REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA Solicitantes de homologación: MARÍA ELENA MÁRQUEZ PERAZA y JUAN CARLOS AMARO ASUAJE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s 15.579.720 y 11.880.123 y de este domicilio. Beneficiarios: Identidad omitida de conformidad con lo previsto en el artìculo 65 de la Ley Organica Para la Protecciòn del Niño y del Adolescente, de 10 y 6 años de edad. Motivo: Homologación de Alimentos ______________________________________________________________________________ En fecha 24 de Abril de 2006, los ciudadanos MARÍA MÁRQUEZ y JUAN AMARO, ya identificados, suscribieron acuerdo alimentario ante la Fiscalía Decimoquinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en beneficio de sus hijos Identidad omitida de conformidad con lo previsto en el artìculo 65 de la Ley Organica Para la Protecciòn del Niño y del Adolescente, admitiéndose dicha solicitud por auto de esta misma fecha. Con las actuaciones narradas, esta Juzgadora dicta el presente pronunciamiento: En consideración a lo establecido en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual define la obligación alimentaria como un contenido de la Patria Potestad, la cual le compete a los padres en proveer lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño o adolescente que, en su condición de hijo, al no haber alcanzado mayoridad, debe ser satisfecho en sus necesidades fundamentales para su desarrollo integral, la obligación alimentaria constituye un deber prioritario, fundamental, constitucional y supraconstitucional que deben cumplir los padres respecto a sus hijos en desarrollo. En nuestra República, la obligación alimentaria es garantizada y protegida en toda su extensión por el Estado a través de distintos órganos sean jurisdiccionales, administrativos o sociales; el abrigo que propenden las leyes nacionales e internacionales sobre la materia solo se fundamenta en principios de igualdad, fraternidad, solidaridad, equidad y justicia que merece todo ser humano en crecimiento, partiendo de la idea de que éstos sujetos por su condición, no pueden proveerse adecuadamente sus recursos, por lo cual dicha atención se traslada por deber natural a los padres. De la misma manera, para determinar la obligación alimentaria se requiere, según lo dispuesto en el artículo 366 de la referida norma, que sea determinada la filiación legal o judicialmente. En el caso bajo análisis se desprende que la filiación de las beneficiarias respecto del ciudadano JUAN AMARO, queda comprobada con las copias de sus partidas de nacimiento, cursantes al folio 3 del expediente, teniéndose como fidedignas conforme a lo prescrito en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en razón de no haber sido impugnadas en su oportunidad legal, surgiendo de la vinculación parental dicha el derecho alimentario que se invoca a favor de las beneficiarias, consagrado en los artículos 76, Segundo Aparte de la Constitución de la República y 365, 366 y 367 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo cual determina la procedencia de la acción intentada, y así se declara. En el presente caso, podemos observar que las partes acudieron al Ministerio Público en búsqueda de una solución amistosa, permitiendo que el resultado de la disputa emerja de ellas, utilizando para ello uno de los medios alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación. Cabe destacar, que los mecanismos alternos de resolución de conflictos han sido reconocidos constitucionalmente como integrantes de nuestro sistema de justicia, y asimismo, se encuentran consagrados en la Ley especial que regula nuestra materia. Narradas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Juzgadora decidir. En mérito a las anteriores consideraciones, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos MARÍA ELENA MÁRQUEZ PERAZA y JUAN CARLOS AMARO ASUAJE. Téngase el acuerdo homologado como Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que el mismo puede modificarse posteriormente según las necesidades de la beneficiaria. En consecuencia: “UNICO: El padre reconoce que adeuda la cantidad de Doscientos Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 240.000,00) por concepto de obligación alimentaria no pagada los cuales cancelará en un plazo que no excederá de cinco quincenas contadas a partir del día de hoy. Las partes convienen en revisar el monto de la obligación alimentaria fijada en acuerdo conciliatorio en la defensoría Papá Félix de esta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara en fecha 10 de Enero de 2006 y en tal sentido el padre se compromete a aportar la cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) de su bono vacacional y el treinta por ciento (30%) de sus utilidades en el mes de Diciembre. La madre se compromete a abrir una cuenta en el Banco de Venezuela a fin de realizar los depósitos de estas cantidades. El padre sufraga una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad. Los gastos de útiles y uniformes escolares, vestuario, calzado y cualquier otro que los niños requieran serán compartidos entre ambos padres.” Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, el 15 de Mayo de 2006. Años 196° y 147°. LA JUEZ DE JUICIO N° 2, LA SECRETARIA, Abog. LISBETH LEAL AGÜERO. Abog. ISABEL BARRERA LLA/hnm Asunto KP02-S-2006-008875 Alimentos.