JUEZ PONENTE: AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
EXPEDIENTE Nº AP42-R-2005-000984
En fecha 18 de mayo de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 718 de fecha 25 de abril de 2005, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana INGRID DANNY ÁVILA ROLDÁN, titular de la cédula de identidad N° 8.141.257, asistida por la abogada Carmen Gómez de Vergara, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 60.017, contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO BARINAS.
Dicha remisión se efectuó, en virtud de la apelación ejercida por ambas partes contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 31 de marzo de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
En fecha 29 de junio de 2005, se dio cuenta a la Corte, se inició la relación de la causa, se designó ponente y se fijó el lapso de 15 días de despacho para que las partes apelantes presentaran el escrito de fundamentación de la apelación.
El 13 de julio de 2005, el apoderado judicial de la recurrida consignó escrito de fundamentación de la apelación.
En fecha 22 de septiembre de 2005, comenzó el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas.
En fecha 19 de octubre de 2005, fue constituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de la siguiente forma: JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Juez Presidente; AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, Juez Vicepresidente; y NEGUYEN TORRES LÓPEZ, Juez. Por auto de fecha 24 de enero de 2006, la Corte se abocó al conocimiento de la causa, reasignando la ponencia a la Juez AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 31 de enero de 2006, venció el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas.
En fecha 6 de marzo de 2006, se declaró desierto el acto de informes y el 8 del mismo mes y año, se dijo “Vistos” y se pasó el expediente a la Juez ponente.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
El 26 de octubre de 2004, la ciudadana Ingrid Danny Ávila Roldán, asistida por la abogada Carmen Gómez de Vergara, antes identificadas, presentó escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, en el cual adujo lo siguiente:
Que se desempeñaba como docente adscrita a la Dirección de Educación del Estado Barinas desde el 16 de marzo de 1977 y que para el momento de la interposición del recurso formaba parte del staff de docentes en la Unidad Educativa Mendoza Rubio.
Que por motivos de salud y por recomendación de la Junta Médica Evaluadora de la Dirección de Educación, aceptó cumplir funciones en la Biblioteca del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) a partir del 23 de abril de 2001.
Que el indicado traslado lo aceptó dada la mejora que se produciría en su sueldo, puesto que la Convención Colectiva preveía un aumento de su sueldo del 20%, ya que el hecho de trabajar en una penitenciaria implicaba situaciones notorias de riesgo.
Que devengó hasta el mes de “mayo de 2004” como sueldo mensual la cantidad de Setecientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con Sesenta y Seis Céntimos (Bs. 733.944,66), más una prima mensual por antigüedad de Nueve Mil Quinientos Treinta y Cinco Bolívares (Bs. 9.535,00), pero que a partir del mes de “mayo de 2004” su remuneración mensual era de Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Tres con Ochenta y Cuatro Céntimos (BS. 844.093,84), más la prima de antigüedad antes señalada daba un total de Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintiocho con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs. 853.628,84).
Que hasta el momento de introducir el recurso, no se le había cancelado el aumento del 20% de su sueldo previsto en la cláusula séptima de la Convención Colectiva suscrita entre el Ejecutivo del Estado Barinas y las representaciones Sindicales.
Que desde el 14 de mayo de 2002, ha efectuado las gestiones pertinentes a los fines de agotar la vía administrativa por ante los organismos competentes, siendo que el 30 de septiembre de 2003, recibió comunicación emanada de la Secretaría General de Gobierno, suscrita por el Director de Educación Ingeniero Francisco López declarando improcedente su reclamo. Posteriormente, interpuso recurso de reconsideración el cual fue resuelto negativamente.
Finalmente, solicitó que se condenara a la Secretaría de Educación del Estado Barinas a pagarle la cantidad Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 8.954.654,30); igualmente requirió que se le indexara el aludido monto y se le cancelaran los intereses moratorios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
En fecha 31 de marzo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, en base a los siguientes argumentos:
Que cursaba a los folios veintitrés (23) al ochenta y cuatro (84) del expediente, Acta suscrita entre el Poder Ejecutivo del Estado Barinas y las Organizaciones Sindicales: Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza del Estado Barinas (SINTRAENBA), Sindicato Unitario del Magistrado del Estado Barinas (SUMA) y Sindicato Venezolano de Maestros (SINVEMA), donde efectivamente la cláusula siete señala el derecho a cobrar una prima geográfica por ruralidad, frontera, indígena, marginal, insular, reclusión, reeducación de difícil acceso y penitenciaría, a todos los trabajadores de la educación que presten sus servicios en planteles educativos allí ubicados, equivalente al veinte por ciento (20%).
