REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA Solicitantes de homologación: AMAIR JOSEFINA GIMÉNEZ CAMACHO y ARMANDO JOSÉ CORRALES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s 11.881.857 y 9.605.539 y de este domicilio. Beneficiaria: Identidad omitida de conformidad con lo previsto en el artìculo 65 de la Ley Organica Para la Protecciòn del Niño y del Adolescente, de 1 año de edad. Motivo: Homologación de Alimentos. ______________________________________________________________________________ En fecha 17 de Julio de 2006, los ciudadanos AMAIR GIMÉNEZ y ARMANDO CORRALES, ya identificados, suscribieron acuerdo alimentario ante la Fiscalía Decimoquinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en beneficio de su hija Identidad omitida de conformidad con lo previsto en el artìculo 65 de la Ley Organica Para la Protecciòn del Niño y del Adolescente, admitiéndose dicha solicitud por auto de esta misma fecha. Con las actuaciones narradas, esta Juzgadora dicta el presente pronunciamiento: El artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, define la obligación alimentaria como un contenido de la Patria Potestad, la cual le compete a los padres en proveer lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes requeridos por el niño o adolescente que, en su condición de hijo, al no haber alcanzado mayoridad, debe ser satisfecho en sus necesidades fundamentales para su desarrollo integral, la obligación alimentaria constituye un deber prioritario, fundamental, constitucional y supraconstitucional que deben cumplir los padres respecto a sus hijos en desarrollo. En nuestra República, la obligación alimentaria es garantizada y protegida en toda su extensión por el Estado a través de distintos órganos sean jurisdiccionales, administrativos o sociales; el abrigo que propenden las leyes nacionales e internacionales sobre la materia solo se fundamenta en principios de igualdad, fraternidad, solidaridad, equidad y justicia que merece todo ser humano en crecimiento, partiendo de la idea de que éstos sujetos por su condición, no pueden proveerse adecuadamente sus recursos, por lo cual dicha atención se traslada por deber natural a los padres. De la misma manera, para determinar la obligación alimentaria se requiere, según lo dispuesto en el artículo 366 de la referida norma, que sea determinada la filiación legal o judicialmente. En el caso bajo análisis se desprende que la filiación de las beneficiarias respecto del ciudadano ARMANDO CORRALES, queda comprobada con la copia de su partida de nacimiento, cursante al folio 2 del expediente, teniéndose como fidedigna conforme a lo prescrito en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en razón de no haber sido impugnada en su oportunidad legal, surgiendo de la vinculación parental dicha el derecho alimentario que se invoca a favor de la beneficiaria, consagrado en los artículos 76, segundo aparte de la Constitución de la República y 365, 366 y 367 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo que determina la procedencia de la acción intentada, y así se declara. En el presente caso, podemos observar que las partes acudieron al Ministerio Público en búsqueda de una solución amistosa, permitiendo que el resultado de la disputa emerja de ellas, utilizando para ello uno de los medios alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación. Cabe destacar, que los mecanismos alternos de resolución de conflictos han sido reconocidos constitucionalmente como integrantes de nuestro sistema de justicia, y asimismo, se encuentran consagrados en la Ley especial que regula nuestra materia. Narradas las anteriores consideraciones, corresponde a esta Juzgadora decidir. En mérito a las anteriores consideraciones, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, y a tenor de lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, homologa el acuerdo suscrito por los ciudadanos AMAIR JOSEFINA GIMÉNEZ CAMACHO y ARMANDO JOSÉ CORRALES. Téngase el acuerdo homologado como Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que el mismo puede modificarse posteriormente según las necesidades de la beneficiaria. En consecuencia: “UNICO: Las partes modifican el monto de la obligación alimentaria fijado ante la Defensoría Creciendo en Familia, en fecha 16 de Agosto de 2005 de la siguiente manera: El padre aportará la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00) mensuales, que depositará en la cuenta de ahorros del Banco Fondocomún N° 0085114485008538. El padre aportará vestuario y calzado dos veces al año, Julio y Diciembre de cada año. En el mes de diciembre el padre aportará el regalo decembrino. La madre, a partir del día de hoy, hará uso de la póliza de seguro médico que el padre sufraga para cubrir sus gastos.” Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, el 9 de Octubre de 2006. Años 196° y 147°. LA JUEZ DE JUICIO N° 2, EL SECRETARIO, Abog. LISBETH LEAL AGÜERO. Abog. WILLIAM MEDINA LLA/hnm Asunto KP02-S-2006-019904 Alimentos.