TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: NEGUYEN TORRES LÓPEZ
EXPEDIENTE N° AP42-O-2006-000315

En fecha 25 de septiembre de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 1312-06 de fecha 25 de septiembre de 2006, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO ROJAS, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.754.112, actuando en su propio nombre y representación, contra las abogadas OLGA RUIZ AGUIRRE, BEATRÍZ BASTIDAS RAGGIO y LISBETH BRACAMONTE FUENTES, en su condición de JUEZAS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA.

Tal remisión se realizó en virtud de haberse oído en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de mayo de 2006 por el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO ROJAS, asistido por el abogado SEBASTIÁN LUGO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el N° 39.282, contra la sentencia dictada en fecha 5 de mayo de 2006, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, la cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por esa representación judicial.

El 13 de octubre de 2006, se dio cuenta a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y se designó Ponente a la Juez NEGUYEN TORRES LÓPEZ. En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente, a los fines de que la Corte dicte la decisión correspondiente.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Corte pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:

I
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 17 de abril de 2006, el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO ROJAS, actuando en su propio nombre y representación, interpuso acción de amparo constitucional contra las ciudadanas abogadas OLGA RUIZ AGUIRRE, BEATRÍZ BASTIDAS RAGGIO y LISBETH BRACAMONTE FUENTES, en su condición de JUEZAS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, bajo la siguiente argumentación:
Expresó que en fecha 6 de abril de 2006, el Juzgado Quinto de Municipio de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, practicó una Inspección Judicial dentro de las Instalaciones de la Corte Superior de Apelaciones del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Zulia, a los fines de i) dejar constancia de la existencia del expediente N° 784-05 y ii) se le expidiera copia certificada del referido expediente.

Señala el accionante que dentro de la referida Inspección, la Presidenta de dicha Corte negó que mediante una inspección judicial se pudiera obtener copias certificadas de cualquier expediente que cursare por ante ese Órgano Jurisdiccional, y en ese sentido indicó en su libelo lo siguiente:

“…CON RELACIÓN AL PARTICULAR SEGUNDO, DEJA EXPRESA CONSTANCIA ESTA CORTE QUE LA ORDEN DADA DE EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS, POR EL JUEZ ACTUANTE DE ESTA INSPECCION EN EL PARTICULAR ANTERIOR SE ENCUENTRA RESERVADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A ESTA CORTE, EN CONSECUENCIA DADO QUE ESTE ES UN TRIBUNAL COLEGIADO REUNIDAS LAS JUEZAS PARA TOMAR UNA DECISIÓN CON RELACIÓN AL SEGUNDO PARTICULAR SOLICITADO ACUERDA EXPEDIR LAS COPIAS QUE EN FORMA SIMPLE FOTOSTÁTICAS (sic) HAN SIDO SOLICITADAS LIMITADAS A LO EXPUESTO EN EL AUTO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2.006, CURSANTE AL FOLIO NO. (SIC) 40, DEL EXPEDIENTE AL CUAL SE CONTRAE ESTA INSPECCIÓN, ES DECIR, QUE ESTA CORTE PROVEE LA EXPEDICIÓN DEL FOTOCOPIADO AUTORIZANDO AL ALGUACIL NATURAL DEL TRIBUNAL ALBERTO MEDINA MARTINEZ, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NO. V 12.801.469, EN LOS TERMINOS (sic) DICTADOS EN EL REFERIDO AUTO Y QUE SE DAN AQUÍ, POR REPRODUCIDOS, UNA VEZ MAS (sic) ESTA CORTE DEJA CONSTANCIA Y QUE ES DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE NO SE EXIGE PAGO ALGUNO, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYA SIDO DECLARADA LA POBREZA DE ALGUNO DE LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ASÍ MISMO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL SOLICITANTE DE LA INSPECCIÓN NO SE ENCUENTRA ASISTIDO EN ESTE ACTO, POR NINGÚN ABOGADO…”. (Mayúsculas y subrayado del original).