Que el Ejecutivo Regional no demostró que la Unidad Educativa José Mendoza Rubio no contaba con un código asignado de identificación que impidiese dar cumplimiento a la cláusula contractual.
Que la Gobernación del Estado Barinas asumió las obligaciones de personal con la Biblioteca que funciona en el INCUBA, no pudiendo exonerar su responsabilidad ya que las obligaciones asumidas en la convención colectiva llevaba implícita tales compensaciones.
Que era un “hecho notorio” que la querellante se encontraba laborando en la Biblioteca del Centro de Educación Básica para Adultos ubicado en el Internado Judicial del Estado Barinas (INCUBA), lo que implicaba el pago de la prima geográfica demandada en virtud de trabajar en un centro de reclusión o penitenciario.
Finalmente, el Tribunal a quo declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, negó la indexación solicitada y acordó el pago de los intereses moratorios.
III
DEL ESCRITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
DEL ENTE QUERELLADO
En fecha 13 de julio de 2005, la abogada Mariela Antonieta Rojas Da Silva, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.995, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General del Estado Barinas, consignó escrito de fundamentación a la apelación, en el cual expuso lo siguiente:
Que en el escrito de contestación que fue presentado en tiempo oportuno, la representación del Estado rechazó que a la recurrente le correspondiera el pago establecido en la Cláusula N° 7 del V Contrato Colectivo aplicable a los Docentes del Estado Barinas, denominada Prima Geográfica, toda vez que la Unidad Educativa a la cual está adscrita no le corresponde la referida prima, en virtud de la ubicación geográfica de la misma, a pesar de que la querellante desempeña sus funciones en un recinto penitenciario.
Que a la escuela en cuya nómina de pago aparece la querellante, no le fue asignado un código que permitiera beneficiar a los docentes que prestan servicios en la misma con la referida prima, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de dicha escuela.
Que igualmente señaló en el escrito de contestación que los cálculos efectuados por la querellante no se encuentran ajustados a derecho, porque la misma tomó como base para efectuarlo el salario integral, cuando el correcto sería el salario básico y el Juez de la causa no se pronunció sobre dicho punto en la definitiva.
Que “… en el escrito de contestación, también expreso, que la querellante solicita al tribunal de la causa que el pago de la prima sea efectuado hasta que se produzca sentencia definitiva, pero es el caso, que la querellante de autos se encuentra en trámites para ser jubilada, motivo por el cual el Juez al emitir la sentencia debió hacer la indicación de que la misma sea cancelada hasta que la demandante preste sus servicios en el recinto penitenciario, ello bajo el supuesto de que prosperara la demanda…”.
Finalmente, solicitó que se declarara con lugar la apelación ejercida y, en consecuencia, se revocara la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en fecha 31 de marzo de 2005.
IV
COMPETENCIA
Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación interpuesta y, al respecto observa:
El artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece:
“Contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho contado a partir de cuando se consigne por escrito la decisión definitiva por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. (Negrillas de esta Corte).
Asimismo, en sentencia de fecha 24 de noviembre de 2004, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso: TECNO SERVICIOS YES´CARD, C.A., fueron delimitadas las competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:
“…Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:
(…Omissis…)
4.-. De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia por los Tribunales Contencioso Administrativos Regionales. (Véase sentencia de esta Sala N° 1.900 del 27 de octubre de 2004)…”.
En virtud de lo expuesto, esta Corte se declara competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en fecha 31 de marzo de 2005. Así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada como ha sido la competencia de este Órgano Jurisdiccional, pasa a pronunciarse sobre la presente causa y, al respecto como punto previo observa lo siguiente:
Consta al folio trescientos veintinueve (329) diligencia de fecha 21 de abril de 2005, suscrita por la abogada Carmen Gómez de Vergara, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Ingrid Danny Ávila Roldán, por medio de la cual apela de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 31 de marzo de 2005. Igualmente, consta al folio trescientos treinta y tres (333) auto dando cuenta de esta Corte de fecha 29 de junio de 2005, fecha en la cual se comenzaba a computar el lapso de quince (15) días de despacho para la fundamentación de la apelación; no obstante, constata esta Corte que el aludido lapso venció el 4 de agosto de 2005, sin que la recurrente consignara escrito alguno indicando las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamentase su apelación.
