JUEZ PONENTE: NEGUYEN TORRES LÓPEZ EXPEDIENTE Nº: AP42-R-2006-001987 En fecha 11 de octubre de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 06-1896 de fecha 20 de septiembre de 2006, anexo al cual el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSA ISABEL SILVA LOZADA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 11.712.264, asistida por el abogado ANTONIO SILVERIO VELÁSQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el N° 10.014, actuando en su condición de integrante de la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR (IPOLBOLÍVAR), contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR. Tal remisión se efectuó, en razón de la apelación interpuesta en fecha 12 de julio de 2006, por el abogado ANTONIO SILVERIO VELÁSQUEZ, contra sentencia dictada en fecha 04 de julio de 2006, por el mencionado Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante la cual se declaró improcedente el recurso interpuesto. En fecha 18 de octubre de 2006, se dio cuenta a la Corte y se inició la relación de la causa. En esta misma fecha se designó ponente a la Juez NEGUYEN TORRES LÓPEZ. En fecha 15 de noviembre de 2006, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 18 de octubre de 2006, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos y remitir el expediente a la Juez Ponente NEGUYEN TORRES LÓPEZ. Desde el día 18 de octubre de 2006, fecha en que se dio cuenta a la Corte del recibo del expediente, exclusive hasta el 14 de noviembre de 2006, fecha en la que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron 15 días de despacho, correspondientes a los días 19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de octubre de 2006; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 y 14 de noviembre de 2006. Una vez efectuada la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones: I DE LA SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE LA CAUSA En fecha 21 de junio de 2006, el abogado ANTONIO SILVERIO VELÁSQUEZ, actuando en representación de la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial en contra del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR, en los siguientes términos: Indicó, que “A los fines de que el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR (IPOLBOLÍVAR) NO QUEDE INDEFENSO, en la presente causa, solicito del Tribunal acuerde suspender el procedimiento hasta tanto se designe la JUNTA LIQUIDADORA del mencionado instituto, con motivo de la entrada en vigencia de la LEY ESPECIAL DE SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA (sic) DEL ESTADO BOLIVAR (sic)…” (Mayúsculas y negrillas del original). Citó el contenido del artículo 1 de la Ley Especial de Supresión y Liquidación del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolívar, el cual reza: “Artículo 1: Se suprime y ordena la liquidación del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolívar, creado por la Ley del Instituto Autónomo de Policía del Estado bolívar de 16 de diciembre de 2002, publicada por reimpresión en la Gaceta Oficial del Estado Bolívar No. 009 Extraordinario de 21 de enero de 2003. La Gobernación del Estado Bolívar, a través del Secretario General de Gobierno, supervisará el proceso de liquidación”. Añadió, que “…En consecuencia, el suprimido Instituto tiene atribuida su situación legal a la JUNTA LIQUIDADORA en la persona del presidente que así designe el Ciudadano Gobernador del Estado Bolívar, todo ello en razón de que el Presidente de IPOL BOLÍVAR y su Junta Directiva cesaron en sus funciones, correspondiéndole a la JUNTA INTERVENTORA actuar en este proceso, hasta el momento en que se publique el DECRETO DE NOMBRAMIENTO de la expresada Junta Liquidadora…” (Mayúsculas y negrillas del original). Manifestó, que “…la suspensión solicitada tiene asidero legal por aplicación analógica del artículo 351 del Código de Comercio y con fundamento al velo tutelar de las sociedades en cuanto a la continuidad de la personalidad jurídica una vez declarada su disolución o dicho en otras palabras la ‘supresión’ esta se extiende hasta la figura de los LIQUIDADORES y en consecuencia son ellos, los que representan jurídicamente al Instituto en atención al contenido de la norma invocada…” (Mayúsculas del original). II DEL AUTO APELADO En fecha 04 de julio de 2006, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó auto donde luego de transcribir el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil señaló lo siguiente: “…Este artículo consagra el principio general del Derecho Procesal Civil de la inmodificabilidad (sic) de los lapsos procesales, es decir, una vez cumplidos los mismos, no pueden cambiarse ni reaperturarse (sic), todo ello con la finalidad de garantizar a las partes la seguridad que las diversas actuaciones judiciales que puedan tener lugar en el proceso, no podrán verificarse sino en las oportunidades determinadas legalmente. Ahora bien, aplicando tales premisas al caso de autos, observa este Juzgado Superior que el abogado (…) solicita la suspensión de la causa ‘hasta tanto se designe la Junta Liquidadora del mencionado Instituto’. Al respecto, considera este Juzgado, que de acordarse tal suspensión, se vería vulnerado el principio de inmodificabilidad de los lapsos procesales, de la seguridad jurídica e igualdad ante la ley, en virtud que la referida suspensión no se subsume dentro de los supuestos previstos de manera taxativa en el Código de Procedimiento Civil, condicionando la duración de la suspensión de la causa a un hecho futuro e incierto que de manera clara ocasionaría un estado de indefensión y desigualdad a la contra parte, en consecuencia de los alegatos anteriormente esgrimidos, este Juzgado Superior declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión solicitada por el abogado ANTONIO SILVERIO VELÁSQUEZ. Así se decide…” (Mayúscula del original). IV MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Como primer punto, debe este Órgano Colegiado pronunciarse en relación a su competencia para conocer de las apelaciones de sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone lo que sigue: Artículo 110: “Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contados a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. De conformidad con la norma transcrita, el conocimiento en Alzada de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos funcionariales, le corresponde a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. Aunado a lo anterior, esta Corte debe hacer referencia a lo señalado por la sentencia Nº 2271 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24 de noviembre de 2004 (caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., Vs. Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia) donde la referida Sala actuando en su condición de rectora y cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como Alzadas Naturales de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer de las apelaciones contra Sentencias emanadas de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. Así se declara. Una vez determinada la competencia de esta Corte, corresponde pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto, y en tal sentido se observa lo siguiente: El artículo 19, aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: Artículo 19: “…Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia seguirán los siguientes procedimientos: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento de la acción, y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte”. (Negrillas de la Corte). De la norma transcrita se evidencia, que el apelante tiene la obligación de presentar el escrito en el cual indique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su apelación, escrito que debe ser presentado dentro del lapso de quince (15) días de despacho siguientes a aquél en que se de inicio a la relación de la causa en virtud de la apelación. En ese sentido, observa esta Corte que por auto de fecha 18 de octubre de 2006, se dio cuenta a la Corte, se inició la relación de la causa y se fijó el lapso de quince (15) días de despacho exclusive para que la parte apelante presentara el escrito de fundamentación de la apelación. Asimismo, se evidencia de las actas procesales que integran el presente expediente, auto emanado de la Secretaría de esta Corte, mediante el cual realiza el cómputo, a los fines de verificar los días de despacho transcurridos respecto al lapso fijado desde el día 18 de octubre de 2006, fecha en que se dio cuenta a la Corte del recibo del expediente, exclusive hasta el 14 de noviembre de 2006, fecha en la que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron 15 días de despacho, correspondientes a los días 19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de octubre de 2006; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 y 14 de noviembre de 2006. De acuerdo a los razonamientos expuestos anteriormente, se observa que desde 18 de octubre de 2006, fecha en la cual se fijó el décimo quinto día de despacho siguiente para comenzar la relación de la causa, exclusive, hasta el 14 de noviembre de 2006, inclusive ha transcurrido íntegramente el lapso previsto en el artículo 19, aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana Venezuela, sin que la parte apelante hubiera consignado el escrito contentivo de las razones de hecho y de derecho sobre las cuales fundamenta su apelación, por lo que se produce la consecuencia jurídica de la norma referida ut supra, esto es, considerar DESISTIDA la apelación interpuesta. Así se decide. Visto lo anterior, esta Corte no debe dejar de observar el criterio asumido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1542 de fecha 11 de junio de 2003, en virtud del cual es obligación de todos los Tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, entre ellos este Órgano Jurisdiccional, que en los casos donde opere la consecuencia jurídica prevista en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se debe examinar de oficio y de forma motiva, de conformidad con lo establecido en el aparte 17 del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el contenido del fallo apelado con el objeto de constatar si el mismo: a) no viola normas de orden público, y b) no vulnera o contradice interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de ese Máximo Tribunal, sobre el sentido y aplicación que debe dársele a determinadas normas del ordenamiento jurídico para garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Constitucional (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1542 de fecha 11 de junio de 2003, caso: Municipio Pedraza del Estado Barinas). En aplicación del criterio referido, observa esta Alzada por una parte, no se desprende del texto del auto apelado, que el A quo haya dejado de apreciar la existencia de alguna norma de orden público, y por la otra, tampoco se observa que la resolución del asunto debatido vulnere o contradiga algún criterio vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia se declara FIRME el auto apelado. Así se decide. V DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de julio de 2006, por el abogado ANTONIO SILVERIO VELÁSQUEZ, en su condición de integrante de la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO BOLÍVAR (IUPOL BOLÍVAR). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el auto dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 04 de julio de 2006. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los _______________ ( ) días del mes de __________________de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación. El Juez Presidente, JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ La Juez Vicepresidente, AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA La Juez, NEGUYEN TORRES LÓPEZ Ponente La Secretaria Accidental, YULIMAR DEL CARMEN GÓMEZ MUÑOZ Exp. Nº AP42-R-2006-001987 NTL/ En Fecha________________________ ( ) de __________________________________ de dos mil seis (2006), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________. La Secretaria Accidental.