Expresó que posteriormente, y dentro de la misma inspección judicial sucedió lo que a continuación esta Corte estima prudente citar:

“…SEÑOR ECHETO LO SIENTO MUCHO, PERO LA JUEZ PRESIDENTA DE LA CORTE TIENE RAZÓN, SOLO (sic) FALTA QUE USTED, ACOMPAÑE AL ALGUACIL DE LA CORTE, PAGUE LAS COPIAS FOTOSTATICAS (sic), PARA ANEXARLAS A SU SOLICITUD NO: 0391 06, PERO, YO HE SIDO DECLARADO POBRE Y LAS TRES JUEZAS DE LA CORTE LO SABEN Y TENGO DERECHO A LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL ART. (sic) 180 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO, ADEMAS EL ART. 9 DE LA LEY ORGANICA (sic) PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, HABLA SOBRE LA GRATUIDAD DE LAS ACTUACIONES Y LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, TAMBIEN (sic) HABLA DE LA GRATUIDAD EN SUS ARTS (sic): 26, 254 Y 257, RESPECTIVAMENTE Y SI ALGUN (sic) DIA (sic) LLEGO A MEJOR FORTUNA ENTONCES ESTOY EN LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLE AL ESTADO VENEZOLANO, TODO LO QUE LE DEBA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. (sic) 181 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO, YO NO SOY ABOGADO, PERO, SE LEER Y ESCRIBIR Y TENGO DERECHO A QUE EL ESTADO VENEZOLANO, ME EXPIDA EN PAPEL COMÚN, SIN ESTAMPILLAS Y TOTALMENTE GRATUITO LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS Y/0 CERTIFICADAS QUE HE SOLICITADO Y EL JUEZ (sic) QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, DR (sic). GUSTAVO ANDRADE, ME DIJO: SEÑOR ECHETO, A LO MEJOR USTED, TIENE RAZÓN, PERO, EN MI DESPACHO NO EXISTE FOTO COPIADORA, SINO YO MISMO, LE SACABA TODAS LAS COPIAS FOTOSTATICAS (sic) Y LE INTERRUMPI (sic) DICIÉNDOLE, PERO, AQUÍ SI HAY FOTOCOPIADORA Y ES DE LA DIRECCION (sic) EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, YO QUIERO QUE ME DEJE CONSTANCIA DE ESO Y LA DRA. OLGA RUIZ AGUIRRE, INTERRUMPIO (sic) DICIENDOME (sic), SEÑOR ECHETO USTED, NO PIDIÓ ESO EN SU SOLICITUD Y ADEMAS NO TIENE ABOGADO QUE LO ASISTA Y YO DIJE. PERO, ME ENCUENTRO EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN Y SE ESTÁN VIOLANDO DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Y EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO Y EL DR. GUSTAVO ANDRADE, ME INTERRUMPIO (sic) Y ME DIJO: SEÑOR ECHETO, YO NO PUEDO HACER NADA, SOLO (sic) FALTA QUE USTED, ACOMPAÑE AL ALGUACIL DE LA CORTE, PAGUE LAS COPIAS FOTOSTATICAS (sic) Y LAS ANEXEMOS A SU SOLICITUD DE INSPECCION (sic) JUDICIAL U OCULAR NO: 0391 06. Y YO DIJE. ESTA BIEN, DR. SEBASTIAN LUGO, ME PUEDE ACOMPAÑAR A SACAR LAS COPIAS FOTOSTATICAS (sic) DEL EXPEDIENTE NO: 00784 05 Y EL ABOGADO SEBASTIAN LUGO, DIJO: NO HAY PROBLEMA YO LES VOY A ACOMPAÑAR Y EL ALGUACIL DE LA CORTE, ABOGADO ALBERTO MEDINA