Así las cosas, advierte esta Corte que el artículo 19, aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:
“Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, se seguirá el siguiente procedimiento: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte, de contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante, se considerará como desistimiento de la acción y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte.” (Negrillas de la Corte).
De lo antes expuesto se desprende que, como consecuencia jurídica negativa, ante la ausencia de la presentación del escrito de fundamentación a la apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de la relación de la causa, se verificó en la presente causa el desistimiento de la apelación ejercida por la recurrente. Así se decide.
Por otra parte, la abogada Mariela Antonieta Rojas Da Silva, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General del Estado Barinas, en fecha 13 de julio de 2005, estando en la oportunidad correspondiente, presentó escrito de fundamentación de la apelación, en el cual adujo lo siguiente:
“…A tal efecto discrepamos de la opinión del sentenciador ya que no estimó la totalidad de los alegatos y pruebas presentadas por la representación legal del Estado.
(…Omissis…)
Igualmente señalo en el escrito de contestación que los cálculos efectuados por la querellante no se encuentran ajustados a derecho, porque la misma tomo (sic) para efectuarlo el salario integral, cuando el correcto sería el salario básico, siempre (sic) dicho beneficio le correspondiera, cosa que no es así, en virtud de los alegatos antes esgrimidos, sin embargo el Juez de la causa no se pronunció sobre este punto en la definitiva…”. (Negrillas de la Corte).
De lo transcrito entiende esta Corte, que los vicios denunciados por el apelante a la sentencia del Tribunal a quo son la incongruencia negativa y el silencio de pruebas, pues aún cuando no lo indicó expresamente, la no estimación de todos los alegatos implica que el Juez no resolvió todo lo pedido y la no estimación de todas las pruebas aportadas implica que el Juzgador silenció alguno o algunos de los medios probatorios promovidos por las partes.
En este sentido, debe traerse a colación el contenido del artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
La referida disposición denota que el Juez debe proferir su fallo tomando en cuenta todas y cada una de las pretensiones del actor como las excepciones o defensas del demandado, a los fines de evitar que la sentencia incurra en el vicio de incongruencia negativa.
Ahora bien, la jurisprudencia y doctrina de manera reiterada han afirmado que “expresa” significa que una sentencia no debe contener implícitos ni sobreentendidos, “positiva”, refiere que la misma sea cierta, efectiva y verdadera sin dejar cuestiones pendientes y precisa, sin lugar a dudas, insuficiencias, oscuridades ni ambigüedades. Por su parte, para decidir con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, el Juzgador debe dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 12 del Código Adjetivo, cual es, atenerse a lo alegado y probado en autos.
En este sentido, el vicio de incongruencia se configuraría:
a) Cuando el Juez en su sentencia se pronuncia sobre algunas pretensiones y defensas que las partes no han alegado (incongruencia positiva o ultra petita).
b) Cuando el Juez en su sentencia no se pronuncia sobre todas las pretensiones y defensas de las partes (incongruencia negativa o minus petita).
c) Cuando el Juez en su sentencia se pronuncia sobre pretensiones y defensas distintas a las solicitadas (incongruencia mixta o extra petita).
En este mismo orden de ideas, cabe destacar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2001/1996 de fecha 25 de septiembre de 2001, expediente N° 13.822, estableció lo siguiente:
“…cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual se manifiesta cuando el juez con su decisión, modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. Precisamente ante el segundo supuesto citado, se estará en presencia de una incongruencia negativa, visto que el fallo omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones procesales de las partes en la controversia judicial…”.
Ahora bien, esta Corte observa que el Juzgado a quo en su sentencia en primer lugar se refirió al agotamiento de la vía administrativa, concluyendo que constaba en autos que la recurrente interpuso los recursos administrativos respectivos, los cuales fueron declarados sin lugar; en segundo lugar, sostuvo que la Administración no había demostrado que la Unidad Educativa José Mendoza Rubio no contaba con el código asignado de identificación de plantel; en tercer lugar se pronunció sobre la procedencia del pago de la prima geográfica, dados los elementos probatorios consignados en el expediente; finalmente, hizo mención expresa sobre la indexación y los intereses moratorios; no obstante, no emitió pronunciamiento alguno sobre el argumento esgrimido por la recurrida en su escrito de contestación, relativo al salario básico para calcular la prima geográfica y no el salario integral como fue efectuado por la recurrente.
