firme, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que conste en autos la última de las notificaciones, a objeto de la actualización de los registros correspondientes en el Sistema JURIS 2000 (…)”.
A este respecto, se considera pertinente destacar que el mecanismo de notificación trascrito, sin duda alguna se aparta de las disposiciones que sobre la materia dispone la ley adjetiva civil; en este mismo sentido, es de resaltarse que se ordena la remisión del expediente al tribunal de origen (supuesto tampoco tipificado para estos casos por el legislador), e incluso emerge que va a ser un tribunal distinto al que emitió el fallo el que determine su firmeza, todo lo cual, a mi criterio, ameritaba, al menos, un análisis jurídico en la motivación de la decisión; ello no puede ser de otra manera, toda vez que al procederse a la variación de un trámite procesal, por vía de sentencia, se requiere, en mi opinión, de una debida sustentación argumentativa, circunstancia ésta evidentemente no verificada en el presente caso.
De la misma manera, se considera que con las determinaciones que sobre el tema en comento se hacen en el fallo (sin el debido fundamento) se pudieran ver afectados, entre otros, el derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los propios justiciables, quienes por ejemplo, en estos casos, no podrían, ante el Órgano Jurisdiccional que dictó la decisión, darse por notificados o realizar una solicitud de ampliación o de aclaratoria de sentencia como lo pauta el Código de Procedimiento Civil, pues el expediente no se encontrará en el mismo.
En virtud de lo precedentemente expuesto, es por lo que me resulta forzoso manifestar, mediante el presente voto salvado, mi inconformidad con los términos del fallo que antecede, en lo que se refiere, al procedimiento instaurado para realizar la notificación del mismo.
Queda así expresado el criterio del Juez disidente.
Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil seis (2006).
La Presidenta,
ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ
El Vicepresidente,
ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente
El Juez,
ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Disidente
La Secretaria Accidental,
NATALI CÁRDENAS RAMÍREZ
Exp. Nº AP42-R-2005-000734
AJCD/17
En fecha treinta y un (31) de mayo de dos mil seis (2006), siendo la (s) 12:01 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2006-01609.
La Secretaria Acc.
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