MARTINEZ, C. 1. V 12.801.469, TOMÓ EL REFERIDO EXPEDIENTE Y ME4 (sic) DIJO HACIA DONDE VAMOS Y LE RESPONDÍ. HACIA LA SALA NUMERO (sic) 3 DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, YA QUE, ALLI (sic) HAY UNA FOTO COPIADORA Y NOS DIRIGIMOS HASTA DICHA SALA NUMERO (sic) TRES, EL ABOGADO SEBASTÍAN LUGO, EL ALGUACIL DE LA CORTE Y MI PERSONA Y AL LLEGAR A LA MISMA EL ALGUACIL DE LA CORTE LE ENTREGÓ EL EXPEDIENTE A LA PERSONA QUE MANIPULA DICHA MAQUINA (sic) FOTOCOPIADORA, QUIEN SE DIO A LA TAREA DE FOTOCOPIAR DE PRINCIPIO A FIN EL REFERIDO EXPEDIENTE Y AL FINALIZAR DIJO: SON CINCUENTA Y CINCO (55) COPIAS FOTOSTÁTICAS A DOSCIENTOS BOLIVARES (BS. 200,00) CADA COPIA HACEN UN TOTAL DE ONCE MIL BOLIVARES EXACTOS ( BS. 11.000;00) Y YO ME DIRIGÍ AL SEÑOR DE LA FOTO COPIADORA Y LE DIJE: DEME UNA FACTURA, PORQUE EL SENIAT LA EXIGE Y EL SEÑOR ME DIJO: YO NO TENGO FACTURA Y LO INTERRUMPÍ Y LE DIJE. BUENO DEME UN RECIBO DE PAGO Y EL SEÑOR DIJO: NO HAY PROBLEMA, YA SE LO VOY A HACER Y TOMÓ UN PAPEL BOND, TIPO CARTA Y ESCRIBIÓ. EL SEÑOR DARÍO SEGUNDO ECHETO OCHOA, C. 1. V 4.754.112, CANCELÓ LA CANTIDAD DE ONCE MIL BOLÍVARES EXACTOS (BS. 11.000;00 (sic)), POR CONCEPTO DE 55 COPIAS DEL EXPEDIENTE 784 05, AL SR. (sic) APALICO HERNANDEZ (sic), LUEGO FIRMÓ, ESCRIBIÓ CANCELADO Y SU NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD NO. 5.821.958, Y POSTERIORMENTE EN EL MISMO PAPELBOND, TIPO CARTA, ESCRIBÍ. CONFORME, COLOQUÉ MI FIRMA, MI CEDULA (sic) DE IDENTIDAD, MI NOMBRE. DARÍO ECHETO OCHOA Y ESTA CANCELACIÓN LA HICE EN PRESENCIA DEL ALGUACIL DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, (…) ME DIRIGÍ AL DR. GUSTAVO ANDRADE Y LE DIJE DOCTOR ME OBLIGARON A PAGAR EN CONTRA DE MI VOLUNTAD ONCE MIL BOLÍVARES EXACTOS, POR LAS CINCUENTA Y CINCO COPIAS FOTOSTÁTICAS, AQUÍ TENGO EL RECIBO DE PAGO QUE EL SEÑOR APALICO (sic) HERNANDEZ (…) EL DIA (sic) DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DOS MIL SEIS (10/04/2.006), ME APERSONÉ AL JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO Y JESUS ENRIQUE LOSSADA DEL ESTADO ZULIA, Y EL JUEZ (ABOGADO GUSTAVO ANDRADE RODRIGUEZ (sic)) ORDENÓ AL SECRETARIO DEL DESPACHO, BR (sic). JHONY NAVARRO, ENTREGARME LAS ORIGINALES CON SUS RESULTAS DE LA MENCIONADA INSPECCION JUDICIAL U OCULAR NO: 0391 06, CONSTANTE DE CINCUENTA Y UN (51) FOLIOS ÚTILES, LOS RECIBÍ Y ME RETIRÉ SIN NINGUNA CLASE DE PROBLEMAS, Y LES MOSTRÉ LO REALIZADO POR EL DR. GUSTAVO ANDRADE RODRIGUEZ (sic), JUEZ QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS (sic) ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, A MIS ABOGADOS DE CONFIANZA, (…)DESPUES DE REVISAR LOS CINCUENTA Y UN (51) FOLIOS ÚTILES, LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE QUE FALTABAN DE CINCO (5) A SIETE (7) FOLIOS ÚTILES DEL EXPEDIENTE NO: 00784 05 Y QUE TANTO LAS: MAGISTRADAS O JUEZAS DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, COMO EL DR. GUSTAVO ANDRADE RODRIGUEZ, JUEZ QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO Y JESUS (sic) ENRIQUE LOSSADA DEL ESTADO ZULIA, CON O SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA, ME HABÍAN CERCENADO ÉL DERECHO DE GRATUIDAD DE LAS ACTUACIONES, ESTABLECIDOS EN NUESTRA CARTA MAGNA 0 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ESPECIFICAMENTE (sic) EN SUS ARTS: 26, 254 Y 257, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DE GRATUIDAD, PREVISTAS EN EL ART. (sic) 9 DE LA LEY ORGANICA (SIC) PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (L.O.P.N.A.) Y CON O SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA HABÍAN COMETIDO UN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD 0 DE PODER Y DE VIOLACIÓN NADA MAS (sic) Y NADA MENOS QUE A DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, YA QUE, ME CERCENARON EL DERECHO A LA DEFENSA, PREVISTO EN NUESTRA CARTA MAGNA, ESPECIFICAMENTE (sic) EN SU ART. (sic) 49 NUMERAL 1, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES PAUTADAS EN EL ART. 136 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO, POR LO QUE ME RECOMENDABAN HACER LA RESPECTIVA DENUNCIA ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, PARA QUE LAS TRES (3) MAGISTRADAS DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, FUERAN SUSPENDIDAS DEL CARGO, CON O SIN GOCE DE SUELDO, MIENTRAS QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DESIGNA UN FISCAL ESPECIAL QUE SE AVOQUE A INVESTIGAR LA VERDAD O FALSEDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y SI EXISTEN INDICIOS QUE COMPROMETAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE DICHAS MAGISTRADAS, ENTONCES PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA ACUSACIÓN FISCAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTS: (sic) 29 Y 30 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES PAUTADAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, ESPECIFICAMENTE (sic) EN SUS ARTS (sic): 121 (DERECHOS HUMANOS), 300 (INICIO DE LA INVESTIGACIÓN) Y 309 (FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO). ASÍ MISMO ME RECOMENDARON QUE PRESENTARA ANTE EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, UN RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, PARA QUE LA SITUACIÓN JURIDICA (sic) INFRINGIDA FUESE CORREGIDA Y QUE LOS RESPONSABLES O CULPABLES FUESEN CASTIGADOS, SANCIONADOS Y/O PENADOS CONFORME A LAS LEYES VENEZOLANAS, POR ABUSO DE AUTORIDAD O PODER Y/O POR VIOLACION A NORMAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA…” . (Mayúsculas del original).