Así las cosas, siendo que el Juzgado a quo dejó de pronunciarse sobre uno de los argumentos expuestos por la sustituta del Procurador General del Estado Barinas, concluye esta Corte que el Tribunal de la causa incurrió en el vicio de incongruencia negativo denunciado y, en consecuencia, anula la sentencia apelada, resultando inoficioso emitir pronunciamiento alguno sobre el vicio de silencio de pruebas. Así se decide.
Anulada como ha sido la sentencia, pasa esta Corte a pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil y, al efecto se tiene que:
Denunció la recurrente que por motivos de salud aceptó cumplir funciones en la Biblioteca del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) a partir del 23 de abril de 2001. Alegó además, que el trasladó produciría una mejora en su sueldo, puesto que la Convención Colectiva preveía un aumento del mismo del 20%, debido a que el hecho de trabajar en una penitenciaria comportaba situaciones notorias de riesgo, lo que implicaba que la Secretaría de Educación del Estado Barinas le adeudara la cantidad de Ocho Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 8.954.954,30), monto que solicitó fuese indexado y cancelado con los intereses de mora respectivos.
Por su parte, el Ente querellado adujo que la recurrente no había agotado la vía administrativa; que la Unidad Educativa “José Mendoza Rubio” a la cual estaba adscrita no le corresponde pagar la prima reclamada, en virtud de su ubicación geográfica, ya que no contaba con el código de identificación del plantel al que alude la cláusula 7 de la Convención Colectiva y que el monto exigido por la recurrente no se ajustaba a derecho, pues se tomó en cuenta para su pago el salario integral y no el salario base.
Ahora bien, en cuanto al alegato del Ente querellado sobre el no agotamiento de la vía administrativa, esta Corte observa que la doctrina de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia propende a la decisión por parte de la Administración de los recursos administrativos que se hayan interpuesto en sede administrativa; es decir, si bien no existe la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, una vez que el recurrente hubiere optado por ejercer los recursos administrativos, se encuentra obligado a esperar la decisión correspondiente o el vencimiento del lapso respectivo para acudir a la vía contencioso administrativa.
En efecto, en sentencia de fecha 18 de enero de 2006, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente:
“…del artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se desprende que el agotamiento de la vía administrativa es facultativo para el administrado y por lo tanto el impedimento de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa se verifica cuando se ha optado por ejercer los recursos en sede administrativa, caso en el cual, antes de recurrir en sede jurisdiccional, se debe esperar la decisión respectiva o que se venza el plazo que tiene la Administración para decidir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 eiusdem…”. (Negrillas de la Corte).
En igual sentido se pronunció la sala mediante decisión de fecha 22 de noviembre de 2005, en la cual se indicó lo que a continuación sigue:
“…Antes de entrar a conocer el fondo del asunto planteado, llama la atención de la Sala el hecho de que la ciudadana Teresa de Jesús Centeno de Díaz, ejerció el recurso de nulidad contra ´...el acto administrativo dictado por la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, mediante Resolución de fecha 12-05-97, publicado en Gaceta Municipal Año VII, Nro. 398 Ordinario, de fecha 22-05-97 D.L. Nro. P.P.79-0141...´, el cual, según lo alegado por dicha ciudadana, así como se evidencia del cartel de notificación inserto al folio 86 del expediente, no es el acto que habría quedado firme en sede administrativa, o lo que es lo mismo el que agotó la vía administrativa, toda vez que contra la aludida actuación ejerció el recurso de reconsideración, que de acuerdo a lo dispuesto en la publicación del mencionado cartel fue declarado improcedente.
Habida cuenta de ello, en principio, lo descrito carece de relevancia o al menos no reporta consecuencias jurídicas importantes para el proceso, dada la eliminación en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de la causal de inadmisibilidad relativa al agotamiento de la vía administrativa.
Sin embargo, tal premisa, a juicio de la Sala, resulta errada, toda vez que la supresión de la aludida causal de inadmisibilidad, no debe interpretarse en el sentido de que el particular puede acudir a la vía judicial a solicitar la nulidad de un acto contra el cual decidió ejercer de modo facultativo más no obligatorio algún recurso administrativo que aún no ha sido resuelto o en el que no ha transcurrido el lapso para que opere el silencio, dado que en tales supuestos el interesado sí estaría obligado a esperar la respuesta tácita o expresa del órgano administrativo correspondiente.