Por todo lo anteriormente expuesto requirió al mencionado Juzgado que: i) solicite a las Juezas presuntamente agraviantes rindan informe del porque le violaron los derechos constitucionales anteriormente señalados, ii) que se “...OFICIE y NOTIFIQUE SUFICIENTEMENTE A LA DRA. OLGA MERCEDES ADAMES MENDEZ, FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ZULIA, A FIN DE QUE DESIGNE UN FISCAL ESPECIAL DE PROCESO QUE PRESENCIE LA RESPECTIVA AUDIENCIA ORAL y PÚBLICA, PARA DETERMINAR SI LAS MAGISTRADAS DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, INCURRIERON EN EL DELITO DE: ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN A DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARÍANA (sic) DE VENEZUELA, PARA QUE POSTERIORMENTE PRESENTE LA RESPECTIVA ACUSACIÓN FISCAL, ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CÓDIGO ORGANICO (sic) PROCESAL PENAL VENEZOLANO…”.. (Mayúsculas del original), iii) oficie “… AL LIC. ANTONIO URRIBARRI, DEFENSOR DELEGADO DE LA DEFENSORIA (sic) DEL PUEBLO DEL ESTADO ZULIA, A FIN DE QUE DESIGNE UN ABOGADO DEFENSOR AUXILIAR DE LA DEFENSORIA (sic) DEL PUEBLO DEL ESTADO ZULIA, QUE PRESENCIE LA RESPECTIVA AUDIENCIA ORAL y PÚBLICA, PARA DETERMINAR SI LAS MAGISTRADAS DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, INCURRIERON EN EL DELITO DE: ABUSO DE AUTORIDAD y VIOLACIÓN A DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PARA QUE POSTERIORMENTE PROCEDA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. (sic) 121 (DERECHOS HUMANOS) DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES PAUTADAS EN LOS ARTS: 29 y 30 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA…”. (Mayúsculas y Resaltado del original), iv) que “…ESTE JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ZULIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. (sic) 4 DE LA LEY DE ABOGADOS, DE OFICIO ME DESIGNE UN ABOGADO QUE DEFIENDA MIS DERECHOS E INTERESES EN LA PRESENTE SOLICITUD DE: RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, MOTIVADO A QUE NO TENGO DINERO, PARA CONTINUAR PAGANDO LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS QUE ME ASISTEN y MOTIVADO A QUE EL TRIBUNAL NOVENO DE JUICIO DEL ESTADO ZULIA, ME DECLARÓ POBRE y ME CONCEDIÓ LA JUSTICIA GRATUITA, EN EL EXPEDIENTE No: 9U 020 03…”. (Mayúsculas del original), v) que el referido Juzgado“...ME EXPIDA EN PAPEL COMÚN, SIN ESTAMPILLAS Y TOTALMENTE GRATUITO, COPIAS CERTIFICADAS DE PRINCIPIO A FIN, INCLUYENDO LAS CARATULAS (sic), DE LA PRESENTE SOLICITUD O: RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR MI PERSONA EN CONTRA DE LAS TRES MAGISTRADAS DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, PLENAMENTE IDENTIFICADAS EN AUTOS, MOTIVADO A QUE SERÁN PRESENTADAS COMO PRUEBA ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA…”.(Mayúsculas y subrayado del original), y vi) RESTITUYA LA SITUACIÓN JURIDICA (sic) INFRINGIDA Y ORDENE A LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, EXPEDIRME COPIAS CERTIFICADAS DE PRINCIPIO A FIN INCLUYENDO LAS CARATULAS (sic) DE LOS EXPEDIENTES NUMEROS (sic): 6361 05, 6971 05, 8134 06, 8135 06 y 8300 06, LOS CUALES SE INSTRUYEN POR ANTE LA SALA NUMERO (sic) 1 DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, A CARGO DEL DR. (sic) HECTOR (SIC) RAMÓN PEÑARANDA QUINTERO, RELACIONADOS CON ACCIONES DE PROTECCIÓN A FAVOR DE MAS (sic) DE DIEZ MIL (10.000) NIÑOS y NIÑAS, APATRIDAS O APATRIADAS, NACIDOS (AS) EN CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD PUBLICA (sic), DEPENDIENTES DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE GRATUIDAD PREVISTAS EN LOS ARTS: (sic) 26, 28, 254 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARÍANA (sic) DE VENEZUELA, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES DE GRATUIDAD PREVISTAS EN EL ART. 9 DE LA LEY ORGANICA (sic) PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (L. O. P. N. A.)…”. (Mayúsculas del original).

II
DEL FALLO APELADO

En fecha 5 de mayo de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, dictó sentencia mediante la cual declaró INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional, bajo la siguiente argumentación:

Expresó que la presente acción de amparo constitucional se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, indicando a tal respecto lo que a continuación se cita:

“…El amparo constitucional es la garantía o medio a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a las personas. Esta acción está destinada a reestablecer por medio de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de violación, siendo un instrumento para garantizar el pacifico (sic) disfrute de los derechos y garantías inherentes a la persona, y solo (sic) cuando se dan las condiciones previamente expuestas y aceptadas como necesarias de la institución de amparo. En este sentido la solicitud de amparo constitucional debe ajustarse a los requerimientos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales, es por lo que resulta pertinente citar para el caso de autos los ordinales 1 y 3 del articulo 6 ejusdem (sic).
Es así como de las actas procesales se desprende que el que origina la presunta violación de los derechos constitucionales que señala el accionante en su escrito libelar, se efectuó en determinado momento, cesando la presunta violación y no existiendo amenaza alguna, así como también seria (sic) infructuoso pronunciarse sobre una situación ya infringida, es decir no se reestablecería esta (sic), quedando ilusoria cualquier decisión. ASÍ SE RESUELVE…”. (Mayúsculas del original).

III
DE LA FUNDAMETACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Mediante escrito presentado en fecha 8 de mayo de 2006, el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO OCHOA, asistido por el abogado NELSON MONTIEL SOSA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el N° 5.454, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, la cual declaró INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional, el cual fue fundamentado bajo los siguientes argumentos:

Señala en primer término, que la decisión recurrida:

“…EX – TEMPORANEA (sic) YA QUE, DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN O FECHA DE ENTRADA, (18 DE MARZO DE 2O06, FUE RECIBIDO) y ( EL 21 DE MARZO DE 2O06, SE LE DIO ENTRADA) HASTA EL CINCO DE MAYO DE 2006, HAN TRANSCURRIDOS APROXIMADAMENTE MAS DE CATORCE (14) DIAS (sic) CONTINUOS, VIOLANDOSE (sic) EL LAPSO PROCESAL ESTABLECIDO EN LOS ARTS (sic): 13,14 y 15 DE LA LEY ORGANICA (sic) DE AMPARO SOBRE DERECHOS y GARANTIÁS CONSTITUCIONALES, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES PAUTADAS EN LOS ARTS: 10, 19 y 20 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO (DENEGACIÓN DE JUSTICIA) y LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 77 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO y EN SEGUNDO LUGAR. DICHA DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD, ME CERCENA EL DERECHO DE ACCEDER A LOS ORGÁNOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA HACER VALER MIS DERECHOS E INTERESES, INCLUSO LOS COLECTIVOS y DIFUSOS, MOTIVADO A QUE LA VIOLACIÓN DE GRATUIDAD DE LAS ACTUACIONES, PREVISTA EN LOS ARTS: 26, 254 y 257 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 'NO HA CESADO’ PORQUE EN LOS TRIBUNALES DE PROTECCIÓN DEL NIÑO y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, (…), ‘OBLIGAN’ A LOS ABOGADOS, A LOS NO ABOGADOS Y AL PÚBLICO EN GENERAL, A PAGAR EN CONTRA DE SU VOLUNTAD, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA, TRESCIENTOS, QUINIENTOS y HASTA SEISCIENTOS SESENTA y SEIS BOLÍVARES (BS.: 150,oo 300,oo500,oo 666,oo (sic)), POR CADA COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS EXPEDIENTES QUE ALLÍ SE INSTRUYEN, ALEGANDO QUE NO PUEDEN ENTREGAR FACTURAS O RECIBOS DE PAGO, COMO LO ESTABLECE EL SENIAT, PORQUE SON ORDENES SUPERIORES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (D.E.M.) DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA y QUIEN ‘NO’ PAGUE LAS RESPECTIVAS COPIAS…”. (Mayúsculas y subrayado del actor).

Como segundo punto de apelación, expresa lo siguiente:

“…EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN ZULIA FALCÓN, DEBIÓ ADMITIR EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY (…) DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 341 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VENEZOLANO, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES PAUTADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES...”. (MayúsculaS del original).

IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su Competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de mayo de 2006, por la ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO OCHOA, asistido por el abogado NELSON MONTIEL, contra la sentencia dictada en fecha 5 de mayo de 2006 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, y a tal respecto considera necesario citar el contenido de los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines de posteriores consideraciones, los cuales establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. (Resaltado de esta Corte).

“ARTÍCULO 5: La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio”. (Resaltado de esta Corte.).

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 8 de diciembre de 2000, recaída en el caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, estableció el criterio a seguir para la interposición de acciones de amparo constitucional, señalando a tal efecto lo siguiente:

“…Desde esta visión, tendiente a evitar en lo posible que se siga violando la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en detrimento del justiciable, esta Sala como complemento de su fallo del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), donde se reguló la competencia, establece: (…) F) Con relación a los amparos que se incoen de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como ellos deberán ser conocidos por los jueces superiores a los que cometen la infracción constitucional, de acuerdo al derecho material que gobierna la situación jurídica lesionada, dichos jueces superiores conocerán en primera instancia de esos amparos, mientras que los superiores jerárquicos conocerán la alzada y la consulta legal…”. (Resaltado de esta Corte).