Lo expuesto se colige de principios, tales como, el de economía y eficacia del proceso, por cuanto a pesar de haberse eliminado la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa, es aún posible o facultativo que la persona afectada por una determinada actuación administrativa, ejerza los recursos administrativos previstos en la ley a tal efecto, supuesto en el cual carecería de sentido y sería contrario a los mencionados principios de economía y eficacia del proceso, que se movilice por medio del ejercicio del derecho de acción todo el aparato jurisdiccional, con miras a obtener un pronunciamiento acerca de la legalidad de dicha actuación, cuando lo cierto es que la misma no comporta el carácter de definitiva, por estar sometida a un proceso de revisión por parte de la propia Administración y del cual puede resultar la revocatoria o confirmatoria del acto.
Paralelamente a ello debe señalarse, que de admitirse lo contrario podrían suscitarse decisiones contradictorias, ya que mientras el órgano jurisdiccional pudiera estarse pronunciando en el sentido de establecer la ilegalidad o inconstitucionalidad de la actuación sometida a su control, la Administración, por su parte, pudiera también estar ratificando por vía del recurso de reconsideración o jerárquico el acto administrativo de primer grado, supuesto en el cual tendríamos un segundo acto vigente, ausente de control judicial y revestido por demás de una presunción de veracidad. (Negrillas de la Corte).
En este orden de ideas, observa esta Corte que consta al folio ciento tres (103) del expediente solicitud de pago de prima geográfica efectuada por la ciudadana Ingrid Danny Ávila Roldán al Jefe de Asuntos Gremiales y Sindicales de la Dirección de Educación del Estado Barinas en fecha 6 de noviembre de 2002; asimismo consta al folio ciento seis (106) comunicación de fecha 24 de septiembre de 2003, suscrita por el Ingeniero Francisco López, en su carácter de Director de Educación del Estado Barinas, dirigida a la ciudadana antes mencionada, por medio de la cual se le informó que su solicitud de cancelación de prima geográfica era improcedente.
Igualmente, cursa al folio ciento siete (107) comunicación dirigida por la recurrente al Director de Educación del Estado Barinas de fecha 6 de octubre de 2003, a los fines de solicitarle reconsideración de la decisión emitida en fecha 24 de septiembre de 2003 y en la misma fecha solicitó al Gobernador del Estado Barinas la “…intervención para lograr la revisión del caso y la reconsideración de la decisión tomada…”; no obstante, no se constata que la recurrente hubiere ejercido el recurso jerárquico respectivo por ante el Gobernador del Estado Barinas contra la decisión del Director de Educación del Estado Barinas de declarar improcedente el recurso de reconsideración; pues la solicitud de revisión efectuada al Gobernador se produjo con relación a la declaratoria de improcedencia del acto primigenio, vale decir, del dictado por el mencionado Director de Educación del Estado Barinas en fecha 24 de septiembre de 2003, y no contra la comunicación de fecha 9 de junio de 2004, que resolvió la solicitud de reconsideración.
De manera que, acogiendo el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia resulta forzoso para éste Órgano Jurisdiccional declarar inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Ingrid Danny Ávila Roldán contra la Dirección de Educación del Estado Barinas, en virtud de no haber agotado la vía administrativa. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por las abogadas Carmen Gómez de Vergara y María Alejandra Contreras Zambrano, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana INGRID DANNY ÁVILA ROLDÁN y sustituta del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BARINAS, respectivamente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en fecha 31 de marzo de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la recurrente contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO BARINAS.
2. DESISTIDA la apelación interpuesta por la recurrente.
3. CON LUGAR la apelación interpuesta por la recurrida.
4. ANULA el fallo apelado.
5. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los _____________ ( ) días del mes de _______________ de dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Juez-Presidente,
JAVIER TOMÁS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
La Vicepresidente-Ponente,
AYMARA GUILLERMINA VILCHEZ SEVILLA
La Juez,
NEGUYEN TORRES LÓPEZ
La Secretaria Accidental,
YULIMAR GÓMEZ MUÑOZ
Exp. AP42-R-2005-000984
AGVS
En fecha _______________ ( ) de ______________ de dos mil seis (2006), siendo la (s) _____________ de la _________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.
La Secretaria Accidental,
|