Esta Corte ha considerado oportuno citar las anteriores disposiciones normativas y la sentencia in commento, ya que el presente caso se plantea una situación compleja y poco común, a saber, el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO OCHOA, interpone acción de amparo constitucional contra la actuación de las abogadas OLGA RUIZ AGUIRRE, BEATRÍZ BASTIDAS RAGGIO y LISBETH BRACAMONTE FUENTES, en su condición de JUEZAS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPERIOR DE APELACIONES DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL ESTADO ZULIA, quienes ante el pedimento que realizara el hoy accionante, consistente en que se le expidan copias certificadas del expediente N° 784-05 el cual cursa por ante la referida Corte Superior de Apelaciones, acordaron la misma, indicándole expresamente la gratuidad de las actuaciones y ordenando al Alguacil trasladar el expediente al sitio que el accionante prefiriera los fines de que fuese fotocopiado.

Así las cosas, el hoy accionante considera que su derecho constitucional a la gratuidad de la Justicia, contenido en los artículos 26, 254 y 257 del Texto Constitucional, fue violentado por las mencionadas Juezas, ya que fue obligado a cancelar el monto de Doscientos Bolívares (Bs. 200,00) por cada fotocopia, en la Sala de N° 3 del Tribunal de Protección al Niño y al Adolescente del Estado Zulia, lugar en el cual le fueron fotocopiadas las actuaciones por él solicitadas.

Ahora bien, de todo lo anteriormente narrado, se desprende que el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO OCHOA, interpone la presente acción de amparo constitucional, contra las Juezas integrantes de la Corte Superior de Apelaciones del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Zulia, por el hecho de haberlo -en su criterio- “obligado” a pagar Once Mil Bolívares (Bs. 11.000,00) por el total de copias solicitas, es decir, por una acción tomada por las referidas Juezas haciendo uso de sus funciones jurisdiccionales, nunca administrativas, configurándose el supuesto de derecho establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo cual, mal puede el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental ser el Órgano Jurisdiccional Competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional, ya que el Tribunal de jerarquía inmediatamente superior en materia Constitucional a la Corte Superior de Apelaciones del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Zulia, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de junio de 2002, recaída en el caso: Rubén Darío Guerra Vs. Corte de Apelaciones del Estado Lara), Órgano Jurisdiccional ante el cual debió interponerse la presente acción o en todo caso, Órgano al cual el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental debió haber remitido el presente expediente una vez que se declarara incompetente y declinara su competencia para conocer de la presente acción.

Por todo lo anteriormente expuesto, y aunque no queda duda de que esta Corte es la Alzada natural del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, este Órgano Colegiado no puede convalidar con una eventual sentencia confirmatoria o revocatoria, el error en el incurrió el mencionado Juzgado al declararse competente, por todo lo cual resulta forzoso declarar a esta Corte SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente apelación, y DECLINAR LA COMPETENCIA en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que dicte pronunciamiento en la presente causa, a donde se ordena REMITIR el presente expediente. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara:

1.- SU INCOMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de mayo de 2006 por el ciudadano DARÍO SEGUNDO ECHETO ROJAS, ya identificado, asistido por el abogado SEBASTIÁN LUGO, identificado antes, contra la sentencia dictada en fecha 5 de mayo de 2006, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental.

2.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la presente acción de amparo constitucional en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

3.- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ________________( ) días del mes de __________________de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Juez Presidente,

JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
La Juez Vicepresidente,

AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA

La Juez,

NEGUYEN TORRES LÓPEZ
Ponente

La Secretaria Accidental,

YULIMAR DEL CARMEN GÓMEZ MUÑOZ

Exp. N° AP42-O-2006-000315
NTL//

En Fecha________________________ ( ) de __________________________________ de dos mil seis (2006), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.